Orden público o muerte

            La verdad es que es imposible disuadir, controlar o reprimir a quienes destruyen todo a su paso con una violencia desenfrenada sin el uso de armas letales o con la amenaza creíble de su uso. ¿O alguien realmente piensa que ello sería posible con exhortaciones a la paz o por carabineros “de infantería” luchando “cuerpo a cuerpo” con los vándalos? Lamentablemente el “discurso de los derechos humanos” está siendo usado como un arma estratégica para quitar legitimidad al uso de la fuerza y para desarmar psicológica y moralmente a quienes, por deber de autoridad, están obligados en justicia a aplicar la violencia física legítima del Estado para reprimir a quienes subvierten el orden social.

La violencia y la destrucción de bienes de todo orden está siendo amparada por sectores políticos que promueven la anarquía, el caos, la disolución social y la insurrección revolucionaria a fin de conquistar el poder total y completar la tarea que Allende dejó inconclusa.

Siendo la conservación del orden público la obligación esencial e irrenunciable de los gobernantes del Estado y en circunstancias que los ciudadanos de nuestra patria están en la más completa indefensión ante las hordas de delincuentes y terroristas que asuelan el territorio de la República, saqueando, destruyendo, incendiando, obstruyendo el tránsito y atemorizando a la población —lo que aparte de vulnerar los derechos humanos de millones de chilenos puede provocar la desestabilización del gobierno y la ruina definitiva de Chile— es preciso que las autoridades competentes impongan el orden público a sangre y fuego.

El Estado no solo tiene el derecho sino que el deber de defenderse, con todos los medios a su alcance, de personas o grupos subversivos, terroristas o insurreccionales que ponen en riesgo la existencia de Chile como una nación libre y soberana.

Salus populi suprema lex est —la salvación del pueblo es ley suprema— era el primer principio del Derecho Público Romano, usado para justificar ciertas medidas extremas.

La lenidad de los gobernantes para aplicar el máximo de rigor para cumplir con su obligación esencial nos hace recordar las siguientes palabras de Alone: “Llega un momento en la existencia de los pueblos, como en la de los individuos, en que surge la tentación de morir. Y se suicidan. ¿Está Chile en ese momento?”.

            Parafraseando el conocido eslogan “patria o muerte”, podríamos decir “orden público o muerte”.

A lo antedicho cabría agregar que si la gravísima situación de desorden público, de violencia incontrolada, de vandalismo y de pillaje no se soluciona pronto —sumada a la incertidumbre y a la amenaza contra los principios de una sociedad libre y responsable que representa el proceso constituyente en curso— Chile podría sufrir una catástrofe política, económica, social e institucional monumental, que en el mejor de los casos nos llevaría a una situación como la de Argentina; en el peor, a una revolución tipo bolchevique y a la instauración del comunismo “puro y duro” con todo lo que ello significa (que podría serlo con o sin una cruenta guerra civil de por medio, si las fuerzas armadas tomaren partido y se dividieran); y, en el caso intermedio, a una situación como la de Venezuela. En todo caso, siempre queda la posibilidad de un milagro. Como decía David Ben Gurión: “Para ser realista hay que creer en los milagros”.

Finalmente citaremos las palabras pronunciadas por el ministro de la Corte Suprema Hugo Dolmestch en una entrevista publicada en El Mercurio de Santiago el 30 de noviembre de 2019, bajo el título “Estamos exagerando con sacar a Carabineros de las facultades que tiene para poder imponer el orden”: “Estoy preocupado por la contingencia porque creo que está en peligro la democracia y el Estado de derecho. Nosotros estamos viviendo una emergencia, que es una cosa peligrosa, porque si no vamos a tener de nuevo un pronunciamiento militar o una guerra civil”.