Al enemigo, ni justicia… ni derechos humanos. La jurisprudencia en materia penal (Ver en adjunto al final de la página)
Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
El maltrato a los presos de edad avanzada en causas vinculadas con la lucha contra la subversión es la manifestación más clara de haber trocado justicia por venganza
Se aproxima el fin de año. Aunque el tiempo de la Navidad debería invitar a la reflexión personal, la intimidad familiar y la compasión por el otro, la realidad es un torbellino que supera las mejores intenciones y las sepulta con sus exigencias laborales, brindis variados, planes veraniegos y promesas incumplidas, aunque siempre repetidas.
En este contexto: ¿quién sabe, quién piensa o quién muestra interés porque en la Argentina haya cientos de presos mayores de 70 años, algunos con casi 90 en cárceles comunes? Son parte de los 1800 detenidos bajo la acusación de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la guerra antisubversiva que ocurrió en el país hace ya 40 años. Muchos de ellos, sin sentencia condenatoria. Ya han muerto 267 en cautiverio, entre los cuales se cuentan muchos casos atribuibles a desatención, abandono de persona o negligencia médica.
¿Valdrá la pena recordar que en nuestra legislación el principio de humanidad exige que las personas más vulnerables, como los adultos mayores, puedan cumplir la detención con prisión domiciliaria? ¿Y que puedan ser atendidos en hospitales, si sufriesen problemas de salud, como habitualmente ocurre con personas de esa avanzada edad, y no en las colapsadas enfermerías u hospitales precarios de las cárceles que carecen de infraestructura, médicos gerontólogos y servicios esenciales?
En democracia es importante señalar la discriminación manifiestamente inconstitucional que sufren estos detenidos, que son discriminados entre la misma población carcelaria porque no rige para ellos como para los demás acusados penalmente y para presos comunes ni la presunción de inocencia, ni el principio de irretroactividad de la ley penal, así como no tienen el beneficio de la excarcelación, ni de la libertad condicional, ni de prisión domiciliaria sobre la base de su estado de salud. Ni siquiera se les otorgan salidas transitorias, como sí las tienen, por ejemplo, los miembros de Vatayón Militante. Tampoco pueden cursar carreras universitarias ante las objeciones planteadas por la UBA.
La declaración de inconstitucionalidad de las llamadas leyes de impunidad, en 2005, no implicó que las causas de lesa humanidad fueran eximidas de las garantías elementales de la legislación penal, como el debido proceso legal. Sin embargo, tratándose de militares o civiles que actuaron durante la dictadura militar, el gobierno kirchnerista no tuvo ni tiene interés por determinar la real autoría de los delitos, sino realizar con ellos un sacrificio simbólico en el altar del poder político, el que paradójicamente sirve de cortina de humo para ocultar los gravísimos casos de corrupción que tiñen la actual administración.
De esa manera, los procesamientos, prisiones preventivas y las condenas en la mayoría de los casos se han basado en pruebas amañadas, cuando no en ausencia total de pruebas, falsos testigos, hipótesis no comprobadas y causalidades remotas. Basta que jóvenes oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad (para no excluir a los muchos que no son militares) hubiesen prestado servicios en una determinada unidad castrense para sindicarlos como autores de delitos contra la humanidad, sin probar su autoría. O, en el caso de civiles, ha bastado la mera portación de cargo, como ocurre con el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires Jaime Smart, que fue acusado de delitos en razón de su función, no obstante que la normativa legal vigente dictada durante el gobierno de ese entonces, lo excluía de toda participación en las cuestiones antisubversivas.
Su derecho a la legítima defensa también se encuentra comprometido dado que los acusados carecen de recursos para costearse abogados. Así, la defensa ha quedado mayoritariamente en manos de defensores oficiales, quienes no se atreven a confrontar el discurso kirchnerista, ni a interrogar a los testigos para no “victimizar a las víctimas”, alineándose con los mismos fiscales, vinculados muchos de ellos con Justicia Legítima.
Pero la Justicia, para ser legítima, debe respetar el proceso legal y las garantías constitucionales. De lo contrario, es sólo otra puesta en escena tendiente a cumplir fines ideológicos y políticos. Y si los acusados se juzgan conforme a la ideología o a la política, la justicia deja de ser justicia y se convierte en instrumento del derecho “penal del enemigo” y la venganza.
La historia está llena de ejemplos de tribunales revolucionarios donde los imputados estaban condenados desde la primera audiencia y todos terminaron en crueles y estrepitosos fracasos. Recuérdese la etapa jacobina de la Revolución Francesa, cuando se decapitaron 2217 personas para consolidar el poder de Robespierre. Y los célebres “procesos de Moscú” durante la dictadura de Stalin.
El benévolo Ernesto “Che” Guevara, en cambio, firmó sentencias de muerte en los procesos sumarísimos de La Cabaña, donde se ejecutó a, por lo menos, 500 personas, sin que se le moviera un pelo. En los países del “socialismo del siglo XXI” se experimenta la “justicia de clase”, donde la Justicia se quita la venda para que los magistrados dicten fallos conforme lo ordenan el partido y la revolución, como ocurre con los opositores al régimen bolivariano.
Tal vez sea oportuno señalar el inmenso contraste entre la situación de los militares y civiles que hoy sufren prisión, con los guerrilleros y la “maravillosa juventud” que luchaban “por la patria socialista”, a quienes el ex presidente Juan Domingo Perón echó de la Plaza de Mayo y a quienes el Poder Ejecutivo ordenó “aniquilar” mediante cuatro decretos de 1975 ya olvidados. Fueron esos “jóvenes idealistas” quienes provocaron la caída del gobierno de María Estela Martínez de Perón y no la iniciativa militar. El morir por una causa no significa que esa causa sea digna de morir por ella.
No obstante, quienes asesinaron y empujaron al vacío a un gobierno democrático fueron indultados y, muchos de ellos, indemnizados. Para no mencionar tampoco a los funcionarios civiles del gobierno peronista de aquel entonces, los firmantes de los citados decretos y los ejecutores de la “aniquilación” ordenada, que no han sido llamados ante los tribunales, ni por delitos de lesa humanidad, ni por crímenes de ninguna especie. Esta situación discriminatoria se acrecienta con la ley sancionada el año pasado por la cual muchos de los que participaron en acciones violentas percibirán una pensión vitalicia, en lo que se configura como un premio para quienes portaron las armas y agredieron a la sociedad.
El maltrato a los detenidos de edad avanzada demuestra una completa ausencia de dimensión humana y de comprensión de los valores en juego. Cuando llegan los últimos años, las personas pierden gradualmente la voluntad de vivir y comienzan a alejarse, lentamente, de los hechos cotidianos en una transición que merece un respeto distinto. Cada uno de los ancianos es un poco “todos los hombres”. Poco les importa, en lo personal, la cárcel, el maltrato, la enfermedad y la muerte. Los que más sufren son los familiares de los detenidos en las condiciones mencionadas. Cada persona mayor en prisión, detenida en forma injustificada, procesada por un tribunal político, no sufre en sí misma esa privación de su libertad, sino que la decisión se dirige primordialmente contra su grupo familiar, ajeno a las acusaciones vertidas, pero directamente afectado por el castigo dispuesto por quienes encontraron en sus padres, sus hermanos o sus abuelos, una oportunidad de ganar aplausos y adhesiones políticas a través de sus sacrificios en el falso altar de los derechos humanos.
Con su estilo campechano, que refleja puro sentido común, sin necesidad de acudir a libros de ética, ni a tratados internacionales, en una actitud que muestra ausencia de resentimiento no obstante su pasado guerrillero, el presidente de Uruguay, José Mujica, se ha manifestado recientemente en igual sentido: “Mi postura de índole filosófica ya es conocida. Tener viejos mayores de 70 años presos no corresponde”, dijo y continuó: “En otros países hay pena de muerte y, afortunadamente, aquí (en su país) no la hay. Algún día, la humanidad transitará caminos en cuanto a que tener un anciano preso no tiene sentido”.
Europa sufrió dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX con decenas de millones de muertos y países devastados. Menos de 30 años más tarde, los ex enemigos pasaron a ser formidables aliados y potencias económicas. Mantienen la memoria, pero no arman la vida de las sociedades mirando hacia atrás. La Argentina debe cerrar capítulos de su historia e invertir la energía en construir el futuro, sin generar nuevas injusticias que, a la larga, serán cargadas a la cuenta de las próximas generaciones.
http://www.lanacion.com.ar/1745318-al-enemigo-ni-justicia-ni-derechos-humanos
Jueves 20 de noviembre de 2014 | Publicado en edición impresa
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