Categoría: Columna de Opinión

Con desesperación, habiendo sido superada toda capacidad de asombro, somos testigos en estos días de la violenta escalada de actos terroristas que asolan los campos del sur, motivados por reivindicaciones de tierras de quienes dicen representar al pueblo mapuche. Todo ello, mientras las autoridades, haciendo gala de una obstinación propia de quienes definen a ésta como “la energía de los necios”, insisten en engañar a la sociedad chilena acerca de los alcances de este conflicto, tratando de hacerlo parecer como una serie de actos delictuales menores.

Con este inmoral engaño a su pueblo, los gobernantes de los últimos períodos han traicionado el juramento (o promesa…como estúpidamente lo impusieran los ateos revolucionarios) que prestaron ante los ojos del país, al dejar de cumplir y hacer cumplir las leyes de la República, amparando bajo una falsa imagen de paz el desarrollo de una fuerza guerrillera que aún no ha mostrado su poder real. Así, en medio de tibias declaraciones de preocupación y coaccionadas actuaciones policiales y judiciales, la guerrilla subversiva ha conseguido el tiempo y el espacio que requería para organizar, equipar y entrenar a sus cuadros combatientes, fortaleciéndose efectivamente con actos de propaganda armada que repercuten significativamente en el extranjero y generan apoyo comunicacional, político y económico para su causa.

Entretanto, en vez de haber apagado el incendio cuando solo se trataba de un amago, el gobierno de Chile se ha dedicado a echar bencina al fuego, estimulando la aparición incontrolable de nuevas demandas, al gastar fortunas en la compra de las mejores tierras para entregarlas a supuestas “comunidades” a las que se les reconocen derechos, también supuestos, de propiedad ancestral.

El imperio de la Ley ha sido violado reiteradamente por los grupos subversivos que se amparan en la mal llamada “causa mapuche”, sin que la Autoridad haya impuesto sobre ellos el respeto a las normas que regulan nuestra convivencia en el orden social. Junto con amparar la subversión, se está reconociendo la existencia de un estado dentro del estado, con ciudadanos de otra nacionalidad con derechos dentro de Chile, con lo cual se incentiva irresponsablemente la base política y comunicacional que requieren los grupos subversivos al engrandecer su rol ante los ojos de aquellos cuya representación se han auto-asignado. Independientemente de la falsedad implícita en la supuesta división de una raza que −reunidas con otras por varios siglos han dado forma a la nación chilena− la culpabilidad de los gobernantes no ha sido aún debidamente expuesta ante una opinión pública que juzgará con crueldad sus actos, como va quedando en evidencia frente a los escándalos de corrupción que hoy humillan al mundo político.

Sin embargo, por encontrarse la sociedad sometida a una campaña de desinformación respecto de lo que ocurre en la Araucanía, su reacción puede ser tardía, encontrándose ante hechos consumados, con enclaves territoriales donde la autoridad sea ejercida por los líderes guerrilleros y donde el Estado de Chile deba mantenerse como un simple espectador. Lo que puede parecer una fantasía, es exactamente lo que ha ocurrido en todas las llamadas “guerras de liberación”, donde la subversión comienza por el planteamiento de una idea-fuerza de carácter político –indispensable para dar forma a una “causa”−, siguen con la organización de cuadros debidamente adoctrinados y entrenados en el extranjero, continúan con su infiltración en el territorio-objetivo donde comienzan a reclutar adeptos en forma clandestina, momento en que es fundamental la realización de acciones que promuevan su capacidad operativa y atraigan simpatizantes entre la población local y entre los anarquistas de siempre, sean éstos del mundo intelectual, político o religioso.

Con este apoyo moral inicial, el núcleo guerrillero desarrollará posteriormente las líneas de apoyo logístico, donde el dinero y las armas provendrán normalmente del extranjero, nutriendo sus arcas para permitir la subsistencia de los cuadros dirigentes en la clandestinidad y la realización de acciones cada vez más violentas y significativas. En medio de ello, llegará el momento en que se haga necesario efectuar acciones de amedrentamiento hacia potenciales integrantes o colaboradores de la que ellos llaman la “oposición activa”, incluyendo en esto la implantación del terror en su propio pueblo, con el fin de evitar su alejamiento de “la causa”.

Los fiscales, jueces, periodistas y autoridades de todo tipo constituyen en esta etapa un blanco prioritario, sobre el que actúan de diversas formas, las que pueden ir desde el envío de cartas anónimas y secuestros, hasta llegar a los atentados incendiarios o asesinatos. Ningún medio de acción es dejado de lado ante la necesidad consciente de posicionar con la mayor rapidez posible la fuerza necesaria para pasar de las acciones de propaganda y sabotaje a las de ocupación territorial.

Todo ello, con el propósito de mantener la Libertad de Acción con que han contado hasta el momento y negársela a las autoridades, obligándolas a una reacción tardía. Hoy se sabe que algunas unidades de Carabineros de Chile (¿o todas?) habrían recibido instrucciones de no actuar en contra de mapuches, orden que indudablemente proviene del mundo político superior a la noble institución, el cual –llegado el momento− no trepidará en traspasarles la culpa de su propia irresponsabilidad histórica. La situación es realmente candente, su evolución previsible y en momentos en que la paciencia comienza a agotarse –Dios no lo quiera− pareciera que podríamos estar adportas de la reacción de grupos sociales que buscarán recuperar a través de la autodefensa, la seguridad abandonada por parte de quienes debieran velar por ella y por la mantención del estado de derecho.

Nuestras autoridades actuales se formaron mayoritariamente en la doctrina generada por los grandes maestros de la guerra de guerrillas, conociendo exactamente lo que puede suceder si no se controla el fuego antes que se transforme en incendio declarado. Luego, es hora que rectifiquen su rumbo y corrijan el grave abandono de deberes que continúan mostrando en relación a la Araucanía Chilena.

20 de Mayo de 2015

Patricio Quilhot Palma

De todos lados se escuchan voces clamando por “justicia” y que “se deje que las instituciones funcionen”… ¡Cínicos! ¡Descarados! ¡Sinvergüenzas! Eso es lo que la sociedad chilena debiera responder ante los lastimeros pedidos de justicia-justa provenientes de una casta de malos políticos que –acostumbrados a sacar provecho de su posición− no ha dudado en estimular y permitir los abusos jurídicos que se cometen a diario en contra de los militares chilenos. La rabia que produce el desenmascaramiento de la inmundicia política criolla no proviene de la descripción de sus actos ilegales, puesto que ellos eran de todos conocidos, si no en su detalle, al menos de su determinante efecto sobre cada proceso eleccionario vivido en el país.

La rabia aumenta al comparar la evolución esperada para este escándalo con la desgraciada e injusta campaña que los militares chilenos han debido soportar por años de parte de estos mismos descastados. Es hora de que la sociedad chilena comience a reaccionar del letargo culposo en que la ha sumergido la propaganda marxisto-gramsciana, reconociendo que ha sido engañada y que hay un segmento de ella que paga por culpas ajenas, difamado y expuesto a un trato inconstitucional.

Hoy, la cárcel de punta Peuco está repleta y se siguen emitiendo fallos que llevan a morir entre rejas a viejos nobles oficiales y leales suboficiales por hechos ocurridos hace más de cuarenta años, en los que participaron única y exclusivamente en cumplimiento de su Deber Militar y que –como si ello fuera poco− se encuentran debidamente prescritos y amnistiados. Mientras se discute si los sinvergüenzas del mundillo económico-político serán o no perseguidos judicialmente, nuevas encarcelaciones afectan a la Familia Militar, tocando incluso a familiares directos de algunos altos mandos actuales.

La sociedad, aturdida por los ruidos que genera la falta de honestidad y credibilidad de quienes dicen representarla, no demuestra el menor interés ni preocupación por el magnicidio que ocurre antes sus ojos, igual como lo hacía hasta que se destapó esta olla de corrupción.

Ese destape que hoy la horroriza es el que inevitablemente vendrá cuando no sea posible seguir enmascarando con falsos lienzos de justicia la aplicación inconstitucional de las leyes en contra del mundo militar, afectando cobardemente a aquellos que –aún estando en situación de retiro− son de los mismos que hoy ayudan al desamparado en el desastre del Norte, se sacrifican apagando incendios en el Sur o impusieron el orden vergonzosamente perdido después del terremoto del 27 F.

Cuando llegue esa hora, la sociedad chilena volverá a sentirse avergonzada por haber permitido que este tipo de abusos fuera cometido ante sus narices. Surgirán entonces nuevos paladines de la justicia-justa, promoviendo la persecución de otros culpables, seleccionados esta vez entre aquellos que hoy prevarican, estimulan o permiten la pérdida de la juricidad en Chile, bajo la disculpa de acoger usos y costumbres internacionales, no vigentes en nuestro territorio soberano como tampoco en muchos otros países occidentales y menos en las reconocidas tiranías de izquierda. Será entonces cuando se deberá asumir el daño inmenso cometido en contra de viejos defensores de la Patria y de sus familias, quienes no clamarán por bonos, becas ni salud gratuita, como lo han hecho con abuso y descaro los miles de beneficiados por las campañas de “reparación a las violaciones de los DD.HH.” Solo apelarán al reconocimiento tardío de la injusticia cometida en contra de sus familiares, exigiendo nada más que el respeto a su irrenunciable dignidad.

No imaginan estos descastados que hoy son denunciados por su actuar lo que han causado mientras robaban y engañaban. En tiempos medievales, donde el honor se defendía con la vida, serían ellos objeto de formas de reparación muy distintas a las actuales, desgraciando a sus propias familias con el resultado de su odiosidad y cobardía. No cabe duda que en esto está involucrado más que una sola vertiente políticoideológica. La izquierda, apoyada solamente por los pseudo-cristianos no podría haber llevado a cabo la masacre de los militares por sí misma, requiriéndose para ello de la complicidad de una derecha político-económica, revolcada en la misma inmundicia que la izquierda y temerosa de perder la posición que construyeron al alero del Gobierno Militar y que los hizo olvidar que sin el orden y la paz conquistada con la sangre de miles de soldados, marinos, aviadores y carabineros y la irreductible voluntad de su líder, ninguna idea –por brillante que hubiera sido− habría podido fructificar como lo hizo.

Hoy, muchos de aquellos que cambiaron su deber cívico hacia el bien común por el servicio a sus mezquinos intereses, tienen aún el descaro de unirse a los izquierdistas que provocaron la crisis del 73 para preguntarse cómo fue posible llegar a tanto odio. No comprenden o no quieren enterarse que son precisamente ellos, los malos políticos, quienes envenenan a la gente con su irresponsabilidad y arrogancia, generando deseos de revancha y de “pasar la cuenta” a los ladrones y pillos, como les está ocurriendo en estos momentos. Cuando menos lo esperábamos, la estructura de la pillería comienza a desmoronarse, anunciando la inevitabilidad del derrumbe del siguiente entramado, aquel que usaron en derroche cada vez para tapar sus actos de corrupción y que –por abuso− ya no les sirve.

Aquel que tanto lucro les generó en la forma de indemnizaciones, bonos, franquicias, etc. Aquel en que sacrificaron el honor y la imagen pública de fieles y leales servidores públicos, justamente aquellos que en su momento no requirieron de la plata ni de favores para hacer las cosas bien, si no del simple sentido del deber. Desde la injusta soledad de sus celdas, los presos políticos militares pueden tener fé en que el día de la Justicia-Justa para ellos tendrá que venir. Ojalá que cuando ello ocurra, no sea demasiado tarde para muchos de estos nobles soldados, marinos, aviadores y carabineros.

16 de Abril de 2015

Patricio Quilhot Palma

 La clase política ha sido sorprendida faltando a la verdad y aprovechándose de ello. La mayor parte de la misma no esperaba serlo, pues, desde el centro a la izquierda, estaba rasgando vestiduras al haber sorprendido a algunos empresarios contabilizando documentos “ideológicamente falsos” para disminuir sus utilidades y pasar el dinero a partidos de derecha. Pero a poco andar se fue descubriendo que ésos y otros empresarios hacían lo mismo para ayudar a partidos de centro e izquierda; y, peor aún, que en la propia familia presidencial el uso clandestino de influencias se prestaba para tener acceso privilegiado al crédito bancario multimillonario, sin garantías normales y a tasas favorables, y así hacer grandes ganancias de capital basadas en decisiones de las autoridades. Ello acarreó el sonoro derrumbe del paradigma presidencial derogatorio del lucro y la desigualdad. En estas circunstancias, los políticos se han percatado de algo de lo cual no se habían dado cuenta: todos están en el mismo barco. En vista de eso, han resuelto darle a la situación la denominación de “crisis institucional”. No lo es, por supuesto. Las instituciones gozan de perfecta salud, Son los políticos que las manejan los que han sido pillados con las manos en la masa y la crisis es personal de cada uno de ellos y de sus partidos, que, si fueran iguales ante la ley, tal como, se supone, son los demás chilenos, “los de a pie”, tendrían que pagar caras sus ilegalidades. Pero como ellos son “más iguales que los demás”, no quieren pagar. Y como están casi todos pillados, entonces quieren convencer a los demás chilenos (que son susceptibles de ser convencidos de cualquier cosa si el presupuesto comunicacional es suficiente, y el que controlan los políticos lo es) de que para salvar al país hay que perdonarlos. Amnistía general para todos los políticos sorprendidos faltando a la verdad y a la ley, que son casi todos los que hay. Entonces se viene “el gran perdonazo”. Como el que generosamente le extendió la derecha al gobierno de Lagos, durante el cual se supo, más allá de toda duda razonable, entre otras cosas impresentables, que los gobernantes de la Concertación se llevaban a escondidas plata fiscal para la casa, mientras acusaban a Pinochet de haber lucrado en el poder, siendo que los propios funcionarios de ellos (director del SII) publicaban que durante sus 17 años el Presidente uniformado se habría llevado mensualmente la mitad de lo que sacaban ellos. Pero al revés de Pinochet, que fue inmisericordemente perseguido por la justicia de izquierda, los gobernantes de la Concertación, con la venia de la derecha, naturalmente, quedaron judicialmente impunes y se autopremiaron aumentándose los sueldos oficiales en lo mismo que habían sido sorprendidos sustrayendo mensualmente. Y así se solucionó esa otra “crisis institucional” que, naturalmente, tampoco era tal, sino sólo el “problema crítico” de un grupo gobernante sorprendido sustrayendo indebidamente fondos fiscales. El “gran perdonazo” de ahora va a volver a dejar fuera, tal como la otra vez, a los jueces prevaricadores que faltan crónicamente a la verdad en sentencias que mandan a presidio a los uniformados que derrotaron a la guerrilla marxista hace más de cuarenta años. Ellos siguen y seguirán sosteniendo, en sentencias “ideológicamente falsas”, que los uniformados mantienen secuestrados hasta hoy (y en sus celdas) a extremistas, desde hace los mismos más de cuarenta años. Y si bien todo el mundo sabe que esas resoluciones son ajenas a la verdad y hasta constitutivas de delito, como los respectivos ilícitos están llamados a juzgarlos los mismos jueces que los cometen, éstos quedan impunes y, por lo tanto, no hay siquiera necesidad de incluir su caso en el “gran perdonazo” que se está gestando. Una vez extendido éste y cohonestada implícitamente la flagrante y crónica mentira judicial, podremos decir orgullosamente que “se ha superado la crisis institucional” y “fortalecido la democracia”; que por suerte Chile sigue sin ser un país corrupto y que “las instituciones funcionan”. Y así los miembros de la clase política podrán recuperar la tranquilidad y volver a vivir felices por todo el tiempo que reste hasta que los vuelvan a pillar; y los jueces podrán seguir faltando a la verdad y a la ley con la misma impunidad que se han auto garantizado, gozando, es cierto, del beneplácito general.

MILITARES por Orlando Sáenz R.

Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR

Cuando un ciudadano abraza la carrera militar, pone su vida a disposición de la irrestricta defensa de su patria y de sus conciudadanos y abdica de numerosos derechos que asisten a sus compatriotas.

Desde que existe historia de naciones y estados, es posible apreciar como todos ellos, sin excepciones, han tenido que adaptarse y resignarse a la siempre difícil convivencia con dos grupos internos que,  siendo imprescindibles, llevan una vida segregada regida por costumbres, reglas, prácticas y hasta éticas distintas de las del resto de sus conciudadanos, y ello por la naturaleza y praxis propias de sus funciones: esos grupos son el de los militares y el del clero.  La historia también nos enseña que la incomprensión o el desconocimiento de estas insoslayables diferencias han conducido, en innumerable ocasiones, a amargos y prolongados conflictos.

Cuando un ciudadano abraza la carrera militar, pone su vida a disposición de la irrestricta defensa de su patria y de sus conciudadanos y abdica de numerosos derechos que asisten a sus compatriotas.  Para él no habrá horarios máximos ni derecho a huelga o siquiera manifestación,   no habrá oportunidades de fortuna ni de carreras meteóricas.

Mas trascendentalmente aún, debe renunciar a buena parte de su libre albedrío porque, siendo el acatamiento ciego y la coordinación perfecta requisitos indispensables para la eficiencia bélica, es necesario postergar los instintos y la conciencia individual en aras del sacrosanto principio de la obediencia debida.  En reconocimiento de las importantísimas restricciones que la vida militar impone a sus cultores, y atendida la insoslayable necesidad de ella, todos los estados le otorgan y le han siempre otorgado un estatus especial, con sus propias leyes, sus propias tradiciones, sus propios tribunales, su propia previsión y hasta su propia ética.  Todo ello porque sería impensable regular un universo tan diferente con las mismas reglas y criterios con que funciona el resto de la sociedad.

En tiempos normales, las enormes diferencias entre el mundo militar y el mundo de los civiles no generan mayores problemas, básicamente porque se mantienen separados hasta físicamente. Pero cuando, por las circunstancias que sean, los militares se transforman en soporte directo de un gobierno, los roces entre los dos sistemas de vida se multiplican y derivan en conflictos de dolorosas consecuencia.  Es precisamente lo que ocurrió en Chile durante el largo régimen liderado por el General Augusto Pinochet.

Basta esta sucinta reflexión sobre lo que todos sabemos para sospechar la anchura y profundidad del abismo que se ha creado entre la sociedad civil y el mundo castrense a raíz del tratamiento que le ha dado la nueva democracia chilena a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante ese periodo.  Y ello por razones tan numerosas como evidentes:

_ Porque, en base a dudosos argumentos, se arrastró a tribunales civiles a muchos que debieron ser juzgados en su propio ámbito militar.

_ Porque, en base a otros dudosos argumentos, se eludió la ley de amnistía y se anuló incluso el límite de tiempo mediante el inverosímil expediente de considerar la desaparición como delito de secuestro permanente.

_ Porque muchos militares fueron condenados por los mismo tribunales civiles que fueron mas culpables que ellos como instrumentos de los crímenes del régimen al que obsecuentemente sirvieron.

_ Porque casi ninguno de los verdaderos responsables volitivos de esos crímenes desfiló ante los tribunales de justicia.

_ Porque hoy, a 40 años de los hechos, se sigue acosando a muchos que eran subalternos de subalternos en aquella época.

_ Porque se hizo tabla rasa  del dogma de la obediencia debida, que hasta los aliados respetaron después de la Segunda Guerra Mundial, y a pesar del mayor genocidio que conoce la historia de la humanidad (solo se juzgó y condenó a aquellos en que se pudo demostrar que tenían el libre albedrío suficiente para evitar los crímenes en que participaron).

_ Porque la casi mitad de Chile que casi logró prolongar el régimen militar hace 25 años enmudeció y desapareció como por encanto cuando llegó la hora del ajuste de cuentas.  Hoy es tan difícil encontrar un pinochetista como fue difícil encontrar un allendista a los pocos meses de gobierno castrense.

_ Porque el aprovechamiento político del asunto de los derechos humanos llegó a limites repugnantes el pasado septiembre, en que, con la propia colaboración del gobierno, se falsificó la historia en forma que el propio Homero habría envidiado.

_ Porque ver a los comunistas embanderar el Penal Cordillera cuando su partido es miembro centenario de un panel internacional autor de los peores crímenes contra los derechos humanos que se conocen, es una afrenta insoportable para  los militares chilenos (como que uno se suicidó de vergüenza).

_ Porque la repetida historia de que todo lo ocurrido afecta a personas y no a la institución militar es un eufemismo que no creen ni los que lo afirman.

_ Porque de sus caídos en la “guerra sucia” nadie se acuerda en el mundo civil, mientras que Santiago arde en cada aniversario del joven combatiente que cayó desafiando la ley y el orden.

No se vaya a creer que esta numeración significa que yo piense que los crímenes de los militares durante el gobierno del General Pinochet debieron quedar impunes. De hecho, como candidato parlamentario  de la Concertación en las elecciones de 1989, clamé públicamente por verdad y justicia y me sentí muy orgulloso cuando el Presidente Aylwin inició ese camino a pesar del estrecho espacio de maniobra que tenía su gobierno.  Pero en un cuarto de siglo lo que comenzó siendo “verdad y justicia” se convirtió en escarmiento y venganza y últimamente en caza de brujas y  aprovechamiento político, en que hasta el Partido Comunista enarbola la defensa de derechos humanos mientras  se le caen de la mochila los recuerdos de Stalin, Ceacescu, los Castro  y la plaza Tienamén, ante los cuales no hizo otra cosa que rendir homenajes.

 Creo que Chile no puede vivir con un foso de recelo y resentimiento entre la sociedad civil y el estrato militar.  No tenemos situación internacional para continuar con lo que, a estas alturas, no es otra cosa que un sainete en cuyo reparto nunca estuvieron todos los que son ni son todos los que estuvieron.  Hace rato que sonó la hora en que, por el bien y la seguridad de Chile, hay que ponerse a la tarea de restaurar el respeto y la confianza entre esos dos universos.

 Yo no sé si los políticos chilenos han postergado esa imprescindible tarea por ceguera intelectual o por conveniencia electoral, como demostró el aquelarre de septiembre pasado, pero sí que sé que mejor harían en aplicarse a resolver este problema de imperativa importancia en lugar de perder el tiempo atendiendo a la agenda que les dictan los agitadores de la calle.

Orlando Sáenz R.

Oligarquía Demagógica

Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR

La persecución de los militares no se debe sólo al odio de la izquierda, sino también a la necesidad de borrar de la mente de los chilenos la forma en que condujeron la administración pública durante los años del Gobierno Militar, dándonos orden, progreso y paz.

Debido al aprovechamiento de una casta de malos políticos, la democracia chilena se encuentra en una grave crisis, dejándonos en una situación de vulnerabilidad ante el riesgo de que se pretenda refundar el Estado mediante una Asamblea Constitucional, de corte ideológico. Los hechos que dan origen a la crisis van quedando en evidencia en estos días, haciendo añorar una época en la que la sociedad disfrutó del largo retiro espiritual de los políticos de todas las corrientes partidistas y demostrando que la persecución de los militares no se debe sólo al odio de la izquierda, sino también a la necesidad de borrar de la mente de los chilenos la forma en que condujeron la administración pública durante los años del Gobierno Militar, dándonos orden, progreso y paz.

Patricio Quihot Palma

¿CONFIANZA O ESTULTICIA? VA Fernando Navajas. BAJAR A LABBÉ por Patricio Quilhot (adjunto)

Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR

Lo siento profundamente por Chile y por su futuro, por no estar debidamente preparados intelectual y sicológicamente para detener las embestidas del marxismo y no darse cuenta cuando estas ocurren, creyendo en sus falsas promesas “democráticas”.

 Un amigo, me decía hace unos días que conversando con algunos empresarios sobre  la situación del país en lo político y económico, varios de ellos le expresaron que había que tener confianza en los políticos y el GOBIERNO. Esa confianza no es tal, es una estupidez porque lo que ocurre es que el gobierno no pretende ser lo que fueron los otros gobiernos de izquierda: moderados, que no tocaron mayormente el  sistema eco nómico y manteniendo una relativo  respeto por las libertades básicas del individuo y de la sociedad, pero lo que estamos viendo ahora es algo muy distinto.

El actual Gobierno y los     políticos que lo acompañan, son mucho más hábiles y sutiles que los de 1973 y han hecho un cambio cultural sacando las vallas que  impiden su avance y de acuerdo con Gramsci eliminando las fuerzas que se le pueden oponer. Así tenemos que la iglesia católica, no ha sido capaz de anular los nefastos conceptos y prácticas del marxismo. Las FF.AA. fueron  sometidas de manera muy discreta y sin dolor.                                                                                    Finalmente los medios junto a la educación superior, fueron penetrados de ideas marxistas y nadie se dio cuenta de ello. Así cumpliendo muy bien los postulados de Gramsci en el sentido que es necesario ocupar los fosos o defensas que tiene la sociedad para defenderse, están echadas las bases para instalar en nuestro país una dictadura marxista y que ya estamos viendo en una serie de actitudes gubernamentales que atentan contra las  libertades personales y colectivas.

Ya lo he dicho en otras oportunidades: la ciudadana Bachelet, es una socialista dura, vale decir su itinerario es absolutamente marxista; por lo tanto creer en ella pensando que es demócrata es una ilusión, y esta sociedad que ha sido adormecida desde hace mucho tiempo, es incapaz de reaccionar ante todas las actitudes que buscan terminar con toda clase de libertades.

  El país es otro, ha habido un cambio cultural de principios y de valores y se ha hecho en forma imperceptible para la masa, pero el cambio existe con la pérdida de nuestra forma de ser; por eso, pensar que ellos actuarán de acuerdo a nuestro convencimiento es un error grave y más aun, pensar en generar confianzas en los diferentes aspectos de la vida nacional sean ellos económicos, políticos, sociales etc. Me parece de una simpleza increíble por parte de personas que debieran captar mejor que el común de los ciudadanos lo que está ocurriendo en Chile y actuar en consecuencia en forma práctica pero pensar en confianzas constituye para mí una estulticia. ¿Cómo generar confianzas con individuos o autoridades que tienen como blanco a la clase Empresarial?

 Lo siento profundamente por Chile y por su futuro, por no estar debidamente preparados intelectual y sicológicamente para detener las embestidas del marxismo y no darse cuenta cuando estas ocurren, creyendo en sus falsas promesas “democráticas”.

                                        Fernando Navajas I.

                                          Vicealmirante