Mapuches chilenos y argentinos se unen para iniciar movilizaciones y provocan alarma en autoridades. Delitos imprescriptibles e inamnistiable
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Si bien ya el año pasado el activista argentino hacía alusión a una lucha “conjunta” con los chilenos, estas últimas semanas su agenda ha quedado cada vez más en evidencia. Hace sólo algunos días, tras una serie de atentados en el sur de nuestro país, el medio Perfil de Buenos Aires, daba cuenta de los nexos que existen entre los grupos activistas de ambos países.
Publicado el 14.01.2017
El 1 de septiembre de 2016 la justicia argentina determinó rechazar el pedido de extradición a Chile de Facundo Jones Huala. El lonco mapuche, líder del movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), fue imputado por la Fiscalía chilena por la causa de incendio, infracción a la ley de control de armas y a la ley de extranjería, en el marco de la investigación por el incendio en el fundo Pisue Pisue en Río Bueno, en enero de 2013.
Al momento de salir en libertad Jones Huala -rodeado de partidarios mapuches- dijo a la prensa: “hermanos muchas gracias, este es el resultado de la movilización de todas las comunidades, de ambos lados de la cordillera, y de la gente que solidariamente ha comprendido el nivel de conciencia de nuestra nación, de nuestros milicianos y combatientes. Un saludo a todos los que combaten en ambos lados de la cordillera”. Luego continuó: “esto también es en memoria de mi peñi asesinado por el estado chileno hace poco tiempo, de los vecinos del barrio, los pibes que mató la policía en Bariloche, en los barrios del alto, donde hemos crecido nosotros muertos de hambre por estos perros ricos que nos han tenido haciéndoles su casas solamente”. Además aprovechó la oportunidad de lanzar una amenaza: “Quiero seguir conversando con mis hermanos, para ver cómo entre todos podemos doblarle la mano a tanta opresión, cómo entre todos podemos echar a esas asquerosas mineras, petroleras e hidroeléctricas, porque los vamos a echar a lo que sea, a sangre y fuego, si es necesario”. En el punto de prensa, también habló sobre una de las principales luchas del movimiento que lidera: la ocupación del campo de la empresa Benetton, hace ya casi dos años.
Hoy Facundo Jones Huala además tiene un pedido de extradición de Interpol debido a que se le sindica como protagonista de incendios intencionales en Chile, además de ataques a Carabineros e incendios a campos privados.
Si bien ya el año pasado el activista argentino hacía alusión a una lucha “conjunta” con los chilenos, estas últimas semanas su agenda ha quedado cada vez más en evidencia. Hace sólo algunos días, tras una serie de atentados en el sur de nuestro país, el medio Perfil de Buenos Aires, daba cuenta de los nexos que existen entre los grupos activistas de ambos países. “A medida que aparecen más datos, de un lado y del otro de la cordillera, la acción de Huala y su grupo puede ser leída como el germen de una forma violenta de protestar y de hacer política. Hay datos, como que en zonas limítrofes la Gendarmería (policía argentina) envió más personal, mientras que diputados chilenos y periodistas y productores argentinos mencionan a las FARC colombianas como parte de la financiación del grupo”, dice el artículo.
La lucha “conjunta” chilena y argentina
Los hechos hablan de una “conexión” entre los movimientos de chilenos y argentinos. El jueves en la noche un grupo de manifestantes llegaron al Consulado de Chile en Bariloche para protestar por el “violento” desalojo realizado este martes en el campo de Benetton, que el grupo liderado por Jones Huala reclama como tierras de su propiedad. A pesar de que es un conflicto que se lleva a cabo en el país vecino, estuvieron protestando en el consulado chileno.
Una página de Facebook llamada “Xaipe Antileo” da cuenta de todos los movimientos entre ambos países. Así como informa sobre lo que ocurre en el país trasandino, también hizo de manera insistente un llamado a la protesta realizada ayer a las afueras de la embajada de Argentina en Chile con un flyer que dice “¡donde estemos somos un solo pueblo!¡Ni chilenos ni argentinos, somos mapuches”.
La cuenta tiene más de 4600 seguidores y es difícil determinar en qué país residen sus administradores. Por dar un ejemplo, el sitio comunicó sobre ataques en la comuna de Ercilla en la Araucanía, también sobre hechos ocurridos en el campo de Benetton y otros en Bariloche, e incluso hizo un recuento completo en los días que la machi Francisca Linconao -imputada en el caso Luchsinger Mackay- estuvo privada de libertad. Además este miércoles informó a través de un post, que crearon otra cuenta llamada Machi Linconao Vocería, “donde estaremos publicando informaciones sobre la situación de nuestra Autoridad Espiritual”.
Preocupación en Argentina por “importación” del conflicto
El nerviosismo está instalado. En diciembre último el gobernador Mario Das Neves denunció a los integrantes de la agrupación RAM ante la Justicia Federal, ya que sus “conductas ilícitas se encuadran en los delitos de atentados contra el orden público, apología del delito, intimidación pública y daño contra la propiedad”. Además la autoridad presentó un comunicado emitido por el movimiento liderado por Jones Huala emitido el 30 de noviembre en donde “se adjudican y reivindican” incendios de propiedades de productores y una emboscada a la policía.
En tanto, el presidente de la Sociedad Rural de Bariloche, Santiago Nazar, también está en alerta sobre los vínculos que existirían entre ambos países. Al sitio argentino Perfil dijo que los activistas aún no han sido desenmascarados, “pero en la Patagonia la mayoría de los vecinos sabe lo que está pasando. Es un tema complicado. Están aumentando su accionar y esto tiene que ver con lo que pasa en Chile. Si lo que sucede acá se llega a generalizar a otras regiones, como ocurre en Chile, podría ser devastador”.
Para finalizar, vean el siguiente link:
Viña del Mar, 5 de diciembre de 2016.
Delitos imprescriptibles e inamnistiables
Señor Director:
En relación con las declaraciones del senador Baldo Prokurica publicadas en la edición de El Mercurio el día sábado 4, me permito hacer el siguiente comentario: Son habituales las declaraciones de altas autoridades políticas y judiciales en el sentido de que ciertos hechos reprochables cometidos por militares y carabineros hace más de cuarenta años son “delitos de lesa humanidad” y, por lo tanto, imprescriptibles e inamnistiables. Al respecto cabe precisar que legalmente no puede ser calificado como “de lesa humanidad” ningún delito cometido en Chile antes del 18 de julio del año 2009; fecha de entrada en vigor de la ley 20.357 que tipificó tal clase de delitos y que dispuso, expresamente, que no puede ser aplicada retroactivamente.Por otra parte, no existen ni leyes internas ni tratados internacionales que establezcan que los delitos de lesa humanidad son inamnistiables; es decir, que prohíban perdonarse entre hermanos. Lamentablemente las precitadas falacias se han convertido en un verdadero mito y son repetidas por moros y cristianos, incluso por abogados y por personas que apoyan a los héroes de 1973; a los militares y carabineros que salvaron a Chile y que evitaron que nuestra patria se convirtiera en una nueva Cuba.Quienes cometen delitos de lesa humanidad son los jueces que no respetan principios del derecho penal universal, que cometen el delito de prevaricación, que procesan y condenan en forma injusta, inconstitucional, ilegal y arbitraria a militares y carabineros, y que mantienen secuestrados a muchos de ellos en el penal de Punta Peuco. Son cómplices de tales delitos las autoridades ejecutivas y legislativas del Estado por permitir una torcida aplicación de la ley y por dejar impune la precitada prevaricación. Por otra parte, estas autoridades cometen un delito de lesa humanidad por omisión, al no efectuar las modificaciones legales necesarias para cumplir con lo establecido por nuestra Carta Fundamental y por tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, a fin de que cumpliendo con el principio de igualdad ante la ley a dichos servidores de la patria les sea aplicado el mismo sistema procesal penal que le es aplicado a todos los demás chilenos. A los militares y carabineros procesados por supuestos hechos delictivos ocurridos hace más de cuatro décadas no les son respetados principios esenciales, tales como la presunción de inocencia y las normas del debido proceso, porque a ellos —a diferencia de los demás chilenos— se les aplica el antiguo sistema de procedimiento penal; un sistema que vulnera derechos fundamentales que la Constitución asegura a todas las personas y que es incompatible con el derecho internacional de defensa de los derechos humanos.
Atentamente le saluda.
Adolfo Paúl Latorre