CRIMEN ORGANIZADO: RAÍCES PROFUNDAS
El Mercurio, Editorial, 01/02/2023
El incremento de la delincuencia en general y del crimen organizado en particular no es una sensación o percepción, sino una realidad. Así lo demuestran las cifras de los organismos competentes.
En los últimos 9 años ha crecido en forma sostenida el número de homicidios, de 481 en 2013 a 910 en el año 2022; de entre ellos, hoy son también muchos más los que se cometen con armas de fuego. Cada vez más homicidas consiguen escapar de la acción de la justicia (desde un 19 % en 2013 a un 32 % en 2015, según las cifras de la Fiscalía).
En el mismo período, ha bajado a la mitad la tasa de recuperación de los vehículos robados, mientras crece exponencialmente el número de quienes están imputados al mismo tiempo por delitos de drogas y homicidio, lo cual es consistente con el incremento también exponencial de la incautación de marihuana, desde poco más de 20 toneladas en 2015 a más de 50 toneladas en 2021.
Un 36 % de las personas consultadas en un estudio de Fundación Paz Ciudadana se encuentra mediana o altamente expuesto a manifestaciones concretas del crimen organizado (narcofunerales, ajustes de cuentas, secuestros, enfrentamientos entre bandas, cierre de pasajes y otras formas de uso del espacio público por bandas o grupos criminales).
Es imposible exagerar la importancia del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que acaba de entrar en funcionamiento.
Estas cifras ya no son meras señales de alerta sobre algo que viene, sino, igualmente, expresión de una realidad ya instalada. Las causas profundas de este estado de cosas son relativamente fáciles de identificar, pero culturalmente difíciles de aceptar: la crisis de la institución familiar, la consiguiente pérdida del sentido de autoridad y comunidad, un ostentoso materialismo y, particularmente, la degradación de la educación, entre otras.
El incremento de la demanda por drogas de distinto tipo es una consecuencia de este sustrato cultural —un individualismo bastante primitivo y materialista, pero que se presenta como reivindicación de la autonomía—, y a ella sigue una serie de manifestaciones delictivas que alimentan el crimen organizado.
Sin embargo, la aceptación de las causas mencionadas parece estar aún lejos de producirse. Más lejos todavía se halla la identificación y adopción de las medidas idóneas para hacerles frente, cuya implementación tardará además varias generaciones.
Entre tanto, la comunidad política debe aprender a lidiar con los síntomas y suplir con recursos y creatividad las carencias para conseguir un mínimo de responsabilidad personal y cohesión social.
Esto pasa con toda seguridad por un replanteamiento de la educación preescolar y escolar, en todos los segmentos sociales, donde la educación cívica y la formación en los hábitos de convivencia social deberían ocupar un lugar central.
Para que esto sea posible, sin embargo, es crucial asegurar que la educación preescolar y escolar alcance a la totalidad de los niños y adolescentes del país con una calidad a lo menos mediana. Ello implica entre otras cosas realizar un esfuerzo enorme para recuperar a los que han abandonado el sistema o no se han integrado aún a él, y para permitir el desarrollo de formas variadas de provisión de educación, y de todos los servicios asociados a ella, rechazando toda forma de mesianismo estatal y de panaceas estandarizadas.
Una dimensión clave de esta profunda reforma a la educación es la atención a los niños y adolescentes que están en riesgo de presentar conflictos con la justicia o que ya los han presentado.
Es imposible exagerar la importancia del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que acaba de entrar en funcionamiento. En las manos de la justicia de familia y de esta institucionalidad se encuentra parte del futuro del país, pues los efectos deletéreos directos e indirectos del contacto temprano con la droga y la delincuencia son incalculables.
Hay muchas medidas indispensables para hacer frente a la proliferación del crimen organizado, desde mejorar la capacidad investigativa de la Fiscalía y las policías hasta el combate contra la informalidad. Pero ninguna se compara con la profunda recuperación educacional que Chile necesita.
Un aporte del director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional