Para tomar todo un mundo de fenómenos que se sumaron en lo que Chile vivió, tal vezcuando se trate de expropiación de predios rústicos, la-ya, y podrá pagarse con una parte al contado y el”. Había tenido tanto éxito la consigna, tal vez, o las banderas, del gobierno que triunfó encrear uno, dos, tres, muchos Vietnams en América”. Es decir, ya era un caminopor enésima vez” que consiste en que no se autorice a Carabineros niCarlos y Piñeiro te van a visitar con el pretexto”. Es decir, era un hecho cierto.Las autoridades en el poder procurarán la más amplia amnistía posible a las personas”. O sea, aplican el estado de guerranada obsta entonces a que se haya”. El artículo 5 de la Constitución, en su
como la crisis más trascendente de su historia, y que culminó el año 73, creo que es necesario
buscar algo que sea la materia que yo quiero analizar, para no irme por todas las ramas de este árbol
tan frondoso.
Los derechos humanos, la relación civil-militar, los fenómenos y desafíos actuales y futuros,
los quiero centrar en una idea: en el Estado de Derecho. ¿Y por qué? Yo no sé si ustedes recuerdan
un viejo cuento que sucedía en Holanda: que un niño un día ve que un dique de los que detienen al
mar en ese país -cuyo territorio tiene amplios espacios bajo el nivel del mar-, ve que había un
pequeño agujero por el que estaba empezando a escurrir agua. Y mientras llamó para que todos se
preocuparan, él puso su dedo para tratar de atajar el agua. Podrá parecer un gesto simpático de un
niño, pero la verdad estricta es que por ese agujero, de no haber sido por su preocupación y su
verdadero acto de heroísmo, podría haber seguido aumentando el caudal de mar que ingresaba y
haber terminado derrumbando todo el dique.
Yo pienso que con el Estado de Derecho pasa algo parecido. Los derechos humanos, en su
esencia, son parte del Estado de Derecho. Podríamos decir: sin Estado de Derecho no hay derecho
humano que valga, en los términos prácticos y reales. Y ha sido precisamente la erosión, primero,
del Estado de Derecho en un período, y el desborde de las violaciones del Estado de Derecho
posteriormente, lo que causó la crisis que la civilidad y los políticos produjimos y que culminó en
1973.
El Estado de Derecho tiene un gran enemigo, en realidad, en la vida de una nación: el
ideologismo. El ideologismo no es el pensamiento político, ni son las doctrinas, ni es siquiera la
razón misma que induce a preocuparse del bienestar colectivo. El ideologismo es una enfermedad,
es un espejismo, que aleja de la realidad, que exacerba las ideas, que confunde la mente de quienes,
poco a poco, pasan a estar en ese tipo de enfermedad del ideologismo. Y además, en una época
determinada en Chile, el ideologismo engendró la tentación del diablo: la revolución.
Yo no sé si ustedes vieron un libro, muy bien sintetizado, de un destacado académico y
escritor chileno, Arturo Fontaine Aldunate, que se llamaba “Todos querían la Revolución”. Ahí ven
las consecuencias claras de este fenómeno. En 1965 comienza, a mi juicio, esta erosión del Estado
de Derecho; todavía parcial, fragmentada en un sector de la sociedad, pero que va a culminar con la
ruptura de todo el dique que significa esta entidad jurídica de un Estado: el Estado de Derecho.
Voy a decir dos o tres palabras para sintetizar este tema. En 1965, se reforma la Constitución
y un sector de chilenos, los propietarios de predios rurales, pasan a quedar virtualmente
desprotegidos, o a lo menos se rompe la igualdad ante la ley, con relación al proceso -necesario para
ese gobierno por su ideologismo- de la Reforma Agraria. La Constitución de 1925 era muy escueta
en cuanto a garantizar el derecho de propiedad. El artículo 10 n° 10 de la Constitución señalaba que
nadie podía ser privado de un bien de su dominio sin ley que calificara de utilidad pública la
expropiación; debía pagarse o fijarse un precio equitativo y pagarse al contado antes de privarlo de
dicho bien, expropiado por razones de utilidad pública. ¿Cómo se modificó la Constitución en
1965? Vale la pena leer cómo quedó para que ustedes se den cuenta la diferencia. Se mantiene para
todos los chilenos en general la garantía del derecho de propiedad, pero lo que se agrega a
continuación es claro y determinante: “
indemnización será equivalente al avalúo vigente para los efectos de la contribución territorial
no es un precio equitativo, el avalúo territorial-
saldo en cuotas en un plazo no superior a treinta años, todo en la forma y condiciones que la ley
determine
las elecciones y entró al poder ya en 1965 con su lema “La Revolución en Libertad” y la consigna
“todo tiene que cambiar”. Bueno: en la Reforma Agraria quisieron partir de cero. La ley que se dicta
a continuación, ya hecha esta reforma constitucional, viene a romper, además de la igualdad ante la
ley, el principio de buena fe, mínimo. Porque ¿qué es lo que dice la ley? Que este plazo de treinta
años, del pago a treinta años plazo, se hará sin intereses ni reajustes cuando se trate de predios que
se califiquen como mal explotados. Y naturalmente, los funcionarios de la CORA que hacían la
gestión calificaban de mal explotado el predio, y en un país con una inflación creciente, al no haber
reajuste de ahí a treinta años, habría terminado pagándose, seguramente, lo que hoy en día son
algunos centavos.
¿Qué es lo que sucede con esta ruptura en un sector? A los demás no les pasó nada. Los
otros propietarios seguían gozando de la garantía del derecho de propiedad y realmente no se
preocuparon tal vez mucho de los que sufrían este hecho, que fue creando en el agro toda suerte de
violencias y de situaciones con trágicos resultados muchas veces. En la Cámara tuvimos que crear
una comisión que recorrió varios lugares, provincias del país, estudiando precisamente los
fenómenos de la violencia en la Reforma Agraria.
Pues bien, ¿qué hacía mientras tanto el rival que había sido derrotado por el partido que
triunfó en la elección del 64 y que entró al poder el 65 con gran éxito, con más de 80 diputados, 24
senadores, es decir, en condiciones de poder hacer un gobierno a su gusto? Y ésa fue -yo creo- la
desgracia del Presidente de la República de la época: tenían demasiado poder. Ahora, los rivales
derrotados en la elección de septiembre del 64 estaban preparando su propia revolución. Y triunfan
en la elección de 1970 -porque los vencedores no habían clavado la rueda de la fortuna como
creían-, triunfa precisamente el candidato opositor: el senador Allende. Pero había cambiado mucho
la situación, y aún el concepto político que el propio nuevo gobernante tenía y que había
evidenciado a lo largo de toda su vida parlamentaria. El año 67, el Partido Socialista había
proclamado la legitimidad del uso de la violencia para alcanzar el poder. El año 69 se había fundado
en La Habana OLAS, que pasó a ser presidida por el senador Allende en ese entonces, y OLAS se
creó mientras en el lugar de la reunión, con grandes letreros en las paredes se leía una frase del Che
Guevara que decía: “
revolucionario distinto.
Quiero recordar una anécdota: el 1° de diciembre del año 70, un grupo de personas
capitaneadas por un profesor primario -como se llamaban en aquella época- tomó el fundo “Lo
Prado Abajo”, y secuestró en las casas del fundo al propietario y a su familia. Alguien alcanzó a
denunciar el hecho. No eran trabajadores del fundo: eran personas todas ajenas a los trabajadores
del mismo. Denunció el hecho a Carabineros; el oficial a cargo del retén o comisaría más cercana
fue con su gente a liberar a los secuestrados, y fueron recibidos a balazos. Contestaron el fuego e
hirieron al jefe de ese delito flagrante. Lo grave es que el Presidente de la República, en una reunión
del Caupolicán, al día siguiente, señala este hecho como muy grave y dice que ha ordenado
sumariar al oficial “descriteriado”. Era un delito flagrante, no se sabía la condición de las personas
víctimas del delito, y fueron recibidos a balazos cuando se hicieron presentes. Me acuerdo de este
hecho porque yo planteé en la Cámara una crítica -bastante serenamente- a esta situación, y obtuve
la unanimidad de la Cámara para transmitir estas reflexiones al Presidente de la República. Pero
esto se transformó en sistema, y los intendentes y gobernadores durante los años restantes se
negaban a autorizar a Carabineros a intervenir siquiera frente a delitos flagrantes, y otro tanto
pasaba con Investigaciones.
Esta situación ya de quiebre del Estado de Derecho se hizo general y total. Tuvimos que
presentar en esos 3 años 12 acusaciones constitucionales, 10 de las cuales fueron aprobadas por la
Cámara y por el Senado, destituidos los ministros, pero de inmediato el Presidente respondía con el
“enroque” famoso: los trasladaba a otro ministerio. Se acusaba al ministro de Economía, era
aprobada y destituido el ministro, y entonces trasladaba al ministro de Hacienda a Economía y al de
Economía en Hacienda, o al del Interior a Defensa y al de Defensa a otra parte, etcétera. La Corte
Suprema representó innumerables veces su protesta pública por la arbitrariedad que significaba esta
situación. Inútil. La última vez, recuerdo, el presidente de la Suprema dice “
señalamos la ilegalidad y arbitrariedad
Investigaciones a cumplir las órdenes, las resoluciones de los tribunales. Y lo más grave es que el
Presidente de la República se permitió contestar públicamente diciendo que se reservaba el derecho
de hacer un juicio de mérito acerca de la oportunidad en que se podría cumplir o no una resolución
judicial al respecto. En septiembre de 1973 había más de 9.000 órdenes de detención, sin dejar las
autoridades políticas que se cumplieran por las fuerzas de orden. La Contraloría representaba
también innumerables veces la ilegalidad de decretos del gobierno para crear áreas sociales y otras
materias, y simplemente su objeción se burlaba por la vía de los decretos de insistencia.
La proliferación de los grupos armados; de escuelas de guerrillas; 20 mil extremistas
extranjeros; la venida de un general cubano para adiestrar esas fuerzas… Hace pocos años ha
recordado, por ejemplo, Carlos Altamirano, que el Partido Socialista tenía ya 11 mil hombres en
armas, y que el MIR -dice- tenía mucho más que el PS. Orlando Millas, hace poco, ha reconocido
como responsabilidad de los dirigentes del Partido Comunista haber impulsado a la juventud del
partido a prepararse para la lucha armada. Hay una carta -encontrada después- de Fidel Castro al
Presidente Allende en la que le dice, en una parte: “
de discutir contigo asuntos referentes a la reunión de países no alineados, pero el verdadero
objetivo es el de informarse sobre la situación y de ofrecerte, como siempre, nuestra disposición a
la cooperación. Puedo imaginarme la gran tensión actual, como también tu deseo de ganar tiempo
para mejorar la relación de fuerzas para el caso que estalle la lucha
Cuando una revolución toca fondo -porque el caos, la crisis, la anarquía social, etcétera, era
imparable-, la tentación del diablo es la revolución violenta. No con vino tinto y empanadas, como
decía el Presidente, sino que la revolución violenta, armada, para lo cual se estaban preparando y
tenían cada vez más armas reunidas.
En esas condiciones viene el Acuerdo de la Cámara del 22 de agosto de 1973, que tuvimos
que trabajar en ella, en su redacción y presentación en el Congreso, y que fue aprobada por una
amplia mayoría, en la cual se hacía un recuento de todo el cúmulo de ilegalidades. El texto es largo,
por eso no se los puedo enunciar, pero sí concluía en dos cosas. Una, señalar la ilegitimidad de
ejercicio en que se había incurrido al destruir el Estado de Derecho por la acción del gobierno y de
los partidarios del gobierno, porque al Presidente realmente lo llevaban en una competencia de
quién era más revolucionario, si el gobierno o los grupos como el MIR y otros. En uno de los
mensajes del Presidente Allende se dice una frase muy decidora: él señala que estos grupos armados
que han tomado predios agrícolas han expropiado un millón de hectáreas, y él en ese mismo tiempo
ha expropiado tres millones de hectáreas. Esta “competencia revolucionaria” se hacía, naturalmente,
al margen de toda ley. Toda revolución engendra una contrarrevolución. Cuando triunfa la
revolución, ella impone su ley. En Cuba impusieron el paredón, en la Unión Soviética se hizo su
propio sistema. Pero a veces fracasa: fracasó en Indonesia en una oportunidad un intento
revolucionario, y fracasó acá en Chile al intervenir las Fuerzas Armadas. Porque el Acuerdo de la
Cámara hacía una segunda cosa: invocaba el compromiso de las Fuerzas Armadas con la Nación
chilena para que restableciera el orden y terminara con los abusos y arbitrariedades y la quiebra del
Estado de Derecho denunciado.
Esa es mi interpretación. Ahora, ¿por qué creo yo que esta lección no hay que olvidarla? Si
el Once de Septiembre lo creamos los civiles, no lo inventaron los militares. Ellos actuaron con
enorme eficiencia para impedir lo que habría sido una guerra civil desastrosa y con una enorme
cantidad de víctimas.
El Estado de Derecho hay que guardarlo, hay que defenderlo. Hay que impedir que se lo
erosione. Y si queremos tener un país en orden, en desarrollo, en progreso, con cualquier tipo de
programas y planteamientos políticos, olvidémonos del ideologismo y de los neoideologismos que
están haciendo daño en la sociedad chilena. El Estado de Derecho se puede destruir por un agujero,
y desgraciadamente hoy día vemos que hay dos planos en los que hay erosión del Estado de
Derecho y que son inadvertidos, y que creo que los mismos que los están causando no advierten
realmente el por qué del daño que están haciendo.
En uno de estos planos, curiosamente, la responsabilidad es del poder del Estado que tiene la
mayor responsabilidad en el resguardo del Estado de Derecho. Y por favor: junto con el Estado de
Derecho están los derechos de todas las personas. No crean que es una entelequia que está flotando
en el aire; se traslucen los derechos de ustedes, míos y de todos. El Poder Judicial es el poder
moderador por excelencia de una nación: modera las pasiones y tiene que ajustar y cumplir la ley.
El Estado de Derecho está, en Chile, fundado sobre la Constitución y las leyes dictadas conforme a
ésta, dice el texto. Pues bien: yo pienso que en un caso determinado, desgraciadamente, nuestros
altos tribunales están marginándose del Estado de Derecho. Los fallos de la Sala Penal de la Corte
Suprema se dividen en dos, según la integración de la sala: fallos que aplican la prescripción o la
amnistía, y fallos condenatorios que se niegan a aplicar la prescripción o la amnistía, fundándose
esencialmente en dos cosas: una mala apreciación de la circunstancia presume que en Chile existió
un estado de guerra civil -de guerra no internacional, como dicen las Convenciones de Ginebra-,
pero sin embargo, a pesar de sostenerlo, se niegan a aplicar el Protocolo II adicional de las
Convenciones de Ginebra, que interpreta y aplica los convenios en cuanto a las guerras no
internacionales -como se llaman allí las guerras civiles-, y que dice expresamente en uno de sus
artículos: “
que han participado en hechos delictuales durante el conflicto
para llamar a los Convenios a la mesa, pero no aplican los Convenios al no querer aplicar la
amnistía. Esto es romper el Estado de Derecho. ¿Que no afecta a todo el país? Aparentemente. Pero
es el primer agujero que se está produciendo y que no es advertido en su gravedad.
Pero hay otro plano que a mí me preocupa especialmente, y como profesor de Derecho
Internacional me inquieta mucho, y es el que no se mira bien la Constitución, ni en esas
oportunidades ni tampoco al aprobar determinados tratados. En esas oportunidades en los fallos, se
aplica una pseudo costumbre internacional ¡que no existe! Podrá discutirse si existe o no en el plano
internacional -a mi juicio no-. Hay un tratado que sí declara esta imprescriptibilidad de delitos,
etcétera, pero ese tratado no se aplica en Chile porque Chile no lo ha ratificado ni es parte de él. Y
entonces la Sala Penal reconoce esta situación, pero dice: “
creado una costumbre, y esa costumbre se puede aplicar
inciso 2°, acepta que los derechos que emanan de la esencia de la naturaleza humana pueden limitar
el ejercicio de la soberanía, pero se refiere expresamente a los derechos que garantiza la
Constitución o los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile. En consecuencia, queda
excluida la costumbre internacional, de manera que aunque existiera costumbre internacional, no
puede aplicarse como limitante de soberanía en el derecho interno chileno porque no ha sido
incorporada al derecho interno, acorde a la Constitución y especialmente al artículo 54 de la Carta
Fundamental.
Por último, les quiero decir lo siguiente: en el plano de los tratados internacionales, lo que se
está cediendo es soberanía. Y cuando se cede soberanía, el Estado se hace menos soberano y pierde
independencia. Si queremos tener un país en orden, en paz interior, en paz social, con capacidades
de desarrollo, tenemos que resguardar para todos los chilenos el Estado de Derecho, y no empezar a
erosionarlo en algún sentido. Si esto mira y apunta a una relación creciente y armónica y estable
para nuestra nación entre el sector civil, que es el más proclive a caer víctima del ideologismo. Hoy
día están con este neoideologismo que los hace aceptar darle jurisdicción a cualquier juez extranjero
ante determinados delitos para que juzguen a chilenos que pueden haber cometido esos delitos
dentro de Chile.
Esto nos obliga a mirar mejor nuestra patria y los valores propios de nuestra patria.
Entendámoslo principalmente los civiles, porque los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden,
por su vocación, se han formado mirando primero que nada a la Nación y a sus intereses y objetivos
permanentes. Pero en nuestra educación desapareció en una de las tantas reformas el conocimiento
real de la historia de Chile. Desapareció absolutamente hasta el día de hoy el conocimiento de la
geografía; si uno no conoce ni la geografía de la nación -el cuerpo físico de la patria-, y no conoce
tampoco su historia, no puede amarla en profundidad ni colocarla como el primer gran objetivo de
su propia existencia. No se puede amar a quien no se conoce; podrá haber ilusión, pero amor, lo que
es amor, vocación de servicio, no. Es lo que quería decirles esta mañana, y pedirles que estas ideas
que he soltado, estas reflexiones, estúdienlas. Están todos los antecedentes a la vista. Están los
hechos, está el Acuerdo de la Cámara, está toda la vida que ha vivido Chile desde esa fecha -1965 al
73, y del 73 hasta ahora-; y así, creo que podremos tener mayor certeza de no volver a cometer
graves errores como los que hubo en el pasado.
Muchas gracias
