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ISRAEL VS. HAMAS: PREMISAS Y PREGUNTAS SOBRE UNA GUERRA PREVISIBLE. José Rodríguez Elizondo

ISRAEL VS. HAMAS: PREMISAS Y PREGUNTAS SOBRE UNA GUERRA PREVISIBLE

José Rodríguez Elizondo, Periodista, escritor y Premio Nacional de Humanidades 2021

El Líbero, 15/01/2024

Tras diversas pruebas de desafecto a Israel, nuestro gobierno se ha alineado no con la causa palestina, en general, sino con la causa islámica de Hamas.

La guerra de Israel contra Hamas está preñada de preguntas para quienes quieren entenderla desde la racionalidad. La primera incide en su increíble previsibilidad.

En columnas anteriores dejé en claro (espero) que los políticos israelíes ilustrados la respondían asertivamente: cualquier gran desgracia era previsible.

Con Yitzhak Rabin y Shimon Peres a la cabeza, advertían a religiosos, colonos y rivales políticos -entre los cuales Biniamin Netanyahu- que volver a las fronteras bíblicas era una utopía pues no hay victoria militar eterna sobre adversarios irreductibles.

De esa idea nacieron los encuentros de Madrid de 1991, los Acuerdos de Oslo de 1993 y el reconocimiento de la Autoridad Palestina (AP) liderada por Yasser Arafat. Tragando sapos ideológicos o místicos, todos -israelíes y palestinos- debían negociar “paz por territorios”.

También coincidían en esa previsibilidad los mejores intelectuales israelíes, entre los cuales el prestigioso escritor David Grossman. En su reportaje El viento amarillo -escrito en 1987, vísperas del vigésimo aniversario de la Guerra de los Seis Días- entrevistó a palestinos y colonos de los asentamientos, develando la intensidad de los odios mutuos y el escapismo de “no ver la desgracia que se nos avecina”.

Transcribo las dos siguientes frases de su última página: “La experiencia histórica mundial demuestra que una situación como la que nosotros mantenemos aquí no puede durar mucho tiempo. Y, si dura, exigirá un precio de muerte”.

También incide en la primera pregunta un acontecimiento externo que no se procesó como debía. Me refiero a los atentados de Al Qaeda contra los EE. UU., de 2001, con Osama Bin Laden invocando la causa palestina.

La réplica de George W. Bush, concebida como guerra contra el terrorismo y los países que apoyaban terroristas, prefiguró el nuevo tipo de guerra que hoy se desarrolla en Israel.

El historiador norteamericano Paul Kennedy verificó, entonces, que la simpatía extranjera ante los horrores del fundamentalismo islámico se relacionaba más con la muerte de civiles inocentes que con el apoyo a la democracia norteamericana.

Agregó que la política exterior de Bush se reducía a “ponernos en marcha con un enorme peso militar para destruir demonios como los talibanes y retirarnos luego a nuestras bases y campamentos”.

Como se sabe, los talibanes afganos hoy están de nuevo en el poder.

PREMISAS PARA TERCEROS. En ese marco de previsibilidad, la guerra Israel-Hamas en desarrollo actualizó cuatro advertencias previas para terceros países.

Primera: el conflicto palestino-israelí no sólo es permanente desde la partición territorial dispuesta por la ONU en 1947. Su raíz es bíblica y, por tanto, georreligiosa.

Segunda: Su explosividad bélica es contaminante no sólo a nivel región. Por eso, controlarlo fue parte importante del balance estratégico -el “equilibrio del terror”– de la Guerra Fría. La Unión Soviética apoyaba a la AP y los EE.UU. a Israel.

Tercera: el fin de la Guerra Fría liberó las fuerzas políticas extremas dentro y fuera de Israel. Por una parte, el gobierno de Netanyahu desahució los Acuerdos de Oslo de 1993 y potenció la política de asentamientos en territorios palestinos. Como contrapartida, Hamas potenció su concepto de Dar el Harb (Casa o lugar de la guerra) aplicable a los territorios que no están bajo soberanía del Islam y renovó el compromiso de su Carta de principios: “Israel existirá hasta que el Islam lo destruya”.

Por añadidura, organizaciones fundamentalistas de los países islámicos apoyaron la causa de Hamas contra la causa de la AP.

Cuarta: En ese complejísimo contexto, Chile mantuvo una política de Estado de neutralidad activa. Por una parte, apoyaba los Acuerdos de Oslo y la definición onusiana sobre fronteras seguras para Israel y la creación de un Estado Palestino independiente. Por otra parte, reflejaba un interés nacional concreto: evitar que el conflicto contaminara, malograra o exasperara la relación interna entre las comunidades de chilenos árabes y judíos.

Como hechos en esa línea, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle negoció con la AP de Arafat la apertura de una oficina no diplomática en Ramallah y el gobierno de Sebastián Piñera reforzó a la debilitada AP de Mahmoud Abbas mediante un reconocimiento retórico de estadidad.

Nota: dicho reconocimiento fue retórico, en cuanto indiferente para Israel, la potencia geográfica y ajeno para los Estados que se rigen por el principio de efectividad.

Traduzco: la AP no tenía control total sobre el territorio reclamado y la dualidad del poder palestino, ante la emergencia de Hamas en Gaza, le impedía el mínimo necesario de gobernabilidad.

CONCLUSIONES A INICIOS DEL MILENIO. En 2001, con base en esas cuatro premisas y tras cumplir una misión diplomática en Israel, produje ocho y media conclusiones, que actualizo a continuación, con algunas glosas entre paréntesis:

PRIMERA. Ante las polarizaciones internas en ambas partes, los negociadores de Oslo no hicieron docencia masiva sobre el requisito esencial de cualquier negociación: que las partes renuncien a la pretensión de imponer sus posiciones máximas.

Si nada hay que conceder, las conversaciones coexisten con atentados y represalias y cualquier avance puede adjudicarse más a la violencia que a la diplomacia.

SEGUNDA. Un proceso concesivo de negociación implicaba riesgos personales para los negociadores y mandantes. Las fuertes minorías adversas a Oslo demostraron que no sólo podían socavar las confianzas políticas respectivas, sino que podían llegar al magnicidio.

Fueron los casos de Arafat, cada vez más irrelevante en la población palestina y del primer ministro israelí Yitzhak Rabin, asesinado por un religioso judío.

TERCERA. Los riesgos políticos de las negociaciones derivadas de Oslo, como las de Camp David II, lucían más altos en lo sistémico para los palestinos de Arafat, que para el entonces primer ministro israelí Ehud Barak.

Aquel debía negociar un proyecto de Estado sin Ejército profesional, sin institucionalidad democrática y con la oposición activa de Hamas y las organizaciones fundamentalistas apoyadas por Siria, Irak, Irán y Al Qaeda.

Por eso, Barak pudo arriesgar el fin anticipado de su mandato (lo que sucedió).

Tácitamente, entendía que su fracaso diplomático no amenazaba la sobrevivencia de un Estado con cinco décadas de vigencia, un poder militar sofisticado y un sistema democrático que garantizaba la alternancia.

CUARTA. Con todo, el fracaso de Camp David II abrió nuevas posibilidades para negociaciones futuras. Las concesiones posibles, que planteó Barak y el silencio con que las recibió Arafat, sugerían un comienzo de desbloqueo de las posiciones maximalistas.

Parecía lógico volver a ese momento, en negociaciones futuras, para llegar a un consenso que permitiera estructurar un Estado Palestino viable, yuxtapuesto a un Israel seguro.

Sin embargo, a esa altura la fundamentalista Hamas, con su política de liquidar Israel, concitaba mayor apoyo palestino que la AP.

QUINTA. El frustrado proceso de paz marcó un gran desfase cultural entre cúpulas políticas y bases sociales de ambas partes, confirmando, a) que las mayorías débiles deben transformarse en mayorías fuertes si quieren imponer proyectos de envergadura total y b) que para ello no sirve el liderazgo autoritario ni basta el trabajo político orientado hacia las elecciones próximas.

SEXTA. El conflicto no puede ni debe ser analizado sólo desde los prismas políticos, económicos, jurídicos y sociológicos de las democracias occidentales.

Cualquier análisis que se pretenda válido, debe dar cuenta de sociedades donde la religión no se mantiene sólo en el ámbito privado y/o donde lo político-cultural depende de lo cultural-religioso.

SÉPTIMA. En el marco de la post Guerra Fría sigue vigente el compromiso de los EE. UU. con cualquier proceso de paz en el Medio Oriente.

Sus gobernantes, por serlo de una superpotencia única (en la época lo era), no pueden aspirar a roles de simple observador. Bin Laden ya demostró al liderazgo norteamericano que era inútil tratar de eludir un conflicto, si el conflicto no quiere eludir a los Estados Unidos.

OCTAVA. La AP podrá declarar la estadidad palestina de manera unilateral (es lo que hizo), pero sólo con efectos retóricos.

La viabilidad de un futuro Estado Palestino sigue dependiendo de un relanzamiento del proceso de paz, con apoyo internacional y con un claro rechazo a las pretensiones tutelares de los fundamentalismos islámicos.

En esa línea los sucesores políticos de Arafat deben fortalecer su ascendiente social interno, para contener a las organizaciones palestinas que aplican métodos terroristas.

El gobierno de Israel, por su parte, debiera valorar con realismo la vigencia de la AP, evitando impulsarla a la órbita de las organizaciones fundamentalistas.

PREMISAS ACTUALES. 23 años después, con la guerra de Israel contra Hamas en desarrollo, la enorme complejidad del conflicto se ha convertido en un misterio mayor. Lo sintetizo con dos nuevas premisas que originan nuevas interrogantes:

Premisa 1. Geopolíticos y filósofos del Derecho dicen que reconocer a fuerzas insurgentes como poder beligerante presupone un estado de guerra civil, que puede asumir el carácter de una guerra internacional.

Premisa 2. Para ese efecto, los insurgentes deben tener un gobierno, una organización militar y dominar una parte del territorio del Estado enemigo, que así muta en teatro de operaciones.

A partir de premisas de ese tipo, Hans Kelsen, uno de los más célebres iusfilósofos del siglo pasado, formuló la siguiente conclusión en su Teoría General del Derecho y del Estado: “Por el dominio efectivo del gobierno insurgente sobre una parte del territorio y del pueblo del Estado envuelto en la guerra civil, fórmese una entidad que realmente se parece a un Estado”.

Las interrogantes derivadas son las siguientes:

Netanyahu, al declarar la guerra a Hamas… ¿no está reconociendo a esa organización como un poder beligerante con gobierno, territorio y fuerza militar propios?
A la inversa de los reconocimientos retóricos de estadidad… ¿No estamos asistiendo al reconocimiento de un Estado palestino real con sede en Gaza y con efectividades de soberanía?
De entenderse así… ¿no sería una gran paradoja, dado que Netanyahu llegó al poder para negar la posibilidad de un Estado palestino independiente?
En ese contexto y de mantener su política… ¿Puede subsistir la AP como representante legítima de un sector palestino?

INTERROGANTE DE CIERRE. Lo anterior basta para entender lo problemático o lo simplemente ideológico de los alineamientos externos sobre la guerra en desarrollo.

Sus portavoces raramente están informados de la Historia aquí esbozada, coexisten mal con principios pacifistas de la Carta de la ONU y es muy difícil que, fuera del Medio Oriente, representen intereses nacionales.

Por lo mismo, la gran interrogante que formulo a fin de columna se relaciona con el brusco cambio de la política exterior de Chile.

En efecto, tras diversas pruebas de desafecto a Israel, nuestro gobierno se ha alineado no con la causa palestina, en general, sino con la causa islámica de Hamas. Para ese efecto, está actuando ante jueces internacionales, “para investigar los crímenes que se cometen en el Territorio Palestino Ocupado”. Por el momento, lo acompañan en esta empresa judicial Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia y Comoras.

Como era de esperar, los chilenos de la comunidad judía han protestado públicamente pues “Chile ha tomado el claro camino de enemistarse con Israel”, soslayando que Hamas inició la agresión y fomentando el antisemitismo en el país

Ante estos desarrollos, la pregunta doméstica y final es la siguiente:

¿Estamos ante una nueva política exterior de Estado, una política exterior de gobierno o una política exterior presidencial?

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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COMUNIDAD JUDÍA SE RESTA DE ACTO DE LA CANCILLERÍA TRAS ACCIONES DE BORIC SOBRE ISRAEL. Alonso Vatel

COMUNIDAD JUDÍA SE RESTA DE ACTO DE LA CANCILLERÍA TRAS ACCIONES DE BORIC SOBRE ISRAEL

Alonso Vatel

La Tercera PM, 16/01/2024

A través de una carta enviada al canciller Alberto van Klaveren, la organización transmitió que no participará de la conmemoración a las víctimas del holocausto, que anualmente realiza la cartera. Esto, luego que el gobierno decidiera realizar una presentación ante la Corte Penal Internacional para que se investigue la situación de Palestina en Gaza. “El Presidente de la República no ha tenido una sola palabra de condena para estos acontecimientos que afectan directamente a los chilenos de origen judío”, dice la misiva.

A través de una carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, la Comunidad Judía informó durante esta jornada que no asistirá al tradicional acto de conmemoración que organiza la Cancillería contra el holocausto, programado para el próximo 27 de enero.

Esto, como señal de molestia a la actitud que ha adoptado el Ejecutivo en medio del conflicto entre Israel y Palestina. “Esta conmemoración, que es la ocasión para recordar a las víctimas y su dolorosa experiencia, es también la oportunidad de renovar el compromiso de “nunca más”, que, en esta ocasión, suena vacío”, parte diciendo el texto.

En la misiva se explica que, a partir del ataque de Hamas del 7 de octubre, en Chile “hemos sido testigos de actos y dichos que replican los prejuicios y ataques sufridos por los judíos en los años 30″. Al respecto, se dice que “el Presidente de la República no ha tenido una sola palabra de condena para estos acontecimientos que afectan directamente a los chilenos de origen judío”.

También se reprocha que, según ellos, el gobierno no ha condenado con la suficiente fuerza el ataque de Hamas a Israel.

La carta se envía dos días después de que Boric señalara, desde Guatemala, que “la gran mayoría de los países del mundo se ha manifestado a favor de un cese al fuego ya y de una solución política entre Israel y el pueblo palestino, que solo se va a solucionar con dos Estados que sean seguros y con fronteras mutuamente acordadas”.

El Mandatario también declaró que “prácticamente todas las viviendas han sido destruidas y 1,5 millones de personas no tienen dónde dormir y muy poco que comer” y que “Gaza está peor que Berlín en 1945″.

Sobre esto, en la carta enviada hoy, la Comunidad Judía considera que “las últimas declaraciones del Presidente Boric, donde anuncia acciones en contra de Israel y no de Hamas, y compara a Gaza con la Berlín del año 1945, no hacen otra cosa que avalar la pretensión de exterminio de dicho grupo terrorista y banalizar el genocidio de 6 millones de judíos, un millón de gitanos, 250 mil personas discapacitadas y nueve mil homosexuales que fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores, así como seguir alimentando un discurso de odio y antisemitismo en nuestro país”.

La molestia de la Comunidad Judía se produce en el contexto en que la semana pasada el embajador chileno en los Países Bajos, Jaime Moscoso, asistió a la primera audiencia convocada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya con motivo de la demanda presentada por Sudáfrica en contra de Israel por “actos de carácter genocida”.

En ese escenario, la embajadora ante la ONU, Paula Narváez, declaró en ese organismo que “Chile no permanecerá indiferente frente a la actual situación y al dolor del pueblo palestino” y anunció que se presentará la remisión de la situación de Palestina a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), para que “se investiguen los crímenes internacionales que se cometen en los territorios palestinos ocupados”.

Además, ocurre tras varias declaraciones del Presidente, en las cuales ha endurecido el tono en contra de Israel, haciendo guiños a Palestina.

El año pasado la ceremonia de conmemoración se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores y contó con la presencia de los entonces ministros de RR. EE. y Educación, Antonia Urrejola y Marco Antonio Ávila, respectivamente, además de representantes del cuerpo diplomático y de miembros de la Comunidad Judía.

Ahora, la Comunidad Judía considera que su presencia en la conmemoración que va a realizar el Ejecutivo avalaría su agenda, la que, según ellos, “resulta en la vandalización de sinagogas, amenazas y agresiones a instituciones y personas de nuestra comunidad”.

Las Naciones Unidas instauraron en 2005 el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el cual se rememora el 27 de enero.

La fecha recuerda la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau por el ejército soviético a finales de la Segunda Guerra Mundial.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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QUÉ OCURRIÓ EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA DONDE SE MILITARIZÓ LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. Marcos González Diaz

QUÉ OCURRIÓ EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA DONDE SE MILITARIZÓ LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Marcos González Diaz

BBC News Mundo, El Mostrador, 13/01/2024

Expertos plantean que la tendencia de militarizar cuando las capacidades policiales se vuelven insuficientes es algo que ya se instaló y es muy difícil que los Estados den marcha atrás.

“Si se meten con la población, se meten con las Fuerzas Armadas”, dijo el ministro ecuatoriano de Defensa, Gian Carlo Loffredo. El funcionario respaldó así el poder otorgado por el gobierno a los miles de militares desplegados desde hace días en el país, donde la gran escalada de violencia llevó a que el presidente, Daniel Noboa, declarara el martes estado de conflicto armado interno y ordenara a las Fuerzas Armadas “neutralizar” a los grupos vinculados con el narcotráfico y crimen organizado.

Este jueves, la Asamblea Nacional respaldó esta intervención de manera unánime.

Aunque precipitado por los acontecimientos, el plan de Ecuador no es nuevo.

Ya en diciembre, su Congreso votó a favor de reformar la Constitución —que encarga a los militares la defensa de la soberanía y la integridad territorial y a los policías el orden público interno— para que las Fuerzas Armadas apoyen también en el combate al crimen y la lucha contra las drogas.

Y en el resto de América Latina, tampoco es nuevo.

La región está plagada de ejemplos, desde México hasta el Cono Sur, de cómo se atribuyeron a los militares —de manera temporal o prácticamente permanente— funciones contra el narcotráfico que en ocasiones contribuyeron a desarrollar operaciones exitosas y, muchas otras, dejaron resultados plagados de claroscuros en la historia reciente.

Para David Saucedo, especialista mexicano en seguridad pública, uno de los motivos por el que los gobiernos latinoamericanos han recurrido con tanta frecuencia a esta vía es por la histórica presión de Estados Unidos, que percibía una extrema debilidad en los sistemas de justicia y seguridad pública de la región.

“Las policías de América Latina, en general, se han caracterizado por una infinita corrupción y debilidad para enfrentar al narcotráfico y no dejar que penetrara en las instituciones”, remarca.

Esto, sumado a que el poderío de los carteles “sobrepasa con mucho las capacidades de cualquier Secretaría de Seguridad Pública o Ministerio de Interior”, llevó a muchos países a confiar en los militares, quienes gozan de una imagen positiva entre buena parte de la ciudadanía y cuentan con un gran armamento y capacidad de despliegue territorial, le dice el experto a BBC Mundo.

México y Colombia. México es uno de los más claros ejemplos de esta tendencia.

La implicación de militares en operaciones antidrogas se remonta a la década de los 70 y 80, cuando comenzó a participar en la erradicación de cultivos ilícitos y lideró golpes importantes como el realizado en 1984 contra el rancho de Rafael Caro Quintero, líder del cartel de Guadalajara, y que concluyó con la quema de miles de toneladas de marihuana.

Las labores castrenses contra el narcotráfico se mantuvieron desde entonces, aunque fue sin duda durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) cuando se registró un parteaguas al poner en marcha la conocida “guerra contra el narco”.

En esta estrategia se involucraron todas las comandancias militares con el objetivo de recuperar territorios en manos del crimen organizado.

Pero las autoridades mexicanas reconocieron solo cuatro años después no haber conseguido su propósito en medio de una violencia creciente, que acabó con el sexenio de Calderón duplicando con 121.000 el número de homicidios del gobierno anterior, según las cifras oficiales.

También en aquel período fue que echó a andar la Iniciativa Mérida, el programa de EE. UU. dirigido a “contrarrestar la violencia alimentada por las drogas” por el que transfirió a México miles de millones de dólares en equipo militar, especialmente durante su primera etapa iniciada en 2008.

“La guerra contra el narco es una experiencia fallida y más bien fue una estrategia política del presidente Calderón para obtener legitimidad para su gobierno. Lamentablemente, a esta política se le dio continuidad en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el actual de López Obrador”, subraya Saucedo.

Colombia es otro de los países con larga tradición de uso de la fuerza militar contra el narcotráfico.

Catalina Miranda Aguirre, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz de este país, subraya que la Policía Nacional tuvo un rol mucho más importante en esta área en las últimas décadas.

Sin embargo, los militares fueron ganando presencia especialmente tras la aprobación en 2000 del Plan Colombia, por el que EE. UU. fortaleció también con millones de dólares la capacidad de la Fuerza Pública del país.

“(Los militares) empezaron a tener un rol muy importante en términos de seguridad interna en un momento en que la policía no tenía las capacidades suficientes para atender un nivel de criminalidad tan impresionante”, destaca la experta en entrevista con BBC Mundo.

Y agrega: “Se robustecen sus capacidades no solo para combatir el narcotráfico, sino también la insurgencia. En Colombia, insurgencia y narcotráfico están ligados en un momento de la historia, no los puedes separar”

Con los años, les siguieron golpes importantes a cabecillas de las FARC y otros grupos insurgentes como el Ejército Nacional de Liberación Nacional o el Clan del Golfo.

Sin embargo, el ejército también protagonizó escándalos como el de los “falsos positivos”, en el que reportaban ejecuciones extrajudiciales de civiles ajenos al conflicto como bajas en enfrentamientos de supuestos guerrilleros, a fin de aparentar mejores resultados a cambio de retribuciones y reconocimientos.

“La lección aprendida de aquello fue durísima y el aumento de la participación de las Fuerzas Armadas tuvo su efecto e hizo muy complejo manejar esa parte en Colombia. ¿Hasta qué punto es una guerra de insurgencias y hasta qué punto es una guerra contra la droga”, se cuestiona Steven Dudley, codirector y cofundador del portal especializado Insight Crime.

Resultados. La militarización de operaciones contra el tráfico de drogas se ha visto igualmente en Brasil o Venezuela, entre otros. También durante estados de excepción temporales impuestos en Guatemala u Honduras.

El caso más reciente es el de El Salvador, donde el ejército también se desplegó contra las pandillas vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado durante los últimos casi dos años en los que se redujo drásticamente la violencia, a la vez que se dispararon las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

“El riesgo para Ecuador es que caiga en la tentación de promover el mal llamado ‘modelo Bukele’ basado en un ‘estado de excepción permanente’ con un enfoque en el encarcelamiento masivo, juicios sumarios y la cooptación del sistema de justicia y que, si bien genera “logros iniciales”, dudosamente éstos sean sostenibles en el tiempo”, le dice a BBC Mundo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

Valorar con cifras estas incursiones militares es complicado, dada la dificultad de atribuirles en exclusiva los resultados obtenidos —y no a otras fuerzas de seguridad con las que trabajan conjuntamente—, así como la imposibilidad de saber qué habría ocurrido de no haberse implicado en estas tareas.

“En países como Brasil, México y Colombia, los despliegues militares para combatir el narcotráfico no siempre han tenido los resultados esperados. Incluso a veces han llevado al aumento de la violencia”, publicó Insight Crime en un artículo de 2019 sobre la decisión entonces del gobierno de Chile de enviar al ejército a su frontera norte para detener el ingreso de drogas.

“Los resultados son positivos y negativos”, dice su codirector Dudley. “Lo positivo es que los militares pueden tomar el control de áreas donde grupos de crimen organizado pueden ejercer un poder muy fuerte, o que pueden capturar miembros de alto nivel en estos grupos”.

Lo negativo, asegura —y en ello coinciden todos los expertos consultados— es que los militares no cuenten con formación específica para este tipo de tareas ni para interactuar con la población civil con la que inevitablemente debe relacionarse.

“Tenemos batallones que están muy cerca de municipios que usualmente están abandonados por el Estado, y donde la posibilidad de que se incurra en violación de derechos humanos es muy grande. Ha pasado en Colombia, en México, en las favelas de Brasil, etc.”, resume la colombiana Miranda Aguirre.

“Ese es el dilema de cómo poner en la balanza la amenaza que una policía no puede atender por sí sola, junto a la protección de los derechos de población civil que está en el fuego cruzado entre la criminalidad organizada y la fuerza más letal de un Estado, como es una fuerza militar. Eso ha sido un enorme problema”, agrega.

Perspectiva de futuro. Jiménez Sandoval, de WOLA, critica que “la militarización de la seguridad ciudadana y las respuestas improvisadas que no parecen cumplir con los criterios básicos de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza no son nunca la estrategia más adecuada para combatir la violencia en ninguna sociedad”, como ya lo muestran, asegura, las experiencias de países como México y Colombia.

Expertos también apuntan a otro efecto no deseado de la militarización de la seguridad como es el hecho de que los propios narcotraficantes también se están militarizando. Así, en los últimos años han incrementado su uso de minas terrestres, drones o aeronaves.

“El narcotráfico tiene la capacidad para armarse incluso más fuerte que el ejército”, alerta Saucedo.

Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), vincula esta militarización con el debilitamiento del mando civil y la política.

“En un país normal, la democracia va acompañada de policías civiles. Donde hay mucha criminalidad, los militares toman el control y esto debilita la democracia. Y el riesgo es que no tenga reversa, lo cual es muy difícil”, le dice a BBC Mundo.

Lo cierto es que, de cara al futuro, no parece que esta tendencia vaya a disminuir en América Latina a juzgar por las declaraciones de gobiernos como el de Colombia o México, cuyo presidente ha depositado su confianza al máximo en el ejército para desempeñar distintas labores y que además enfrenta la presión de su vecino Estados Unidos para que haga más en su lucha contra las drogas.

“Esta estrategia (de militares frente al narcotráfico) está bastante implementada, por lo que yo esperaría más entrenamiento y más armamento para este tipo de actividades. Esto no va a desaparecer, sino que va a aumentar”, concluye Dudley de Insight Crime.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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ECUADOR, EN CRISIS: LO QUE HAY QUE SABER. La Nación, 10/01/2024

ECUADOR, EN CRISIS: LO QUE HAY QUE SABER

La Nación, 10/01/2024

Grupos armados y encapuchados del narcoterrorismo atacaron en distintos puntos de ciudades en Ecuador, donde tomaron rehenes, algunos de ellos policías, y abrieron fuego contra las Fuerzas Armadas.
El presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción por 60 días ante los secuestros de policías, ataques a la prensa, motines carcelarios y detonaciones en la vía pública. Hubo al menos diez muertos y otros tantos heridos en las calles de Guayaquil.
La cancillería argentina indicó que no hubo argentinos afectados por los ataques en Ecuador, ni llamados de rescata a la embajada en ese país. El Gobierno repudió los hechos de violencia y Patricia Bullrich sostuvo que podría enviar apoyo militar “si hace falta”.

11.35 | Escaso movimiento en Quito y Guayaquil. Centenares de militares custodian las desoladas calles alrededor de la sede presidencial en el centro de Quito, mientras en el parque de La Carolina, el más grande de la ciudad de casi tres millones de habitantes, estaba vacío, sin sus habituales deportistas.

Pocos vehículos circulan en las avenidas de la capital y de Guayaquil (al suroeste del país), donde almacenes y tiendas de barrio permanecen cerrados.

“Hay miedo, uno tiene que estar con precaución, mirando para acá, para allá, si tomo este bus, qué va a pasar”, dijo a la agencia AFP una mujer de 68 años, que no quiso revelar su identidad y que “aterrorizada” salió a trabajar en una oficina del norte de Quito.

11.10 | La Unión Europea denuncia como “ataque directo a la democracia” la ola de violencia en Ecuador. La Unión Europea (UE) calificó como un “ataque directo a la democracia” lo que ocurrió en la jornada de este martes en Ecuador tras el auge de la violencia de grupos criminales, situación que dejó como saldo, hasta el momento, 10 personas fallecidas.

En un mensaje en redes sociales, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, expresó su “profunda preocupación” por el “grave repunte de violencia” en ese país latinoamericano, una crisis de seguridad que atribuyó a “grupos criminales”. El funcionario prometió que la UE seguirá apoyando al pueblo de Ecuador y a sus instituciones democráticas.

10.30 | La Justicia formulará cargos por terrorismo a implicados en incursión armada en TC Televisión. Los trece aprehendidos por ingresar armados a las instalaciones de TC Televisión y retener a los trabajadores serán procesados por terrorismo, según lo comunicó de manera oficial la Fiscalía General del Estado de Ecuador. “Los antisociales ingresaron armados a las instalaciones de @tctelevision y retuvieron a personal del medio de comunicación. El hecho criminal no dejó víctimas mortales”, indicó. Los detenidos tienen entre 16 y 25 años y uno de ellos es venezolano.

10.01 | Restricciones en el Aeropuerto de Quito. Ante la crisis que atraviesa el país, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, informó que se implementarán nuevas medidas, como la prohibición de ingreso a la terminal a cualquier persona que no lleve “sus documentos de viaje, es decir, pasaporte o cédula de ciudadanía y boleto aéreo o pase de abordar”.

08.06 | Más repercusiones, ahora desde España. España sigue con “preocupación lógica” los hechos recientes en Ecuador, dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles. “Apoyamos, como no puede ser de otra manera”, afirmó el mandatario en Madrid, en un acto con embajadores españoles.

07.56 | La Policía ecuatoriana informó que detuvieron a 70 personas. En un comunicado emitido en los primeros minutos de este miércoles, la Policía Nacional de Ecuador informó que ascendió a 70 la cifra de delincuentes arrestados. También indicó que fueron liberados tres oficiales que habían sido secuestrados por los grupos violentos.

La noticia de los arrestos llega luego de que el presidente Daniel Noboa reconociera la existencia de un conflicto armado interno. En un decreto rubricado por el mandatario ordenó a las Fuerzas Armadas implementar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario, con el fin de neutralizar a los grupos violentos.

07.32 | “Todo grupo terrorista descripto en el decreto del presidente Noboa es un objetivo militar”. “Todo grupo terrorista descripto en el decreto 111, emitido por el presidente Noboa, es un objetivo militar”, declararon los titulares de las Fuerzas Federales, que salieron a intentar retomar el control en las calles. “Ningún acto de terror nos hará claudicar”, agregaron en un video.

07.13 | La Embajada de Estados Unidos en Ecuador suspende la atención de servicios consulares. Debido a la situación de crisis, todas las citas para solicitar visas, pasaportes y otros trámites consulares en la Embajada de los Estados Unidos en Quito y el Consulado de Guayaquil fueron canceladas.

“Actualizaremos la información de atención en nuestro sitio web oficial de la Embajada y el Consulado de los EE.UU. y en los canales de redes sociales @USEmbassyEC”, se informó.

06.33 | EE.UU., Perú y Bolivia declaran su apoyo a Ecuador. Perú anunció este martes que declarará en estado de emergencia la frontera común con Ecuador para que militares ayuden a la policía. También desde Estados Unidos y Bolivia llegaron mensajes de preocupación y apoyo para el país sudamericano.

El primer ministro peruano, Alberto Otárola, indicó que la presidenta Dina Boluarte había ordenado el viaje a la frontera con Ecuador de los ministros de Defensa e Interior, así como el envío de policías para que ayuden a mejorar el control en el tránsito por los puestos fronterizos. Ambos países tienen en total una frontera común de 1529 kilómetros, la mayoría en zonas inaccesibles de la Amazonia.

La frontera entre Perú y Ecuador siempre resultó frecuente de tráfico de migrantes, también del contrabando de combustible, de productos de primera necesidad, de prendas de vestir y otros que se realiza por décadas entre ambos países.

Por su parte, el embajador Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, se pronunció sobre lo ocurrido en Ecuador a través de la red social X. “Extremadamente preocupado por la violencia y los secuestros el día de hoy en Ecuador”, escribió en un mensaje en el que afirmó que los Estados Unidos, en apoyo al pueblo ecuatoriano, “estamos listos para brindar asistencia al gobierno ecuatoriano”. El alto funcionario del gobierno estadounidense confirmó además que permanecen “en estrecho contacto” con el equipo del presidente Noboa.

Y desde Bolivia, el presidente Luis Arce publicó un mensaje en X donde repudiaba “los hechos de violencia acaecidos en las últimas horas en la hermana República del Ecuador”, ofrecía apoyo para que retorne la tranquilidad al país y expresaba “plena solidaridad al pueblo y gobierno ecuatoriano que atraviesa una situación crítica de seguridad y lucha contra la delincuencia.”

Por su parte, la embajada de España en el país condenó la violencia y mostró su solidaridad con las víctimas. “Apoyamos a las instituciones democráticas de Ecuador para restablecer la normalidad en la vida del pueblo hermano ecuatoriano”, indicó la legación diplomática en un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter.

05.17 | Difunden videos de policías rehenes en Ecuador, con súplicas para el presidente Noboa y fusilamientos. Una fuerte crisis se desató en Ecuador a raíz de los ataques de grupos de narcoterrorismo perpetrados en lo largo del país sudamericano que ya llevó el número de muertos a diez. Los criminales responsabilizan por la escalada de violencia al presidente Daniel Noboa que asumió la presidencia en noviembre de 2023 y comenzó una intensa batalla contra el narcotráfico.

En respuesta, estos grupos organizados secuestraron policías y agentes de las fuerzas de seguridad en cárceles y centros de detención y los obligaron a leer cartas suplicando por su vida a Noboa. Los narcoterroristas amenazan con matar a los rehenes si el gobierno actúa para detenerlos.

Sin embargo, pese a las amenazas, en algunos videos e imágenes difundidas en las redes sociales, se pueden ver ejecuciones de todo tipo hacia los agentes del orden. Desde ahorcamiento hasta fusilamientos e incineraciones en autos, los narcos aseguran que recién es el comienzo de un enfrentamiento que podría escalar a una guerra interna en Ecuador.

04.00 | El presidente de Ecuador ordenó protección especial para las altas autoridades. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, comunicó en un nuevo decreto la necesidad de proteger de manera especial a las altas autoridades del país y a sus familias. “Se dispone al Ministerio del Interior, al Ministerio de Gobierno y a la Policía Nacional del Ecuador proporcionar seguridad y protección a los altos funcionarios que conforman el Gabinete Estratégico de Seguridad, a sus cónyuges e hijos residentes en el país”, dice el decreto.

Asimismo, se detalló que el trabajo de defender a las autoridades estará a cargo del Gabinete de Seguridad integrado por los Ministerios del Interior, Gobierno, Defensa, y las máximas autoridades del Centro de Inteligencia Estratégica, la Secretaría Nacional de Riesgos, el servicio de cárceles y por el sistema de atención de emergencias del ECU91.

03.40 | China suspende la atención al público de su embajada en Guayaquil. La embajada de China en Quito y su consulado en Guayaquil suspenderán temporalmente la atención al público desde el miércoles, anunció la sede diplomática después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declarara un “conflicto armado interno” en el país. “Se avisará la reapertura al público oportunamente”, comunicó la embajada en el aviso publicado en la red social china WeChat.

03.00 | Quiénes pueden circular, tras el decreto de estado de excepción

Los ataques en la vía pública y la toma de rehenes por parte de grupos narcoterroristas llevaron a que el gobierno de Daniel Noboa decretara un estado de excepción en Ecuador por 60 días, que afecta las reuniones y planes sociales entre el horario de las 23 y las 5 de la mañana. Quedó prohibido en ese lapso las reuniones sociales, la inviolabilidad del domicilio y restringe la libre circulación. Sin embargo hay excepciones.

Servidores de la salud: Médicos, paramédicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, entre otros.
Trabajadores de las áreas de seguridad y fuerza pública.
Servicios de emergencia vial: bomberos, ambulancias, equipos de rescate, Cruz Roja.
Servidores públicos de Presidencia, Vicepresidencia, ministerio de Interior, Gobierno, Defensa, Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado y Cuerpo diplomático acreditado en el país.
Servidores públicos o contratistas de entidades públicas que acrediten que deben desplazarse para asegurar la continuidad de los servicios públicos.
Los trabajadores de la cadena de logística del sector exportador, quienes deberán demostrar que trabajan en una empresa dentro de dicho sector y, de ser el caso, la licitud de la carga que transportan.
Personas que deben trasladarse desde y hacia los aeropuertos por vuelos programados dentro del horario del toque de queda. Para ello deberán portar su pasaporte y el ticket aéreo o la reserva de vuelo.
Abogados, siempre que acrediten la necesidad de acudir a una diligencia judicial, funcionarios de la Corte Constitucional y, servidores públicos de la Función Judicial.
Trabajadores de medios de comunicación social, que porten su credencial.
Trabajadores de los sectores estratégicos definidos como tales en la Constitución.

02.30 | Disponen clases a distancia y teletrabajo en el sistema educativo. A raíz de los ataques terroristas a centros de estudios, el gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Educación dispuso que las clases se dicten a distancia y que el personal docente del sistema educativo trabaje en modalidad de teletrabajo para impartir las clases al alumnado.

A través de un comunicado esta cartera de Estado aclaró que la medida aplica a instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares y tendrá vigencia hasta el día viernes 12 de enero.

02.00 | Aumentan los muertos: al menos diez víctimas fatales. Mediante una conferencia de prensa liderada por el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se confirmó en primera instancia que ocho personas habían sido asesinadas durante los ataques terroristas. La información fue suministrada por el jefe de la Policía local, quien precisó también que había tres heridos.

Poco después se conoció que dos agentes fueron “asesinados vilmente por delincuentes armados” en la localidad de Nobol. Elevando el número total de víctimas a 10.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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10 CONFLICTOS A TENER EN CUENTA EN 2024. Comfort Ero, presidente y director ejecutivo de International Crisis Group, y Richard Atwood, vicepresidente ejecutivo de International Crisis Group

10 CONFLICTOS A TENER EN CUENTA EN 2024

Comfort Ero, presidente y director ejecutivo de International Crisis Group, y Richard Atwood, vicepresidente ejecutivo de International Crisis Group

01/01/2024

Cada vez son más los líderes que persiguen sus fines por la vía militar. Más creen que pueden salirse con la suya.

¿Podemos evitar que las cosas se desmoronen?

El año 2024 comienza con guerras en Gaza, Sudán y Ucrania y el establecimiento de la paz en crisis. En todo el mundo, los esfuerzos diplomáticos para poner fin a los combates están fracasando. Cada vez son más los líderes que persiguen sus fines por la vía militar. Más creen que pueden salirse con la suya.

La guerra ha ido en aumento desde aproximadamente 2012, después de un declive en la década de 1990 y principios de la de 2000.

Primero fueron los conflictos en Libia, Siria y Yemen, desencadenados por los levantamientos árabes de 2011. La inestabilidad de Libia se extendió hacia el sur, lo que ayudó a desencadenar una prolongada crisis en la región del Sahel. Siguió una nueva oleada de combates importantes: la guerra azerbaiyano-armenia de 2020 por el enclave de Nagorno-Karabaj, los horribles combates en la región de Tigray, en el norte de Etiopía, que comenzaron semanas después, el conflicto provocado por la toma de poder del ejército de Myanmar en 2021 y el asalto de Rusia a Ucrania en 2022. A esto se suma la devastación de 2023 en Sudán y Gaza.

En todo el mundo, más personas mueren en combates, se ven obligadas a abandonar sus hogares o necesitan ayuda vital que en décadas.

En algunos campos de batalla, el establecimiento de la paz es inexistente o no va a ninguna parte.

La junta de Myanmar y los oficiales que han tomado el poder en el Sahel están empeñados en aplastar a sus rivales. En Sudán, tal vez la peor guerra de hoy en día en número de muertos y desplazados, los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos y Arabia Saudita fueron confusos y poco entusiastas durante meses.

El presidente ruso Vladimir Putin, que confía en la disminución del apoyo occidental a Kiev, busca obligar a Ucrania a rendirse y desmilitarizarse, condiciones que son comprensiblemente desagradables para los ucranianos.

En todos estos lugares, la diplomacia, tal como es, ha consistido en gestionar las consecuencias: negociar el acceso humanitario o el intercambio de prisioneros, o llegar a acuerdos como el que llevó el grano ucraniano a los mercados mundiales a través del Mar Negro. Estos esfuerzos, si bien son vitales, no sustituyen a las conversaciones políticas.

Donde la lucha ha terminado, la calma se debe menos a la negociación que a la victoria en el campo de batalla. En Afganistán, los talibanes tomaron el poder cuando las tropas estadounidenses se retiraron, sin negociar con sus rivales afganos. El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, llegó a un acuerdo a finales de 2022 con los líderes rebeldes que puso fin a la guerra de Tigray, pero fue más una consolidación de la victoria de Abiy que un acuerdo sobre el futuro de la región. El año pasado, Azerbaiyán recuperó el control de Nagorno-Karabaj, y su ofensiva de septiembre puso fin a lo que comenzó su victoria en la guerra de 2020, poniendo fin a un enfrentamiento de 30 años sobre el enclave y forzando un éxodo de armenios étnicos.

Las guerras en Libia, Siria y Yemen también han disminuido, pero sin un acuerdo duradero entre las partes o incluso, en Libia y Siria, una vía política digna de ese nombre. De hecho, la mayoría de los beligerantes esperan la oportunidad de apoderarse de más tierras o poder.

No es ninguna novedad que las partes beligerantes quieren vencer a sus rivales. Pero en la década de 1990, una serie de acuerdos puso fin a conflictos en lugares desde Camboya y Bosnia hasta Mozambique y Liberia. Los acuerdos eran imperfectos y a menudo implicaban concesiones desagradables.

Un período marcado por el genocidio de Ruanda y el derramamiento de sangre en los Balcanes difícilmente puede idealizarse como una era dorada del establecimiento de la paz. Aun así, la serie de acuerdos parecía indicar un futuro en el que una política más tranquila después de la Guerra Fría abría espacio para la diplomacia.

Durante la última década, más o menos, estos acuerdos han sido pocos y distantes entre sí. (El acuerdo de 2016 de Colombia de su guerra civil de décadas y el acuerdo de Filipinas de 2014 con los rebeldes en su región de Bangsamoro son valores atípicos y, de alguna manera, legados de otra era).

El espantoso giro de los últimos meses en Israel-Palestina es quizás el ejemplo más claro de la tendencia. Los esfuerzos de pacificación allí se agotaron hace años y los líderes mundiales miraron hacia otro lado.

Varios gobiernos árabes llegaron a acuerdos negociados por Estados Unidos con Israel que en su mayoría ignoraron la difícil situación de los palestinos. Israel se comió más tierras palestinas, y los colonos actuaron de manera cada vez más brutal, a menudo en concierto con el ejército israelí. La ocupación se hizo cada vez más cruel.

Las esperanzas palestinas de convertirse en un Estado se marchitaron, al igual que la credibilidad de sus líderes, que habían confiado en la cooperación con Israel.

Nada puede justificar el ataque asesino de los militantes palestinos el 7 de octubre. Pero el conflicto palestino-israelí no comenzó ese día. Ahora, el ataque liderado por Hamas y las represalias de Israel en Gaza —un asalto que ha arrasado gran parte de la franja y podría expulsar plausiblemente a muchos de sus habitantes— bien pueden borrar la esperanza de paz para una generación.

Entonces, ¿qué está fallando? El problema no tiene que ver principalmente con la práctica de la mediación o con los diplomáticos involucrados. Más bien, se encuentra en la política global. En un momento de cambio, las restricciones al uso de la fuerza, incluso para la conquista y la limpieza étnica, se están desmoronando.

El colapso de las relaciones de Occidente con Rusia y China-EE. UU. La competencia tiene gran parte de la culpa. Incluso en las crisis en las que no están directamente involucradas, las grandes potencias discuten qué debería implicar la diplomacia y si deben apoyarla o cómo.

La incertidumbre sobre Estados Unidos también contribuye. El poder de Estados Unidos no está en caída libre, y su declive en relación con el de otros países no necesariamente anuncia desorden.

De hecho, sería engañoso exagerar la influencia de la que siempre disfrutó Estados Unidos como potencia hegemónica; pasar por alto sus desventuras desestabilizadoras en Irak, Libia y otros lugares; o restar importancia a su fuerza militar actual. Los últimos dos años ofrecen muchas pruebas de la influencia de Estados Unidos, tanto para bien, al ayudar a Ucrania a defenderse, como para mal, al prestar apoyo casi incondicional a la ruina de Gaza por parte de Israel.

El problema es más bien la disfunción política y el vaivén de Estados Unidos, que aporta volatilidad a su papel global. Una votación potencialmente divisiva en 2024 y el posible regreso del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, cuya afición por los hombres fuertes y el desdén por los aliados tradicionales ya sacuden a gran parte de Europa y Asia, hacen que el año que se avecina sea especialmente difícil.

Varias potencias medias no occidentales se han vuelto más asertivas. Que Brasil, las monarquías del Golfo, India, Indonesia y Turquía (por nombrar solo algunos) gocen de más influencia no es en sí mismo algo malo. Hasta cierto punto, la negativa de las potencias medias a alinearse ordenadamente detrás de las grandes potencias competidoras sirve como una especie de restricción para esas capitales. Pero especialmente en Oriente Medio y partes de África, las potencias regionales se han vuelto más activas en las guerras —como, según ellos, lo han hecho las grandes potencias durante mucho tiempo— y en los combates prolongados.

Hoy en día, las partes beligerantes tienen más lugares a los que acudir en busca de respaldo político, fondos y armas. Los pacificadores tienen que contar no sólo con los beligerantes sobre el terreno, sino también con los patrocinadores externos que ven las luchas locales a través del prisma de rivalidades más amplias.

Los peligros van más allá del costo humano de las guerras. Es posible que los líderes envalentonados por las victorias en casa no se detengan ahí. Los diplomáticos en la región del Cáucaso temen que Azerbaiyán, después de haber prevalecido en Nagorno-Karabaj, ahora pueda tratar de desafiar las fronteras de Armenia en un intento de obtener concesiones de su gobierno sobre una ruta de tránsito a través del sur del país.

Los líderes del Cuerno de África temen que Abiy, recién salido de su triunfo en Tigray, pueda usar la fuerza para buscar una ruta renovada para su país sin salida al mar a través de Eritrea hasta el Mar Rojo. Las probabilidades de que ocurra cualquiera de las dos cosas, aunque siguen siendo bajas, son lo suficientemente altas como para causar molestias.

La norma de no agresión que durante décadas apuntaló el orden global ya se está deshilachando gracias en parte al intento de Rusia de anexionarse más de Ucrania.

En 2024, el riesgo de que los líderes vayan más allá de sofocar la disidencia en el país o entrometerse en el extranjero a través de representantes para invadir realmente a los vecinos es más grave de lo que ha sido en años.

El peligro de una conflagración más amplia también eclipsa la lista de este año. Las grandes potencias tienen fuertes incentivos para no luchar entre sí, pero hay más conflictos y tensiones que aumentan a lo largo de las fallas más peligrosas del mundo: Ucrania, el Mar Rojo, Taiwán y el Mar de China Meridional entre ellos. Hablar vagamente de guerra en Pekín, Moscú y Washington corre el riesgo de normalizar el costo casi incalculable de un enfrentamiento que involucre a Estados Unidos y China o Rusia.

Parece poco probable que los líderes mundiales, dadas sus divisiones, reconozcan lo peligrosas que se han vuelto las cosas, reafirmen colectivamente su creencia de no cambiar las fronteras por la fuerza y pongan más energía en forjar acuerdos en lugares devastados por la guerra en los que los beligerantes son llevados ante la justicia y los civiles sin sangre en sus manos toman el poder.

Probablemente lo mejor que podemos esperar este año es salir del paso. La diplomacia lejos de las zonas de guerra puede ayudar.

Un punto positivo en 2023 fue el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, resultado de la mediación de Irak, Omán y China, que reduce una rivalidad que durante años ha alimentado las guerras árabes. Los líderes turco y griego, ambos recién llegados de las elecciones y asustados por la invasión rusa de Ucrania, han tratado de reparar los lazos tensos por la larga disputa de los dos países sobre el mar Egeo.

Una cumbre bien coordinada entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente chino, Xi Jinping, a finales de 2023 le quitó algo de tensión a la relación bilateral más importante del mundo. Incluso en medio del desorden, los líderes pueden ver beneficios en calmar las aguas y fortalecer las barandillas en las áreas más riesgosas del mundo.

En los campos de batalla, sin embargo, es más difícil, más una cuestión de detectar oportunidades para detener los combates y mitigar el sufrimiento a medida que surgen, y redoblar los esfuerzos para detener la propagación de los conflictos. Es casi seguro que eso significa aceptar los acuerdos defectuosos entre los beligerantes como mejores que la guerra prolongada y trabajar con los involucrados para que los acuerdos tengan más probabilidades de perdurar.

Hoy en día no tiene mucho sentido excluir a quienes, ya sea sobre el terreno o desde lejos, están detrás de la violencia, pero también son esenciales para acabar con ella. Lo ideal sería que los líderes mundiales también prestaran a los conflictos supuestamente congelados la atención que necesitan antes de que sea demasiado tarde, como ilustra la tragedia de Gaza.

En otras palabras, esperemos lo mejor, pero el establecimiento de la paz hoy en día se trata principalmente de detener lo peor.

Como muestra la lista de este año, eso en sí mismo no sería poca cosa.

Gaza. El ataque liderado por Hamas el 7 de octubre y la posterior destrucción de Gaza por parte de Israel han llevado el conflicto palestino-israelí de décadas a un nuevo y terrible capítulo. Casi tres meses después, está cada vez más claro que las operaciones militares de Israel no acabarán con Hamas, como argumentan los líderes israelíes, y que tratar de hacerlo podría acabar con lo que queda de Gaza.

El horror y la magnitud del 7 de octubre, en el que militantes palestinos masacraron a más de 1.100 personas, en su mayoría civiles, en Israel y capturaron a más de 200 cautivos, han dejado a los israelíes traumatizados y su sentido de seguridad destrozado.

La desconfianza que muchos sentían hacia el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, antes del ataque se ha profundizado debido al fracaso de su gobierno para evitarlo. Aun así, los israelíes están abrumadoramente de acuerdo con Netanyahu en que no pueden vivir junto a Hamás. Consideran que la amenaza que representa es demasiado grave.

La campaña israelí en Gaza, un enclave costero densamente poblado gobernado por Hamas y bloqueado por Israel y Egipto durante 16 años, comenzó poco después del ataque del 7 de octubre. Israel asedió la franja durante semanas antes de permitir la entrada de ayuda limitada. Los intensos bombardeos y los llamamientos a los residentes del norte del enclave, incluida la ciudad de Gaza, para que evacuaran el sur allanaron el camino para las operaciones terrestres en las que las tropas rodearon y luego se trasladaron a la ciudad de Gaza.

A finales de noviembre, una breve pausa, mediada por Qatar con el apoyo de Estados Unidos y Egipto, vio a Hamas liberar a 105 rehenes (81 israelíes y 24 de otras personas) e Israel liberar a 240 palestinos detenidos en sus prisiones.

El 1 de diciembre se reanudó el asalto, con operaciones terrestres también en el sur de Gaza. Los feroces bombardeos y combates continúan en toda la franja.

Las operaciones israelíes han sido devastadoras, arrasando gran parte de la franja; la muerte de más de 20.000 palestinos; la aniquilación de generaciones de familias; y dejando un número incalculable de niños muertos, mutilados o huérfanos.

Israel ha lanzado cargas masivas, incluidas bombas de 2.000 libras, en áreas abarrotadas. (A modo de comparación, la coalición que lucha contra el Estado Islámico en Irak y Siria dudó antes de lanzar bombas de una cuarta parte de ese tamaño en áreas más escasamente pobladas). Los informes sugieren que la destrucción es de un ritmo y una escala sin precedentes en la historia reciente.

Más del 85 por ciento de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han abandonado sus hogares, según la ONU, que también advierte sobre un colapso del orden público, hambruna y enfermedades infecciosas, que según las agencias de ayuda pronto podrían cobrar más vidas que las operaciones militares.

Muchos palestinos, algunos ya desplazados varias veces, han huido más al sur a campamentos improvisados a lo largo de la frontera con Egipto. Algunos funcionarios israelíes dicen abiertamente que esperan que las condiciones en Gaza lleven a los palestinos a irse; Israel niega que se trate de una política oficial.

Israel también ha bloqueado la Cisjordania ocupada. Ha acelerado el ritmo y la agresividad de sus operaciones de seguridad allí, ya sea como represalia por el ataque de octubre o para prevenir ataques de palestinos, como argumentan los funcionarios israelíes.

Los colonos israelíes (respaldados y armados por el gobierno de Netanyahu, que cuenta con varios ministros que son colonos) han intensificado la violencia contra los palestinos, expulsando a los habitantes de varias aldeas, en lo que grupos israelíes e internacionales de derechos humanos califican de actos de traslado forzoso.

Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos ha respaldado a Israel prácticamente sin condiciones. Los funcionarios estadounidenses argumentan que Washington está empleando una estrategia de “abrazo de oso” para reunir influencia: apoyo en público para influir en los líderes israelíes en privado.

La diplomacia estadounidense ayudó a lograr la pausa en los combates de noviembre y tal vez haya moderado algunas tácticas israelíes, aunque el número de víctimas en Gaza sugiere que no es mucho.

En las últimas semanas, los funcionarios estadounidenses han comenzado a cuestionar el costo y la duración de la campaña de manera más abierta. Pero Biden se ha negado a pedir un alto el fuego, y a principios de diciembre Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que lo exigía (dos semanas después, el consejo aprobó un texto opaco que mencionaba un cese de hostilidades sin suplicar a las partes que lo solicitaran).

Biden también rechaza condicionar la ayuda militar de Estados Unidos a Israel. La mayor parte del mundo ve a Washington como cómplice de la devastación de la franja.

Netanyahu ha dado pocos detalles sobre su objetivo final para Gaza, excepto que Israel mantendrá el control de seguridad sobre la franja. Rechaza la idea, que Washington promueve, de que la Autoridad Palestina (AP), que gobierna parte de Cisjordania y está dominada por Fatah, el principal rival palestino de Hamas, pueda desempeñar un papel en el gobierno de posguerra de Gaza.

Sostiene que Israel luchará hasta eliminar a Hamas. (Una decisión del gabinete a principios de la guerra especificó objetivos de guerra más estrechos: destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamas). Los logros militares, dice Netanyahu, ayudan a asegurar la liberación de rehenes. Pero es evidente que su gobierno está anteponiendo las ganancias a los rehenes. El 15 de diciembre, tres rehenes civiles retenidos por Hamas, que estaban medio desnudos e izaban una bandera blanca, fueron baleados por soldados israelíes, lo que llevó a sus familias y a las de otros rehenes a intensificar las protestas en Tel Aviv.

En realidad, poco sugiere hasta ahora que Israel pueda borrar a Hamas. Incluso destruir sus brigadas será una tarea difícil; Y pase lo que pase, el movimiento político y social más amplio sobrevivirá, y la resistencia armada continuará de alguna forma mientras persista la ocupación.

Las fuerzas israelíes afirman haber desmantelado la infraestructura militante, incluidos muchos de los túneles subterráneos de Gaza, y haber matado a unos 8.000 combatientes de Hamas y arrestado a miles más. Si es preciso, eso representa menos de la mitad del brazo armado del grupo. En la ciudad de Gaza, ahora supuestamente bajo control israelí, continúan las emboscadas de militantes, lo que sugiere que Hamas todavía está operativo.

Washington parece esperar que exhortar a Israel a mejorar la protección de los civiles dé lugar a una campaña más precisa. Pero Gaza es demasiado pequeña y Hamas está demasiado entremezclado entre los civiles. No hay ningún caso creíble de que las atrocidades que sufrieron los israelíes el 7 de octubre justifiquen la destrucción provocada por la franja y su sociedad, y mucho menos por un fin que parece cada vez más evidentemente inalcanzable.

En su lugar, Washington debería presionar con más urgencia por otra tregua, que conduzca a la liberación de todos los cautivos retenidos por Hamas a cambio de prisioneros palestinos. Los acuerdos provisionales para Gaza, que serían aún más difíciles de negociar, tal vez podrían hacer que las tropas israelíes se retiren, que el bloqueo se relaje y que las potencias extranjeras garanticen un alto el fuego prolongado. Hamás cedería cualquier papel en el gobierno a alguna forma de autoridad palestina temporal.

Algunos funcionarios árabes plantean la idea de que los líderes militares de Hamas o incluso los combatientes abandonen Gaza.

Idealmente, las disposiciones provisionales para la franja allanarían el camino para renovar los esfuerzos para resucitar una vía política más amplia entre israelíes y palestinos, aunque los obstáculos son formidables.

Más israelíes comparten ahora el rechazo de Netanyahu a la creación de un Estado palestino o, al menos, piensan que hoy no es el momento de volver a poner esa cuestión sobre la mesa. Los líderes de la Autoridad Palestina son vilipendiados por los palestinos como irresponsables y corruptos. Las negociaciones requerirían que los líderes mundiales hicieran inversiones mucho mayores de las que han hecho en los últimos años.

Sin embargo, tal como están las cosas, lo más probable es que las operaciones de gran envergadura duren semanas (tal vez meses) más, seguidas de una campaña continua y menos intensa durante la cual Gaza permanecerá en el limbo.

Una ocupación militar prolongada parece probable, incluso si Netanyahu niega que esa sea su intención. Las fuerzas israelíes mantendrán franjas de la franja, continuando con las incursiones, mientras que los palestinos se apiñan en las llamadas zonas o campamentos seguros cada vez más pequeños, mantenidos vivos en la medida de lo posible por las agencias humanitarias.

Podría empeorar. A pesar de la determinación de Egipto de mantener a los palestinos en el lado de Gaza de la frontera, no es exagerado imaginar que los refugiados crucen, especialmente si la campaña se prolonga y el asalto de Israel se extiende a operaciones terrestres y bombardeos más intensos de la ciudad fronteriza de Rafah.

Los palestinos y gran parte del mundo árabe verían eso como una repetición de la Nakba de 1948, cuando cientos de miles de palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares en lo que ahora es Israel, muchos de ellos terminaron en Gaza o en los países vecinos.

En general, parece más probable que la continuación de la guerra signifique no el comienzo de los esfuerzos para revivir un proceso de paz, como afirman algunos líderes occidentales, sino el final de cualquier vía política reconocible. Nunca en la sombría historia del conflicto la paz ha parecido más lejana.

Guerra más amplia en Oriente Medio. Ni Irán y sus aliados no estatales ni Estados Unidos e Israel quieren una confrontación regional, pero hay muchas formas en que la guerra entre Israel y Hamas podría desencadenarla.

De alguna manera, la guerra le hace el juego a Irán. Ha congelado, por ahora, un acuerdo negociado por Estados Unidos que no le gustó a Irán, que habría visto a Arabia Saudita normalizar las relaciones con Israel, el enemigo jurado de Teherán. También ha revelado el alcance del llamado eje de la resistencia, un conjunto de grupos armados respaldados por Irán —Hezbolá en el Líbano, varias milicias en Irak y Siria, los hutíes en Yemen, además de los grupos militantes palestinos Hamás y la Yihad Islámica— sobre los que Teherán ejerce diversos grados de control.

Estos grupos han subido la temperatura (cuando las tropas terrestres israelíes entraron en Gaza) y la han bajado (durante la tregua de una semana en Gaza, cuando se llevaron a cabo intercambios de rehenes y prisioneros) de una manera que demuestra que pueden actuar de forma concertada. Teherán acoge con beneplácito la oleada de ira dirigida contra Israel y Estados Unidos en todo Oriente Medio.

Pero la guerra llega en un mal momento para Teherán. Sus relaciones con Washington se habían calmado después de un parche de furia occidental por el aplastamiento de las protestas por parte del régimen a fines de 2022 y las entregas de armas a Rusia.

En agosto, Estados Unidos e Irán intercambiaron detenidos, en paralelo a un acuerdo tácito que implicaba que Teherán disuadiera a las milicias iraquíes y sirias de atacar a las fuerzas estadounidenses, ralentizara el desarrollo nuclear y cooperara mejor con los inspectores, supuestamente a cambio de que el gobierno de Estados Unidos flexibilizara la aplicación de las sanciones para ayudar a la maltrecha economía iraní.

Ese arreglo está ahora hecho jirones.

La guerra en Gaza también pone a Irán en un aprieto. Teherán no quiere que Gaza ponga en peligro a Hezbolá, un aliado que considera fundamental para lo que llama su “defensa avanzada”: la disuasión contra un ataque contra la propia República Islámica por parte de Israel o Estados Unidos.

Sin embargo, después de haber afirmado durante años que respalda la causa palestina, Irán y sus aliados se sienten presionados para actuar. Según los informes, Teherán está irritado porque Hamas, al que financia y arma, lanzó el ataque del 7 de octubre cuando lo hizo. Hamas, a su vez, parece frustrado porque Irán no está ayudando más.

En cuanto a Estados Unidos, lo último que quiere Biden es una guerra más grande en Oriente Medio cuando está tratando de apoyar a Ucrania, contener a China y hacer campaña para la reelección.

El entendimiento tácito de Washington con Teherán para disminuir la fricción el verano pasado tenía como objetivo aplazar una crisis nuclear u otra crisis regional, pero sin dar a Irán un alivio formal de las sanciones y parecer blando antes de las elecciones estadounidenses de 2024. Washington ha tratado de evitar que la guerra se amplíe, desplegando dos grupos de portaaviones en el Mediterráneo y gastando un enorme capital diplomático, aunque Biden ha rechazado hasta ahora el único paso, presionar por un alto el fuego, que reduciría los riesgos más rápido.

El punto álgido más peligroso es la frontera entre Israel y el Líbano. Desde el 7 de octubre, Hezbolá e Israel han intercambiado disparos de misiles a un ritmo cada vez mayor, con Hezbolá tratando de atar al ejército israelí por debajo del umbral de la guerra total que las dos partes libraron brevemente en 2006.

Esa tensión podría cobrar vida propia. Los líderes israelíes de línea dura sugieren que después del ataque del 7 de octubre, Israel no puede arriesgarse a dejar una fuerza militante hostil, especialmente una que es mucho más potente que Hamas, con un arsenal estimado de 150.000 cohetes, tan cerca de su frontera norte.

También hay presión pública para hacer frente a Hezbolá; más de 100.000 residentes del norte de Israel se han visto obligados a evacuar indefinidamente.

En otros lugares, grupos respaldados por Irán han intercambiado disparos con las fuerzas estadounidenses. En Siria e Irak, las milicias han atacado repetidamente bases e instalaciones diplomáticas estadounidenses, lo que ha provocado contraataques estadounidenses que han matado a milicianos.

Luego están los hutíes, más prescindibles para Irán que Hezbolá y un poco comodín. Los militantes yemeníes han lanzado misiles y aviones no tripulados contra Israel y han atacado buques comerciales en el Mar Rojo, citando el ataque de Israel a Gaza como su motivo.

A mediados de diciembre, los ataques contra dos barcos cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén, llevaron al gigante naviero Maersk y otras compañías a detener el tránsito de sus buques. La formación de una fuerza naval por parte de Estados Unidos y otros gobiernos occidentales para proteger el tráfico marítimo parecía, a finales de diciembre, haber reabierto parcialmente la ruta.

En algún momento, Israel, Estados Unidos o sus aliados podrían perder la paciencia, atacando no solo a los hutíes sino también a objetivos iraníes (un barco espía iraní que se supone que está transmitiendo inteligencia sería obvio), lo que también llevaría las cosas a un nivel superior.

Al mismo tiempo, Irán se está acercando poco a poco a la capacidad de construir armas nucleares. Ya puede enriquecer suficiente uranio para producir un arsenal de cuatro ojivas en un mes. (Aunque todavía necesitaría algunos más para hacer un arma real). Ha restringido la supervisión del organismo de control de la ONU. Volver a un acuerdo como el nuclear de 2015 sería difícil, dados los avances nucleares de Irán desde entonces, pero nadie piensa mucho en lo que podría reemplazarlo.

Si bien ninguna de las partes quiere la guerra, muchas cosas podrían salir mal, especialmente mientras la campaña israelí en Gaza continúa. Cualquier ataque, ya sea en la frontera libanesa, en Irak o Siria, o en el Mar Rojo o en el Golfo Pérsico, que mate a un gran número de civiles o personal estadounidense correría el riesgo de desencadenar una espiral de ataques de ojo por ojo.

Si Israel se mueve contra Hezbolá, una guerra como la de 2006 casi con certeza desencadenaría una confrontación más amplia dada la acumulación de Irán en la región, y podría terminar absorbiendo a Estados Unidos.

Dado que la mayoría de los funcionarios estadounidenses consideran que la diplomacia con Teherán es tóxica, el hecho de que Irán se acerque al umbral nuclear presentaría a Washington solo opciones desagradables: aceptar a un adversario acérrimo con una capacidad nuclear que las sucesivas administraciones han tratado de evitar, o tratar de hacerla retroceder a través de la fuerza, lo que casi con certeza desencadenaría la confrontación regional que la mayoría de Washington quiere evitar.

Sudan. En abril, las fricciones entre dos facciones militares sudanesas —el ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF)— estallaron en una guerra total. Sus combates desde entonces han dejado miles de muertos, han desplazado a millones más y han llevado a Sudán al borde del colapso. A medida que el fantasma del genocidio vuelve a acechar la región occidental de Darfur, las fuerzas de las RSF, que son responsables de gran parte de las matanzas, pueden estar preparadas para apoderarse del país.

La guerra tiene sus raíces en las luchas dentro del ejército tras el derrocamiento del dictador Omar al-Bashir durante un levantamiento popular en 2019.

Bashir había empoderado a las RSF como guardia pretoriana no oficial, tratando de aislarse de las amenazas de golpe de Estado. El líder de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, también conocido como Hemeti, alcanzó notoriedad por primera vez como comandante de las milicias janjaweed que sofocaron brutalmente las rebeliones en nombre de Bashir en Darfur a mediados de la década de 2000.

Cuando miles de sudaneses salieron a las calles en 2019, Hemeti y el general de las Fuerzas Armadas sudanesas Abdel Fattah al-Burhan unieron fuerzas para derrocar a Bashir y luego acordaron compartir el poder con un gobierno civil. En octubre de 2021, apartaron a los civiles.

Bajo la presión de restaurar el gobierno civil, la alianza entre las RSF y el ejército se volvió más tensa, lo que llevó a tensas negociaciones sobre cómo y cuándo Hemeti integraría a sus combatientes bajo el mando de Burhan.

Cuando las conversaciones llegaron a un punto crítico a mediados de abril, estallaron combates en la capital, Jartum, que luego se extendieron. No está claro quién disparó el primer tiro.

Las primeras batallas destruyeron gran parte de la ciudad. Los combatientes de las RSF, en su mayoría del oeste de Sudán, invadieron los barrios, a menudo saqueando para obtener botín. El ejército, superado en tierra, bombardeó desde el aire. En Darfur, la guerra se extendió a la matanza étnica, y las RSF masacraron a civiles en Darfur Occidental en particular. Las líneas del frente parecieron asentarse durante el verano.

Luego, en octubre y noviembre, las RSF tomaron las principales ciudades de Darfur, y surgieron nuevas historias que describían la brutalidad contra los masalit, una comunidad no árabe que las milicias han acosado durante años.

Cuando las fuerzas rebeldes de Hemeti capturaron la mayor parte del oeste, así como gran parte de Jartum y sus alrededores, el ejército trasladó su centro de mando a Port Sudan, en el Mar Rojo.

En diciembre, las RSF llevaron a cabo una ofensiva relámpago al este de la capital, en el estado sudanés de El Gezira. La ciudad de Wad Madani, la capital de El Gezira, a la que habían huido alrededor de medio millón de sudaneses, en su mayoría de Jartum, cayó casi sin luchar, asestando un golpe a la moral del ejército sudanés.

La guerra ha desatado un resentimiento más profundo. A pesar de su atroz historial, muchos sudaneses de las periferias del país se sienten identificados con la retórica de las RSF que denuncia a las élites gobernantes del país, aunque algunos también desprecian la depredación de los paramilitares. Por su parte, los pueblos ribereños de Sudán que históricamente han dirigido el Estado desprecian a las RSF.

También hay participación externa. Los informes sugieren que las RSF obtienen armas de los Emiratos Árabes Unidos —las fuerzas de Hemeti lucharon con los emiratíes en Yemen—, mientras que el ejército está respaldado principalmente por Egipto. A medida que las RSF avanzan hacia el este, diplomáticos africanos, árabes y occidentales han expresado su temor de que el deseo de los Emiratos Árabes Unidos de acceder al Mar Rojo pueda desempeñar un papel.

No está nada claro si el ejército puede reagruparse lo suficiente como para detener el impulso de las RSF.

Si bien los generales -y los islamistas aliados de la era Bashir en los que el ejército se ha apoyado y que sienten que tienen más que perder con un acuerdo- se han resistido durante mucho tiempo a las conversaciones de paz, hay señales de que están cada vez más desesperados por encontrar una salida. Pero cuanto más débil se debilita el ejército, menos ofrecerá Hemeti.

En cuanto a los esfuerzos de paz, los representantes de las partes se han reunido de forma intermitente en Jeddah, Arabia Saudita, pero ninguno ha negociado de buena fe. Riad y Washington, que convocaron las conversaciones, han dejado fuera a otros, incluidos Abu Dabi y El Cairo, que son cruciales para controlar a los beligerantes. (Aunque recientemente invitaron a un emisario del bloque regional del Cuerno de África, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo).

En diciembre, Washington cambió su apoyo a un impulso de los jefes de Estado africanos para reunir a Burhan y Hemeti para forjar un alto el fuego. Los dos líderes expresaron su voluntad de reunirse, pero no está claro si están listos para hacerlo y las conversaciones previstas para el 28 de diciembre fracasaron.

Otro desafío es que, durante meses, los diplomáticos estadounidenses se mostraron cautelosos a la hora de forjar un acuerdo entre Hemeti y Burhan por temor a enfurecer a los sudaneses que quieren ver las espaldas de los líderes que han llevado al país a la ruina.

Sin embargo, es probable que un pacto de este tipo sea un primer paso necesario. Si bien cualquier alto el fuego tendrá que ampliarse para incorporar a otros y volver a un gobierno civil, las RSF y el ejército no dejarán de luchar sin tener voz en lo que viene después.

Se necesita una diplomacia mucho más urgente. El colapso de Sudán podría repercutir durante décadas en las regiones del Sahel, el Cuerno de África y el Mar Rojo. La ventana para evitar ese resultado se está cerrando.

Ucrania. La guerra entre Rusia y Ucrania se ha convertido en un balón de fútbol político en Washington, pero lo que suceda en el campo de batalla definirá la seguridad futura de Europa.

El frente de 600 millas apenas se mueve. La contraofensiva ucraniana ha disminuido, y su ejército ha ganado poco terreno, y mucho menos ha roto las defensas rusas en el sur, como aspiraba a hacer Kiev. Los generales ucranianos temen un ataque ruso en el este o el norte, aunque el intento de Rusia a finales de 2023 de tomar la ciudad oriental de Avdiivka encontró una feroz resistencia, lo que sugiere que cualquier avance ruso será un esfuerzo, siempre que Ucrania tenga suficientes armas.

El Kremlin calcula que el tiempo está de su lado. Rusia está en pie de guerra, expandiendo su ejército y gastando masivamente en armamento. A pesar de las sanciones occidentales, Moscú ha exportado lo suficiente, gracias a las ganancias inesperadas de la energía, para mantener el cofre de guerra lleno mientras importa lo suficiente para mantener las fábricas de armas funcionando las 24 horas del día.

El presidente Vladimir Putin ha ligado el destino de la élite rusa al suyo propio. Ha consolidado el poder dentro de las fuerzas armadas tras el fallido motín de junio de 2023 del líder del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. El nuevo gasto ha recompensado a una nueva clase de leales. La guerra es fundamental para una nueva narrativa rusa, arraigada en los llamados valores tradicionales, que celebra la lucha como una actividad varonil.

El estado de ánimo del país bien podría cambiar, dado que más de un tercio del presupuesto estatal se destina a la defensa y hasta varios miles de rusos perecen mensualmente en Ucrania. Por ahora, sin embargo, Putin tiene un resorte en su paso.

Ucrania se enfrenta a un invierno sombrío. Los ataques con misiles rusos tendrán como objetivo cortar el calor y vaciar las ciudades. El principal general de Kiev aludió recientemente a un “estancamiento”, lo que le valió una reprimenda del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Las municiones se están agotando, al igual que las reservas de personal. La discordia entre funcionarios ucranianos y occidentales es más visible. Las altas expectativas para la contraofensiva significan que Kiev ha pospuesto la preparación del público ucraniano para lo que parece que será una larga rutina.

Lo más preocupante para Kiev es el apoyo vacilante en Occidente. Desde que comenzó el asalto a gran escala de Rusia a principios de 2022, las armas estadounidenses han sido fundamentales para la defensa de Ucrania. A pesar del apoyo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos, un grupo de legisladores republicanos está bloqueando un gran paquete de ayuda destinado a ayudar a Kiev hasta las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, presunto candidato republicano, ha criticado la ayuda a Ucrania.

La administración Biden aún puede llegar a un acuerdo con los republicanos, e incluso si no es así, tiene opciones para llevar armas a Ucrania sin el Congreso. Pero hacerlo será más difícil a medida que se acerque la votación. Europa, a pesar de todo su apoyo retórico, ha tardado en aumentar el suministro, especialmente de municiones.

La política también es un problema allí. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, se opone a la ayuda a Kiev, cuya votación tendrá lugar a principios de febrero de 2024, aunque a principios de diciembre sí permitió -al salir de la sala en lugar de votar- que la Unión Europea iniciara las conversaciones de adhesión de Ucrania, en lo que fue, en efecto, una poderosa señal de apoyo de Bruselas.

Al mismo tiempo, hay pocos indicios de que las negociaciones con el Kremlin ofrezcan una salida. Dejando a un lado el sombrío precedente de que Moscú ganó terreno a través de la conquista, ninguna de las partes está dispuesta a comprometerse. Si bien los funcionarios rusos dicen que hablarán, los canales secundarios a Moscú y las declaraciones públicas del Kremlin sugieren que sus objetivos siguen siendo los mismos que cuando lanzó su guerra total. Quiere no solo territorio, sino también la rendición y desmilitarización de Ucrania bajo un gobierno sumiso.

En cuanto a los líderes ucranianos, están decididos a luchar con o sin el apoyo de Estados Unidos. Cualquier acuerdo con Rusia, de hecho, tal vez incluso sentarse a hablar en estas condiciones, podría costarle el puesto a Zelensky. Además, el Kremlin tiene todos los incentivos para esperar y ver si Trump triunfa y surgen mejores oportunidades. Tal como están las cosas, parece poco probable que Putin se conforme con lo que tiene ahora.

Mantener los canales abiertos a Moscú sigue teniendo sentido, dados los costos y la trayectoria de la guerra. Después de todo, Kiev y sus aliados occidentales no necesitan aceptar un acuerdo a menos que le dé a Ucrania un futuro viable y encierre a Rusia en acuerdos de seguridad que disuadan de nuevas aventuras.

Pero todavía parece una posibilidad remota. Aunque algunos estadounidenses se irritan por el costo de la ayuda, vale la pena ayudar a Ucrania al menos a mantener la línea. Por su parte, Europa, muchos de cuyos líderes ven la guerra como algo existencial, debe asumir una mayor parte de la carga, pase lo que pase en Washington.

Si Moscú conquista más partes de Ucrania, no es exagerado imaginar que partes de otras exrepúblicas soviéticas sean las siguientes en la lista de Putin.

Myanmar. Una ofensiva rebelde que expulsó al ejército de zonas del noreste de Myanmar y los combates en otros lugares representan la mayor amenaza hasta ahora para la junta que tomó el poder hace casi tres años.

A lo largo de 2023, se había establecido un patrón sombrío. Las fuerzas de resistencia —milicias dispares que surgieron de las protestas posteriores al golpe de Estado aplastadas por la junta— lanzaron emboscadas en una franja del país. El ejército de Myanmar utilizó ataques aéreos, artillería y unidades móviles para sofocar el levantamiento y castigar a los civiles. Por primera vez en décadas, la violencia se apoderó de las tierras bajas de Myanmar. El ejército atacó a personas de la mayoría bamar, utilizando las mismas tácticas salvajes que ha desplegado durante mucho tiempo contra los grupos étnicos armados en las tierras altas.

Por su parte, los grupos étnicos armados han reaccionado de diferentes maneras al golpe. Algunos entrenaron células de resistencia, les suministraron armas y protegieron a sus líderes. Unos pocos forjaron alianzas más estrechas con el Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés), un organismo de oposición compuesto en su mayoría por legisladores derrocados, incluidos muchos del partido de la depuesta líder civil Aung San Suu Kyi, a quien los militares han encarcelado. Otros se mantuvieron al margen o se apegaron a los altos el fuego con los militares.

La ofensiva del noreste ha sacudido las cosas. Una coalición preexistente de tres grupos étnicos armados, la Alianza de los Tres Hermanos Musulmanes, junto con algunas fuerzas de resistencia, se apoderó de varias ciudades, invadió decenas de posiciones militares, capturó tanques y armas pesadas, y cortó rutas comerciales clave hacia China.

Sintiendo el desorden del ejército, los rebeldes étnicos de otros lugares, a menudo uniendo fuerzas con grupos de resistencia o incluso bajo su bandera, se lanzaron al ataque, tomando ciudades, parte de la capital de un estado, y puestos fronterizos en diversas áreas del país. Fuera del noreste, el ejército ha dado una lucha más dura, aunque todavía parece estirada.

China es parte de la historia. Pekín quiere tomar medidas enérgicas contra los centros de estafa en línea, dirigidos por delincuentes transnacionales, que han proliferado en la región del Mekong. Se sintió agraviado por el hecho de que la junta y una fuerza paramilitar aliada no cerraran los centros en una zona fronteriza que controlaban. Por lo tanto, Pekín se mantuvo al margen mientras un ejército de la Alianza de los Hermanos Musulmanes capturaba la zona, prometiendo cerrar los centros de estafa. La proximidad de la zona a China hace que sea más difícil para la fuerza aérea de Myanmar bombardearla.

En términos más generales, el presidente chino, Xi Jinping, todavía está irritado por la toma de poder de los militares en 2021. El caos resultante ha puesto fin a los megaproyectos planeados por China en Myanmar. A Xi le gustaba Aung San Suu Kyi, quien estableció buenos lazos de trabajo con Pekín. Desconfía de los militares de Myanmar, especialmente del líder golpista Min Aung Hlaing, que alberga un sentimiento antichino particularmente fuerte, dado el apoyo de Pekín a los grupos étnicos armados en el noreste de Myanmar. Ciertamente, Pekín no apoyará una rebelión —ve al NUG como un títere occidental— y bien podría taparse la nariz y proporcionar al régimen un mayor respaldo si pareciera estar flaqueando. Pero ha tolerado los avances rebeldes en el noreste. Ayudó a negociar un alto el fuego temporal entre el ejército y un ejército rebelde en diciembre, lo que probablemente consolidará el control de este último sobre el territorio que ha tomado.

Por ahora, parece probable que la junta aguante. Si bien muchos bamar muestran una nueva simpatía por las minorías de Myanmar, después de haber probado ellos mismos la brutalidad del ejército, es poco probable que los numerosos grupos étnicos armados del país y las fuerzas de resistencia posteriores al golpe de Estado se unan. Sin embargo, el régimen se enfrenta a enemigos decididos en varios frentes. El golpe hizo retroceder al país décadas: los sistemas de salud y educación se han desmoronado, las tasas de pobreza se han disparado y la moneda se ha desplomado. Más de 2,5 millones de personas están desplazadas internamente (además de los cientos de miles de rohingyas expulsados por los militares en 2017). Es difícil ver que la crisis termine pronto.

Etiopía. Etiopía comenzó el 2023 con buenas noticias, pero lo termina con mucho que temer. A principios de año, una guerra brutal centrada en la región más septentrional de Tigray estaba llegando a su fin.

Los combates que enfrentaron a los rebeldes tigrayanos con las fuerzas federales, junto con las milicias de la región de Amhara, fronteriza con Tigray, y las tropas eritreas, habían matado a cientos de miles de personas, según algunas estimaciones, y habían aislado a muchas más de alimentos y servicios.

Las fuerzas tigrayanas casi habían marchado sobre la capital, Adís Abeba, antes de batirse en retirada apresurada. Luego, las fuerzas federales cercaron gradualmente a los tigrayanos, y el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, llegó a un acuerdo con los líderes de la región para consolidar su victoria.

Un acuerdo de noviembre de 2022 supuso un alivio para Tigray. Pero preparó el escenario para luchar en otros lugares.

En agosto, los rebeldes amharas se apoderaron brevemente de partes de las ciudades de esa región antes de ser rechazados. Instalados en el campo, realizan incursiones para atacar a las fuerzas federales. Las tensiones habían ido en aumento durante mucho tiempo entre Abiy y Amharas, quienes lo respaldaron cuando asumió el poder en 2018 antes de luchar junto a las fuerzas federales en Tigray. A los amharas les molesta la entente de Abiy con Tigray, preocupados de que devuelva el territorio en disputa desde hace mucho tiempo, conocido como Welkait-Tsegede a los amharas y Tigray occidental a los tigrayanos, que las milicias amharas tomaron durante la guerra. También acusan al gobierno de Abiy de hacer la vista gorda ante el asesinato de civiles amharas por parte de etnonacionalistas en la región natal de Oromia, la más poblada de Etiopía, y en general de ponerse del lado de los intereses oromo contra los amharas. Grandes porciones de Amhara están esencialmente desgobernadas, dado el rechazo popular a los cuadros del partido gobernante alineados con Abiy que gobiernan la región.

Amhara no es el único dolor de cabeza de Abiy. Se enfrenta a una insurgencia arraigada de los rebeldes nacionalistas oromo en su estado natal. Las conversaciones en Tanzania han avanzado, pero las partes no han logrado cerrar un acuerdo. En términos más generales, las élites locales temen ceder la autonomía a un centro tradicionalmente autoritario, lo que explica en parte las revueltas en las tres regiones más poderosas de Etiopía: Amhara, Oromia y Tigray. Abiy no solo debe poner fin a las guerras de Amhara y Oromia mientras mantiene la paz en Tigray, sino también crear un consenso sobre el acuerdo más amplio que Etiopía necesita mientras se desgastan las relaciones interétnicas. Para agravar los desafíos, la economía de Etiopía está en dificultades. Un mayor número de jóvenes alienados podría alimentar una mayor inestabilidad.

El deterioro de las relaciones entre Abiy y el presidente eritreo, Isaias Afwerki, plantea otro peligro. Isaías también estaba molesto por el acuerdo de Abiy con Tigray. Había desplegado tropas con la esperanza de asestar un golpe mortal a sus viejos enemigos —Eritrea libró una guerra fronteriza de 20 años con Etiopía mientras los tigrayanos estaban al mando en Addis Abeba—. Los soldados eritreos permanecen en suelo etíope, en contravención del acuerdo de paz, e Isaías tiene vínculos con las fuerzas en Amhara, incluso en los territorios en disputa.

Las tensiones aumentaron en octubre, cuando Abiy afirmó el “derecho” de Etiopía al acceso al mar, haciendo hincapié en sus reclamos históricos sobre la costa del Mar Rojo. Los líderes regionales vieron sus comentarios, que Abiy había expresado durante mucho tiempo en privado, como una amenaza implícita de apoderarse de parte de Eritrea, cuya secesión de Etiopía en 1991 dejó a este último sin salida al mar. Desde entonces, Abiy ha prometido públicamente no invadir, aunque sin aliviar las tensiones. Es posible que Etiopía no esté planeando una acción militar inminente. Pero con la desconfianza alta y ambas partes movilizando fuerzas y acumulando armamento, los enfrentamientos accidentales corren el riesgo de desencadenar una confrontación con costos asombrosos.

El Sahel. En 2023, el ejército de Níger derrocó a Mohamed Bazoum, un presidente reformista amigo de Occidente, consolidando el dominio del ejército en toda la región del Sahel, después de los golpes de Estado en Malí y Burkina Faso. Los oficiales en el poder han prometido frenar la violencia que desgarra el campo, pero más allá de cambiar de socios extranjeros y comprar nuevas armas, han ofrecido pocas ideas frescas, en lugar de redoblar las ofensivas que han estado fracasando durante años.

La ola de golpes de Estado anuncia un nuevo capítulo en una crisis que se remonta al menos a 2012. En aquel entonces, los rebeldes tuareg seminómadas, junto con los yihadistas vinculados a Al Qaeda, se apoderaron del norte de Malí. Los yihadistas dejaron de lado a sus antiguos socios, manteniendo el norte durante la mayor parte de un año antes de ser rechazados por una fuerza liderada por Francia. En 2015, varios grupos armados del norte de Malí, incluidos rebeldes y elementos progubernamentales, firmaron un acuerdo de paz con Bamako. Ese acuerdo preveía la devolución del poder, el desarrollo del norte y la incorporación de algunos de los grupos armados al ejército.

Desde entonces, la lentitud de Bamako y las disputas entre los signatarios han estancado los esfuerzos para poner en práctica el acuerdo. Mientras tanto, los yihadistas, que no firmaron el acuerdo, invadieron grandes extensiones del centro de Malí y gran parte de Burkina Faso, e incluso extendieron su alcance a los rincones del norte de la costa de África occidental. Los ejércitos sahelianos, las fuerzas contrainsurgentes francesas y las fuerzas de paz de la ONU no pudieron detener su avance. Las milicias locales, en algunos casos armadas por los gobiernos regionales, proliferaron, combatiendo a los yihadistas y alimentando la violencia galopante.

La exasperación popular por la inseguridad impulsó en parte los golpes de Estado y el apoyo a los líderes de la junta. En 2020 y 2021, un grupo de coroneles liderados por Assimi Goita protagonizó sucesivos golpes de Estado en Malí, consolidando el poder. Los golpes de Estado siguieron en Burkina Faso, provocados por la ira por las masacres yihadistas de soldados, y luego en Níger.

El gobierno del ejército ha cambiado drásticamente las relaciones exteriores de la región. Los lazos de los tres países con otras capitales de África Occidental son tensos. París retiró a sus soldados en medio de un creciente sentimiento antifrancés. La junta militar de Malí se ha acercado a Rusia, en particular al mercenario Grupo Wagner, y ha expulsado a las fuerzas de la ONU. En Burkina Faso, la presencia de los rusos es menor, pero parece que crecerá y puede implicar la protección personal de los líderes militares.

Las juntas han formado su propia alianza, con la esperanza de disuadir la intervención extranjera. (El bloque regional, la CEDEAO, amenazó con desplegar tropas en Níger para restaurar Bazoum, aunque el esfuerzo no llegó a buen término y es casi seguro que habría fracasado).

No parecen dispuestos a dejar paso a los civiles.

En Malí, el propio Goita puede presentarse a las elecciones; las autoridades burkinesas no saben cuando se celebrarán las elecciones.

La junta militar de Níger solo ha presentado vagos planes de transición, aunque eso también podríoa reflejar la discordia interna.

Entre los jóvenes de las ciudades y los pueblos, los líderes del ejército siguen siendo populares, menos gracias a su servicio público que a su retórica sobre la soberanía, que juega con el resentimiento persistente hacia Francia. Tampoco se han cumplido los peores escenarios que algunos funcionarios europeos pensaron que podría presagiar la retirada de sus fuerzas: el colapso del Estado que culminaría en marchas yihadistas sobre Bamako o Uagadugú.

Pero las nuevas autoridades están recurriendo a un enfoque que da prioridad a los militares, que es, en muchos aspectos, similar a lo que se había hecho antes. Ahora, sin embargo, hay aún más civiles en la línea de fuego. Todos los bandos tienen las manos manchadas de sangre. Las fuerzas de Wagner están implicadas en abusos particularmente crueles en Malí. La junta de Burkina Faso ha intensificado el armamento o la organización de fuerzas irregulares, y ellos, el ejército y los yihadistas han perpetrado asesinatos en masa. Además, por si la lucha contra los islamistas no fuera suficiente, los líderes de Malí han vuelto a pelear con algunos de los firmantes del acuerdo de paz de 2015. A finales de 2023, el ejército se trasladó a Kidal, el cuartel general de los rebeldes tuareg (aunque muchos tuaregs también se han unido a grupos progubernamentales y yihadistas, así como a grupos separatistas), luchando contra los rebeldes en marcha y ocupando bases de la ONU recién desocupadas.

Lo que viene después es incierto. Los jefes del Ejército creen que su avance sobre Kidal ha sido una importante victoria simbólica —la recuperación de un territorio que durante años ha estado fuera de los límites— y ha traído más que años de conversaciones. Creen que los nuevos equipos, incluidos los drones de Turquía, les dan una ventaja. Los rebeldes se han retirado pero, con una amplia experiencia guerrillera, parece poco probable que se rindan en silencio. Algunos rebeldes tienen vínculos familiares con el líder local de Al Qaeda, Iyad ag-Ghali, un ex separatista tuareg convertido en yihadista, que ahora se presenta como un campeón contra el ejército y Wagner. Una rama local del Estado Islámico, que lucha tanto contra el ejército como contra Al Qaeda, ha extendido su alcance al norte de Mali. Por lo tanto, la incursión de la junta en el norte podría terminar reponiendo las filas de los yihadistas.

Al final, quienquiera que detente el poder en el Sahel va a tener que hacer algo más que luchar. Bamako debería usar sus ganancias en Kidal para forjar un nuevo acuerdo con los rebeldes. Incluso con los yihadistas, a pesar de su determinación de imponer una estricta ley islámica, los altos el fuego locales han calmado la violencia en el pasado, y vale la pena intentar negociar. Las ofensivas pueden traer beneficios a corto plazo, pero la paz a lo largo del tiempo depende del diálogo y de la consecución de acuerdos.

Haití. Los haitianos esperan que las fuerzas extranjeras que llegarán a principios de 2024 se enfrenten a las pandillas hiperviolentas que en los últimos años han destrozado el país. Pero la policía keniana que encabezará la misión planeada tiene mucho trabajo por delante contra los grupos fuertemente armados en densos barrios de chabolas, sobre todo teniendo en cuenta el desorden en la política haitiana.

Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, la violencia de las pandillas en Haití se ha multiplicado. Los delincuentes controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, así como zonas del norte, en particular el valle de Artibonite. Las brutales guerras territoriales —las pandillas luchan entre sí y atormentan a los civiles— han obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares, algunas de las cuales han buscado refugio en campamentos improvisados para desplazados, donde pueden enfrentarse a peligros similares a los que huyeron, incluida la violencia sexual. Casi la mitad de la población de Haití, unos 5,2 millones de personas, necesita ayuda vital. La depredación de las pandillas ha generado más violencia: los grupos de autodefensas conocidos como Bwa Kale, formados en respuesta a la violencia de las pandillas, han linchado a cientos de presuntos pandilleros sin disminuir mucho la actividad de las pandillas. Las encuestas sugieren que los haitianos están tan desesperados que respaldan la llegada de fuerzas extranjeras, a pesar del pésimo historial de misiones internacionales anteriores.

La fuerza liderada por Kenia se enfrenta a duros desafíos. El primer ministro interino de Haití, Ariel Henry, había solicitado ayuda externa en octubre de 2022, Nairobi acordó encabezar el esfuerzo en julio de 2023 y desplegar al menos 1.000 agentes, y las Naciones Unidas dieron luz verde al plan en octubre. La misión espera ahora la aprobación de los tribunales kenianos después de que los políticos de la oposición presentaran una impugnación, argumentando que la Constitución prohíbe que los agentes de policía se desplieguen en el extranjero.

El mandato de la misión, que es de un año para empezar, es ayudar a la policía haitiana a “contrarrestar las pandillas y mejorar las condiciones de seguridad“, allanando así el camino para las elecciones. Las operaciones agresivas contra las pandillas, que una delegación de la policía keniana evaluó que eran necesarias después de visitar Haití, funcionarán solo si los países que envían personal para trabajar con los kenianos están listos para el combate urbano y comprenden el terreno. La misión también debe evitar herir a civiles y fortalecer la recopilación de inteligencia por parte de la policía local. La fuerza policial haitiana tendrá que tapar sus propias filtraciones a través de informantes de pandillas incrustados en sus filas. De lo contrario, los combates podrían causar grandes pérdidas tanto a la policía como a los civiles, lo que pondría en peligro el apoyo a la misión.

La política haitiana es otro obstáculo. Un grupo de influyentes partidos políticos y grupos de la sociedad civil dicen que Henry, quien asumió el poder después del asesinato de Moïse y desde entonces ha tratado de atrincherarse, no tiene mandato para ocupar el cargo, incluso hasta otra votación, y quiere una administración de transición más inclusiva. Las conversaciones no han dado lugar a un acuerdo sobre el camino a seguir. Sin un consenso entre los partidos sobre la composición del gobierno haitiano o el papel de la fuerza liderada por Kenia, la misión corre el riesgo de verse envuelta en una pelea política. En este escenario, el ampliamente despreciado Henry podría reforzar su control, poniendo más lejos de su alcance al gobierno de unidad que probablemente sea esencial para cualquier elección creíble.

Armenia-Azerbaiyán. El año pasado, la ofensiva relámpago de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj provocó el éxodo de casi todos los que vivían allí: más de 100.000 personas. La pregunta este año es si Azerbaiyán irá más allá o, con las conversaciones a fines de 2023 que parecen producir algunos avances, él y Armenia finalmente encontrarán un camino hacia la paz.

La operación de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj parece poner fin, al menos por ahora, a un conflicto de décadas por el enclave en disputa. En la década de 1990, la mayoría étnica armenia de la zona, respaldada por Armenia, declaró su propia república y, en la guerra que siguió, expulsó a los azerbaiyanos de Nagorno-Karabaj y áreas adyacentes. Durante años, las conversaciones entre Bakú y Ereván no llegaron a ninguna parte. Azerbaiyán, por su parte, reforzó su ejército y, en 2020, con el respaldo de Turquía, recuperó los distritos que rodean Nagorno Karabaj y parte del propio enclave. Después de seis semanas de brutales combates, Rusia intervino para mediar en una tregua, que envió a las fuerzas de paz a la policía.

Pero con Moscú empantanado en Ucrania, Bakú parece haber sentido que podría terminar el trabajo. A lo largo de 2022, se apoderó de varias zonas estratégicas, incluso a lo largo de las líneas del frente. Luego, durante más de nueve meses, bloqueó el corredor de Lachin, que proporcionaba a Nagorno-Karabaj acceso a Armenia y al mundo exterior. En septiembre, sus tropas irrumpieron en el enclave, recuperándolo en un solo día cuando los armenios étnicos abandonaron sus hogares.

Si Nagorno-Karabaj fue la manzana de la discordia más dolorosa entre Armenia y Azerbaiyán, no es la única. Los dos países se disputan su frontera aún no demarcada, donde sus ejércitos se enfrentan, a menudo a solo unos metros de distancia el uno del otro. Entre el final de la guerra de 2020 y la ofensiva de Azerbaiyán en septiembre, los enfrentamientos fronterizos fueron más mortíferos que los relacionados con el propio Karabaj.

Más importante aún, Azerbaiyán quiere un corredor terrestre hacia Najicheván, un enclave azerbaiyano en el suroeste de Armenia que limita con Turquía e Irán. Bakú cree que el acuerdo negociado por Moscú que puso fin a los combates de 2020 comprometía a Ereván a concederle el paso a través del corredor.

Esa ruta facilitaría el comercio con Turquía, pero evitaría Irán, de ahí la oposición de Teherán (también podría ayudar a Rusia a evadir las sanciones, aunque es casi seguro que eso ya está sucediendo a través de los puntos de tránsito existentes). Ya en septiembre de 2022, las tropas azerbaiyanas avanzaron hacia Armenia, y algunas se quedaron en el interior. Varias nuevas posiciones azerbaiyanas dan a un desfiladero a través del cual pasa una carretera hacia el enclave.

Las conversaciones entre Armenia y Azerbaiyán tienen una oportunidad. Un acuerdo de diciembre, negociado sin la presencia de terceros, produjo un intercambio de prisioneros de guerra, se comprometió a normalizar las relaciones e incluyó el respaldo armenio a la candidatura de Azerbaiyán para albergar la cumbre mundial sobre el clima, COP29, en 2024.

Bakú y Ereván dicen que continuarán las conversaciones y esperan un acuerdo pronto, aunque las espinosas cuestiones fronterizas y de corredores permanecen.

Si las negociaciones no dan frutos, Bakú puede perder la paciencia, como ocurrió con Nagorno-Karabaj. Lo más probable es que busque presionar a Ereván; No es impensable que haya más incursiones en las zonas fronterizas.

Un acaparamiento de tierras, por ejemplo, la toma de la ruta de tránsito, que aislaría del resto del país a cientos de miles de personas en el extremo sur de Armenia, provocaría la furia de los estados occidentales, Irán y Rusia. Sería un paso mucho más descarado que expulsar a la gente de Nagorno-Karabaj, que el mundo ya reconoce como azerbaiyano, a pesar del trauma infligido a los armenios expulsados.

Es especialmente difícil imaginar que eso suceda en un año en el que Bakú podría ser sede de la cumbre mundial sobre el clima. De hecho, los funcionarios azerbaiyanos insisten en que no albergan planes en tierra armenia e incluso han propuesto una ruta de tránsito alternativa a través de Irán.

Pero por muy mala idea que sea un ataque, en un entorno en el que Bakú, como muchas capitales, siente que los controles globales sobre el uso de la fuerza se están deshilachando, los funcionarios armenios y occidentales no han descartado por completo la posibilidad.

Estados Unidos-China. Una reunión en noviembre entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente chino, Xi Jinping, buscó restablecer lo que había sido una fuerte caída en las relaciones de los dos países. Pero sus intereses fundamentales siguen chocando en la región de Asia-Pacífico, y las elecciones taiwanesas y las tensiones en el Mar de China Meridional podrían poner a prueba el deshielo.

Pekín y Washington han estado tratando durante algún tiempo de reducir las tensiones. Xi quiere centrarse en la maltrecha economía china y evitar nuevas restricciones comerciales de Estados Unidos (Washington ha endurecido recientemente los límites a la venta a China de tecnología de punta, lo que se suma a una serie de otros aranceles y restricciones).

El gobierno de Biden quiere algo de calma antes de las elecciones estadounidenses de 2024 y tranquilizar a otras capitales preocupadas por la hostilidad entre los dos gigantes de que puede gestionar la competencia de manera responsable.

A principios de 2023, los esfuerzos diplomáticos se estancaron cuando un globo espía chino sobrevoló el territorio continental de Estados Unidos y causó un frenesí mediático antes de que Estados Unidos lo derribara. Meses después, el secretario de Estado, Antony Blinken, quien canceló un viaje después del “balloongate”, visitó Beijing, preparando el escenario para la cumbre Biden-Xi.

Esa reunión salió bien. Biden recibió promesas de que los dos países trabajarían juntos para frenar la entrada de fentanilo a Estados Unidos y, el día antes de la cumbre, los dos países se comprometieron a trabajar juntos para abordar el cambio climático.

Es importante destacar que Pekín también acordó reabrir los canales de comunicación militar para ayudar a gestionar los riesgos de enfrentamientos no deseados mientras los dos ejércitos se disputan los mares y cielos alrededor de China. Xi obtuvo una victoria en casa al demostrar que tenía un control sobre la relación bilateral más importante de Beijing.

Sin embargo, en general, los fundamentos de la rivalidad no muestran signos de disminuir. Los halcones de ambas capitales ven la competencia como una suma cero.

Hablar de guerra normaliza la idea. En Asia-Pacífico, la búsqueda por parte de Pekín de lo que considera la mayor influencia que merece como potencia preeminente de la región choca directamente con la determinación de Washington de mantener su propio dominio militar. Varias capitales asiáticas, asustadas por la creciente asertividad de Pekín y que ven en la agresión rusa a Ucrania un precedente, se han inclinado por los lazos de seguridad con Washington, incluso cuando valoran el comercio con China.

El Mar de China Meridional, donde las reclamaciones marítimas chinas se superponen con las de otros estados ribereños, entre ellos Filipinas, un aliado de Estados Unidos, parece cada vez más precario.

Manila señala con frustración a los barcos de la guardia costera china y de la milicia marítima que patrullan aguas que, en 2016, un tribunal especial dictaminó que son filipinas.

Los barcos chinos están utilizando tácticas más agresivas, incluidos cañones de agua y dispositivos acústicos. Siguen a los buques filipinos de manera que los tribunales interfieren, lo que provocó que los barcos de los dos países chocaran en octubre y diciembre. Las garantías de seguridad de Estados Unidos a Filipinas y el aumento de la presencia militar en las zonas en disputa disuaden en principio a Pekín, pero también conllevan riesgos. Para China, las maniobras en el mar indican a la región la determinación de defender lo que considera su soberanía nacional. Los buques o aviones chinos podrían incluso empezar a seguir a sus homólogos estadounidenses.

Taiwán también es un punto álgido. Pekín cree que la isla debe ser reunificada con la parte continental de China, idealmente de forma pacífica, aunque no descarta el uso de la fuerza. La política de “una sola China” de Washington tiene como objetivo una resolución pacífica del estatus de Taiwán sin prejuzgar el resultado; su “ambigüedad estratégica“ de larga data deja vago si saliera en defensa de Taiwán.

Pero voces más fuertes en Washington sugieren ofrecer a Taiwán un respaldo más fuerte. Aunque es poco probable que China invada en el corto plazo —de hecho, romper las defensas de la isla sería difícil—, cuanto más sienta Xi que se erosiona la política de una sola China y que se cierra la ventana para la unificación, más se inclinará el cálculo hacia la guerra.

Las elecciones taiwanesas de enero podrían ver al actual vicepresidente, William Lai, a quien China califica de separatista, asumir el poder. Pekín podría aumentar la presión sobre Taipéi, aumentando el ya gran número de buques de guerra y aviones chinos alrededor de la isla o reimponiendo barreras a los productos taiwaneses, por ejemplo, en un esfuerzo por empujar al nuevo gobierno hacia una mayor deferencia hacia Pekín.

Taipei ha resistido tales payasadas antes, y Lai ha señalado su intención de seguir la cautelosa política del actual presidente a través del estrecho. Pero si se equivoca bajo presión -una declaración que hizo en julio pasado sugirió que podría buscar relaciones diplomáticas formales con Estados Unidos, por ejemplo- o adopta lo que Pekín percibe como un tono demasiado antagónico en su discurso de toma de posesión en mayo, China podría llevar las cosas a otro nivel.

La administración Biden, particularmente en un año electoral, puede hacer declaraciones que irriten a Beijing; Los legisladores estadounidenses contrarios a China pueden presentar proyectos de ley que contradigan la política de una sola China.

Por ahora, probablemente el mayor peligro es que los aviones o barcos chinos y estadounidenses choquen. Según el Pentágono, el número de encuentros riesgosos en los últimos dos años supera a los de las dos décadas anteriores. Las atmósferas más cálidas después de la reunión entre Biden y Xi —y con suerte el canal entre militares— proporcionan un amortiguador, pero solo llegarían hasta cierto punto en caso de un percance, especialmente uno que involucre víctimas. El último incidente de este tipo, cuando dos aviones chocaron entre sí en 2001, matando a un aviador chino y obligando a un avión estadounidense a estrellarse en la isla china de Hainan, requirió conversaciones delicadas para encontrar una solución que permitiera a ambas partes salvar las apariencias. Es difícil ver espacio para ese tipo de diplomacia hoy en día.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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