Una reciente publicación de La Tercera destaca las principales propuestas de cambios constitucionales que los partidos políticos se encuentran evaluando de cara al plebiscito de abril próximo.
Algunas parecen sensatas, pero leo con preocupación las propuestas -del todo imprudentes- que algunos partidos políticos -de manera transversal- formulan para modificar el régimen político y el Estado subsidiario vigente en Chile.
Quienes han sucumbido a los cantos de sirena y han sido seducidos en cambiar el régimen presidencial por uno semipresidencial, donde coexistan un Jefe de Estado y un Jefe de Gobierno, donde los ministros se mantengan en sus cargos mientras cuenten con la confianza del parlamento, y donde el parlamento adquiere mayor poder, parecen olvidar nuestra historia política y constitucional.
En efecto, los hechos políticos acontecidos a partir del 18-O, donde se ha evidenciado un semipresidencialismo de facto, sólo reflejan lo peligroso que sería adoptar dicho régimen de gobierno para la estabilidad y madurez de nuestro sistema democrático, a saber: un parlamento que tiene capturado al Ejecutivo, que ha privilegiado un rol obstruccionista frente a uno constructivo, que ha abusado de las acusaciones constitucionales de manera grosera e inútil, entre otras.
A mayor abundamiento, la izquierda chilena y también algunos sectores de la DC han demostrado con hechos, luego del 18-O, que carecen de la cultura -y altura- política necesaria para convivir en un sistema semiparlamentario, porque sus prácticas demuestran que abusan de las facultades del Congreso.
Ni mencionar la falta de responsabilidad de nuestros parlamentarios y la baja calidad del trabajo legislativo. Recién se nos informa que el Congreso destinó casi 150 horas a revisar las acusaciones constitucionales en desmedro de su trabajo legislativo.
¿Alguien, en verdad, cree que -a la luz de la reciente experiencia- es posible avanzar en Chile hacia un régimen semipresidencial? Dificulto que alguien sensato piense que un cambio de régimen político va a mejorar la calidad de nuestra política o el trabajo parlamentario. Solo se puede anticipar -en base a la evidencia- una mayor confrontación política e inestabilidad institucional de prosperar una iniciativa de esta naturaleza.
En cuanto a la propuesta de eliminar el quórum calificado para aprobar y formar empresas públicas o estatales, ella solo parece encontrar respuesta o apoyo entre aquellos nostálgicos del Estado empresario omnipresente en la década de los sesenta y setenta.
Las empresas estatales, además de su gestión ineficiente, han demostrado que solo sirven como botín para los partidos políticos y ser foco fértil de corrupción, abusos e irregularidades. Los ejemplos de ello abundan: Codelco, Enap, EFE, TVN, entre otras.
Nuevamente, me pregunto si alguien medianamente serio cree que eliminar el Estado subsidiario va a mejorar la gestión y resultados de las empresas públicas o va mejorar la probidad y transparencia en su gestión.
Por el contrario, ello solo permitirá aumentar el tamaño del Estado, aumentar la ineficiencia del gasto público y aumentará los espacios de corrupción. El sentido común solo permite pronosticar mayores pérdidas y más corrupción.
Los chilenos están cansados de los abusos que cometen los parlamentarios en el ejercicio de sus cargos y están cansados de ver cómo se bota su plata en la gestión de empresas públicas.
Mientras no sea posible asegurar que nuestro parlamento esté a la altura de lo que el país necesita y no se mejore la calidad de nuestros parlamentarios, parece sensato rechazar cualquier propuesta que implique un cambio de sistema de gobierno.
Del mismo modo, mientras no se realice una profunda y radical cirugía al sistema de empresas públicas, para preservar el buen manejo de los recursos de todos los chilenos, también parece prudente rechazar cualquier propuesta que pretenda eliminar este aspecto del Estado subsidiario.
Aún estamos a tiempo de detener esta imprudencia constitucional.
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