En Noviembre de 2009, entre campañas, debates, paros y encuestas, pasó inadvertida la aprobación en el Senado en votación dividida, la creación del Instituto de Derechos Humanos, pero con la particular característica de PRESENTAR QUERELLA HACIÉNDOSE PARTE, en casos de genocidio, tortura, y desesperación de personas
En Noviembre de 2009, entre campañas, debates, paros y encuestas, pasó inadvertida la aprobación en el Senado en votación dividida, la creación del Instituto de Derechos Humanos, pero con la particular característica de PRESENTAR QUERELLA HACIÉNDOSE PARTE, en casos de genocidio, tortura, y desesperación de personas.
Cabe señalar que en forma sistemática desde 2005 la oposición venía oponiéndose a tal facultad del Instituto, la presidenta Bachelet insistía en que la tuviera y por eso presentó un veto que esta vez por cansancio se aprobó. (No hay que olvidar que ella como ex RDA es del ala dura del socialismo). Lo grave del caso, es que ésta facultad de perseguir los delitos antes pertenecía a los Tribunales de Justicia y hasta hoy solo al Ministro Público que de acuerdo a los artículos 83 y siguientes de la Constitución le pertenece “en forma exclusiva la titularidad de la Acción Penal Pública”… bueno eso era hasta ayer. Hoy también puede ser percutor el mencionado Instituto.
Continuando con la gravedad de la situación, señalemos que el Instituto de Derechos Humanos, no está consagrado Constitucionalmente como un órgano o poder público, como en los Tribunales, La Contraloría, Ministerio Público, el Tribunal Constitucional etc. Es apenas una Corporación Autónoma de Derecho Público, y con facultades de perseguir delitos… que me dice UD!!!!
Sus integrantes son elementos Altamente Politizados, en efecto: lo dirige un Consejo compuesto por dos miembros designados por el Presidente de la República , dos por el Senado, dos por la Cámara de Diputados, uno por Decanos de Facultades de Derecho y cuatro por instituciones vinculados a la defensa de Derechos Humanos. (Todos dominados por la izquierda ultrista).
El resultado no cabe duda cual será: su imparcialidad dejará mucho que desear, tendría un sesgo político y una fuerte carga ideológica.
Es más, la propia Ley que le da vida, le otorga un área de competencia poco definida y hasta confusa. En síntesis señala: Se avocará a velar por los DDHH “establecidos en las normas constitucionales y legales en los Tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, así como los emanados de los principios generales del Derecho, reconocidos por la comunidad internacional y sus estatutos deberán ajustarse a los principios internacionales que rigen las instituciones nacionales de promoción”. Un verdadero “bolsillo de payaso” de facultades y competencias.
Por otra parte, no olvidemos de acuerdo a esta moderna legislación de DDHH, los delitos de tortura, genocidio, desaparición y secuestro y trata de personas, que corresponden a los llamados delitos de Lesa Humanidad los comenten SOLO LOS AGENTES DEL ESTADO (uniformados , policías etc. ) NO LOS SUBVERSIVOS, ellos son inmunes a estos, de manera que se salva el Mir, el Frente Manuel Rodríguez, las milicias Lautaro, las FARC etc.
Todo esto está muy bien urdido, de allí la especial preocupación de la Presidenta Bachelet y el Segundo Piso de la Moneda, en aprobar mediante un veto la facultad persecutoria del Instituto.
Después se habla de reconciliación y paz social, suena hermoso para el discurso, al menos…
Dudamos de veras de la imparcialidad del instituto, creemos que se intensificará la persecución político-judicial, es claro en contra de quienes se presentarán las querellas y denuncias……. Porque como se dijo hay un sector inmune a ellas.
Nota: La politización de estos organismos ha llevado a que grandes potencias no firman Tratados de Derechos Humanos, como Estados Unidos, Rusia, Israel entre otras. China y USA ni siquiera han firmado el Protocolo de Kioto sobre la Contaminación y su repercusión en el Calentamiento Global. En Chile, modestamente, esperamos que esta recientemente creada Corporación Autónoma no sea una nueva instancia de persecución de las Fuerzas Armadas a casi 40 años de la intervención militar solicitada por el clamor ciudadano ante el desplome institucional provocado por los actuales acusadores.
Marcelo Elissalde Martel
Abogado
Consultor DDHH.