La Unión siguiendo con las entrega de las publicaciones de nuestro Director Adolfo Paul Latorre, pone a disposición de nuestros socios y comunidad en general, una nueva obra del autor, la que se podrá descargar al final de la página y que esperamos sea de vuestro mayor interés.
Lo ocurrido durante los años 70 y 80 ha sido completamente distorsionado por un vasto y persistente proceso de desinformación, con el que se pretende instalar una historia oficial y borrar de la memoria colectiva del pueblo chileno los crímenes cometidos por los subversivos, guerrilleros y terroristas y lo que habría ocurrido si ellos hubiesen logrado sus propósitos.
Así fue como éstos pasaron a convertirse en héroes y en víctimas, y los militares en el chivo expiatorio de todos los pecados cometidos en una época trágica y turbulenta.
Es por eso que los militares deben ser sacrificados. A ellos hay que aplicarles el lema “ni perdón ni olvido” y condenarlos a toda costa. Hay que condenarlos, sin importar lo que diga la ley y aunque no existan pruebas suficientes para ello.
Hay que condenarlos, sin importar que ellos tuvieron que exponer sus vidas en su penosa, ingrata y arriesgada tarea de enfrentar a combatientes de un ejército irregular, lo que era necesario para mantener el orden y dar tranquilidad a la población; condiciones indispensables para llevar a cabo la reconstrucción de un país que estaba destruido hasta sus cimientos.
Hay que condenarlos, sin importar si para ello es preciso llevar a cabo simulacros de juicios vestidos con un ropaje de legalidad, en los que se vulneran el principio de supremacía constitucional y principios esenciales del derecho penal, tales como los de legalidad, de irretroactividad de la ley penal, de culpabilidad, de la cosa juzgada, la presunción de inocencia, la carga de la prueba, el debido proceso, la igualdad ante la ley, etc.
A ellos, hay que hay que encarcelarlos y negarles los beneficios penitenciarios establecidos legalmente. No importa si son ancianos, si están aquejados por graves dolencias, si están afectados por enfermedades terminales, padecen de Alzheimer, demencia senil u otras enfermedades que les impidan darse cuenta donde están ni en qué mundo viven; como es, por ejemplo, el caso del nonagenario general Héctor Orozco Sepúlveda, quien en el año 1973 era comandante del Regimiento “Yungay” de San Felipe y que fue condenado a dieciocho años de presidio porque —según reza la sentencia— “atendida su situación jerárquica, debió conocer y aún más, autorizar aquellas situaciones excepcionales como la ocurrida en autos, en que precisamente resultan dos personas muertas”……………
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