Mientras en otras situaciones las autoridades hacen oídos sordos a todos los argumentos esgrimidos para que se respete el Estado de Derecho en Chile, en este caso se cede a las presiones de quienes lo han violentado y lo desconocen, invocando derechos ancestrales.
La huelga de hambre declarada por 32 comuneros mapuches ha desencadenado una rápida respuesta por parte del Gobierno con miras a modificar la Ley Antiterrorista y el Código de Justicia Militar.
Con diligencia digna de mejor causa, se legisla al revés, modificando las normas vigentes a objeto se adapten a una demanda de discutible legitimidad.
¡Envidiable eficiencia!
Pero nos parece que en lo equivocado.
Mientras en otras situaciones las autoridades hacen oídos sordos a todos los argumentos esgrimidos para que se respete el Estado de Derecho en Chile, en este caso se cede a las presiones de quienes lo han violentado y lo desconocen, invocando derechos ancestrales.
¿Hasta dónde se llegará por este camino?
Paralelamente, las declaraciones de un terrorista que cumple pena en el extranjero han obligado a reactivar la causa por el asesinato del Senador Jaime Guzmán Errázuriz (QEPD).
Después de 19 años en que los hechores materiales han permanecido impunes y los autores intelectuales ignorados, se enciende una luz de esperanza para aclarar este crimen odioso y cobarde.
Lo anterior se une a la denuncia de la Fiscalía Colombiana relativa a los nexos entre la guerrilla de las FARC y el inefable Partido Comunista, cuyo brazo armado, el FPMR, realizara innumerables actos de violencia, incluso durante los gobiernos de la Concertación.
Los dirigentes de este último partido piden explicaciones.
Sin comentario.
¿Y qué hay de las armas internadas ilegalmente por Carrizal Bajo y que nunca han sido encontradas?
¿Habrá algún día similar diligencia para buscarlas?
2010-09-04