CARTAS NO PUBLICADAS EN MEDIOS DE PRENSA. ADOLFO PAÚL LATORRE

Con asombro e indignación veo que siguen ingresando a las cárceles militares y carabineros ancianos y gravemente enfermos, condenados por sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes, por supuestos delitos cometidos hace más de 48 años, en juicios en los que fueron violados el debido proceso y otros principios esenciales del derecho penal, preceptos constitucionales y normas del derecho internacional de los derechos humanos.

Al respecto cabe preguntarnos si es humano mantener en prisión a tales personas y si la justicia se identifica con castigo; y si ese castigo ha de ser el encierro o un dolor equivalente al padecido por la víctima, lo que es más parecido a venganza que a justicia.

El día 15 del mes en curso fue publicada en El Mercurio de Santiago, bajo este título, la siguiente carta al Director:

“¿En qué país democrático se queman o destruyen iglesias, escuelas, universidades, municipalidades, vehículos de trabajo, casas particulares, cosechas y monumentos, se cierran carreteras y calles, se atacan cuarteles policiales, se almacena clandestinamente armas de guerra y se asesina o hiere a policías y periodistas, al tiempo que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial parecieran observar de manera distante, como si ya fuese un panorama normal? Moisés Silva Triviño”.

El mismo día envié a ese diario la carta que sigue: “Al lector Moisés Silva Triviño le respondo a su consulta de ayer: en el mismo país en el que los jueces condenan a militares y policías mediante sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes, violando las normas de un debido proceso y principios esenciales del derecho penal asegurados por nuestra Carta Fundamental y por tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes; en el mismo país en el que los órganos del Estado no cumplen con su obligación de garantizar el orden institucional de la República y la conservación del orden público; aplicando la violencia física legítima del Estado a la que este está obligado por deber de justicia y de autoridad para reprimir a quienes subvierten el orden social y lograr mediante ella la restitución del orden exigido por el bien común”.

El Coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, comprometió que “se va a imponer el Estado de Derecho”.

¡Qué gran y esperanzadora noticia! Ello significa que se reconocerá que los guerrilleros y terroristas que ejercen una violencia desatada e impune —en zonas rurales y urbanas— constituyen un enemigo interno que está en guerra contra el Estado de Chile. Ello también significa que los órganos del Estado adoptarán todas las medidas necesarias y utilizarán todos los medios a su alcance para aniquilar a tal enemigo y así cumplir con su obligación de garantizar el orden institucional de la República; para lo cual, junto con medidas de otro orden, aplicarán la violencia física legítima del Estado necesaria para reprimir a quienes subvierten el Estado de Derecho y así restituir el orden exigido por el bien común.

Lamentablemente este desiderátum se ve difícil de alcanzar mientras la prensa y diversos actores políticos le bajen el perfil a una situación de violencia intolerable —ejercida por grupos paramilitares que utilizan armamento de guerra contra personas y bienes públicos y privados y cuarteles y vehículos policiales— utilizando el eufemismo “violencia rural”; mientras la opinión pública y las diversas organizaciones sociales no rechacen categóricamente la violencia terrorista o revolucionaria o, peor aun, la promuevan o la amparen; mientras la mayoría de los

 congresistas se opongan a la aprobación de leyes que le entreguen capacidades operativas a los organismos de inteligencia u otras necesarias para enfrentar en mejor forma el flagelo terrorista; y mientras se mantengan las actuales reglas de uso de la fuerza insensatas y extremadamente restrictivas.