EL MAL DISEÑO DE MUCHAS DE LAS POLÍTICAS SOCIALES
SE HA DEJADO SENTIR CON ESPECIAL FUERZA EN ESTE
PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN.
El Mercurio, Editorial – 04/02/2025
La reconstrucción comprometida en la Región de Valparaíso presenta un atraso considerable. Hace poco, ese retraso impresentable le costó la salida al director regional del Serviu, un funcionario político.
Esto último es parte del problema: se trata de tareas que requieren capacidades altamente profesionales y con una experiencia demostrada en gestión de proyectos complejos, pero los ministros políticos, salvo excepciones, se resisten a avanzar en esta dirección.
Tal falta de compromiso con un Estado moderno, como demuestra este caso, termina siendo muy costosa para las personas, pero también, en lo que no deja de ser una paradoja, para los propios gobiernos. En este caso, ello es evidente.
De hecho, los alcaldes y parlamentarios oficialistas de la zona han cuestionado severamente a la autoridad central. Mientras tanto, las responsabilidades políticas no se hacen sentir en plenitud, afectando a funcionarios con menos respaldo partidista. Y así, las instituciones públicas siguen perdiendo legitimidad.
Sin embargo, hay además otras razones para el retraso en esta reconstrucción. Una principal es el mal diseño de muchas de las políticas sociales, lo cual en estas iniciativas se deja sentir con especial fuerza. A ello se suma la identificación del proceso de reconstrucción con la “canasta” de políticas sociales existentes, tratándolo, en general, de la misma forma.
Pero en el instante en que un gobierno se compromete a reconstruir las viviendas afectadas, en la práctica anuncia que está actuando como un asegurador de ellas. No parece razonable, entonces, aplicar criterios propios de la política regular de vivienda para aprobar o negar apoyos. Además, en estas circunstancias la autoridad debe revisar desde un inicio el carácter que van a tener las iniciativas que propondrá a los afectados.
La confusión y la falta de flexibilidad que ese tratamiento equivalente genera han contribuido, por un lado, a demoras que no son fáciles de resolver y, por otro, a propuestas no convencionales que buscan solucionar la tardanza en la reconstrucción por la vía de un engaño.
Un ejemplo típico del primer tipo de problemas se origina frente a casos que requieren la construcción simultánea de dos o más viviendas (por ejemplo, cuando se trata de construcciones pareadas), pero donde una de las partes afectadas por el incendio tiene una casa adicional. Aplicando los criterios “puros” de la política social, esa parte no tendría derecho al subsidio implícito que significa la reconstrucción.
Pero esa mirada no tiene sentido si el Estado, al haber prometido una reconstrucción, está actuando como asegurador. En esa circunstancia los criterios habituales de la política social no deberían aplicarse, atendida la promesa realizada. Por cierto, aquí la persona más afectada es aquella que no tiene una vivienda alternativa.
Un segundo caso, reportado el fin de semana por el diario Las Últimas Noticias, se refiere a la situación de mujeres cuyos maridos tienen una vivienda a su nombre y, por tal razón, no se las considera merecedoras del apoyo en la reconstrucción. El argumento nuevamente es que tendrían una vivienda alternativa. En esta circunstancia, la extensión de los criterios de la política social es aún más discutible, toda vez que refleja poco respeto por la autonomía de la mujer.
En las políticas de vivienda estos criterios son especialmente notorios por el tamaño relativo de los subsidios, pero también están presentes en otras políticas sociales. Ello ha invitado a comportamientos oportunistas.
Es así como en los últimos lustros se ha detectado la “desaparición” de muchos hombres de los hogares. Este fenómeno no es realmente un abandono, porque ellos no “aparecen” en otros hogares, produciéndose así una reducción en su número.
Es un asunto tan ampliamente conocido que, en el reportaje mencionado, la recomendación de los funcionarios era separarse para aumentar la posibilidad de recibir el apoyo por reconstrucción.
Por supuesto, se trata de una acción éticamente cuestionable que, además, afecta la identidad familiar. Todo esto, al tiempo que el prestigio de las instituciones estatales y de las reglas que ha acordado el país se deteriora aún más. Es un ejemplo de texto de cómo políticas públicas mal diseñadas y peor implementadas tienen consecuencias dañinas para la convivencia social.
Tal falta de compromiso con un Estado moderno, como demuestra este caso, termina siendo muy costosa para las personas, pero también, en lo que no deja de ser una paradoja, para los propios gobiernos. En este caso, ello es evidente. De hecho, los alcaldes y parlamentarios oficialistas de la zona han cuestionado severamente a la autoridad central. Mientras tanto, las responsabilidades políticas no se hacen sentir en plenitud, afectando a funcionarios con menos respaldo partidista. Y así, las instituciones públicas siguen perdiendo legitimidad.
Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel