Cuando el 19 de octubre, tras dos jornadas de violencia en el contexto del inicio del estallido social, el Presidente Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia, los efectivos de las Fuerzas Armadas que se desplegaron en las calles lo hicieron sin un reglamento específico sobre la forma en que debían actuar que les sirviera de guía y al mismo tiempo de respaldo legal.
Aunque fue el ministro de Defensa, Alberto Espina, quien comunicó al comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, que los militares debían asumir el control del orden público, el Mandatario decidió conversar también con el jefe militar para explicarle su determinación, inédita desde el retorno a la democracia.
Las primeras tensiones entre los militares y el Ejecutivo comenzaron a evidenciarse esa misma madrugada, en la casa de Martínez, hasta donde llegaron -entre otros- el resto de los comandantes en jefe de las FF.AA. y Espina.
En las conversaciones estuvieron sobre la mesa los riesgos que implicaba para las ramas armadas lidiar frente a eventuales provocaciones o ataques de civiles sin disponer -a diferencia de Carabineros- de elementos intermedios de disuasión. A ello hay que agregar la evidente carga histórica que tenía para el país el despliegue de los militares en las calles.
Tras nueve días a cargo del control del orden público, los jefes de las FF.AA. tenían un claro diagnóstico de sus deficiencias, lo que implicó una serie de conversaciones con Defensa y La Moneda ante la eventualidad de que se decretara una vez más el estado de emergencia en el país.
Las “Reglas de Uso de la Fuerza” (RUF), dictadas en 2012 por el Ministerio de Defensa para regular el trabajo de las Fuerzas Armadas en medio de catástrofes naturales y diseñadas para escenarios de cooperación con la ciudadanía y no de enfrentamiento social, de poco o nada servían.
Sobre la marcha y a falta de algo mejor, los mandos militares que asumieron el control de las zonas de emergencia debieron adaptar la circular de Carabineros 1832, dictada el 1 de marzo pasado por el general director de la policía uniformada, Mario Rozas.
Un reglamento que no conocían -desde fines de los años 80 que las instituciones castrenses sacaron de sus mallas curriculares el tema del control del orden público-, por lo que debieron enseñarlo rápidamente. Cada mañana antes de salir a terreno, durante los nueve días que se extendió el estado de emergencia, los jefes de unidad debían leerlo a sus tropas. Y aún más grave, la circular no se adaptaba ni al armamento ni al entrenamiento militar.
La circular sobre uso de la fuerza de Carabineros establece cinco niveles de cooperación o resistencia de los ciudadanos e igual número de acciones de respuestas por parte de los uniformados, los que van escalando desde la disuasión por presencia de los efectivos en el lugar hasta el uso potencial de armas letales, las que deben emplearse basados en los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad.
El problema es que, a diferencia de las policías, los militares no disponen de armamento disuasivo (bastones, gases lacrimógenos, carros lanzagua, dispositivos sonoros), sino material de guerra cuya finalidad es generar el mayor daño posible, lo que hace prácticamente inviable el tema de la proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Desde entonces, los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas han presionado al gobierno para que se dicte a la brevedad una nueva RUF y han manifestado la incomodidad de las instituciones castrenses ante la posibilidad de que se les obligue a salir nuevamente a las calles en medio de la crisis social sin que exista una orden clara respecto de lo que se espera que hagan los uniformados y nuevas reglas de operación.
En particular, por las potenciales consecuencias que trae para los uniformados cualquier actuación que termine en vulneración de derechos de los ciudadanos.
El viernes 22 de noviembre, las Fuerzas Armadas entregaron o más bien sugirieron -como se denomina en jerga militar- al Ministerio de Defensa una propuesta de una nueva RUF.
Según algunas fuentes que conocieron las conversaciones, el documento enfatizaba que la respuesta por parte de los militares a una agresión no podía ser proporcional, sino que siempre sería superior, algo que debía considerarse a la hora de evaluar las medidas de exención penal para los uniformados, por cuanto se cumplirían las condiciones normales que establece la ley para calificar un acto de legítima defensa.
Otras fuentes niegan que la propuesta haya sido tan drástica. En todo caso, esta fue desechada, generando con ello una nueva incomodidad en la relación entre los comandantes en jefe y el Ejecutivo, en momentos en que el Presidente Piñera plantea sacar nuevamente a los militares a las calles, esta vez a resguardar infraestructura crítica.
“El viernes (22 de noviembre) los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas enviaron al Ministerio de Defensa un proyecto de reglamento de uso de la fuerza, sobre la base de que el uso de la fuerza por parte de la autoridad no puede ser proporcional, porque de esa manera solo se empata con los violentistas. Pongo un ejemplo ridículo, pero si los violentistas lanzan piedras, las fuerzas militares no pueden responder con piedras. Obviamente, la respuesta será mayor. Ese texto fue alterado sensiblemente en el Palacio de La Moneda, por lo que, obviamente, las Fuerzas Armadas no están contentas ni muy disponibles para ser usadas en un contexto en el que pueden sentirse sobrepasadas, como lo ha señalado Carabineros”, relató el periodista y analista político Ascanio Cavallo el viernes 29 de noviembre en T 13 Radio.
La principal inquietud de los militares -y así se lo han hecho saber a las autoridades de gobierno- es que, a diferencia de los carabineros, no cuentan con elementos intermedios para disuadir manifestaciones.
Martínez incómodo. El jefe del Ejército ha sido uno de los más vehementes en plantear esta incomodidad. El jueves 7 de noviembre, durante la polémica reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) convocada por Piñera, el general Martínez leyó una declaración en la que dejó en claro la posición del Ejército. Según algunas de las autoridades que asistieron a esa sesión, el jefe castrense partió diciendo que son una institución subordinada al poder civil, por lo que obedecerían en caso de que se les ordene salir a las calles, sin embargo, dejó en claro que no estaban en condiciones de hacerse cargo del control del orden público.
No, al menos, sin órdenes ni reglas claras.
Esta semana les enviaron a los comandantes en jefe un borrador del texto, al que hicieron algunas observaciones. Todo indica que la próxima semana podría ser enviado al presidente para la decisión final.
“No es lo nuestro”, le habría dicho el general Martínez al presidente del Senado, Jaime Quintana, días después de la controvertida convocatoria al Cosena, en una reunión privada del jefe castrense con parlamentarios.
En esa ocasión -según quienes conocieron los pormenores de la cita-, el general dejó en evidencia que las Fuerzas Armadas estaban recibiendo presión del gobierno para sacar a sus efectivos a las calles para controlar el estallido social, algo que los tenía incómodos.
Martínez llegó a la Comandancia en Jefe del Ejército en marzo de 2018 con la idea de separar definitivamente al Ejército de lo que fue su pasado reciente. “El Ejército no puede ser visto como perteneciente a un sector político o una parte de la sociedad. El Ejército debe ser considerado transversal”, explicó el jefe castrense en septiembre del año pasado, en su primera entrevista pública, ocasión en la que también anunció que promovería durante su mandato la reflexión del rol de la institución en los últimos 50 años, incluido el tema de los derechos humanos y su papel en la dictadura.
Por lo mismo, afirman en el mundo militar, más allá de que la decisión presidencial se ajustara a derecho y no sea controvertida por los uniformados, se vio como un retroceso en el proceso de acercamiento a la ciudadanía que se les ordenara hacerse cargo del control del orden público.
Las tensiones volvieron a un punto álgido la noche del 12 de noviembre. El Presidente Piñera llamó al ministro Espina para decirle que estaba considerando la posibilidad de decretar un nuevo estado de emergencia. La sola idea alteró el ánimo de los militares. Fue entonces que desde la oposición dejaron en claro que un nuevo estado de excepción podría dinamitar los esfuerzos que se estaban haciendo en esos momentos por alcanzar un acuerdo político para abrir un proceso constituyente.
Espina -ya cuando se decidió optar por una salida política y el Mandatario llamó a un pacto por la paz, a consensuar una agenda social y apoyó los esfuerzos para la discusión de una nueva Constitución- empezó a empujar la idea de emplear a los militares solo en funciones acotadas en la vigilancia estática (puntos fijos) en infraestructura crítica y evitar, o al menos reducir, al máximo el riesgo de roces entre uniformados y manifestantes.
Un proyecto de reforma constitucional en esta línea fue aprobado esta semana en la Comisión de Constitución del Senado, tras hacerle varias modificaciones a la propuesta original del gobierno.
Nuevas normas. En paralelo, en el Ministerio de Defensa el subsecretario del ramo, el almirante en retiro Cristián de la Maza, y la directora jurídica de la cartera, Alicia de la Cruz, comenzaron a redactar un nuevo reglamento sobre uso de la fuerza.
Esta semana les enviaron a los comandantes en jefe un borrador del texto, al que le hicieron algunas observaciones técnicas, y todo indica que la próxima semana podría ser enviado al Presidente de la República para que tome una decisión final.
En Defensa insisten en que estas nuevas RUF no incluyen exenciones penales, pues se trata de un reglamento que tiene menor jerarquía que el Código Penal, donde están normadas -en el artículo 10- las condiciones para eximir a cualquier persona, civil o militar, de responsabilidad penal por legítima defensa.
Así, las nuevas RUF establecen medidas de reacción gradual en casos de provocaciones verbales, de resistencia pasiva a una instrucción y qué hacer si se produce una resistencia activa o una agresión física. También el plazo que disponen los efectivos militares para entregar a la policía a una persona que ha sido detenida, entre otros aspectos.
En Defensa afirman que el diálogo entre el ministro y los comandantes en jefe se ha intensificado desde que estalló la crisis social.
Si antes del 18 de octubre lo usual era que la autoridad se comunicara día por medio con los jefes castrenses, desde ese día, y hasta hoy, Espina habla en forma diaria con cada uno de los tres comandantes en jefe.
La relación que mantienen, aseguran, es fluida. Fue el propio Espina quien les pidió a los jefes castrenses sacar una declaración en respuesta al duro informe de Amnistía Internacional respecto de las violaciones a los derechos humanos.
El objetivo de ese texto, aseguran en la cartera, fue dar una señal de respaldo hacia el interior de las Fuerzas Armadas en momentos en que la posibilidad de que nuevamente se les asigne el control del orden público se mantiene latente.
Con los altos mandos, Espina mantiene un chat de WhatsApp, además de una reunión semanal de carácter informal y otra de coordinación formal con los jefes de las tres ramas armadas. No solo eso, una vez al mes se juntan a cenar.
La última cena fue el viernes pasado, en el comedor de la Comandancia en Jefe de la FACH, donde una vez más, uno de los temas fuertes fue precisamente la urgencia de tener nuevos reglamentos sobre el uso de la fuerza.
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