Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
Terroristas y subversivos comienzan a ocupar el espacio dejado por la negligencia de nuestras autoridades de los últimos años. La campaña de los derechos humanos se les paso de largo y hoy sirve de paraguas protector para el retorno de la subversión a Chile. Como siempre, nada pasará y los terroristas seguirán incrementando su fuerza, mientras los guerrilleros del Sur siguen quemando y matando. Gracias a nuestra propia debilidad y subordinación a una casta de malos políticos, los chilenos tenemos lo que nos merecemos.
La noticia gira a través del mundo, mientras en Chile tomamos conciencia de un
cambio radical en nuestras vidas:. ¡Bomba terrorista explota en el Metro de Santiago!.
Después de largos años viendo como se deterioraba nuestra calidad de vida ciudadana, hoy
hemos llegado a lo que todos sabíamos que terminaría ocurriendo: el retorno en gloria y
majestad de la Subversión, esa forma de acción subrepticia que tanto incomoda mencionar a
quienes se han servido históricamente de ella para alcanzar sus objetivos políticos. La mejor
definición que podemos encontrar para calificar un acto subversivo es la que lo describe
como “una acción destinada a subvertir (trastocar, dar vuelta) el orden establecido”.
Durante años hemos observado a las autoridades evitando a toda costa el empleo de
terminología que pudiera ser asociada al Régimen Militar. De este modo, el que podemos
llamar “complejo militar” ha llevado a la clase política a acostumbrarnos a que quien pone una
bomba en la vía pública no es necesariamente un terrorista; que quien asalta un banco con
armas automáticas y de largo alcance es tan solo un delincuente común; que el acto de
quemar vivo a un matrimonio anciano es solo una expresión de la frustración de una raza
maltratada por la sociedad; que quien embosca con armas de fuego a un fiscal de la
República y a Carabineros de Chile no es un subversivo; que el asesinato de un Senador en
democracia es tan solo un acto político; que quienes lanzan bombas incendiarias contra la
policía son solo grupos exaltados; que quienes son capturados poniendo bombas en Chile
merecen ser dejados en libertad por tribunales garantistas, mientras son encarcelados en
España por pretender hacer lo mismo; que quienes asesinaron a cinco escoltas
presidenciales son jóvenes idealistas, sino héroes del pueblo; etc.
Sirve de marco para este peligroso relajamiento de los sistemas de alerta que
previenen la ruptura del orden establecido, la promulgación hace unos años de una reforma al
sistema procesal penal que –motivada por el mismo “complejo militar”− produjo un brusco giro
desde el estilo autoritario e injusto, en que el juez era también parte y presumía de entrada la
culpabilidad del imputado, para reemplazarlo por un sistema en extremo garantista, donde el
delincuente se presume inocente y pasa a ser un protegido del estado, quien lo defiende de la
policía y le asegura un trato mucho mejor que el que se otorga a las víctimas. Por supuesto
que ese sistema antiguo, desechado –como se dijo− por injusto, tiene plena vigencia hasta el
día de hoy para los militares, segmento de la sociedad chilena que recibe el trato abusivo
completamente descartado para el resto de sus compatriotas, en una discriminación grosera
de su condición ciudadana y mientras los delincuentes disfrutan de los beneficios del nuevo
sistema.
Se sabe que cualquier estado serio debe contar con un Sistema de Inteligencia que
provea a sus gobernantes la información útil necesaria para la prevención de los hechos que
afecten a la Seguridad Nacional, ya sea que provengan de amenazas externas como de
aquellas que se originan en el corazón de la sociedad. Ésta es la única forma en que el
gobierno de turno puede cumplir su deber de garantizar la seguridad a sus conciudadanos.
Ello, sin embargo, fue simplemente omitido por los gobiernos de la Concertación y
ninguneado por el gobierno de Piñera, configurándose así una injustificable negligencia
constitucional que nos expone a vernos inmersos −repentinamente o con muy poco aviso− en
una guerra subversiva o de guerrillas (otra palabra que provoca urticaria en la clase política)
de insospechadas consecuencias. Es cosa de pensar en lo ocurrido en Colombia hace más
de cuarenta años, cuando comenzó la aventura de las FARC y comprobar a lo que han llegado en la actualidad, cuando ejercen pleno dominio armado sobre sectores importantes
del territorio, adonde la autoridad del gobierno no es capaz de llegar. ¿Cuánto nos faltará
para que ello comience a ocurrir en la Araucanía? ¿O estará ya ocurriendo sin que nos sea
permitido saberlo? Es un hecho reconocido universalmente que –cuando la situación escale
hasta donde muy probablemente escalará− todo lo que se haga será inoportuno, como si se
tratase de apagar un incendio declarado, en vez de haberlo hecho mientras era apenas un
amago. Pobres Carabineros cuando llegue ese momento, en especial cuando se pretenda
que enfrenten con perdigones de goma y gases lacrimógenos a guerrilleros armados con
fusiles M16, entrenados y quizás hasta dirigidos por instructores extranjeros o por chilenos
formados, entrenados y ambientados en Angola o Nicaragua.
Por fortuna y gracias al legado visionario plasmado en la Ley del Cobre, nuestras
FF.AA. han podido seguir equipándose hasta alcanzar el nivel disuasivo que hoy nos da
seguridad y paz. De otro modo, el “complejo militar” también nos tendría en absoluta
desprotección frente a las ambiciones de nuestros vecinos. Al respecto, cabe considerar que
−al igual que en el caso de las amenazas externas− los movimientos subversivo-terroristas no
se desarrollan en un día, sino que requieren de una serie de elementos que los alimenten
progresivamente, entre los cuales podemos mencionar algunos que la debilidad de nuestros
gobernantes y las reminiscencias oscuras de su pasado les ofrecen generosamente:
– Causa o motivación política: expresada por ejemplo en la “reivindicación del pueblo
mapuche” o la “injusticia social del modelo”, condiciones exacerbadas precisamente por
políticos irresponsables, ávidos de poder y de gloria, pero carentes del sentido de estado.
– Escenario internacional favorable: sembrado generosamente a partir de la campaña
anti-chilena desarrollada durante los años de exilio dorado por los que hoy gobiernan y
estimulado por la sostenida campaña del “ni perdón ni olvido”, oda que incita a la
violencia anti-sistema y anti-estado, mientras se disfraza con la búsqueda de la justicia.
– Sustento financiero: conseguido en parte a través de las mismas redes de
financiamiento internacional creadas y profusamente explotadas por el mundillo político
que vivió en el exilio y −desde hace un tiempo− por la creciente “recuperación” de
cajeros, camiones blindados, aeropuerto, etc., a la que nadie consigue poner coto.
– Apoyo comunicacional: otorgado por la invariable irresponsabilidad de medios de
prensa izquierdistas o dotados de un interés exclusivamente comercial, ambos sin el
menor compromiso ético o moral con el bien común.
– Debilidad represora: dada por las restricciones a la acción policial, la cobertura de
organizaciones de derechos humanos, la falta de coraje de la judicatura involucrada y la
bajísima penalidad para los actos terroristas, garantizada por el temor de aplicar las
herramientas legales disponibles.
Podríamos mencionar una serie de otras condiciones que estimulan la formación de
movimientos subversivo-terroristas en Chile, pero en particular podemos destacar la
reinstalación de la lucha de clases, en un pueblo que había descubierto el valor de las metas
conseguidas por el esfuerzo propio y que ahora es inducido a la flojera y a la espera del goteo
proveniente del estado benefactor. Todo ello, en medio de las mismas pomposas
declaraciones de siempre que ya suenan a la máxima estupidez, cuando se dice que “se
aplicará el máximo rigor de la Ley…”
08 de Septiembre de 2014
Patricio Quilhot Palma