”Si la política quiere que los militares salgan a la calle a resolver los problemas de violencia que ella creó, tiene que partir por revisar las decenas de casos de uniformados injustamente perseguidos por un Estado que debió protegerlos”.
Uno de los mejores libros acerca de la Segunda Guerra Mundial es la autobiografía de Guy Sajer, “El soldado olvidado”.
Sajer, un alsaciano de madre alemana y padre francés, es enrolado por el ejército alemán a los 17 años y enviado al frente oriental. El libro se inicia con su relato del viaje por la estepa rusa a Stalingrado en un tren de abastecimiento.
Él iba a la intemperie, a muchos grados bajo cero, custodiando unas piezas de artillería. La descripción del frío, la soledad y la desolación es desgarradora. Un niño enfrentado a una experiencia adulta.
Sajer pelea por toda Europa. Termina capturado por los ingleses, quienes lo entregan a los franceses que lo enrolan en su ejército.
Esta es la historia de tantos jóvenes que son obligados a servir en el Ejército y que sus vidas no les pertenecen, sino que son peones en el gran ajedrez de la política.
El domingo pasado me acordé de ese libro cuando, en este diario, leí la carta de María Olguín, una abnegada madre chilena que sola crio a dos hijos.
En ella relata la historia de uno de ellos, Carlos Robledo, de 17 años, que ella autoriza para que haga el servicio militar, sirva a su patria y aprenda un oficio. Ella confía en que el Estado lo va a proteger y educar.
Ese niño es apenas entrenado en el uso de armas. Antes le enseñan a marchar y obedecer. En octubre de 2019 es enviado, junto con una patrulla, a contener el saqueo del mall de La Serena.
Octubristas consternados con el cambio climático, indignados con el patriarcado abusador y ofendidos por la desigualdad, robaban electrodomésticos y destruían todo a su paso.
El soldado portaba un fusil con balas de fogueo y de guerra. El capitán a cargo de su patrulla le ordena disparar fogueos y todos percutan lo que presumen son fogueos. El resultado es un muerto y dos heridos.
Dos años después los jueces, sin periciar el arma y mediante presunciones derivadas de videos y análisis acústicos, le atribuyen a Robledo el disparo de una bala. Sostienen los jueces que la protesta era pacífica (como si una protesta no autorizada que saquea, interrumpe el tráfico y destruye propiedad pública lo fuera) y que Robledo no cooperó con la investigación, a pesar de que dijo todo lo que sabía.
Y lo condenan a 10 años de cárcel.
Esa madre no cuenta que su otro hijo murió también trágicamente. Mientras tanto, los instigadores de esa revuelta habitan los salones de La Moneda y los pasillos del Congreso y se llenan la boca con la empatía, la justicia social y los derechos humanos. Pero ninguno de ellos y ninguna feminista han visitado a esa madre para consolarla.
Pero Robledo no está solo. Ahí están el capitán Maturana, condenado a 12 años por supuestamente haber impactado con una bomba lacrimógena a Fabiola Campillai, quien “transitaba pacíficamente” por una protesta violenta; Claudio Crespo, enfrentando un juicio donde la Fiscalía pide 12 años de cárcel (paradojalmente pide 4 años para el comunista Luis Castillo, indultado por Boric y sorprendido secuestrando a un inocente) por haber disparado una escopeta antidisturbios, lesionando accidentalmente a don Claudio Gatica, quien también “asistía pacíficamente” a una protesta que destruía Santiago.
Los casos de uniformados perseguidos por contener la violencia octubrista tienen en común la soledad en que quedan frente al Estado; la indiferencia de la política y la falta de solidaridad de quienes pedían que salieran a la calle a mantener el orden. Esos uniformados no eran violadores de DD. HH., no salieron por propia voluntad y muchos estaban precariamente entrenados.
El relato de la izquierda es que no cumplieron con manuales que ni conocían, que enfrentaron protestas pacíficas, que los accidentes no existen y que dispararon contra inocentes que casualmente asistían a los saqueos. A estos uniformados los condenan por un guion macabro donde, cual teleserie de mala muerte, cambian el elenco y el decorado, pero la trama es la misma y el desenlace conocido.
Si la política quiere que los militares salgan a la calle a resolver los problemas de violencia que ella creó, tiene que partir por revisar las decenas de casos de uniformados injustamente perseguidos por un Estado que debió protegerlos y han sido condenados por una justicia que se ensaña con ellos.
Así, alguno de ellos podrá mirar a los ojos a María y pedirle perdón por haberles fallado a ella y a su hijo.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
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De acuerdo con la legislación vigente, principalmente el artículo 208 del Código de Justicia Militar, los militares se encuentran —y siempre se han encontrado, por la vigencia del código— afectos a las “causales eximentes de responsabilidad penal, cuando cumplan funciones de guardadores del orden y seguridad públicos”.
Más aún nuestra actual legislación y código penal chileno consagra el derecho a la legitima defensa a todo evento, cuando ocurran algunas de las siguientes circunstancias:
Agresión ilegitima;
Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla
Que se establezca una falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.
De allí que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en cumplimiento a misiones de seguridad interna, en los denominados estados de excepción constitucional, deban contar como piso con las atribuciones y respaldo legal anteriormente explicitado.
Ninguna “Regla del Uso de la Fuerza” (RUF), puede degradar o afectar este legítimo y mínimo derecho jurídico. Más aún, cuando las FF. AA. se despliegan por orden presidencial y ratificación del poder legislativo. De esta manera se alinean responsabilidades y atribuciones, protegiendo a la fuerza de sus derechos básicos.
La actual propuesta de RUF, en la que se definen un gran número de condiciones, definiciones, deberes, principios, grados de resistencia y clasificación del agresor o de la agresión, etapas de uso de la fuerza, modelos para subir o bajar su uso y los correspondientes medios para cada modelo, afectan considerablemente el principio sobre el que se establece una RUF.
Dicho principio sanciona conductas y no condiciones, muchas veces difíciles de discernir o identificar, máxime en condiciones de alta complejidad.
A modo de ejemplo, no es relevante la condición de origen, género u otra del que comete la agresión, sino precisamente el hecho y conducta de querer causar daño a quienes están velando por la seguridad y el orden público.
A mayor abundamiento, analizadas en estudio comparado las distintas reglas del uso de la fuerza, tanto en la fuerza pública, como en despliegues de operaciones de paz, ninguna afecta —como base o piso— el derecho a la legítima defensa de los representantes del Estado.
Adicionalmente, las RUF poseen como característica principal ser claras y objetivas, basadas en principios de apreciación general y no pueden contener un conjunto de detalles que al ser aplicadas inhiban el cumplimiento de la misión principal. Vale decir, en situaciones extraordinarias donde autoridades políticas y fuerzas de orden y seguridad están sobrepasadas.
Por otra parte, las RUF cuando operan en estados de excepción constitucional deben estar sujetas a la competencia de tribunales militares, dada la naturaleza de la decisión que requirió su empleo, no debiendo quedar al amparo de tribunales ordinarios de tiempo de paz y normalidad, con fiscales que establecen responsabilidades, obviando el contexto que dispuso su empleo.
Así las cosas, si las Reglas de Uso de la Fuerza que se proponen al país se mantienen, serán completamente inútiles, inhibirán a quién se espera deba aplicarlas y, en caso de su empleo, solo producirán como consecuencia la persecución penal y el encarcelamiento de militares, mientras los delincuentes ampliarán su actividad criminal a límites inimaginables, por las ventajas concedidas.
Apelamos a que, en esta materia, nuestras fuerzas de orden y seguridad, así como las FF. AA., cuenten con los vitales respaldos políticos y jurídicos, para que puedan contribuir a recuperar el estado de derecho y la grave situación de seguridad que afecta a toda la sociedad.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
Carabineros logró resistir, pero es fundamental que los miembros de las FF.AA. y la ciudadanía tengan a la vista su experiencia posterior a los tiempos de caos ahora que se quiere a los militares en la calle.
Imagine que en Chile hay varios alcaldes pidiendo al gobierno que los militares salgan de sus cuarteles y pasen tiempo en las calles para colaborar con Carabineros en funciones de orden público.
Imagine también que uno de esos alcaldes twitteaba el 23 de octubre lo siguiente: “Cuesta dormirse viendo tanto video de abusos de poder y violencia de parte de carabineros. Velar por la defensa de DD. HH. debe ser nuestro foco principal hoy. No podemos permitir que se siga normalizando esta situación”.
La situación era ni más ni menos que un golpe de Estado dado por dos titanes: cierto sector político que intentó derrocar al fallecido Presidente Piñera en el Congreso mientras apoyaba la violencia y el crimen organizado.
Este último actuó volando bajo el radar del derecho gracias al estallido social que se desató en paralelo.
La pregunta sobre cuál es el vínculo entre los dos titanes se ha silenciado sistemáticamente. Otro interrogante que se silencia es por qué los comunistas, frenteamplistas y medios de comunicación necesitaban desprestigiar a las fuerzas de Orden y Seguridad Públicas.
Siempre en el mundo imaginario del que hablamos al principio de esta columna, creo que el desprestigio de Carabineros era clave para derrocar al gobierno por la fuerza del caos, puesto que contaban con la negativa de las FF. AA. a inmiscuirse en la medida de que se trataba de un “estallido social”.
El trabajo fue de joyería. Como nunca se habló de un golpe de Estado (y hasta hoy pocos quieren asumir la verdad, aunque muchos tiritaban de miedo en las semanas posteriores al 18-O), las FF. AA. no tenían espacio para la acción.
Sólo quedó una delgada línea verde entre la caída del gobierno, su reemplazo por algún miembro del grupo golpista y la imposición de un proceso constituyente bolivariano muy bien diseñado por ciertos intelectuales de la nueva izquierda que todos conocemos.
Carabineros logró resistir, pero es fundamental que los miembros de las FF. AA. y la ciudadanía tengan a la vista su experiencia posterior a los tiempos de caos ahora que se quiere a los militares en la calle.
No sólo porque tras su sacrificio para salvar la República han sido perseguidos -por ejemplo, el INDH interpuso querellas en contra de más de 3.000 efectivos- y, algunos, ya están tras las rejas sentenciados por jueces y fiscales con claro sesgo ideológico, sino porque quienes ahora piden militares en las calles podrían estar jugando un doble juego que sirva al golpe final del proceso revolucionario iniciado el 18-O.
Para entender a qué me refiero es necesario preguntarse: ¿qué significa la introducción hecha por la ministra Tohá a la ley que se discute sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), estableciendo especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en caso de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores?
¡Ideología! Gritan muchos, como si con eso se libraran de sus efectos prácticos e implicancias políticas. Por ideología se apoyó el golpe de Estado, se retiraron las querellas por Ley de Seguridad Interior, se indultó y dieron pensiones de gracia a criminales, se puso freno a todas las leyes que dificultaban el avance del crimen organizado, se firmó un acuerdo de “seguridad” con una narcodictadura, se ha perseguido a carabineros y militares violando principios fundamentales como la igualdad ante la ley y se trajo en líneas aéreas a miles de haitianos de forma ilegal.
También, “por ideología” se dejan las fronteras abiertas y se autoriza, pocos días antes del comienzo de los incendios en la Quinta Región, a criminales de la Cárcel de Alta Seguridad a hacer videollamadas. Podría seguir ad infinitum desde los asesores cubanos de Manuel Monsalve hasta el intento de desarme de la población civil que ha cumplido con todos los requisitos que exige la ley para tener un arma.
Echarle la culpa de lo que hacen quienes detentan el poder a sus convicciones ideológicas, como si con eso los aliviáramos de la responsabilidad por haber convertido a Chile en la tumba no sólo del neoliberalismo, sino, además, de la seguridad, la educación, la salud y de la moral y las buenas costumbres, no sólo es irresponsable; es poco inteligente.
¿Se imagina que uno fuera a decirle a un cubano preso político, o sumido en la eterna miseria, que Fidel Castro igual era buena persona, lo que pasa es que, en realidad, el problema era su ideología?
Eso es exactamente lo que está sucediendo en Chile y es patético. ¡Justamente de ideología se trata la política! Y si, siguiendo en nuestro mundo imaginario, tenemos un sector político que avanza su proyecto de destrucción del país, aunque fue rechazado y ha hecho alianzas con una narcodictadura y sus secuaces, entonces, ¿cómo podemos entender el llamado a que los militares salgan de su cuartel?
Voy a ser malpensada porque estoy aburrida de la cerrazón, genuflexión y buenismo de quienes debiesen estar denunciando todo lo que sabemos y guardan incómodo silencio. Una imaginación muy nutrida me lleva a creer que quizás no es tan descabellado pensar que el propósito de sacar a los militares de sus cuarteles no tenga nada qué ver con la seguridad de los ciudadanos, sobre todo teniendo a la vista la indicación de la ministra Tohá a las RUF. Y es que no hay que ser muy inteligente o imaginativo para juntar algunas piezas del puzle.
Primero, si salen a la calle no tendrán respaldo político para hacer nada. Segundo, si hacen algo, terminarán presos, basta con tener a la vista el nombramiento del Presidente Boric de 95 jueces octubristas en la Corte de Apelaciones y de 12 en la Corte Suprema.
En consecuencia, si son agredidos por miembros del crimen organizado tendrán dos opciones, o se dejan asesinar o terminan tras las rejas. En otras palabras, sacar a los militares a la calle bajo este gobierno sólo puede significar una cosa: su neutralización definitiva.
Y no sería extraño, dado que, a diferencia de otros lugares del mundo, nuestras FF. AA. no han sido penetradas por esa “ideología” culpable de tantas cosas malas que hacen los niños “puros” y “buenos”, tan faltos de experiencia política.
La verdad, es que tienen el país como sartén por el mango. Solo les falta desarmar definitivamente a la población civil, saber en qué casa hay miembros de las FF. AA. y de Orden, terminar de socavar las relaciones con Israel para pasar a ser miembros de la esfera iraní -cuyos líderes están estrechamente vinculados con Bolivia y Venezuela- y el golpe de gracia: llevar a los militares al paredón que integran jueces y fiscales activistas.
Una vez neutralizados, el camino quedará libre de cualquier obstáculo para cumplir con el sueño de una “vanguardia” tan mal comprendida por el pueblo.
Lo más grave del asunto es que, quienes debiesen oponer resistencia, denunciar y hacer uso de todos los instrumentos legales de que aún disponemos, están convencidos de que el octubrismo fracasó.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
Miguel Navarro Meza, Abogado y cientista político. Académico de la ANEPE y vicepresidente del Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y Espacial.
El Mostrador, 19/03/2024
Ante la necesidad cada vez más consensuada de contar con una arquitectura de seguridad nacional, moderna y funcional, centrada en un genuino “Consejo de Seguridad Nacional”, la experiencia comparada constituye una guía para el fortalecimiento de su estructura superior de seguridad y defensa.
Los debates previos y posteriores a la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), en febrero pasado, y acontecimientos ulteriores, han reactivado la discusión en torno a la institucionalidad superior de la seguridad y la defensa en Chile.
El tema ha sido discutido antes, pero, en esta oportunidad y por razones muy atendibles, la polémica ha sido más intensa e incisiva y se ha focalizado, fundamentalmente, en la naturaleza del Cosena y sus atribuciones.
El Consejo de Seguridad Nacional está actualmente establecido y regulado en el Capítulo XII de la Constitución. En su forma original era un componente del “Poder de Seguridad”, una suerte de mecanismo de tutela sobre el funcionamiento del sistema político, pero que, objetivamente, resultaba incompatible con un régimen democrático.
En definitiva, el “Poder de Seguridad” no se incluyó en la Constitución de 1980, pero algunos componentes suyos, incluyendo el Cosena, subsistieron en su texto.
Sucesivas reformas modificaron su composición y atribuciones, proceso que culminó el 2005 con la Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050 de 2005.
En definitiva, el Cosena quedó integrado por una mayoría civil y su atribución principal es asesorar al Presidente de la República en materias vinculadas a la seguridad nacional. Además, es de convocatoria eventual, a discreción del Jefe del Estado.
Las sucesivas reformas hicieron al Cosena compatible con un sistema democrático, pero, irónicamente, lo alejaron de lo que en los sistemas políticos comparados se entiende por un consejo de seguridad nacional.
En los últimos 25 o 30 años, muchos países han creado “consejos de seguridad nacional” casi siempre con esa denominación o con una muy similar.
Las crecientes complejidades de la seguridad internacional y domésticas han cimentado la necesidad de una visión holística sobre el tema, así como la conveniencia de coordinar a la totalidad de las agencias públicas responsables y/o relacionadas con la seguridad exterior e interior del Estado.
Hoy, más de 60 países cuentan con cuerpos colegiados de este tipo en su institucionalidad superior de seguridad y defensa, incluyendo naciones tan distintas como la República Islámica de Irán, Indonesia, Grecia, el Reino Unido, Angola o Japón.
Aunque cada consejo obedece a las peculiares políticas, estratégicas e históricas del país, su análisis comparado permite identificar ciertos rasgos comunes tanto en su naturaleza como en sus cometidos y funciones, cuanto en su integración. Todo esto ha sido sintetizado en una renovada producción académica acerca de las estructuras superiores de seguridad nacional en el sistema internacional.
Desde luego se trata de organismos permanentes, con una estructura organizacional igualmente estable, ubicada en el entorno de la jefatura del Estado y/o del Gobierno.
Sus funciones principales son la estructuración de una estrategia nacional de seguridad y defensa, planificación estratégica de alto nivel, definiciones basales de política de defensa y de política exterior, coordinación interagencial de todos los entes involucrados en la seguridad nacional, externa y doméstica (la aproximación “whole-of-government”), análisis político de coyuntura y prospectiva, doméstico e internacional, además –por cierto– de asesoría al más alto nivel político, al jefe del Estado y/o de Gobierno.
Las funciones de los consejos de seguridad nacional orientan asimismo su composición. Normalmente, sus integrantes son miembros del Ejecutivo, ministros y funcionarios de alto nivel. De igual modo, pueden integrar a otros funcionarios, conforme a sus necesidades coyunturales, bajo diversas modalidades. Además, tienen una muy limitada presencia castrense como integrantes titulares, en muchos casos ninguna, aunque sí hay militares (y policías) en cometidos de asesoría.
Esto, naturalmente, se explica por la naturaleza eminentemente política de los consejos de seguridad nacional, lo que se contrapone con la condición apolítica de los militares, así como con la subordinación castrense a las autoridades civiles.
Esto mismo explica que los consejos usualmente tampoco tengan integración de miembros de otros poderes del Estado, por cuanto su presencia afectaría el principio de separación de poderes inherente al sistema democrático y, bajo ciertas circunstancias, podrían trabar su acción.
Aunque la ausencia de integrantes de los otros poderes del Estado pudiera parecer contraintuitiva, considerando los fines de coordinación interagencial de los consejos, la experiencia comparada es conteste en este aspecto por las razones indicadas.
Por otra parte, en el ámbito funcional los consejos tienen un staff permanente, ya sea de origen propio o comisionado de otras agencias públicas, o mixto. Este staff profesional proporciona la continuidad de gestión y la memoria histórica de cada consejo, de modo que su funcionamiento no se vea afectado por los cambios en sus integrantes titulares.
En muchos países, asociado al consejo de seguridad nacional existe la figura del “consejero de seguridad nacional”. Aunque sus cometidos y responsabilidades varían ligeramente de caso a caso, el consejero siempre está ubicado en el nivel más alto del Gobierno, junto al jefe del Estado y/o de Gobierno a quien asesora e informa.
De igual modo, efectúa la coordinación cotidiana en temas de seguridad nacional, política de defensa, política exterior e inteligencia. Asimismo, usualmente este consejero se desempeña como coordinador ejecutivo del consejo mismo.
Es una figura que, progresivamente, ha tomado mayor relevancia en las estructuras de seguridad nacional de muchos países, por cuanto constituye una forma ágil y funcional de asesoría al más alto nivel.
Además, el cargo de consejero de seguridad nacional es en cierto modo tributario del prestigio de quienes lo han servido en Estados Unidos, primer país en el que se instaló la figura: McGeorge Bundy, Kissinger, Brzezinski, Condeleezza Rice y varios otros, lo que ha contribuido a su difusión.
De todo lo expresado, resulta evidente que el Consejo de Seguridad Nacional del Capítulo XII de la Constitución nunca ha tenido las facultades propias ni la integración de un consejo según se entiende tal organización en los demás países. Tampoco ha existido la figura del consejero de seguridad nacional.
Todo esto ha constituido, objetivamente, un eslabón débil en la seguridad nacional, tal como ha quedado demostrado en los debates actuales acerca del Cosena. Pero ante la necesidad cada vez más consensuada de contar con una arquitectura de seguridad nacional, moderna y funcional, centrada en un genuino “Consejo de Seguridad Nacional”, la experiencia comparada constituye una guía eficaz para desarrollarla, en la medida que todo lo expresado se aplicaría en la especie a Chile en una eventual modernización.
La complejidad de la problemática de seguridad de la República hace de este ejercicio algo, diríase, casi urgente.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
Antes de usar la fuerza del Estado se debe definir exactamente el problema, identificar con absoluta claridad las amenazas y quién las materializa, diseñar la estrategia de uso de la fuerza estatal, y definir con claridad el estado final deseado.
Soy un firme convencido de que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) no están diseñadas para el orden público y la seguridad interior, pero dada la situación de inseguridad que se vive y el hecho de que a varios alcaldes les bajó la necesidad de tener apoyo militar, para manejar la crisis de seguridad que experimentan sus comunas, parece ser muy posible que el Gobierno ceda a esas solicitudes por la vía de decretar Estados de Excepción Constitucional o una interpretación legal de lo que es el concepto de protección de infraestructura crítica.
Es por eso que quiero compartir algunas reflexiones respecto de las FF. AA. que sugiero sean leídas por parte de las autoridades del Gobierno Central, delegados presidenciales, gobernadores y alcaldes, antes de emplearlas o asignarles tareas en estas materias:
Las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Dependen del Ministerio de Defensa, que está organizado y especializado para conducir a las FF. AA., y no del Ministerio del Interior.
No constituyen parte de la fuerza pública y están entrenadas para cumplir funciones distintas que aquellas asignadas a las policías. En lo único que se parecen a Carabineros es que usan uniformes, en que portan armamento letal y en que son obedientes, no deliberantes y jerarquizadas.
Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas solo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, proveyendo de una capacidad operativa al Ministerio Público y al Poder Judicial, así como para garantizar el orden público y la seguridad pública interior.
Es decir, los problemas que tenemos en seguridad pública son de su ámbito de acción.
Tal vez lo que debemos preguntarnos es por qué no están siendo capaces de resolverlos. ¿Es por falta de recursos, por restricciones impuestas por el Gobierno Central, o bien por falta de apoyo político-legal cuando se debe usar la fuerza?
Las Fuerzas Armadas están integradas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Están diseñadas, equipadas y entrenadas para actuar como unidades que aportan capacidades en forma escalable y que se integran además en forma conjunta, cuando se define un teatro de operaciones.
Están concebidas para usar la fuerza en forma abrumadora, concentrada en el centro de gravedad de un enemigo, para quebrar su voluntad de lucha. Esa capacidad abrumadora de aplicar fuerza letal, al ser demostrada, produce en la mente de un potencial adversario el efecto de disuasión. Para eso son las FF. AA.
Las Fuerzas Armadas, siendo lo que son, aportan capacidades que sirven también para otros fines. Estas capacidades solo pueden ser usadas, excepcionalmente, para fines de seguridad pública. Ello requiere que se apruebe un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia o de Sitio. No sirve la modificación constitucional que crea el concepto de protección de la infraestructura crítica. Si fuera la infraestructura la que está en riesgo, lo primero que la conducción política debe señalar en forma explícita y sin ambigüedades es quién es el enemigo que hay que derrotar. En el caso que estamos analizando, lo que está en riesgo es la seguridad de las personas y no de la infraestructura.
Liberar Carabineros que custodian infraestructura crítica para asignarlos a funciones de seguridad humana, reemplazándolos por Fuerzas Armadas, no sirve. La infraestructura crítica no está en riesgo y los policías están en lugares críticos por la seguridad de las personas y no de las instalaciones. Ejemplos: estaciones de metro o terminales de buses.
Antes de usar la fuerza del Estado se debe definir exactamente el problema, identificar con absoluta claridad las amenazas y quién las materializa, diseñar la estrategia de uso de la fuerza estatal, y definir con claridad el estado final deseado. Si ello no se hace, el problema no se va a solucionar.
Las Fuerzas Armadas no han sido muy efectivas en las tareas excepcionales que se le han asignado a la fecha, no por un problema de capacidades propias, sino porque sus tareas están mal definidas. Me explico: en las fronteras con Perú y Bolivia solo pueden detener personas y pasarlas a las autoridades respectivas. No están enfrentando enemigos, sino solo deteniendo inmigrantes ilegales.
En la macrozona sur sus atribuciones bajo Estado de Emergencia solo les permiten detener a los delincuentes que son sorprendidos cometiendo delitos flagrantes. No pueden ir más allá que eso, ya que la investigación de actividades insurgentes o delictivas sigue siendo materia del Ministerio Público y las policías. Su presencia ayuda, pero no resuelve la causa del problema. Deja feliz al Gobierno, pero la actividad insurgente no se detiene.
Lo anterior no quiere decir que no puedan usarse las Fuerzas Armadas, pero ello requiere determinar a quién se van a enfrentar y con qué propósito. Las instituciones de la Defensa están entrenadas para enfrentar enemigos y si es que declaran enemigos de Chile o como una amenaza de la seguridad nacional a organizaciones criminales, perfecto, adelante: úsenlas, pero antes, algunas recomendaciones detalladas en los puntos que siguen.
En Chile no existen grandes cantidades de soldados para ser usados en labores de seguridad pública. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea actuales son bajos en dotaciones y altos en tecnología. Eso obliga a usarlos en tareas específicas y en donde su efectividad sea maximizada. Tener claridad en las tareas a realizar ayuda a la efectividad.
Las Reglas de Uso de la Fuerza actuales o las propuestas no sirven para tareas como capturar o neutralizar a criminales con alto poder de fuego. Deben ser simples y fáciles de aplicar. Usar definiciones complejas solo favorece a los delincuentes, como también les favorece hacer público aspaviento de dónde y cuándo estarán desplegadas.
Si se van a usar, recomiendo efectuar operaciones como las que se realizan en El Salvador. Es decir: militares rodean el sector, y las policías –con uso de tecnología e inteligencia, ya sea obtenida por drones, satélites o personas– ingresan al perímetro y capturan a sus objetivos.
Las acciones de seguridad interior requieren de compromiso político, de la aprobación de las autoridades del Ejecutivo, el acuerdo del Congreso, del Poder Judicial y del Ministerio Público. La planificación de estas operaciones requiere, además, de un alto nivel de inteligencia operativa. Estamos hablando de usar la fuerza letal del Estado en territorio nacional, en medio de nuestros compatriotas. Esto es algo que las Fuerzas Armadas van a exigir, ya que tienen demasiado presente el ejemplo de Punta Peuco, o los juicios seguidos a policías, militares e infantes de marina, ya sea por tareas cumplidas en el Estado de Emergencia post estallido social, o en labores de control policial en el marco de protestas sociales en el centro de Santiago.
Dejen a militares a cargo de militares. No cometan el error de poner a cargo a personas que no saben de un tema especializado y complejo, especialmente si no están incluidos en ninguna cadena de mando. No cometan el error de nombrar ministros coordinadores o puestos ad hoc que no existen, y que lo único que producen es confusión, desorden y responsabilidades diluidas. La cadena de mando debe ser limpia y clara.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
16 de Marzo de 2024. 207 años de nuestra Escuela Militar
Fuente: escuelamilitar.cl
El próximo 16 de marzo, la Escuela Militar cumple 207 años preparando hombres y mujeres que asumen con honor el liderazgo y los desafíos que exige la profesión militar, continuando el legado de mérito, virtud y patriotismo, dejado por el General Bernardo O’Higgins Riquelme, cuando en el año 1817 fundara la Academia Militar, nombrando como su Director al Sargento Mayor Antonio Arcos y como primer cuartel, el Convento de los Agustinos, en calle del Rey, hoy Estado.
En el marco de las celebraciones por el 207 aniversario de la Escuela Militar, en el Patio de Honor del instituto se desarrollará la tradicional ceremonia de entrega de espadines, ocasión en que los cadetes vestirán por primera vez la tradicional guerrera azul. En la emotiva jornada, la promoción 2024 – 2027 recibirá de manos de sus padres el espadín, símbolo del cadete de la Escuela Militar
16 DE MARZO 1817 FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA MILITAR
El libertador General Bernardo O’Higgins Riquelme fundó junto a su Ministro de Guerra General José Ignacio Zenteno del Pozo, la Academia Militar con el propósito de formar e instruir oficiales para llenar las vacantes de los regimientos, cubrir los cuerpos de Milicias Cívicas y levantar un nuevo Ejército en caso necesario. Los primeros uniformes de la Academia Militar fueron de influencia francesa. El cadete lucía hasta la cintura una corta guerrera en su parte delantera que se alargaba ligeramente hacia atrás como una levita. Morrión alto en su cabeza ( similar al de los granaderos españoles), La primera promoción que ingresó a la Academia, estuvo formada por 102 cadetes. Varios de ellos argentinos.
1818 BATALLA DE MAIPO
La batalla de Maipú también conocida como La Batalla de Maipo, fue un enfrentamiento decisivo dentro del contexto de la Guerra de la Independencia, tuvo lugar el 5 de abril de 1818, en el sector conocido como los Cerrillos del Maipo y constituyó el bautismo de fuego para la recién formada Academia Militar. Acudieron al campo de batalla 100 cadetes a los que hoy conocemos como “Las Cien Águilas” bajo las ordenes del General O`Higgins.
1843 CAMBIO DE NOMBRE A ESCUELA MILITAR
Durante el decenio del General Manuel Bulnes Prieto (1841-1851), se cambia de nombre de Academia Militar por Escuela Militar. Período de noventa años aproximadamente de notoria influencia francesa, sin embargo, no será hasta el año 1849, cuando ello definitivamente se concrete.
1866 INFLUENCIA FRANCESA
El cadete viste largo levitón azul marino y alto quepís, que no alcanza a ser morrión como durante el período de la Independencia de Chile. Prosigue la influencia francesa en las vestimentas del cadete en los programas de enseñanza, sobresaliendo las asignaturas de Aritmética, la Métrica y la Oratoria.
1878 PRIMEROS CAMBIOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
El levitón se acorta levemente, prosiguiendo el alto quepís con “pon-pon” de color. Es un año de profunda reformulación de los planes de estudio y reglamentos insertos en un establecimiento que cada vez se hacía más estrecho de las necesidades de los alumnos que vivían internos en el cuartel.
1885 CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER CUARTEL PERMANENTE “BLANCO ENCALADA”
A lo largo de su historia la Escuela Militar ha tenido un total de nueve cuarteles, siendo la mayoría de ellos de carácter temporal. La Inauguración del nuevo cuartel ex profeso para la Escuela Militar, marca un hito para el instituto ya que sería este su primer cuartel permanente. Ubicado en las proximidades del ex Parque Cousiño y actual elipse del Parque O´Higgins, el antiguo cuartel Blanco Encalada se mantuvo estrechamente ligado al Ejército y hoy alberga al Museo Histórico y Militar.
Sin embargo, “la vieja escuela” carecía de piscina y campo de tiro para la enseñanza de las especialidades, la estrechez de espacio se hizo evidente lo que obligó a los mandos del alcázar a buscar un nuevo sitio para ubicar a la Escuela.
LA MISIÓN KÖRNER Y LA PRUSIANIZACIÓN
Los primeros oficiales alemanes llegaron en septiembre de 1885 liderados por el Capitán Emil Karl Theodor Körner Henze. Heredero de una larga tradición militar prusiana, fue comandante del Ejército de Chile con el grado de inspector general desde 1900 a 1910. Posteriormente arribaron al país, en forma paulatina, 44 instructores prusianos que formaron parte de la más capacitada oficialidad de la época.
1920 INFLUENCIA PRUSIANA
Cadete de la Academia Militar con uniforme de salida. Su guerrera azul Prusia es más sencilla respecto de la francesa. En sus pecheras ya no existen los dorados hilos y hojas de laureles parisino, bordados exclusivamente en Francia. En este periodo en antiguo cuartel de Av. Blanco Encalada, el año escolar se iniciaba con la asistencia de 216 cadetes.
1927 TRAGEDIA DE ALPATACAL
En la madrugada del 07 de julio de 1927, el tren que trasladaba a la Escuela Militar rumbo a Buenos Aires invitada por el gobierno argentino para participar en las “Fiestas Julias”, fue impactado de frente por otro convoy cerca de Mendoza. Quince militares entre cadetes, suboficiales, soldados y dragoneantes perdieron la vida .
1939 CREACIÓN DEL ESCUDO DE LA ESCUELA MILITAR
Siendo director el Coronel Arnaldo Carrasco Carrasco se oficializó por orden comando N·245 del 12 de noviembre de 1939 el escudo oficial de la Escuela Militar. El escudo que perdura hasta hoy es obra de Héctor Aravena González, profesor de arte del instituto que ganó el concurso concurso público para dotar de un símbolo representativo a la Escuela Militar
1942 PUBLICACIÓN DEL PRIMER CIEN AGUILAS
Los mandos de la Escuela estimaron pertinente crear un medio de difusión para las actividades del instituto. Es así como a el 25 de abril de ese año aparece el primer número de esta revista cuya publicación se mantiene hasta el día de hoy.
1943 PRIMERA PIEDRA DE NUESTRO ACTUAL CUARTEL
“En las afueras de Santiago” como se decía con respecto a la adquisición de la compra de terrenos en la Hacienda de las Condes, más propiamente el fundo “San Luis” que la componía, se asentó el segundo cuartel ad hoc para el funcionamiento de la Escuela Militar.
1944 CREACIÓN DEL HIMNO DEL CURSO MILITAR
El subalférez Enrique Astaburuaga Pumarino, compuso la letra recogiendo en ella parte importante de la heroica historia de las “Cien Aguilas” , el arreglo musical lo hizo el Suboficial Mayor Santiago Mekled Mortus quien adaptó para el himno la marcha alemana “Fuego de Artificio”.
1945 PRIMERA OLIMPIADA DE ESCUELAS MATRICES
Se integra por primera vez la Escuela de Aviación a la competencia deportiva celebrada año a año desde 1939 entre la Escuela Militar y la Escuela Naval. Entre los días 22 al 30 de septiembre de 1945 se desarrolló esta competencia Inter-Escuelas matrices apuntada a fortalecer los lazos de camaradería y amistad entre los cadetes militares, navales y aéreos.
1955 TRASLADO AL ACTUAL CUARTEL
Entre 1955 y 1958, al mando de su Director Coronel Ricardo Lecaros, abandonó definitivamente el cuartel de Blanco Encalada para instalarse en su nuevo edificio de Las Condes. El cambio implicó espacios más grandes, áreas verdes y campos deportivos dentro de la propia Escuela. Sus salas de clases y laboratorios hicieron del establecimiento uno de los mejores del país.
1965 CAMBIO EN EL PLAN DE ESTUDIOS
Durante los años sesenta y de acuerdo a las nuevas tendencias en materia de educación, la Dirección de Instrucción del Ejército y el Ministerio de Educación aprueban un nuevo plan de estudios que contemplaba un primer ciclo secundario-preuniversitario de tres años y un segundo ciclo a nivel universitario de dos años.
1971 INAUGURACIÓN DE LA PISCINA Y EL MUSEO
Siendo Director el Coronel Alberto Labbé Troncoso se inauguró la piscina olímpica exterior y el Museo del instituto. Es precisamente en el Museo donde se conservan algunas notables piezas históricas como la Bandera Chilena que flameo en la batalla de la Concepción.
1976 FINALIZA CONSTRUCCIÓN MONUMENTO A O´HIGGINS
El Padre de la Patria y fundador de este plantel custodia nuestro plantel desde su sitial de honor en el frontis del instituto, junto a el arde la “Llama de la Libertad” .
1978 CRISIS DEL BEAGLE
La tensión vivida en 1978 ante la crisis del Beagle llevó a Chile a vivir una de las situaciones más cercanas a la guerra que se vivieron en siglo XX. Los efectos del conflicto se sintieron también en la Escuela Militar que aumentó sus vacantes de ingreso de 200 a 400 alumnos y se modificó el plan curricular potenciando aún más la instrucción de combate.
1979 DONACIÓN DEL PREDIO DE PICHICUY
La Escuela Militar recibe en donación el predio de Pichicuy por parte de la Corporación de la Reforma Agraria. Es precisamente en este terreno donde hasta nuestros días la Escuela realiza sus principales actividades de instrucción en terreno.
1990 CREACIÓN DEL BATALLÓN GERMANIA
La Escuela Militar crea el “Batallón Pampa Germania” que formaba parte del Curso Especial Adelantado de Estudiantes (CEAE) destinado a que estudiantes secundarios cumpliesen con su Servicio Militar como también a incentivar a los jóvenes a seguir la carrera militar. Durante un periodo de instrucción de 8 meses los Soldados Estudiantes recibían formación militar, valórica y física.
1995 LA MUJER EN LA ESCUELA MILITAR
Los primeros días de febrero el Alcázar recibe a las primeras mujeres en la historia del plantel, asumiendo a partir de este momento la responsabilidad de formar a las futuras Oficiales de Ejército. Este año y luego de pasar con éxito los respectivos exámenes médicos, físicos y académicos propios del sistema de admisión, las primeras 20 reclutas femeninas comienzan su proceso formativo.
1997 EXTENSION DE LA CARRERA MILITAR PARA LAS MUJERES
A partir de este año se modifica el “Estatuto Administrativo de Personal de las Fuerzas Armadas” extendiendo la carrera para las mujeres hasta los 30 años de servicio y creando una vacante especial para ellas en el grado de Coronel.
2001 PLANTEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Cambios en la malla curricular y el proceso de modernización del Ejército, convierten a la Escuela Militar en una institución de educación superior que entrega una licenciatura en Ciencias Militares. A partir de esta fecha se debe ingresar con 4to medio y con la PAA o PSU rendidas.
2005 PLANTEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Pionera entre los institutos formadores de oficiales en las Fuerzas Armadas. Acredita pregrado en Licenciaturas en Ciencias Militares y área de gestión institucional, ante la Comisión Nacional de Acreditación.
2005 ÚLTIMO BATALLÓN GERMANIA
En diciembre del 2005, en una solemne ceremonia, se acaba el CEAE licenciando a Soldados Estudiantes por última vez en la Escuela Militar tras 15 años formando jóvenes en los valores del mérito, virtud y patriotismo. Muchos de ellos ingresaron a la Escuela como cadetes o siguieron sirviendo en el Ejército a través de la Reserva Militar.
2007 MUJERES SE INTEGRAN A LA FILA POR PRIMERA VEZ
El año 2007 y por primera vez en la historia del Instituto, las cadetes femeninas dejaron de conformar una unidad de formación aparte y pasaron a integrar las escuadras de fusileros vistiendo pantalón, casco y mochila al igual que sus camaradas varones.
2010 BICENTENARIO DE CHILE
El Bicentenario de Chile tuvo como fecha el 18 de septiembre de 2010. Su celebración conmemoró los 200 años del inicio del proceso de independencia de Chile, con la Primera Junta Nacional de Gobierno el 18 de septiembre de 1810, que luego de casi ocho años, acabaría transformando a Chile en un país libre e independiente. La celebración correspondió a diversas actividades y planes nacionales que se fueron preparando con varios años de anticipación.
2015 ACREDITACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR
Desde mayo de 2015 hasta mayo de 2020 se acreditó el pregrado de la carrera de Oficial de Ejército.
16 de marzo de 2017 BICENTENARIO DE LA ESCUELA MILITAR
En una trascendental ceremonia encabezada por S.E la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, acompañada del Comandante en Jefe del Ejército, General Humberto Oviedo Arriagada, se conmemoraron los 200 años de vida de la Escuela Militar del Libertador Bernardo O´Higgins Riquelme.
El emotivo acto incluyó la tradicional ceremonia de entrega de espadines a los cadetes de primer año y la imposición por parte de S.E de la condecoración “Presidencia de la República” a los estandartes de combate.
En esta especial celebración participaron también nueve delegaciones internacionales, representadas por las escuelas matrices de sus Ejércitos además de personal de las escuelas de Naval, Aviación y Carabineros. Cabe destacar que todas estas se unieron al desfile conmemorativo que selló la ceremonia con la compañía de cadetes recién ingresados a la Escuela Militar.
La Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional, saluda con especial atención a todos quienes fueron parte de estos 207 años vistiendo el uniforme de las Cien Águilas y hace un emotivo recuerdo a quienes ya partieron a formar parte de la Legión de Honor que desde lo alto iluminan a nuestra Escuela Militar y al Ejército de Chile.
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
