Habiendo tomado conocimiento por las redes sociales de los planteamientos del precandidato presidencial Sr. Sebastián Sichel Ramírez, con respecto a nuestros camaradas oficiales y suboficiales en la cárcel de Punta Peuco y conociendo detalles de la situación que ahí se vive, en mi condición de oficial en retiro y por mis visitas al recinto, me permito aportar los siguientes antecedentes:
El Sr. Sichel, expresa que “cree profundamente en la Igualdad ante la ley” y para ello se debe transformar Punta Peuco en una cárcel para adultos mayores, con el propósito que puedan estar ahí todos los que cumplan condiciones de edad para ello. Además, que no puede existir discriminación para otorgar los beneficios carcelarios a todos los condenados por la justicia, no importando su origen.
Al respecto, es conveniente que tener presente, que de las casi 120 personas que están en ese lugar, ya colapsado, solamente cuatro tienen menos de 60 años y las restantes, están entre 65 y 90. Muchos de los que estuvieron, fallecieron allí, aquejados por penosas enfermedades sin acceder siquiera a una muerte piadosa. Derivado de lo anterior, se estima – más que transformar Punta Peuco – que a las personas ancianas y muchas de ellos enfermas, se les otorguen los mismos beneficios carcelarios que la propia ley contempla para el común de los condenados y que, en la práctica, no se otorgan a los presos militares, carabineros y policías.
En el caso de los presos militares tanto de Punta Peuco, como Colina, estamos convencidos que se encuentran en esas cárceles, exclusivamente porque para el logro de ese propósito, se vulneraron muchas instituciones jurídicas establecidas en el Derecho, que garantizan un justo proceso. Se les condenó políticamente, antes de ser juzgados y hoy es un hecho consumado.
Dicho lo anterior, estimamos que no existe igualdad ante la ley para los presos militares, lo que se refleja claramente, entre otros aspectos, por lo siguiente:
a. No aplicación de la Ley de Amnistía (decreto ley 2191 de 1978).
b. Aplicación de la “Ficción del Secuestro Permanente”.
c. No aplicación a los militares de la Prescripción de la Acción Penal.
d. Convenciones y Tratados Internacionales aplicados errónea y abusivamente por los tribunales.
e. Jueces que juzgan sin considerar el contexto histórico y político en que se desarrollaron los hechos.
f. Por otra parte, durante largos años se intentó abolir el Procedimiento Penal Inquisitivo por considerarlo indigno de los derechos humanos y paradojalmente una vez ocurrido en el año 2005, se ha mantenido sólo respecto de la jurisdicción militar y los delitos de lesa humanidad, no respetándose la Constitución Política que establece como un principio fundamental el de la igualdad ante la ley a todas las personas, de modo que la coexistencia de dos sistemas procesales diametralmente opuestos vulnera abiertamente dicho principio. No se entiende que subsistan en Chile dos sistemas procesales penales, uno para juzgar a los militares y otro para juzgar al resto de los chilenos.
g. En 2020 fue promulgada una ley de indulto general conmutativo, en la que se excluyó a los militares, carabineros y policías que cumplían con los requisitos generales porque estaban condenados por delitos de “lesa humanidad” y que según el derecho internacional por estar implicados en dichos delitos, no podían ser beneficiados. Esto no es efectivo, en Chile no existen personas condenadas por delitos de “lesa humanidad”, debido a que ningún delito cometido antes del 18 de julio de 2009, puede ser calificado como tal. Ello fue tipificado por la ley 20.357 que entró en vigencia el 18 de junio de 2009 y por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, expresan, que no pueden ser aplicados retroactivamente.
Finalmente, los integrantes de las organizaciones en retiro, quisiéramos que en el complejo período que se inicia, prime el espíritu humanitario de los candidatos, el superior interés de la nación y la voluntad de los poderes del Estado, para evitar la discriminación y falta de igualdad ante la ley, para los presos militares, carabineros y policías.
Enrique Slater Escanilla, general de Brigada en Retiro, presidente del Centro de Generales de Ejército en Retiro.