CONSTITUCIÓN: ¿CARTA MAGNA O PIÑATA? por Gerardo Varela (El Mercurio) —LA CONVENCIÓN DEBE DETENERSE por Cristián Warnken (El Mercurio)—-SUMA URGENCIA A AMNISTÍA. El Mercurio, Editorial
Las opiniones en esta columna son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión.
“Como va esta Constitución distará mucho de ser una Carta Magna y parecerá una piñata llena de un generoso botín de cargos, beneficios y privilegios a repartir entre indígenas, amigotes y compañeros”.
Hay oportunidades en que es muy difícil escribir porque no hay temas interesantes. Ahora, en cambio, me siento como un zancudo en un campo nudista: no sé por dónde empezar.
Primero, la jefa de protocolo con un tocado de plumas en el traspaso de mando. ¿Nadie le explicó que, desde los faraones, su función en el cargo es pasar desapercibida?
Después, doña Izkia quien, combinando arrojo con des criterio, fue a dialogar a la comunidad Temucuicui donde la recibieron con el mismo cariño que le prodigarían a Johannes Kaiser en una marcha de “Las Tesis”.
Qué decir del Presidente Boric que generó un incidente diplomático culpando al rey de España por el atraso del traspaso de mando, cuando al pobre lo tuvieron media hora esperando en el auto, mientras la jefa de protocolo probablemente se arreglaba el tocado.
Pero todo eso sería tragicómico si no fuera porque lo que realmente importa es la Convención Constituyente. Es ahí donde se está destruyendo el pasado y dinamitando nuestro futuro. Si seguimos así, en el futuro no seremos Venezuela, ¡vamos a querer veranear en Venezuela!
| “Como va esta Constitución distará mucho de ser una Carta Magna y parecerá una piñata llena de un generoso botín de cargos, beneficios y privilegios a repartir entre indígenas, amigotes y compañeros”. |
La historia se mueve a partir de 3 fuerzas: los personajes, las ideas y los incentivos económicos (mal conocido como el afán de lucro). Ningún personaje ni grandes ideas van a generar tracción si no hay incentivos que despierten la ambición y codicia que inspira el afán de enriquecerse.
La reforma protestante tuvo personajes como Lutero o Enrique VIII e ideas inspiradoras como los avances científicos, los descubrimientos geográficos y el incipiente nacionalismo. Pero todo esto agarró tracción cuando romper con el papado permitía apropiarse de los bienes de la Iglesia, avanzar en la revolución científica que llevaría a la industrial y participar en la conquista y comercio del Nuevo mundo que el Papa había reservado para España y Portugal (Bula Inter caetera).
Ídem en el debate educacional. Tenía los personajes (Gabriel, Camila y Giorgio), la épica ideológica (educación gratuita, diversa, inclusiva y de calidad para todos -nada nuevo-); y, finalmente, los intereses económicos (el lucro): las municipalidades tenían desfinanciados sus colegios por la migración de niños a los subvencionados y las universidades tradicionales amenazadas por la competencia privada. Así, a muchos les convenía apoyar el movimiento juvenil para dificultar el crecimiento de la educación privada.
Si a eso le agrega que los padres tenían la oportunidad de endilgarle el costo de la educación de sus hijos al resto de los chilenos, la mesa estaba servida para salir todos a marchar.
La discusión constitucional arrancó con personajes muy conspicuos y terminamos con algunos impresentables, que hacen ver a Garay como un filántropo y a Putin como un humanista.
Partió con una épica muy republicana, la de una casa para todos. Pero ha ido deviniendo en un arreglín de toma y daca con un trasfondo de codicia muy poco solemne. Los convencionales parecen creer que la Constitución es una piñata llena de tesoros. Los indígenas quieren territorios y maritorios que explotar y donde cobrar impuestos e impartir justicia.
La Pachamama viene con derechos de pesca, minería, bosques y plantaciones. Las feministas agarraron aborto ilimitado y gratuito. Los activistas multiplican la burocracia (asambleas legislativas y territoriales, múltiples sistemas de justicia, etc.) que viene llena de cargos y asesorías para apitutarse. Y los vivitos de siempre inventan cargos que, en un momento del tiempo, tienen poder de vida o muerte sobre un patrimonio (como el poder del portero del banco a las 2 de la tarde) que decidirán a quién le dan el agua, las minas o un permiso para emprender.
Son los que se inspiran en la máxima: “No me den, póngame donde haiga”. Como decía PJ O’Rourke: “si los políticos se hacen cargo de la compra y la venta, los primeros que se ponen en venta son ellos”.
En fin, como va esta Constitución distará mucho de ser una Carta Magna y parecerá una piñata llena de un generoso botín de cargos, beneficios y privilegios a repartir entre indígenas, amigotes y compañeros.
FFuente: CONSTITUCIÓN: ¿CARTA MAGNA O PIÑATA?SUMA URGENCIA A AMNISTÍA. El Mercurio, Editorial. Gerardo Varela. El Mercurio, Columnistas, 19/03/2022
LA CONVENCIÓN DEBE DETENERSE
El Mercurio, Columnistas, 24/03/2022
Un amigo y consejero, al que suelo consultar cada cierto tiempo, me regaló esta frase memorable de François Mitterrand, Presidente de Francia, quien, al ser presionado por su círculo de asesores a responder de un tema sobre el que todos estaban opinando y ante el cual el líder guardaba inquietante silencio, dijo: “por ahora, lo más urgente es no hacer nada”.
Me parece que debiéramos pegar en nuestra solapa o llevar en uno de nuestros bolsillos esa máxima en estos tiempos en que todos opinan de todo en todas partes, o se abalanzan a buscar una cámara o un micrófono, y para qué decir en las redes sociales.
La espera, o el silencio, pueden ser más eficaces que el hiperactivismo. Ese es uno de los principios del milenario “Arte de la guerra” chino.
Venimos saliendo de un gobierno en el que su Presidente se desesperaba por aparecer e intervenir en todos los frentes, como si esa “sobrepresencia” fuera de verdad presencia.
¿Pero puede estar presente en algo quien quiere estar simultáneamente en todas partes?
El nuevo gobierno también ha pecado, a su manera, de esta sobreexposición y atolondramiento. Son muy pocos los políticos que saben callar y esperar. El no-hacer permite observar desde una distancia reflexiva para “rumiar” decisiones importantes.
| Este hiperactivismo refundacional y experimental no nos va a lleva a una sociedad más armónica. |
La buena política se cocina a fuego lento (aunque a algunos no les guste la cocina). Un Presidente es el que debiera tener más tiempo para pensar que el resto de su gobierno.
En la época de la monarquía, los reyes iban siempre rodeados de una corte de acompañantes que les inventaban actividades y distracciones para que no se aburrieran. Pascal, en el siglo XVII, hablaba del “rey sin divertimientos”. Un rey entretenido y sobreexpuesto no es un rey atento.
La ministra del Interior acaba de sufrir en carne propia las consecuencias de decisiones tomadas apresuradamente, cuando decidió internarse acompañada de una comitiva excesiva y con la máxima publicidad en un territorio de esos que algunos en la Convención se apresuran con mucho entusiasmo en declarar “autónomos”.
Para de verdad urdir una estrategia eficaz que pueda dar buenos resultados en La Araucanía, hay que trabajar con sigilo y con tiempo. Tal vez, eso sea muy difícil para una nueva generación acostumbrada a la instantaneidad, en que los dedos nunca descansan (acariciando pantallas) y la mente corre el riesgo de fragmentarse e intoxicarse con el exceso de información.
Todos corremos ese riesgo hoy. Nos vamos convirtiendo en flujos de información nosotros mismos y lo que más necesita nuestro tiempo hoy no es información (sobra y está en todas partes), sino sabiduría. Sobre todo de quienes tienen que dirigir los destinos de un país.
Ese es el peligro más grande de la Convención: se votan cada cinco minutos artículos muy importantes y el hiperactivismo de los convencionales y la obsesión de muchos de ellos de incluir todas las demandas y remediar todas las injusticias los está llevando a redactar un texto sobrecargado de disposiciones, a veces lleno de incongruencias que ninguna comisión de armonización podrá corregir.
El papel lo aguanta todo, pero este hiperactivismo refundacional y experimental no nos va a llevar a una sociedad más armónica. Pensar bien requiere “calma y tiza”. Nadie puede pensar bien en un acelerador de partículas.
La Convención corre el riesgo de convertirse en un acelerador de artículos constitucionales. No basta con pedir más tiempo. ¿Qué pasaría si la Convención se detuviera y se declarara en estado de silencio y escucha, y entendiera que la verdadera urgencia es “no hacer —por ahora— nada”?
Por querer hacerlo todo y cambiarlo todo, no seremos más eficaces en superar las injusticias e inequidades de nuestro país.
Nos falta un Lao-Tsé en el Palacio Pereira. Y también en La Moneda. Un consejero taoísta como al que suelo acudir cuando mis urgencias me impiden pensar, y vivir.
, 24/03/2022
El proyecto de ley de amnistía de los delitos cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020 “en el contexto de las manifestaciones o desórdenes públicos acontecidos en el país con ocasión de las revueltas sociales”, ha vuelto al primer plano noticioso debido a la decisión del Gobierno de imponer al Congreso su discusión inmediata. Sectores que apoyaron e hicieron posible el triunfo electoral en diciembre han cuestionado esta determinación por razones políticas.
El Ejecutivo tiene potestades para indultar en cada caso a quienes resulten condenados y, por otro lado, todo indica que la aprobación del proyecto en el Congreso es muy difícil. Al establecer la discusión inmediata, el Ejecutivo no hace más que traspasar al Poder Legislativo —y en este caso al Senado, donde está radicada la iniciativa— los costos políticos de un rechazo y evitar el enorme desgaste, también político, que implicaría el otorgamiento de indultos nominativos.
Todos estos cálculos de conveniencia, legítimos, pero de corto alcance, así como la retórica algo trillada con la que se aboga a favor y en contra del proyecto, amenazan con ocultar el abismo del cual surge esta propuesta y que, al mismo tiempo, separa a sus impulsores de sus detractores.
En primer término, el proyecto asume que los autores de los delitos en cuestión son en su mayoría “jóvenes que han vivido en la pobreza o en la marginalidad social, que han sido históricamente vulnerados en sus derechos humanos y carentes de protección social”. Esta condición haría cuestionable la “exigencia formalista de una conducta socialmente adecuada” que el sistema político y judicial, una entelequia sin alma e incapaz de toda empatía, les viene ahora a reprochar.
| El cálculo político no debe ocultar lo inaceptable de los argumentos con que se pretende fundamentar esta iniciativa. |
El proyecto se funda, en segundo lugar, en que los delitos se cometieron “en un marco anormal de graves y masivas violaciones a los derechos humanos”. Estas vulneraciones habrían sido perpetradas por las fuerzas policiales y militares, por lo que algunos delitos cometidos en su contra constituirían “ejercicio legítimo del derecho a la protesta social, a la legítima autodefensa frente a las agresiones masivas y graves del Estado y sus funcionarios contra la población civil”.
En tercer lugar, la amnistía se justificaría porque contra los detenidos por los delitos en cuestión se habrían abierto múltiples procesos penales, en los cuales se produjeron “abusos y vulneraciones a las garantías procesales de las personas imputadas, lo que ha significado la privación preventiva de la libertad en plazos injustificados que no tendrían lugar en circunstancias de normalidad”.
Algunos personeros que hoy ocupan cargos importantes en el Gobierno han denunciado, en este sentido, la existencia en Chile de “prisión política”.
Ningún entusiasmo retórico puede justificar este tipo de afirmaciones. La primera implica que una parte de la población imputable del país carece del estatus personal suficiente para ser responsable de sus actos, y que el Estado de Derecho opera a su respecto como un simple mecanismo de represión.
La segunda califica en general como gravísimo y sistemáticamente delictivo el proceder de las fuerzas armadas y de orden, ante el cual los beneficiarios de la amnistía únicamente habrían reaccionado de un modo proporcional.
El tercer fundamento descalifica en bloque el trabajo del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, y los acusa nada menos que de subvertir los fines de protección y garantía que justifican su propia existencia.
De ser efectivos estos fundamentos, la ley de amnistía no pasaría de ser el maquillaje de un Estado fallido y descompuesto hasta sus mismas bases.
Afortunadamente, no lo son. El derecho penal y el resto del ordenamiento jurídico chileno contienen todas las herramientas necesarias para hacerse cargo de los defectos de culpabilidad de un imputado y de los abusos en que puntualmente puedan incurrir los funcionarios en cumplimiento de sus funciones.
La ley de amnistía es superflua y solo puede justificarse recurriendo a una propaganda que tergiversa la realidad.