LAS 22.605 PROTESTAS CIUDADANAS QUE EN DOCE AÑOS IMPULSARON AL PAÍS A CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO
Silvia Peña Pinilla. El Mostrador, 26/08/2022
Amplitud geográfica, inclusión del sector rural, además de un carácter eminentemente pacífico y de preferencia regional, son las principales características de las protestas ambientales y socioterritoriales que investigó el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).
El estudio analizó 22.605 manifestaciones entre 2008 y 2020, a partir de notas de prensa, que reclamaban reivindicaciones de distintos tipos. De ellas, 1.737 eventos (7,68%) se consideraron “socioterritoriales” por sus focos ecologista-ambientalista y regionalistas-locales, mientras que un 92,32% fueron calificadas como “generales”, porque apuntaban a demandas educacionales, laborales, de pueblos originarios, feministas, minorías sexuales y políticas, entre otras.
Y si bien las protestas socioterritoriales comparten rasgos comunes con las movilizaciones generales, como el distanciamiento de los partidos políticos, presentan una serie de atributos propios, entre ellos, su distribución geográfica y la diversidad de targets o focos de protesta: concentrados principalmente en gobiernos regionales, locales y empresas.
Además, se les considera un componente central de la dinámica social presente en la década 2010-2020 y que marca a la nueva política, al nuevo ciudadano.
De hecho, en “Diez años de auditoría a la democracia: antes del estallido” (2020), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se señala que en 2008 el 25% de la población participaba de alguna manera en política y en 2018 el porcentaje había alcanzado el 53%. A su vez, los llamados “fragmentados” (manifestantes activos) e involucrados pasaron de ser el 5% al 27% de los habitantes en el mismo lapso.
El grupo de Conflictos Territoriales del COES tuvo a su cargo esta área de investigación, cuyos eventos se concentraron mayormente en las regiones de Valparaíso, Aysén, Metropolitana y La Araucanía.
En el análisis de estos 12 años, claramente aparecen hitos que nos trajeron hasta hoy.
Uno de los primeros ocurrió el 2011, cuando se juntaron las protestas estudiantiles con HidroAysén, y los inicios de las movilizaciones en Calama por el “abandono estatal”, que se apaciguó con la creación del Fondo de Desarrollo para el Norte (Fondenor). El 2014 estuvo marcado por las movilizaciones en torno a la reforma laboral en el Gobierno de Bachelet.
| De acuerdo a la investigación del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), las protestas son uno de los antecedentes que posibilitaron que temas medioambientales y territoriales, entre otras demandas, llegaran a plasmarse en la propuesta de nueva Constitución. Además, gracias a estos movimientos se generó un tejido político distinto y surgieron liderazgos fuera de los partidos políticos tradicionales que están configurando un nuevo país. Del universo de protestas realizadas desde el 2008 al 2022, 1.737 eventos (7,68%) se consideraron “socioterritoriales”, por sus focos ecologista-ambientalista y regionalistas-locales, mientras que un 92,32% fueron calificadas como “generales”, porque apuntaban a demandas educacionales, laborales, de pueblos originarios, feministas, minorías sexuales y políticas, entre otras. Si bien las protestas socioterritoriales comparten rasgos comunes con las movilizaciones generales, como el distanciamiento de los partidos políticos, presentan una serie de atributos propios, entre ellos, su distribución geográfica y la diversidad de targets o focos de protesta: concentrados principalmente en gobiernos regionales, locales y empresas. Además, se les considera un componente central de la dinámica social presente en la década 2010-2020 y que marca a la nueva política, al nuevo ciudadano. |
Estos son movimientos visibles, pero también existen resistencias a pequeñas hidroeléctricas, a inversiones mineras, portuarias. “Hay una movilización usualmente articulada en torno a un proyecto presentado para evaluación ambiental que empieza a generar movilización local con liderazgos en torno a temáticas puntuales y de descentralización que crea redes y tejido político. Eso con el tiempo tiene un correlato con organismos más estables, como el caso de Modatima, que viene trabajando por el agua hace tiempo. Estas ‘miniprotestas’ a veces no obtienen grandes fallos, pero van generando politización al margen del clivaje izquierda-derecha”, explica el investigador posdoctoral de COES y del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC, Felipe Irarrázaval.
Ejemplos concretos de la articulación política de estos movimientos son el traspaso de sus líderes a la elección popular y al poder tradicional. En el caso de Calama, tenemos al entonces alcalde Esteban Velásquez, que luego fue electo diputado y hoy es senador. El actual gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, surgió de la movilización por la contaminación por actividades industriales, y Rodrigo Mundaca, hoy gobernador de la Región de Valparaíso, era director y vocero de Modatima.
Por años el informe del PNUD señalaba que los chilenos no participaban en las elecciones, pero en paralelo aseguraba que había interés en la política. ¿Contradicción? Simplemente no estaban interesados en la política partidista. “Ese grupo sufrió un cambio entre 2010 y 2018, la gente pasó a tener causas, manifestarlas y, entre ellas, las campañas específicas como las ambientales (y las feministas en otro ámbito) fueron aumentando el volumen del tejido social. Hubo antecedentes en la Región de Los Ríos, y en el mayo de Chiloé en 2016. El fenómeno agarra fuerza, crecen los fragmentados y desemboca en el estallido social de 2019”, agrega Irarrázaval.
La nueva Constitución. Las consignas y causas presentes en el mayor ciclo de protestas iniciado el día 18 octubre de 2019, incluyeron la protección del medioambiente y la crítica al centralismo.
Las condiciones del proceso eleccionario para crear la Convención Constitucional, con una exigencia menor en el número de firmas y un sistema proporcional, posibilitó el ingreso de grupos ajenos a los partidos, entre estos, movimientos ambientales y territoriales. “Ese eje de movimientos, que ya venía articulado, llega bien posicionado, por las condiciones de acceso, y logran entrar en bloque, lo que les permitió transar en la negociación política a modo general. Y eso se va a ver no solo en la relación sociedad-naturaleza del capítulo de Medio Ambiente, sino también en lo que es Descentralización y Forma de Estado”, señala el investigador.
La pregunta del millón es: ¿qué pasa si no se aprueba el nuevo texto, se detiene esta dinámica?
Felipe Irarrázaval responde: “Parte de los temas medioambientales llegaron para quedarse, partiendo por el Tratado de Escazú que ratificó este Gobierno. Hay temáticas que, de rechazarse la propuesta constitucional, quizá no alcanzarían rango constitucional, pero sí deberían instalarse en la sociedad porque son tendencias que están en los informes de organismos internacionales. De hecho, la OCDE viene diciendo hace rato que la participación ciudadana estaba al debe, lo mismo la reforma del sistema de impacto ambiental en Chile. Son tendencias que deberían seguir avanzando. En temas de descentralización hay que ver qué pasará porque son materias que se mueven poco, debido a que los partidos a nivel nacional están muy cómodos en el sistema centralizado. Ellos manejan los nombres de quienes compiten y administran los fondos de desarrollo regional en función de cuoteos políticos, entonces no es muy atractivo pujar por la descentralización. Para que eso ocurra, debería darse una composición como la que llegó a la Convención. Si, al contrario, se aprueba la nueva Constitución y en la medida que se vaya operativizando en distintas leyes, la tendencia debiera ser a que estas protestas se institucionalicen”, puntualiza.
Y añade que, fuera de la Convención, el tema ambiental igual alcanza un buen posicionamiento, por cuanto la gente empatiza con dichas demandas. “Las críticas a la propuesta no están en los temas ambientales. Y eso tiene que ver con que se sabe que ahí Chile tenía que avanzar y había una deuda pendiente que no estaba siendo abordada por la elite tradicional”.
A futuro, Irarrázaval estima que los grupos regionalistas podrían ser más competitivos en elecciones regulares de consejeros, alcaldes y gobernadores, porque ya son conocidos y cuentan con un mayor tejido social. “El tema es si logran tener una coordinación política más amplia, que les permita ser competitivos, eventualmente, en elecciones parlamentarias nacionales o en la Cámara de las Regiones. Para ello, se necesita tener alianzas con otros grupos”, concluye.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
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