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Destacados del editor Jueves, 29 de mayo de 2025
“Queremos buscar una solución, pero hay mucha angustia de funcionarios que se sienten amenazados”.
Las palabras son de José Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Pero no son de los últimos días, a raíz del escándalo por los 25 mil funcionarios públicos que salieron de Chile mientras estaban con licencia médica, sino de octubre de 2020, cuando el país asistía a otra controversia sobre trabajadores estatales: en plena pandemia, el Servicio de Impuestos Internos (SII) reveló que 37.100 de ellos habían cobrado el bono clase media —aporte de $500 mil que el gobierno del presidente Sebastián Piñera dispuso para quienes habían perdido sus empleos o sufrido una reducción de sus ingresos por los estragos del covid-10 en la economía nacional— sin cumplir los requisitos para ello.
Tal como acontece hoy, las reacciones de hace cinco años se enfocaron en el anuncio de sumarios administrativos y en la apertura de una investigación penal por parte de la fiscalía.
En ese marco, el SII habilitó mecanismos para que los involucrados devolvieran el dinero. Muchos lo hicieron rápido ante la expectativa de ser indagados por la fiscalía, pero hasta ahora no ha sido posible conocer públicamente el resultado de los sumarios.
Felipe Ramos Hajna
Un aporte de nuestro socio Raúl Godoy Casas Cordero
Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no refleja necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional