ACTORES DE LA ARAUCANÍA CUESTIONAN FALTA DE VOLUNTAD DEL GOBIERNO PARA AVANZAR MÁS ALLÁ DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN

ACTORES DE LA ARAUCANÍA CUESTIONAN FALTA DE VOLUNTAD DEL GOBIERNO PARA AVANZAR MÁS ALLÁ DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN

El lunes 30 de enero, el Congreso aprobó la decimoséptima prórroga del Estado de Excepción constitucional en la Macrozona Sur por un plazo de 15 días más, una medida que ya parece ser parte del paisaje habitual de cada quincena.

Y es que esta determinación de carácter transitorio ya se ha instalado como una herramienta permanente, con una eficacia que, según el último balance anual efectuado por la Fiscalía de La Araucanía, ayudó a disminuir los hechos de violencia rural en un 43 % el año 2022, en comparación con 2021.

En La Araucanía esta eficacia es reconocida de manera transversal por diferentes actores, quienes valoran positivamente la implementación de esta herramienta que permite a las Fuerzas Armadas apoyar a las policías en las labores de seguridad.

Sin embargo, también hay acuerdo en que no es posible mantenerla como algo permanente y que se debiese avanzar hacia una nueva forma de enfrentar la situación de la violencia y el terrorismo.

Estado de Excepción: un “parche” al problema. Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, asegura a El Líbero que el Estado de Emergencia ha sido un aporte, pero que de ninguna manera es la solución definitiva al tema de seguridad en la región.

“El Estado de Emergencia ha servido para mantener una relativa paz o tranquilidad para los habitantes de La Araucanía, como la posibilidad de poder cosechar con resguardo policial, pero en la práctica lo que a nosotros nos atañe es por qué en La Araucanía se tiene que tener un Estado de Excepción constitucional, si nosotros debiésemos vivir sin este flagelo del terrorismo. El Estado de Emergencia es un parche para el real problema que tenemos en La Araucanía”, manifiesta Apraiz.

El dirigente de las víctimas señala que el Gobierno ha tenido aciertos como la ley de robo de madera y detenciones como las de Llaitul o Carvones, pero que eso no es suficiente para lograr manejar de manera definitiva la situación en la zona.

El diputado Andrés Jouannet afirma que “el Gobierno no tiene la capacidad de implementar una medida para terminar con el Estado de Emergencia”, ni la voluntad para hacerlo. Las autoridades coinciden en que esa herramienta es un “parche” para el real problema que existe en la Macrozona Sur, que debe solucionarse con más atribuciones para las policías.

“Nosotros hemos reclamado a todos los gobiernos que lo que se necesita es voluntad política, para que de una vez por todas se acabe el terrorismo en la Macrozona Sur. El Gobierno cuenta con las herramientas, pero no hay voluntad, porque el costo que se podría pagar por combatir el terrorismo, no hay nadie que lo quiera asumir”, expresa.

Por su parte, el parlamentario por La Araucanía y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Andrés Jouannet, tiene una visión bastante crítica. “Lo que nosotros le hemos pedido al Gobierno es que este año busquemos una medida de verdad, pero el Gobierno no tiene la capacidad de implementar una medida que permita terminar con el Estado de Excepción. Hoy los militares son necesarios en La Araucanía, pero tenemos que avanzar un poco más y no creo que el Gobierno tenga las capacidades para poder implementar una política pública que permita que los militares salgan de la región”, expresó.

El diputado, integrante de la misma comisión, Miguel Becker, comparte la visión de que mantener el Estado de Excepción es necesario, a pesar de que no resuelve el tema de fondo, el cual, a su juicio, pasa por un tema de voluntad política. “El Ejército está preparado para esta función, pero tiene que haber más inteligencia y más investigación. Aquí no hay nadie que esté por fuera de la ley y eso tiene que quedar claro. Situaciones como la del arresto domiciliario de Carvones, donde el ingreso de las policías para hacer su trabajo se ve fuertemente dificultado y el Ejército no puede entrar, no puede ser. Todos tenemos que someternos al rigor de la ley y eso es lo que permite el manejo del país y el Estado como corresponde”, sostiene Becker.

Más y nuevas policías. Un factor de coincidencia es que mantener al Ejército en las calles no es la solución definitiva para enfrentar la inseguridad en la Macrozona Sur, sino entregar reglas claras y respaldo político y técnico a las policías.

Andrés Jouannet hace un punto relevante, basado en su experiencia como ex intendente de La Araucanía: “Tenemos pocos carabineros en el país. El año pasado egresaron 800 y pasaron a retiro 1.500. En la Macrozona Sur tenemos 200 carabineros por turno, vale decir, 5 carabineros por comuna”, advierte el parlamentario.

En este sentido, Jouannet explica una propuesta que ha impulsado y que se encuentra en análisis hoy, que es la creación de una policía rural, una nueva institucionalidad que, a su juicio, ayudaría a disminuir el déficit que hoy tiene la policía uniformada. “Estamos trabajando en una reforma para pagarle el sueldo mínimo a todos los que entran a la escuela de Carabineros y también en el servicio militar. El Gobierno se ha ido convenciendo en el tema de seguridad, por el ala más socialdemócrata que representan Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte, pero vamos a llegar tarde. Ya llevamos un año de gobierno y recién comienzan a plantear esta agenda de seguridad. O sea, de aquí a 6 meses recién se van a comenzar a ver algunas cosas”.

Infraestructura crítica. Otro tema que ha concentrado la discusión respecto a la agenda de seguridad para la Macrozona Sur ha sido la tramitación del proyecto de infraestructura crítica, medida sobre la que aún no hay coincidencia de su eficacia.

El diputado Becker sostiene: “El proyecto de infraestructura crítica no me parece, porque va a poner a las Fuerzas Armadas en una posición de defender un espacio limitado sin poder accionar o patrullar en otro lugar. Por ejemplo, si hay una patrulla resguardando una copa de agua, una central hidroeléctrica u otra infraestructura importante, no podrá moverse. Si las Fuerzas Armadas salen tienen que hacerlo con más atribuciones, con más garantías, con más respaldo y si tienen que actuar en un momento dado, tiene que haber una acción para que esto suceda”, advierte Becker.

Al contrario, Jouannet, explica la importancia de avanzar en otros cuerpos que complementen la medida. “Creo que avanzamos ahora con la ley de infraestructura crítica, porque eso nos va a permitir que los militares tengan más capacidades, con posibilidad de detener, registrar y pedir identificación, pero a partir de marzo vamos a comenzar a discutir la ley de las reglas de uso de la fuerza, porque ahora son reglamento, por lo que en tribunales es optativo si el juez lo toma en cuenta”, añade Jouanett.

En cuanto a las vías para encontrar una alternativa al Estado de Excepción, los actores aseguran que no existe voluntad política del gobierno para aquello.

Jouannet explicita que el Gobierno tiene dos almas y que el tema no es prioridad para el Presidente. “El gobierno no tiene las capacidades técnicas, por lo tanto no va a tener la voluntad política de poder avanzar más. Este tema es un poncho que les quedó grande, objetivamente ya fue así”.