¿POR QUÉ CHILE DEBE ADOPTAR UNA POLÍTICA EXTERIOR FEMINISTA COMO LA DE SUECIA, MÉXICO Y CANADÁ? por Roberto Schiattino (El Mostrador, 25/01/2022)
Las opiniones en esta columna son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión.
Adoptar esta política exterior con un enfoque interseccional que se haga cargo de las discriminaciones en función de género, etnia y orientación sexual posicionaría a Chile como un líder innovador en Sudamérica y globalmente, donde las miradas ya están puestas en Boric y las expectativas que genera este nuevo Chile.
Con un presidente electo abiertamente feminista, la primera ministra del Interior de la historia, gabinete mayoritariamente femenino y una primera dama que promete trabajar por las juventudes trans, lo que corresponde ahora es seguir los pasos de Suecia, México y Canadá, entre otros, y adoptar la Política Exterior Feminista.
FFP, su sigla en inglés tiene una importante carga simbólica pero es su lado práctico lo más relevante para nuestro futuro como país y el liderazgo diplomático de Chile: permite delinear dónde se asignan recursos en el exterior, pone en cuestionamiento la relación comercial con regímenes abusivos contra las mujeres, las minorías étnicas y las comunidades LGBTQ+, y obliga a abordar nuestras propias tareas pendientes a nivel doméstico.
¿Estamos disponibles para mantener relaciones comerciales estrechas con países que practican masivamente la mutilación genital femenina, que castigan a las mujeres por estudiar o manejar, o que hacen desaparecer a personas queer o trans?
¿Queremos asignar recursos estatales a la construcción de pabellones en ferias internacionales o, tal vez, destinar parte de esos recursos a permitir que niñas en comunidades empobrecidas reciban educación básica?
Preguntas como estas resultan pertinentes para una administración entrante que se ha esmerado en destacar su inclusividad y diversidad.
Son preguntas que Suecia, la pionera, se planteó en 2014 y que respondió convirtiéndose en el primer país en adoptar la política exterior feminista, decisión con implicancias simbólicas y prácticas.
Le siguieron Canadá, México, Francia, y Luxemburgo, y el año pasado se unieron España y Libia (esto último es considerado una gran ironía).
Chile sería el primer país sudamericano en hacerlo.
Aunque por su tamaño y nivel de desarrollo disponga de muchos menos recursos que Europa o Canadá para hacer diplomacia inclusiva, el nuevo gobierno tiene las bases, las personas adecuadas y el deber de hacerlo.
Tasas de femicidio y violencia de género al alza globalmente y una creciente carga de trabajo no remunerado sobre los hombros de las mujeres, son algunos de los dilemas que los países con FFP han abordado, en línea con el diagnóstico de la ONU de que la pandemia del Covid-19 afecta desproporcionadamente a las mujeres.
En España, por ejemplo, se idearon campañas para que las mujeres que son objeto de violencia en el hogar y que trabajan desde su casa, puedan recibir ayuda durante la pandemia, con simbología aplicable a sus comunicaciones online.
Y cuando una serie de gobiernos conservadores utilizaron al Coronavirus como excusa para impedir el reparto de métodos de anticoncepción en 2020, Suecia fue el único país disponible para financiar su disponibilidad, mientras Canadá aportó recursos para levantar el proyecto “Casa Trans” de la ONG Presente en Lima, Perú, un centro de acogida que da casa, comida y trabajo a mujeres transexuales.
Abrazar una política de Estado feminista permite aprobar rápidamente medidas como estas.
| Adoptar esta política exterior con un enfoque interseccional que se haga cargo de las discriminaciones en función de género, etnia y orientación sexual posicionaría a Chile como un líder innovador en Sudamérica y globalmente, donde las miradas ya están puestas en Boric y las expectativas que genera este nuevo Chile. |
La defensa de las mujeres vulnerables, combatir la discriminación de género en áreas como educación, salud, trabajo y representación política, se han vuelto los pilares de una FFP que contempla el multilateralismo y los medios diplomáticos para llamar al orden a regímenes que violan los derechos humanos en función de género, etnicidad u orientación sexual.
Como reciente presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nuestra futura canciller Antonia Urrejola tiene la experiencia y las competencias para poner en práctica este desafío y para dibujar una ruta en las arenas movedizas de la diplomacia.
Para dar coherencia y generar un impacto positivo en nuestro propio país, nuestra política exterior feminista debe articularse en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Educación –que por primera vez liderará un profesor homosexual– e incluso la Segegob, incluyendo tal vez a la oficina de la futura primera dama Irina Karamanos, quien anunció que las juventudes trans estarán entre sus prioridades. Sería imposible contar con mejores capacidades y “momentum”.
Por último, la política exterior feminista debiera iluminar a los defensores de los derechos humanos en general.
Enfrentar como país el presente y pasado opresivo contra nuestros pueblos originarios forma parte de los desafíos de esta política, tal como se ha visto en meses recientes en Canadá, donde se está exigiendo verdad y reparación, al mismo tiempo que voces críticas resaltan la contradicción de que dicho país, al igual que Suecia, sigan comerciando con regímenes como el de Arabia Saudita. Adoptar esta política exterior con un enfoque interseccional que se haga cargo de las discriminaciones en función de género, etnia y orientación sexual posicionaría a Chile como un líder innovador en Sudamérica y globalmente, donde las miradas ya están puestas en Boric y las expectativas que genera este nuevo Chile.