Categoría: Seguridad y defensa

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

                                                                               TEXTO AUTOBIOGRÁFICO DE EXTENIENTE OJEDA NARRA                                                                             TORTURAS VIVIDAS EN CAUTIVERIO EN VENEZUELA

Mesa de noticias de El Mostrador, País, 03/03/2024

Relata asfixia y aplicación de electricidad durante su detención en 2017, acusado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro. También era colgado de una pared durante horas, o que le sumergían la cabeza en un balde con agua “para que hablara y dijera algún testimonio” específico.

Un texto autobiográfico del ex teniente de la Guardia Nacional Bolivariana Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y posteriormente hallado muerto en Santiago, narra una serie de torturas que sufrió durante su cautiverio en Venezuela, acusado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro, informó el diario La Tercera.

Se trata de un documento de 185 páginas que narra su detención ocurrida el 25 de marzo de 2017, acusado de traición, mientras se desempeñaba en el estado de Apure, al sur de Venezuela, y su fuga en noviembre de ese mismo año.

Según Ojeda, el día de su arresto fue llevado a un aeropuerto abandonado, donde fue sometido a diversas torturas, a manos de militares de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) venezolana.

Cuenta que lo subieron a un avión que inició vuelo. Durante el mismo, lo amenazaron con lanzarlo al vacío, le rociaron gas pimienta en el rostro y lo asfixiaron con una cuerda amarrada a su cuello.

Luego le aplicaron electricidad “para ver si con eso lograban alguna respuesta. Sesiones interminables donde ataban los cables a los extremos de mis orejas, en los dedos meñiques de las manos, en los tobillos. Rociaban la capucha negra con agua, para evitar que entrara oxígeno”.

El avión aterrizó en Caracas, donde las torturas continuaron en un centro de detención de la DGCIM. Allí además escuchaba como eran torturadas otras personas.

“Las descargas eléctricas se convierten en una práctica rutinaria al momento de hacerte hablar. Comienzan con leves sesiones, que aumentarán progresivamente dependiendo el grado de información que le suministres. (…) La asfixia mecánica y golpes con barras metálicas envueltas en esponja es para demostrarte que la ley allí no existe. Los cuartos oscuros y celdas aisladas tienen como fin dominar tu mente, llevarte al conflicto interno para asumir la autoculpa, el autoseñalarte como victimario; decirle al sistema que aceptas lo impuesto como flagelo por el pecado cometido”.

También era colgado de una pared durante horas, o que le sumergían la cabeza en un balde con agua “para que hablara y dijera algún testimonio que ellos querían que repitiera”. Asimismo, a sus familiares le dijeron que había sido detenido por corrupción.

Finalmente, estuvo detenido hasta noviembre de 2017, cuando escapó junto a otros ex militares de sus captores durante un traslado, como relata en el texto.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                 

                                                                             Imposición del Orden y la Seguridad
                                                                              Por una vez digamos la verdad. (3)

Fernando Thauby García

El Plan Cuadrante de Carabineros de Chile para la Seguridad Preventiva (PCSP) es un Sistema de vigilancia por sectores (cuadrantes) iniciado el año 2.000, donde se desarrollan acciones preventivas y procedimientos, en un área cuya vigilancia corresponde a una Unidad específica de Carabineros con el propósito de obtener más eficiencia en el accionar policial y acentuar la relación de trabajo directa con los habitantes y organizaciones sociales de cada cuadrante.
Apunta directamente al corazón del problema: aumentar la sensación de seguridad de los ciudadanos.
La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y otras organizaciones de interés público, destinada a asegurar su convivencia y desarrollo pacífico; la erradicación de la violencia; la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y en general evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. Este es también el primer y vital órgano de obtención de informaciones que alimenta al Organismo de Inteligencia del Ministerio del Interior.
La seguridad ciudadana, es un concepto amplio que incorpora los valores del Estado social y democrático; yendo más allá de forzar a los ciudadanos a la obediencia de la norma, sino que a garantizar la calidad de vida de los mismos.

Ver artículo completo en el siguiente enlace:Orden y Seguridad (3) (2)

Un aporte de nuestro Pas presidente Humberto Julio Reyes

 

                                                          “UN RÉGIMEN QUE VIOLA DERECHOS HUMANOS”: OPOSICIÓN                                                                            ENDURECE TONO CON MONSALVE POR SUSCRIBIR CONVENIO  CON                                                                                                         VENEZUELA

Alonso Vatel y Pedro Rosas

La Tercera, 27/02/2024

Aunque en su momento la derecha celebró el viaje del subsecretario del Interior a Caracas, ahora cuestionaron el escrito al que adhirió con el gobierno de Nicolás Maduro. En el oficialismo, por otro lado, acusaron aprovechamiento político.

“Ximena Rincón ha logrado que gobierno le proporcione convenio de colaboración policial con Venezuela. Inaceptable la firma de un convenio de este tipo con una dictadura, para, por ejemplo, entregar información biométrica y decidactilar de venezolanos residentes en Chile”. Eso publicó, a las 23.01, en su cuenta de X el secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado.

Así, el dirigente planteó sus cuestionamientos a los detalles del texto suscrito -en enero pasado- entre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y las autoridades de Venezuela, tras el secuestro del teniente (R) opositor de ese país, Ronald Ojeda.

Aunque la oposición celebró el convenio cuando el gobierno lo adhirió, ahora las críticas apuntan principalmente al contenido del escrito respecto a intercambiar “información biométrica y decidactilar, con finalidades investigativas” para “lograr una identificación eficiente y expedita de personas de nacionalidad venezolana en Chile, y chilena en Venezuela, que sean presunta o conocidamente vinculadas con hechos delictivos”.

Así como la “actualización de los listados de prófugos de la justicia compartidos entre las partes, con la consiguiente implementación de alertas fronterizas activas”.

Si bien el origen de los reparos suscitaron a raíz de la publicación de La Razón de Venezuela -férreo opositor al régimen de Nicolás Maduro-, que señaló que este convenio “abrió las puertas” a la inteligencia de Caracas en Chile (lo que fue categóricamente negado por Monsalve), lo cierto es que las críticas ahora apuntan a por qué se firmó un acuerdo con un régimen considerado como una dictadura.

La presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, profundizó en este punto y señaló que “nos parece totalmente grave la colaboración policial suscrita entre el gobierno de Chile y de Venezuela. Creemos en la idea que tenía el Ejecutivo chileno para combatir el crimen organizado, pero -y según ha reconocido el propio Presidente Gabriel Boric- estamos tratando con una dictadura, con un país con una democracia fallida, autoritario según clasificaciones internacionales”.

Y agregó: “Emplazamos al gobierno a responder la pregunta que todos nos hacemos: ¿Es correcto entregar este tipo de información a un régimen que viola constantemente los derechos humanos de sus ciudadanos? Si el gobierno no quiere ser cómplice del régimen de Maduro, tiene que preocuparse de garantizar los derechos de los refugiados y asilados en nuestro país”.

Su par de Amarillos, el diputado Andrés Jouannet-quien integra la comisión de Seguridad de la Cámara Baja- acusó al gobierno de “secretismo” y criticó que se firmen convenios con dictaduras.

El excanciller Roberto Ampuero calificó de “ingenuo” el acuerdo suscrito y apuntó sus dardos a Monsalve, quien fue la cara visible del Ejecutivo en la firma del convenio. “Las policías que son parte de dictaduras, como la venezolana, como la cubana, como la nicaragüense, como la de Corea del Norte, son estrictamente político-ideológicas. Esta separación de que este es un trabajo técnico-policial solamente, a mí me preocupa demasiado viniendo del gobierno de Chile, y me parece que es muy ingenuo”, dijo a El Líbero.

Y agregó: “A mí me sorprendió mucho la teoría del subsecretario Monsalve, al decir que hemos acordado compartir información. Disculpe. Alguien que cree que una dictadura como la venezolana comparte información de inteligencia policial con un gobierno como el de Chile, que obviamente no es de su agrado, es que tiene una película poco clara con respecto a lo que significan las policías internacionales”.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Francisco Chahuán (RN), indicó a este medio que Chile Vamos le va a pedir una reunión a la ministra del Interior sobre el caso. “Espero que Chile esté cumpliendo con la obligación de dar adecuada protección a aquellas personas que se encuentran en calidad de refugiados, como sería el caso del teniente coronel y eso implica dar todas y cada una de las condiciones de seguridad”, precisó.

Desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado Diego Schalper (RN) agregó que ofició a Monsalve, a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y al director nacional de la PDI para saber “qué información ha requerido Venezuela en el marco de ese convenio y qué información ha entregado Chile”, para así “terminar con las especulaciones”.

“Cualquier convenio que celebre el país nunca puede estar sobre los tratados internacionales en materia de derechos humanos que resguardan a las personas que tienen asilo en otros países y por lo tanto hay que evaluar y verificar si es que se hubiese entregado información de esa naturaleza, efectivamente estaríamos en una cosa extremadamente grave”, señaló.

En la misma línea se expresó la diputada de esa comisión, Ximena Ossandón (RN), quien dijo que “el subsecretario Monsalve y la Cancillería fueron poco diligentes al promover el acuerdo entre Chile y Venezuela para información e intercambio de prófugos de la justicia. Es sabido, y así lo han respaldado todos los organismos internacionales, que en Venezuela existe prisión política, tortura y serios atropellos a los Derechos Humanos”.

Por su parte, el diputado Stephan Schubert (Ind.-rep.) indicó que es importante que el Ministerio del Interior aclare si se ha compartido información de refugiados o asilados políticos: “Ese punto debe ser explicado por qué se consignó un punto como ese en el documento porque, repito, fue suscrito con una dictadura y que tiene disidentes y, por lo tanto, es un punto sensible”.

Mientras que Rojo Edwards (Ind.- ex Rep.) señaló que “Chile debe denunciar y retirarse de inmediato del acuerdo de cooperación policial con Venezuela. Porque no se firman tratados de cooperación policial con bandas de criminales como lo es la narcodictadura de Maduro” y emplazó a Monsalve a “entregar los detalles de este acuerdo y si hablan de un “eventual” secuestro en suelo chileno, no pueden calificar de sinsentido la petición de información realizada desde la oposición”.

Oficialismo acusa aprovechamiento político. En el oficialismo, en todo caso, salieron a reaccionar rápidamente. Y, en línea con lo dicho por La Moneda, pidieron no sacar provecho políticos.

El excanciller de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, precisó que “es absurdo insinuar que el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda se ejecutó con la supuesta aquiescencia de la autoridad chilena” y que “sugerir que el gobierno de Chile consintió o, más aún, participó en la comisión de un crimen a una persona a la cual se le había otorgado refugio, me parece disparatado”.

El diputado y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Tomás De Rementeria (PS), por su parte, aseguró que “el convenio es algo que todos buscábamos, todos dijimos que había que establecer relaciones de esa índole con Venezuela para poder combatir el crimen organizado de origen venezolano que se ha instalado en Chile”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

                                                                       LAS EXPLICACIONES DE MONSALVE SOBRE VENEZUELA QUE                                                                          AGUDIZAN LAS CRÍTICAS EN LA ANTESALA DE CITA CON LA                                                                                                                     OPOSICIÓN

Martín Browne y Nicolás Quiñones

La Tercera PM, 28/02/2024

El subsecretario, este miércoles, generó más interrogantes sobre su viaje a Venezuela luego de decir que el convenio para enfrentar el crimen organizado no está activo.

Este miércoles, a las 17.30, las directivas y los jefes de bancada de la UDI, RN, Evópoli, Demócratas y el Partido Republicano llegarán hasta La Moneda para reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tohá; el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve; el ministro de Justicia, Luis Cordero, y la ministra de Defensa, Maya Fernández.

El fondo del encuentro será recibir información sobre el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y las medidas del gobierno para enfrentar una situación que se ha convertido en el principal flanco del Ejecutivo en la última semana de febrero.

Los partidos que asistirán a la cita enviaron cuatro oficios a los distintos secretarios de Estado para aclarar las acciones nacionales e internacionales del gobierno y también resolver interrogantes que, consideran, no han sido bien explicadas desde La Moneda.

Una de ellas es el convenio que firmó el subsecretario Monsalve en su viaje a Venezuela el pasado 17 de enero para buscar políticas para enfrentar el crimen organizado, luego de postergarlo durante semanas.

El gobierno ha tenido que dar explicaciones, en más de una oportunidad, por ese escrito. Las razones de los cuestionamientos son varias, entre ellas, por haber firmado un documento en materia de seguridad con un régimen que es considerado como una dictadura.

El lunes, Monsalve se vio obligado a desmentir un artículo del medio venezolano La Razón, el que acusaba al gobierno chileno de que el secuestro de Ojeda se dio en el marco del convenio que firmó el subsecretario en Caracas.

“Es una total mentira”, dijo el socialista. Y agregó: “El acuerdo firmado tiene un solo fin, y vuelvo a mi función que es la lucha contra las organizaciones criminales. De todos es conocido que hay organizaciones criminales de origen venezolano en Chile. El convenio tiene un solo fin, además es un convenio de colaboración policial. Por lo tanto, no es un convenio de colaboración política”.

Pero las aclaraciones del subsecretario continuaron, ya que este miércoles aseguró, en una entrevista en Radio Duna, que el convenio no está activo.

“Este convenio dice que las instituciones, porque es un convenio de colaboración policial, y dice que ambos países tienen que nombrar sus contrapartes y que solo opera el convenio una vez que los países nombran sus contrapartes. Para nombrar las contrapartes nosotros teníamos que terminar la tramitación con la Cancillería, para que se firmara una resolución que le da vigencia legal al convenio en Chile. Y Venezuela también tiene que tramitar algo parecido y tiene que firmar un decreto para poder implementar el convenio. Venezuela todavía no firma el decreto, Chile firmó la resolución hace unos días. Por lo tanto, ni Chile ni Venezuela han nombrado las contrapartes”, explicó.

La versión fue inmediatamente cuestionada por la oposición, ya que en el convenio sale explícitamente que tiene vigencia de cinco años. “Se hará efectivo en la fecha de su firma”, dice el escrito, el cual no señala como requisito que para que esté activo se debe designar a las contrapartes.

“Es insólito que hoy el gobierno nos diga que el acuerdo de cooperación policial con Venezuela no está en vigencia, después del show mediático que realizaron para su firma hace solo un mes. Más allá de todas las mentiras que nos han dicho, Chile debe renunciar a continuar con ese acuerdo que implicaría que tendríamos que entregar información a la dictadura de Maduro sobre opositores políticos que ellos denominan criminales”, dijo el senador Rojo Edwards (exrepublicano).

Su par de la UDI Iván Moreira manifestó que “es hora de que el gobierno entregue explicaciones y que sean satisfactorias al respecto de lo que se sabe del secuestro, pero también respecto de los alcances de este acuerdo con la dictadura de Maduro. No era para permitir el envío de venezolanos, hoy se nos dice que es solo un acuerdo policial y que aún no está operativo. El gobierno debe entender la incertidumbre que generan estos secuestros y que hay en la población un miedo tremendo”.

El subsecretario, de hecho, iba a salir a explicar su declaración realizada durante la mañana, luego de una reunión por el próximo “super lunes 4 de marzo”, pero finalmente optó por mantener el silencio hasta la tarde.

De todas formas, en La Moneda reconocen que Monsalve no se expresó de la mejor manera, ya que lo que quería decir, según aclararon, es que si bien el convenio está vigente y activo, aún Venezuela no ha presentado a la contraparte para que pueda empezar a ejecutarse.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, por su parte, salió a respaldar a Monsalve. “Cuando el subsecretario Monsalve preparó ese viaje, la oposición lo celebró. Y todo el mundo tenía perfectamente claro de qué es lo que estábamos hablando. Ahora, vincular ese acuerdo de cooperación policial que es relevante para el país (…) a este delito, me parece que hay un trecho muy grande y creo que no contribuye mucho al foco que todos debiéramos tener, que es aclarar lo más pronto posible este delito”, dijo el abogado.

La titular de la Segegob, Camila Vallejo, por su parte, indicó que “el subsecretario Monsalve ha sido bastante claro en desmentir tajantemente estas acusaciones o especulaciones malintencionadas que se hicieron respecto a este acuerdo que se da en el marco de combatir la inmigración irregular, la delincuencia y el crimen organizado. En segundo lugar, con mayor razón, es que no está vigente porque están en trámite algunos procesos administrativos”.

Previa de la oposición. En la antesala del encuentro, las directivas de Chile Vamos se encontraban coordinando lo que esperaban abordar esta tarde con el Ejecutivo. Dirigentes comentan que lo primero que quieren enfatizar es que consideran “grave” el asunto, por las presuntas vulnerabilidades que podrían quedar en evidencia.

Además, esperan que se aclaren las afirmaciones de Monsalve. Sobre eso se le pedirá mayor detalle al subsecretario.

También esperan requerir información de las acciones conjuntas contempladas para la ejecución del convenio, el rol de las policías y por qué no se consultó previamente al Congreso Nacional.

Asimismo, los partidos de Chile Vamos buscan conocer qué tipo de información ha solicitado Venezuela. Además, se pretende cuestionar que todavía no haya respuestas a algunas interrogantes sobre el caso y también qué tipo de medidas se pueden hacer para asegurar el buen estado de los refugiados políticos en Chile.

Durante este miércoles en radio Agricultura, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, sostuvo que se pedirá también información “para ver de qué manera hacemos que esta situación tenga puntos de inflexión concretos en los próximos meses”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

                                                                         LA DGCIM, LA UNIDAD DE CONTRAINTELIGENCIA ACUSADA                                                                         DE  PARTICIPAR EN EL SECUESTRO DEL TENIENTE OJEDA

Carlos Basso Prieto, Unidad de Investigación de El Mostrador

27/02/2024

Sindicada por un expolicía como responsable del secuestro en Chile del teniente Ronald Ojeda, su subdirector es el general Carlos Carvallo, quien estudió en la Anepe y en la Academia Superior de Carabineros, entre 2007 y 2008. Está acusado de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

El 22 de enero pasado, el teniente coronel Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, escribió en su cuenta de Instagram que “no vamos a permitir ninguna conspiración venga de donde venga”, agregando que “ante cualquier intento desestabilizador nos van a encontrar”.

Las palabras del oficial se insertaban en un posteo más largo, que parte con una foto de perfil suya, en la cual se alcanza a apreciar su atípico aspecto: a diferencia de lo que es habitual en los militares, él lleva el pelo muy largo, lo mismo que la barba.

Salvo la casaquilla mimetizada con el logo de la DGCIM (un “kranos”, como se llamaba el yelmo de los espartanos), viste de civil, igual que los veintitantos hombres que él indica que estaban ese día en una “reunión de trabajo con todos los jefes de grupos de la Dirección de Asuntos Especiales de la DGCIM en Rechazo a todas las actividades conspirativas develadas en los últimos meses, apoyo irrestricto al Comandante en Jefe Nicolás Maduro, a nuestro alto mando militar y a nuestra fiscalía general”.

La fecha no es menor. Ese día, el fiscal general de ese país, Tarek William Saab, dio a conocer la existencia de lo que denominó el plan “Brazalete blanco”, el cual consideraba un atentado contra una brigada del Ejército, un atentado contra el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, y el magnicidio de Nicolás Maduro y del ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Saab indicó que había (a esa fecha) ocho detenidos, comandados por el excapitán de Ejército Ángelo Heredia (que fue detenido el 14 de diciembre del año pasado) y que en el plan participaban, además, la inteligencia colombiana, así como la Drug Enforcement Agency (DEA) y la Central Intelligence Agency (CIA) de Estados Unidos.

En la misma conferencia de prensa, fue exhibido un video de Heredia, en el cual este decía que había viajado desde Estados Unidos hasta Cúcuta y que la intención era entrar en forma clandestina a Venezuela, aseverando que “con las personas que yo iba a ingresar era el primer teniente Ojeda, el sargento Pérez y el sargento Angulo”.

Además de anunciar que habría nuevas detenciones, el jefe del Ministerio Público venezolano dijo que “no habrá contemplaciones jurídicas contra aquellos que tienen una soberbia de poder que los ha enloquecido”, como se indica en la web de la propia institución.

Posterior a ello, el régimen de Venezuela publicó un listado con los nombres de los implicados en la conspiración, incluyendo el del exteniente 1°Ronald Ojeda Moreno, de 32 años, de quien nada se sabe desde el miércoles pasado, cuando cuatro sujetos vestidos como oficiales de la PDI lo secuestraron en medio de la noche desde el departamento en que vivía en la comuna de Independencia, en calle El Molino 1775.

El poder dentro del poder. En dicho contexto, el posteo de Granko tuvo casi 2.500 “likes” y comentarios como “que vea el mundo cómo brilla la luz del pueblo de Bolívar” o “DGCIM, somos defensores de la revolución y escudo protector de FANB”, en referencia a las Fuerzas Armadas Bolivarianas.

Ese comentario explica el verdadero sentido de la existencia de la DGCIM, entidad que hoy está en el ojo de la tormenta, luego de que el exoficial de la antigua policía judicial venezolana Iván Simunovis denunciara, por redes sociales, que Granko y la DGCIM estaban detrás del secuestro que, de hecho, se dio a conocer por medio de ese posteo.

En efecto, la DGCIM, creada como tal en 2011, es un organismo de contrainteligencia; es decir, su función es investigar las actividades de infiltración dentro de las Fuerzas Armadas, equivalente en dicho sentido a lo que es (en Chile) la contrainteligencia de la misma PDI o las unidades de asuntos internos en las instituciones castrenses.

Sin embargo, posee características muy especiales y en muy poco tiempo se ha convertido en un poder dentro del poder, entre otras cosas porque depende directamente de Nicolás Maduro. Existen al menos dos informes de derechos humanos que lo señalan como una de los principales entes vinculados a la violación de estos en Venezuela, y sus principales líderes han sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.

Un detalle nada menor es que uno de ellos, el general de división Carlos Ramón Enrique Carvallo Guevara, conoce muy bien Chile, pues junto a otros dos oficiales del Ejército venezolano, en 2008, hizo el curso de oficial graduado de la Academia de Ciencias Policiales (Acipol) de Carabineros y, un año antes, estudió en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe), dependiente del Ministerio de Defensa.

La Anepe dijo a El Mostrador que en ella Carvallo cursó el diplomado introductorio a los estudios de seguridad y defensa, entre abril y junio de 2007, cuando era mayor de la Guardia Nacional Bolivariana.

El Departamento de Comunicaciones de Carabineros, en tanto, confirmó a El Mostrador los estudios realizados por Carvallo en la institución, aseverando que fue becario y que lo anterior se efectuó en virtud de “los convenios internacionales que tenía ese año el gobierno de Chile con Venezuela”.

Cabe mencionar que, además de él, ese año hubo a lo menos otros dos oficiales venezolanos estudiando en la institución, entre ellos Danny Ferrer Sandrea, actual viceministro de Servicios para la Defensa de Venezuela.

Por cierto, actualmente Carvallo es, además, presidente de la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez), dedicada al reciclaje y exportación de chatarra.

El espartano. Pese a tener un rango mucho menor que el de Carvallo, sin lugar a dudas que el personaje más reconocible de la DGCIM es Alexander Granko (primero de izquierda a derecha en la foto principal).

En una actitud muy poco común para quienes cumplen labores de inteligencia, efectúa frecuentes comentarios en redes sociales. Tiene 49 mil seguidores en Instagram, 2 mil en X (red social en la que no escribe desde 2022) y casi mil 500 en TikTok.

Existen numerosas fotografías de él y en su cuenta de Instagram cuenta aspectos de su vida personal –recientemente se graduó como “doctor en seguridad ciudadana”, por parte de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)–, pero además difunde una marca de ron que lleva el logo de la DGCIM, así como al equipo deportivo infantil-juvenil llamado “Team Espartanos”, que él dirige.

También postea cinematográficos y bien realizados videos sobre las funciones de la DGCIM, con música épica y su figura como protagonista, en muchos de ellos. Asimismo, reproduce videos con propaganda estatal acerca de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, así como respecto de la anexión de la zona del Esequibo.

La explicación para tantas licencias, muy exóticas en el mundo de la inteligencia –comenta un exfuncionario del área, un chileno que lo ha estudiado y que pide reserva de su nombre–, reside en el hecho de que Granko es el hombre de mayor confianza de Nicolás Maduro, la que se ganó poco a poco.

Una de sus primeras asignaciones fue haber sido escolta de una de las hijas de Hugo Chávez. Luego de ello, como capitán, se integró a la DGCIM, convirtiéndose en el ayudante de su actual director, Iván Hernández Dala.

Pero su mayor credencial se la ganó en enero de 2018, cuando comandó el operativo en que fue asesinado el expiloto policial Oscar Pérez, que medio año antes se levantó en armas contra la dictadura de Maduro y protagonizó varios incidentes, incluyendo un vuelo en helicóptero sobre Caracas y el asalto a un pañol militar.

Según un reporte de la misión internacional de Naciones Unidas sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia del Estado de Venezuela, “Granko Arteaga dirigió y dio instrucciones personalmente en esta operación junto con Franco Quintero, Director de la DEIPC en ese momento”, en referencia a la otra rama de la DGCIM, la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas.

El mismo informe señala que, según testigos que prestaron declaración ante la comisión de Naciones Unidas, Granko “es cercano al presidente Maduro y hay alegaciones de que ha reportado directamente al presidente”.

Hacia 2022, fecha de emisión de dicho documento, Granko había sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, por “las graves violaciones de los Derechos Humanos de los detenidos en la DGCIM, cometidas por él y otros funcionarios bajo su mando”.

Naciones Unidas, en tanto, dice que “la Misión ha recibido pruebas de que, entre 2017 y 2022, Granko Arteaga ordenó, supervisó y participó directamente en arrestos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, torturas, incluida la violencia sexual, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Además, indica la ONU, “Granko Arteaga posee importantes propiedades y está implicado en el tráfico de armas y en la extracción ilegal de minerales en el estado de Bolívar”.

El Mostrador envió un mensaje a Granko, a fin de conocer su versión respecto de las acusaciones en su contra, pero este no ha acusado recibo del mismo.

Los otros casos. Otro caso en el cual se acusa a la DGCIM fue el secuestro del también exteniente del Ejército venezolano Franklin Caldera Cordero, quien –de acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– desertó en enero de 2019, pidiendo asilo político en Colombia, pero en febrero de 2021, según el mediowww.runrun.es, fue capturado en Cúcuta por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la única guerrilla propiamente tal que sigue activa actualmente en Colombia, la cual se lo entregó posteriormente a la DGCIM.

Tras ello Caldera fue internado en la cárcel de Ramo Verde, la misma donde estuvo preso y fue sometido a torturas el exteniente Ojeda, que junto a otros oficiales escapó en un traslado de penal, luego de lo cual llegó a Chile, en 2018.

Otra operación en la que distintas fuentes acusan la mano de la DGCIM es la desaparición del piloto de la aviación venezolana Helímenas Labarca Soto, quien derribó dos aviones del chavismo durante el intento de golpe de Estado protagonizado por Hugo Chávez en 1992.

Labarca, quien se había refugiado en Miami, fue detenido en 2008, acusado de participar en un complot contra Chávez y luego de varios años en prisión fue liberado. Sin embargo, en julio de 2021 desapareció misteriosamente. Su vehículo fue encontrado abierto, en las inmediaciones de la zona donde residía (un suburbio de Miami) y hasta la fecha no se ha vuelto a saber nada de él.

Fuentes de inteligencia consultadas por El Mostrador indican que la DGCIM efectúa operaciones en toda América y que posee varios agentes activos (hombres y mujeres) en todos los países del continente, incluyendo Chile, que operan en conjunto con el Servicio de Inteligencia (Sebin) venezolano.

La estructura. El director de la DGCIM es el mayor general Iván Hernández Dala (tercero de izquierda a derecha en la foto principal), quien en 2014 era jefe de la guardia presidencial, es decir, es quien está a cargo de la protección del presidente de Venezuela y su familia. Ese año Maduro lo puso además al mando de la DGCIM, sin que dejara el otro cargo.

Según los testimonios recogidos por la ONU, “el presidente Maduro es quien da las órdenes directas a Hernández Dala, las que se transmiten en persona o por teléfono, nunca por escrito”, a tal punto que (dice el mismo documento) Hernández pasa parte de su tiempo en la sede de la DGCIM, en el sector de Boleíta, y otra parte en el palacio presidencial.

Al igual que Granko, enfrenta una serie de sanciones internacionales por su papel en la represión de militares y exmilitares.

El subdirector de la DGCIM, Carlos Carvallo (al centro, en la foto principal), desde agosto de 2020 es el exalumno de la Acipol y la Anepe, quien según la Unión Europea, previo a dicho cargo “sirvió en la región de Los Andes y ocupó un alto cargo en la Guardia Nacional Bolivariana”. La UE también lo sindica como “responsable de graves violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela cometidas por agentes de la DGCIM bajo su mando”.

Otro personaje importante en la institución es el jefe de la DEIPC, el general de brigada Carlos Terán Hurtado, sobre quien también pesan varias sanciones.

Los informes de DD.HH.. Recientemente, Alexander Granko dictó un curso para periodistas y en redes sociales se lo ve explicando que la DGCIM es un organismo joven, “recién fundado”, aseverando que la idea era que los periodistas conozcan la entidad, pues “queremos quitar esa estigmatización que han hecho a la DGCIM”.

Con ello aludía a los informes de la ONU que han denunciado a la DGCIM. Uno de ellos dice que la DAE, dirigida por Alexander Granko, está en realidad fuera del organigrama normal y que, además de ser “la fuerza de choque” de la agencia, es “una DGCIM dentro de la DGCIM”.

Un exempleado de ella la describió como la unidad encargada “del trabajo sucio”, aseverando además que “tanto la DEIPC como la DAE han estado implicadas en actos de tortura, incluida violencia sexual, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración, según han manifestado personas que estuvieron detenidas y otras fuentes. Los agentes de las dos Direcciones colaboraron en ocasiones durante las operaciones, en particular en casos de gran repercusión”.

El mismo reporte confirma que los servicios de inteligencia cubanos fueron los que instruyeron a los agentes de la DGCIM.

El mismo documento califica a la DGCIM como “una fuerza paramilitar separada”, que cuenta con financiamiento que proviene de fuentes ilegales (según una fuente que entrevistó la misión de la ONU).

Respecto de la DAE, el documento indica que posee unos 300 oficiales, cuyos principales objetivos son “los oficiales militares que son vistos como potenciales disidentes” y que muchos de ellos “supuestamente estaban involucrados en intentos de golpes de Estado para derrocar al régimen de Maduro”, pero que, además, en algunos casos “se actuó contra ciertos oficiales debido a que se perfilaban como líderes, representaban potencialmente una amenaza para el poder, denunciaban irregularidades dentro del Ejército o del Gobierno o simplemente eran abiertamente críticos del Gobierno”.

Asimismo, la DGCIM es acusada de infiltrarse en la oposición política, de detener a personas que efectuaron críticas públicas al Gobierno y también de detener a civiles, por los mismos motivos, así como a los parientes de sus blancos.

Según la ONU, el padre del teniente Caldera estuvo secuestrado cinco días en dependencias de la DGCIM, siendo torturado con “asfixia con barriles de agua, descargas eléctricas, golpes en las costillas y goteo de agua toda la noche. Durante ese tiempo, agentes de la DGCIM intentaron obtener información sobre el paradero de su hijo”.

Aunque no se menciona a Chile, el reporte dice que la DGCIM tiene agentes en países como Colombia y Panamá, “para reunir información y capturar a disidentes reales y percibidos que eran buscados por el Gobierno venezolano”, asegurando que, además de ello, la entidad envía “a sus agentes a las embajadas venezolanas en el extranjero para recabar información”.

Además de todo ello, según Naciones Unidas, la DGCIM posee 17 recintos secretos en los cuales se detiene a personas en forma ilegal y se aplican torturas que han incluido violaciones y mutilaciones de genitales. Se han documentado 122 casos de víctimas de torturas, violencia sexual y/o tratos crueles por parte de la DGCIM entre 2017 y 2019. Aparte de ello se sindica a esta como la responsable del secuestro, torturas y desaparición en contra del excapitán Rafael Acosta.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

                                                                       EXDIRECTOR DE INTELIGENCIA DEL EJÉRCITO: “EL                                                                                            SECUESTRO DEL TENIENTE (R) OJEDA FUE REALIZADO POR UNA                                                                  UNIDAD ESPECIALIZADA CON ALTOS GRADOS DE PREPARACIÓN”

Víctor Rivera

La Tercera, PM, 27/02/2024

En general (R) Guillermo Paiva -quien también fuera jefe del Estado Mayor Conjunto- advierte que quienes se llevaron al exmilitar ejecutaron un plan “perfecto”. “Desde la hora de ingreso al departamento, sus movimientos, y también el escape, no deja nada al azar”, señala, y advierte que “en Chile no hay un sistema de Inteligencia que funcione de manera conjunta”.

A casi una semana del secuestro del teniente (R) Ronald Ojeda, ni la Fiscalía, ni policías, ni menos en el gobierno saben qué fue lo que pasó con el exmilitar venezolano.

Las hipótesis se mantienen abiertas, y según reconoció la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, en T13 Radio, “hay una víctima que está secuestrada que tenemos que dar con ella, tenemos que entender cuál es la dinámica de este secuestro, quién está detrás, por qué se hizo”.

En esa línea, son tres las hipótesis que se barajan en la investigación que lleva adelante el fiscal regional Sur, Héctor Barros: Una operación de la inteligencia venezolana, un autosecuestro o un ajuste de cuentas por parte del crimen organizado.

En todas estas hebras investigativas se están haciendo diligencias, incluida la revisión de las cámaras para detectar a los autores del hecho.

Es que los movimientos de quienes perpetraron el secuestro desde el departamento de Ojeda, en Independencia -se ha podido establecer la participación de cuatro en el edificio-, hacen sospechar a los investigadores que hubo un “trabajo de campo” previo realizado por los delincuentes.

En eso coincide, por ejemplo, el exdirector de Inteligencia del Ejército general (R) Guillermo Paiva.

El exalto oficial dice que ninguna tesis se puede descartar, porque se trata de un caso complejo, aunque advierte de entrada que “esto no fue al azar, ni lo realizó gente inexperta. Esto fue calculado”.

Paiva, en 2013 fue comandante del Regimiento de Inteligencia del Ejército Nº 1 “Soberanía”; en 2015, jefe del Departamento III de “Contrainteligencia”, y en 2017 fue director de Inteligencia.

En 2021, en tanto, fue designado como jefe del Estado Mayor Conjunto. “Si bien no puedo abordar materias que por ley no se pueden revelar, sí puedo hacer un análisis de lo que he podido revisar”, dice a La Tercera.

¿Cuál es la particularidad de este caso, cree usted? Viendo las imágenes se puede detectar que quienes hicieron este trabajo pertenecen a un unidad especializada, porque vestían y se movían de una manera particular. Estaban caracterizados con un tipo de pantalón, portaban arietes para abrir la puerta, botas de determinado color, todo se ve calculado.

El secuestro del teniente (R) Ojeda fue realizado por una unidad especializada con altos grados de preparación.

¿Preparación de qué tipo? Especial, con conocimiento de cómo se ejecutan este tipo de secuestros, que no son como comúnmente se ven. Esto es distinto.

Por ejemplo, el tiempo y espacio en que lo ejecutan: cuando salen del ascensor de inmediato giran con seguridad, no dudan, se nota que hubo una investigación previa. Sabían, además, que la víctima estaría ahí. No fue un golpe fallido.

Se ve que lo sacan con las manos por delante… Sí, pero va amarrado, está inmovilizado. Está completamente reducido, además, con un abrazo por sobre el cuello, además de las amarras. Otro elemento que da cuenta de una preparación es que lo sacan prácticamente desnudo, no permiten que se vista, ni que se ponga nada en los pies. Eso hace, además, que en caso de que quiera escaparse sea más difícil para él.

¿Y el equipamiento que usan? Vi que van con un arma de puño, pero además con chalecos y cascos blindados. El tipo de bota también es especial, no son botas comunes. Son tipo policial o militar.

Lo otro que llama la atención es que usan la cantidad de gente exacta: cuatro. Uno menos, es difícil, uno más, es un exceso. Más de cuatro no se necesitan.

Lo que podría ser un error es el escape en un auto que después no queman, ni eliminan, pero ahí hay otro acierto: según lo que se ha conocido en los medios de prensa, aún no hay grabaciones.

No hay imágenes de cuando dejan el auto, lo que también revela que no lo dejaron botado de manera improvisada. Eso también se pensó. Sin duda esto lo hace una unidad preparada y equipada.

¿Por qué la inteligencia, militar, policial, o de la ANI, no puede prevenir que esto ocurra? Mire, no fue posible tener información antes del estallido social, menos ocurrirá ahora, tomando en cuenta la cantidad de extranjeros que hay en Chile. Es muy difícil que una agencia pueda estar en alerta, a menos que haya existido un aviso previo para practicar algún tipo de vigilancia, pero de lo contrario es muy complejo.

Pareciera que siempre la contingencia apunta a mejorar la inteligencia, pero no mejora, ¿por qué ocurre eso? Si, pero esto sirve de experiencia, porque ahora, creo yo, se deberían estar tomando las prevenciones correspondientes con los militares venezolanos que están en Chile.

Ellos deben ser protegidos por parte del Estado de Chile, deben tener una protección, porque este caso nos da cuenta que hay gente acá que está dispuesta a llevar a cabo una delito de este tipo. Ya pasó una vez, y no sabemos por qué, entonces, no puede volver a ocurrir.

¿Pero por qué el sistema de inteligencia no mejora? Es que en Chile no hay un sistema de inteligencia conjunto. Postestallido social se intentó hacer algo, pero no prosperó. Hay un problema en las confianzas dentro de los servicios de inteligencia. Todos funcionan de manera aislada.

Las FF.AA., por ejemplo, son excelentes en su ámbito, que tiene que ver con la seguridad nacional, pero yo desconozco cómo funciona la inteligencia policial. No podría decir si funcionan bien o mal.

¿Los servicios de inteligencias de las FF.AA. deben colaborar en este caso? Si está comprometida la seguridad nacional, sí, pero si estamos en presencia de una operación planificada del crimen organizado, no. Eso les compete únicamente a las policías.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel