INDAGADOS POR HOMICIDIO, INCENDIO Y AGRESIONES A CARABINEROS: QUIÉNES SON LOS COMUNEROS QUE ENFRENTAN CARGOS POR SECUESTRO DE GENDARMES EN ANGOL
La Tercera PM, 19/05/2023
A la espera de diligencias clave por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra el equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía que lleva la indagación por el secuestro de tres funcionarios penitenciarios de la cárcel de Angol, ocurrido el domingo 7 de mayo.
Esto, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público, dado que con dichos insumos los persecutores pedirán audiencia para formalizar a los involucrados: 17 comuneros mapuche que estaban, en esa fecha, habitando el módulo F y que incluso han iniciado huelga de hambre para oponerse a sanciones.
Como dan cuenta datos de la causa, enfrentarían cargos por los delitos de secuestro, maltrato de obra, lesiones, amenazas y atentado contra la autoridad, que son los ilícitos que, hasta ahora, han pedido indagar los querellantes.
“La Fiscalía de Alta Complejidad está a la espera de los resultados de las diligencias encomendadas a la PDI, las cuales dicen relación con el análisis de las grabaciones de los hechos, además de toma de declaraciones a víctimas y testigos, entre otras pericias. De esta forma, se busca determinar la dinámica de los hechos, la calificación jurídica que corresponda y la participación que cabe a cada uno de los imputados”, comentó a La Tercera Nelly Marabolí, vocera de la Fiscalía Regional de La Araucanía.
Y agregó que cuando se cuente con los referidos informes policiales “se tomará decisiones respecto de la causa y se pedirá, eventualmente, audiencia de formalización de la investigación y también las medidas cautelares que corresponda”. Como los involucrados están actualmente privados de libertad, la vocera explicó que igualmente se podría solicitar que quedasen sujetos a prisión preventiva; esto, ante la posibilidad de que pudiesen quedar libres en otra indagación.
En concreto, se analiza la participación en los hechos de: Fabián Llanca Nahuelpi, Juan Queipul Millanao, Hanthu Llanca Quidel, Máximo Queipul Huenchullan, Joaquín Millanao Queipul y de Freddy Marileo Marileo, quienes fueron identificados como “cabecillas del motín” y que, por lo mismo, fueron trasladados a distintos penales de la zona centro sur del país.
Además, se evalúa el rol que tuvieron los otros 11 internos del citado módulo: Juan Ignacio Cortés Penchulef, Ismael Fritz Ñancul, Simón Huenchullán Millanao, Joaquín Huenchullan Queipul, Sergio Huentecol Melinao, Alejandro Liguen Venegas, Boris Llanca Nahuelpi, Pedro Palacios Cañuta, Jorge Palacios Cañuta, Anthoni Torres Toro y Miguel Torres Toro.
Consultado respecto del curso de la indagación, el abogado que representa a dos de los gendarmes secuestrados, Óscar Ulloa, de Ulloa Oviedo Abogado y Asociados, manifestó a este medio que espera que las diligencias sean agilizadas por parte de los investigaciones y que “ojalá los responsables sean sentenciados a las penas más altas y se apliquen condenas efectivas”.
“Es hora de dar una señal respecto de lo que está ocurriendo en La Araucanía y específicamente en Angol, porque estos internos no pueden hacer lo que quieran, no están sobre la ley. Los gravísimos hechos que se han suscitado en la zona las últimas semanas pueden tener vinculación con lo ocurrido en el penal, pero que en esta ocasión hayan existido consecuencias para los internos mapuche que infringieron la norma, era lo que debía hacerse. Gendarmería hace ya bastante tiempo no aplicaba traslados para mapuche, con estos señores no se estaba haciendo nada”, manifestó.
A su juicio, aquello deriva directamente de asuntos políticos y de una “laxa” interpretación del Convenio 169 de la OIT. “Es cierto que hay ciertos criterios especiales a tener en cuenta con esta parte de la población penal, pero eso no puede implicar que estén por sobre la ley. Y esto viene desde hace varios gobiernos y administraciones de Gendarmería”.
“Aquí claramente los responsables directos del secuestro y lesiones de los funcionarios son los 17 comuneros, pero también hay responsabilidades políticas que se deben hacer valer”, sentenció, haciendo referente a que, por lo menos, deben hacerse sumarios efectivos que puedan dilucidar el rol que cumplieron las autoridades administrativas.
Los seis cabecillas. Seis internos, de acuerdo con el parte denuncia de los hechos elaborado el domingo 7 de mayo, fueron quienes inicialmente habrían incitado los movimientos y bloqueos al interior del módulo.
Se precisa, en ese sentido, que Llanca Quidel fue quien manifestó al jefe de Régimen interno (S) del penal, que no iban a dejar retirarse al personal que se encontraba en el módulo hasta que se apersonara el director regional de Gendarmería.
Él, se agrega en el escrito, fue quien ordenó “a los demás comuneros no dejar huir al personal y que continuaran bloqueando la totalidad de los accesos”.
Ahí, cuando el reloj marcaba las 9:40 de la mañana, continúa el relato, fue cuando Llanca Nahuelpi y Marileo Marileo entraron a escena. Ambos, junto a Llanca Quidel -siempre según se indica en el parte- insistieron en que “los tres funcionarios que se mantenían al interior de la dependencia iban a quedar retenidos”.
La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía está a la espera de pericias clave que le permitirán pedir audiencia de formalización contra los 17 internos que son indagados por el motín ocurrido el pasado 7 de mayo. Entre otras diligencias se revisan las grabaciones de esa jornada a fin de definir el grado de participación de los involucrados. A juicio del abogado que representa a dos de los gendarmes afectados, se requiere que los comuneros reciban máximas sanciones.
Ellos, se describe, fueron quienes ordenaron al resto de los comuneros actuar. Pidieron que con sus weños (implemento de madera para jugar palín) y elementos contundentes, “se mantuvieran de custodia del personal no permitiéndoles el libre desplazamiento por el patio de dicho modulo”, lo que derivó en la adopción de los procedimientos correspondientes y que a eso de las 10:00 horas, se diera cuenta al fiscal de turno.
- Hanthu Llanca Quidel: Permanece en prisión preventiva y ha sido formalizado en reiteradas ocasiones por diferentes delitos. Entre ellos, por homicidio frustrado de carabineros, robo con violencia, porte de arma de fuego, tenencia de municiones, receptación de vehículo motorizado y receptación de especies. En 2020 fue sindicado como proveedor de marihuana, en medio de la investigación que incluyó un mega allanamiento en la comunidad de Temucuicui, en Ercilla. Anteriormente, había sido detenido por porte ilegal de armas, y en 2017 y 2019, fue arrestado por participar de una toma de terrenos en Pailahueque.
- Fabián Llanca Nahuelpi: En febrero fue condenado a cuatro años de cárcel, en calidad de autor del delito consumado de receptación, ilícito perpetrado en mayo de 2020, en la comuna de Ercilla. En la misma instancia, fue condenado como autor del delito de conducción de vehículo motorizado con placas patentes falsificadas. Se le absolvió, eso sí, por los delitos de disparos injustificados y porte ilegal de armas de fuego.
- Freddy Marileo Marileo: Condenado a 15 años de presidio por asesinar a dos comuneros mapuche que prestaban servicios para empresas forestales y por porte ilegal de arma. Es sindicado por investigadores policiales de la zona como un exintegrante del grupo Weichan Auka Mapu (WAM), el cual en medio de ataques que ha reivindicado ha dejado una serie de lienzos donde exigen su liberación.
- Juan Queipul Millanao: Fue condenado en 2022 por el homicidio frustrado de un trabajador forestal al cual hirió al dispararle con un fusil de guerra en Ercilla, en junio de 2019. Cometió este ilícito, como expuso en su momento en el Ministerio Público, mientras cumplía una condena -en libertad vigilada- de tres años y un día por delito de incendio y otra de 541 días por el porte ilegal de armas.
- Máximo Queipul Huenchullan: Es el hijo del lonko de Temucuicui Víctor Queipul, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos de receptación de vehículo motorizado, receptación de especies y por porte ilegal de armas de fuego y municiones. Anteriormente, cuando sólo tenía 17 años, fue formalizado por delito de incendio.
- Joaquín Millanao Queipul: Fue formalizado por robo con intimidación y homicidio frustrado de carabineros en servicio. Esto, luego de que intentara concretar, junto a otros dos sujetos, el asalto a tres locales comerciales, entre ellos un local de venta de semillas de marihuana.
Otros 11 investigados. Como dan cuenta elementos de la causa, la totalidad de los internos del módulo estuvieron involucrados. Y aunque sólo los seis antes mencionados fueron trasladados a otras regiones, los otros 11 también son indagados y han sido objeto de sanciones internas en el penal, como la prohibición de recibir visitas.
Dado lo anterior, de hecho, el pasado martes 9 de mayo los internos comunicaron a la unidad que decidieron iniciar una huelga de hambre líquida y varios se han negado a recibir atención médica.
- Juan Ignacio Cortés Penchulef: Condenado como autor del delito consumado de robo con violencia, en la comuna de Galvarino.
- Ismael Fritz Ñancul: Es apodado “El Comandante”. En agosto de 2022 fue formalizado por delitos de secuestro, incendio, robo con violencia, disparos injustificados y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones
- Simón Huenchullán Millanao: Condenado por delitos de robo, incendio y receptación cometidos en 2020.
- Joaquín Huenchullan Queipul: En marzo quedó en prisión preventiva porque habría intentado atropellar a carabineros durante un ataque contra un cuartel en Ercilla.
- Sergio Huentecol Melinao: Es investigado por un ataque incendiario a un camión en la Ruta 5 Sur y por amenazas contra un empresario forestal y sus trabajadores.
- Alejandro Liguen Venegas: Apodado como “El Chino”, fue detenido por su presunta participación en el homicidio del inspector de la PDI Luis Morales Balcázar.
- Boris Llanca Nahuelpi: Fue condenado a tres años y un día como autor del delito de tenencia ilegal de armas de fuego en grado de consumado. Tiene antecedentes, además, por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños, lanzamiento de artefacto incendiario y por maltrato de obra a Carabineros.
- Pedro Palacios Cañuta y Jorge Palacios Cañuta: Ambos fueron condenados a más de ocho años de cárcel por los delitos de robo con violencia e incendio perpetrado el 21 de mayo de 2020, en un camino rural de Victoria. Como se acreditó, en esa oportunidad rompieron con piedras el parabrisas del vehículo y el vidrio del copiloto, hiriendo a uno de los trabajadores que se movilizaba en el móvil embestido. Los obligaron a descender mediante amenazas, sustrajeron del pick up dos tinajas de pintura y dos trajes desechables, provocaron un incendio al interior de la cabina que destruyó la estructura en su totalidad.
- Anthoni Torres Toro y Miguel Torres Toro: Encausados por incendio con daños, robo con intimidación y microtráfico.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
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