LA DANZA DE MILLONES DE PESOS QUE HA GASTADO CHILE EN LOS SUCESIVOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN DESDE 2019

 

LA DANZA DE MILLONES DE PESOS QUE HA GASTADO CHILE EN LOS SUCESIVOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN DESDE 2019

Andrés Cárdenas Periodista

El Mostrador, 27/05/2023

Desde 2019 en adelante, las Fuerzas Armadas chilenas han estado entrando y saliendo desde sus cuarteles para encargarse de tareas de seguridad pública debido a los estados de excepción constitucional que, como nunca antes en democracia, se han decretado de manera sucesiva en los últimos cuatro años. Solo en el gobierno del Presidente Boric, el Estado de Excepción ha sido renovado 24 veces, y en el gobierno de Piñera se produjo uno de los más largos de la historia mundial.

Según informó a la subcomisión mixta de presupuestos del Congreso el jefe de la División de Presupuestos del Ministerio de Defensa, Carlos Chong, hasta agosto de 2022, solo la FACh requirió al menos $120 millones para su despliegue; el Ejército, $150 millones; y la Armada, entre 40 a $50 millones, siendo traslado de contingente y alimentación su principal destino.

En total, hasta el octavo mes del año pasado, se requirieron $320 millones cada 15 días ($21 millones diarios), período por el que se piden los decretos de Estado de Excepción. La actualización de la cifra podría ser revelada durante la próxima Cuenta Pública o en la discusión del presupuesto 2024.

El gobierno del Presidente Boric ha mantenido la restricción constitucional desde el 16 de mayo de 2022, habiendo sido prorrogado con amplio respaldo del Congreso 24 veces.

Por lo tanto, bajo la referida ecuación, se habrían desembolsado $7.680 millones durante el año que lleva corriendo el decreto.

No obstante, desde el Ministerio de Defensa señalan a El Mostrador que estos son reservados “recursos especiales” y se deben considerar variaciones, como el costo de instalación que ocurre una vez y el mantenimiento de las tropas, lo que podría hacer que la cifra varíe.

El decreto actual, que ya ha cumplido un año, expiró el 26 de mayo y la reciente extensión aprobada comenzó a regir después de esa fecha durante 15 días, hasta que se discuta una nueva prórroga.

Sin embargo, es importante destacar que la aplicación del Estado de Excepción no es exclusiva del gobierno actual, sino que se origina en el fracaso del diálogo en todos los gobiernos anteriores.

Chile, en Estado de Excepción “intermitente” desde 2019. Desde el inicio de la pandemia, todo Chile estuvo bajo Estado de Excepción Constitucional de Emergencia (EECE) durante un año y medio, siendo uno de los más prolongados a nivel mundial.

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar el primero de todos, convocado por el presidente Sebastián Piñera debido a la incapacidad de restaurar el orden público durante el estallido social en 2019.

En octubre de aquel año, la aplicación del decreto causó un gran impacto tanto dentro como fuera de La Moneda. Fue la primera vez que se implementaba desde el retorno a la democracia, excluyendo el Estado de Catástrofe por el terremoto en 2010.

La decisión dejó a varios en la sede del gobierno al borde del colapso. La medida se extendió por nueve días y se declaró en diferentes zonas del país desde el 19 de octubre de 2019 hasta el 28 de octubre del mismo año.

Durante ese período, siguiendo el cálculo previo, se estima que se utilizaron alrededor de $190 millones solo en el despliegue militar.

Es importante mencionar que parte del territorio estuvo bajo esta condición durante menos días, ya que su Estado de Excepción comenzó más tarde.

El gobierno de Piñera levantó el Estado de Excepción y los militares se retiraron, pero cuatro meses después llegó la pandemia de Covid-19 y el decreto se mantuvo en vigor durante 469 días.

Actualmente, no hay un balance concreto sobre el despliegue, pero siguiendo la lógica anterior, se estima que se habrían gastado casi 10 mil millones de pesos ($9.849 millones considerando los $21 millones diarios).

Sin embargo, la historia reciente del decreto no concluye con el fin del uso de mascarillas y la llegada de la vacuna. Después del estallido social y la pandemia, el 12 de octubre de 2021, debido a “reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico”, según informó Presidencia, el entonces presidente Piñera y su ministro del Interior, Rodrigo Delgado, decretaron un Estado de Excepción en el sur por 15 días, lo que implicó un costo adicional de aproximadamente $320 millones.

Desde entonces, la medida se prorrogo en nueve ocasiones, sumando un total de $3.200 millones, según el mismo cálculo.

La última renovación del Estado de Excepción en el sur bajo el gobierno anterior se realizó el 11 de marzo de 2022, justo para el cambio de mando donde asumió el Presidente Gabriel Boric.

Y aunque ese día terminaban los últimos 15 días de la extensión, ya se había enviado y aprobado con 73 votos a favor la nueva solicitud en la Cámara de Diputados. El Presidente Boric optó por mantener esta medida hasta que se cumpliera el plazo, el que terminó el 26 de marzo, marcando el fin de los decretos de Piñera y dejando la zona sin presencia militar por más de 50 días.

Sin embargo, la fallida visita de la entonces ministra del Interior Izkia Siches, marcaría el retorno del Estado de Excepción a la “macrozona”.

La medida no sería decretada nuevamente hasta el 16 de mayo de 2022, fecha en que comienzan los decretos de Boric en la zona de influencia mapuche, los que se han mantenido hasta el día de hoy tras 24 prorrogas aprobadas por el Congreso.

El cálculo hecho en esta nota es una aproximación y está puesto sobre la mesa sin contar el despliegue militar en la frontera norte del país.

Si se consideran los Estados de Excepción desde el estallido social, pasando por la pandemia, hasta el día de hoy, con los números expuestos por la división de presupuestos de la cartera de Defensa, el cómputo total bordearía los $20.919 millones.

Durante la pandemia y el estallido social, se aplicaron varios decretos de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia (EECE). El primero, convocado por el presidente Sebastián Piñera en 2019, duró nueve días y generó un gran impacto. Luego, debido a la pandemia de Covid-19, se mantuvo otro durante 469 días. Posteriormente, se decretó nuevamente en el sur del país debido a la violencia relacionada con “actos de carácter terrorista”. En total, sin contar el despliegue militar en el norte, los cálculos estiman que se han utilizado de alrededor de $20.919 millones para efectos de orden público y resguardo de carreteras. Los decretos continúan vigentes hasta la fecha.

Los $21 millones diarios. Richard Kouyoumdjian, vicepresidente del directorio AthenaLab y director de la Liga Marítima de Chile, afirma que mientras el Estado de Chile no reconozca la existencia de una situación de insurgencia, el problema seguirá escalando.

A su juicio, los “remedios” utilizados hasta ahora, como el Estado de Excepción, son paliativos y no solucionan la trama de fondo. Según el exoficial naval, se baja la fiebre pero no se corrige la enfermedad subyacente.

En cambio, propone utilizar “antibióticos” que, aunque puedan tener efectos colaterales, abordan el desafío principal. Eso sí, sostiene que el Estado de Sitio no es la solución.

El experto critica la forma en que se ha abordado el problema, declarándolo como un asunto policial y presentando querellas ante hechos criminales, los que quedan sometidos al Ministerio Público y las policías.

Considera que ampliar las facultades del Estado de Excepción, como lo ha adelantado el Gobierno, no será muy productivo, ya que la instrucción no será neutralizar y eliminar a los que considere movimientos insurgentes.

Kouyoumdjian destaca que los movimientos mapuche en la zona sur no están coordinados entre sí y que no existe una jefatura única, lo que mantiene la situación en ascuas. Además, menciona que los militares están desplegados en varias zonas, pero no tienen la libertad estratégica para actuar eficazmente.

En su opinión, la presencia militar “de punto fijo” ha tenido un impacto “limitado” en la disminución de la violencia.

Su conclusión es categórica: mientras no se reconozca oficialmente la existencia de movimientos insurgentes y se tomen medidas adecuadas, como utilizar a los militares de manera estratégica, el problema persistirá y las soluciones propuestas no serán efectivas.

La diputada Ericka Ñanco (RD) enfatiza que la situación en La Araucanía no es exclusiva del gobierno actual, sino que es un problema de seguridad arrastrado durante mucho tiempo que no se ha abordado adecuadamente en gobiernos anteriores, donde hubo falta de recursos y protección para Carabineros.

Y, aunque reconoce que el gobierno actual ha asignado más recursos a las policías, destaca la necesidad de abordar problemas estructurales, como la falta de presencia del Estado en las comunas más empobrecidas de Chile.

La única parlamentaria del oficialismo en la región sostiene que la discusión sobre la seguridad está ocultando las deficiencias reales en La Araucanía, como la falta de infraestructura básica en postas y escuelas rurales. Resalta que el problema va más allá de la seguridad y requiere una atención integral del Estado para abordar las necesidades más inmediatas de la ciudadanía.

Para la diputada Ñanco, la falta de presencia institucional en la región genera conflictos que invisibilizan el problema de fondo. Afirma que hay una estigmatización de la zona, en comparación con otros lugares donde también ocurren problemas similares.

A su juicio, lo importante son las políticas de Estado que deben trascender a los gobiernos de turno. La legisladora frenteamplista coincide con que el enfoque militarizado de la policía no resuelve el conflicto, como se evidenció en el caso Catrillanca, y que solo genera más violencia y desigualdad.

Además, opina que las Fuerzas Armadas no deberían involucrarse en un conflicto que no les corresponde y que el problema en la región se origina en demandas históricas de restitución territorial y reconocimiento de derechos hacia el pueblo mapuche. Finalmente, reconoce que el gobierno actual ha logrado una mayor presencia estatal en La Araucanía en poco tiempo, pero se enfatiza que los cambios requerirán un enfoque a largo plazo.

El director del magister de Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, Eric Latorre, sostiene que el Estado debe ser capaz de implementar medidas estratégicas a largo plazo para abordar la situación, pero recurriendo a Estados de Excepción en el corto plazo.

Sin embargo, destaca que suspender los derechos fundamentales implica que las Fuerzas Armadas realicen tareas policiales, lo cual es delicado según la doctrina jurídica. Argumenta que el plazo de 15 días para prorrogar el Estado de Excepción es muy limitado precisamente porque se entiende que su prolongación debe ser discutida detalladamente en cada caso debido a la delicadeza de la situación. Además, considera que el uso de las Fuerzas Armadas como fuerza policial también es complicado y puede dar lugar a casos de violaciones a los Derechos Humanos, ya que no están entrenadas para dicha labor.

El profesor Latorre, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, propone la implementación de un plan integral de inteligencia que incluya políticas públicas e incluso la intervención del Servicio de Impuestos Internos para rastrear el flujo de dinero y desarticular grupos involucrados en actos terroristas o el robo de madera que no tiene nada que ver con la causa mapuche, ya que considera que el crimen organizado “se adapta” y es muy oportunista.

Además, sostiene que si no se abordan simultáneamente estos tres aspectos (indígena, terrorismo y crimen organizado), uno de ellos se desbordará, y en ese sentido, el Estado de Excepción no es efectivo, y mucho menos el Estado de Sitio.

Estado de Excepción a escala latinoamericana. Honduras y Ecuador se suman a El Salvador en la implementación del Estado de Excepción como medida para combatir problemas como pandillas, narcotráfico y crisis política.

Honduras ha estado bajo un Estado de Excepción “parcial” desde diciembre del año pasado, mientras que Ecuador ha aplicado la medida en tres provincias afectadas por el narcotráfico.

Por su parte, El Salvador vive en Estado de Excepción desde hace más de un año debido a la violencia de las maras salvatruchas. Y aunque el presidente Nayib Bukele cuenta con un alto nivel de aprobación, expertos de la ONU han expresado preocupación por la prolongación de esta medida en el país centroamericano.

Chile no es ajeno a esta poco excepcional realidad, aunque siguen ocurriendo hechos delictivos a pesar de la presencia militar. Por ejemplo, el 10 de abril en Collipulli, desconocidos incendiaron un vehículo en la línea férrea dejando una pancarta pidiendo el traslado de un imputado mapuche a la cárcel de Angol y amenazando a los gendarmes del mismo penal. Posteriormente un tren que se encontraba detenido producto del suceso, fue atacado mediante disparos.

Por otro lado, el 9 de mayo en Victoria, 3 camiones fueron baleados en la Ruta 5, resultando un conductor herido con un impacto en el glúteo y encontrándose además una camioneta municipal incendiada en las inmediaciones, en la cual se habrían movilizado los victimarios.

Según la última solicitud de prórroga emitida desde la Presidencia, se ha observado una disminución considerable de la violencia en la zona gracias a la colaboración entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales.

Durante la primera semana de mayo, se reportó un 35% menos de eventos violentos en las provincias bajo el Estado de Excepción, con una disminución significativa en los ataques incendiarios y los daños a la propiedad. A pesar de estas cifras, la oposición ha pedido la declaración de Estado de Sitio, propuesta que ha sido descartada por el Ejecutivo, aunque se está considerando revisar el decreto de Estado de Excepción “acotado” y modificar la Ley Antiterrorista.

El Estado de Excepción es una herramienta constitucional que permite la limitación de derechos y libertades en situaciones de alteración del orden público o amenaza a la seguridad nacional.

Regulado por la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, promulgada en 1985 durante la dictadura de Augusto Pinochet y modificada posteriormente en 1990, este mecanismo otorga la capacidad de restringir garantías constitucionales en casos excepcionales.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel