Pensamientos sobre un caos

La vergonzosa actuación que hemos visto en una parte de la sociedad chilena, donde la violación de la ley para cometer saqueos a supermercados y a almacenes es asumida como un derecho derivado de los efectos de un terremoto devastador, ha sido incentivada por la tardía e ineficaz reacción del sistema de gobierno.

La lógica desesperación de quienes vieron destruidas sus casas e interrumpida las redes de distribución de energía y agua como también el acceso al abastecimiento de alimentos, se ha visto elevada a límites que superan la razón y ponen en evidencia una peligrosa carencia de principios cívicos, lo que amerita una seria reflexión y la adopción de urgentes medidas correctivas, apenas se supere la crisis.

¿A qué podemos atribuir actos tan desquiciados como el provocar el incendio de una tienda después de robar electrodomésticos, muebles y artículos de todo tipo, absolutamente alejados de las necesidades de supervivencia humana? Los sociólogos podrán calificar técnicamente los hechos observados, pero los simples ciudadanos de este país tenemos el derecho y el deber de expresar los sentimientos que ellos nos provocan.

Apenas ocurrido el sismo, la población nacional quedó sin comunicación y por ende sin información, tal como si sobre nuestro territorio hubieran caído varias bombas atómicas a la vez, al estilo de lo mostrado en la película “El Día Después”. No hubo emisión de radio alguna como las que en el terremoto de 1960 llevaron tranquilidad a la gente, indicándoles al menos lo que había ocurrido y dónde se situaba el mayor problema. Increíblemente, 50 años después y con toda la tecnología disponible, Chile permaneció absolutamente ciego, sordo y mudo hasta que aproximadamente una hora y media después del cataclismo comenzó a transmitir la Radio Bío-Bío. Antes de ello, solo las radios argentinas daban a conocer algunas informaciones provenientes del Servicio Sismológico de los Estados Unidos, en las que se señalaba que un gran sismo había ocurrido cerca de la costa de Concepción.

Ello nos deja en evidencia que Chile no cuenta con un sistema de radio difusión privada capaz de salir al aire inmediatamente después de un cataclismo, sin que sea posible comprender como fue que se perdió la capacidad de reacción que existía hasta hace algunos años. Se demuestra también que el comercialmente atractivo crecimiento de las radios FM desplazó el interés por las radios AM, haciéndolas perder su histórica capacidad de información. Igualmente, ello confirma que en los últimos 20 años las autoridades restaron importancia a las capacidades para enfrentar este tipo de situaciones, pasando a manejar políticamente las crisis en vez de entregar su preparación a verdaderos profesionales.

A partir del momento en logró salir al aire la Radio Bío-Bío, fue quedando en evidencia la falta de organización del gobierno para enfrentar una catástrofe natural de esta magnitud, en especial de la ONEMI, la que fue sencillamente incapaz de reunir la indispensable información de primera mano que le permitiera entregar al gobierno un cuadro de situación que sustentara las decisiones pertinentes.

Los más viejos vimos con extrañeza extraño la falta de protagonismo de la red voluntaria de radioaficionados que  en el pasado nos enorgulleciera,  sugiriéndonos que todo el sistema de emergencia nacional depende de los cómodos pero ineficaces celulares. Nuevamente la pregunta es: ¿dónde quedó la Red de Emergencia de la ONEMI, famosa por su eficacia, siendo operada sin costo por cientos de radioaficionados privados? ¿Será que la soberbia nos llevó una vez más a desechar las capacidades ofrecidas por simples ciudadanos bien intencionados, como sucedió en un comienzo con los bomberos para Haití?

Mención aparte merece la falencia de un sistema nacional de registro sísmico, siendo inconcebible que los escasos equipos existentes sean de propiedad de la Universidad de Chile y no de un organismo de gobierno, tratándose de una necesidad vital para la nación, donde se pudieron destinar con mucho mayor eficiencia los cuantiosos recursos despilfarrados en proyectos que alimentan odios del pasado o entregan “circo al pueblo” con propósitos electorales.

Junto a la falta de un sistema gubernamental de prevención vemos con impotencia como se adolece también de un sistema de reacción para enfrentar una de las amenazas principales que penden sobre nuestro Estado: las catástrofes naturales, las que – sumadas a las hipótesis de guerra – dan sentido y razón de ser a la Seguridad Nacional. Pero, ¿no será que por ser el tema de la Seguridad Nacional un tabú intocable o al menos rechazado por quienes nos gobiernan desde hace 20 años no se pudieron permitir el lujo de preocuparse por él? ¿No será que un eficaz manejo de las amenazas podría permitir la recuperación del “poder militar”, al poner en evidencia las fortalezas que lo diferencian del poder civil? O ¿será que el complejo que los afecta respecto de los temas “militares” y los escasos frutos políticos que ellos brindan ha impedido a estos gobiernos mirar los verdaderos problemas de Chile con una visión de Estado?

Sucedió a la debacle causada por el terremoto un período de largas horas y en algunos casos de días, sin que las autoridades asumieran las responsabilidades que les debieron asignar para estos casos la Planificación Nacional y Sectorial, orientándolos sobre la forma de enfrentar eventuales catástrofes, cuya falencia queda en evidencia ante la acción inexistente de intendentes y gobernadores, quienes parecen estar hasta ahora ciegos, sordos y mudos, paralizados ante la magnitud del desastre y con nula capacidad de liderazgo, traspasando sus responsabilidades a los Alcaldes, a pesar que ellos no cuentan con la autoridad para conducir y coordinar el trabajo de los Servicios Públicos. Las preguntas que afloran de inmediato son: ¿Alguien ha visto a los Intendentes dirigiendo algo? ¿Alguien sabe quien son los Gobernadores Provinciales o los ha visto en acción? ¿Alguien ha escuchado o visto a alguno de los SEREMIS o a los Jefes de los Servicios Públicos de las regiones más afectadas tomando decisiones en relación a las prioridades o a las acciones que debieran haber iniciado tempranamente?

Nada de ello ha ocurrido y por el contrario, hemos visto un intento de conducción política centralizada en las manos de una presidenta que en vez de exigir que la información llegara a ella en la forma y oportunidad requerida por las circunstancias, prefirió salir a recorrer las localidades afectadas para hacer llegar su cariño de madre más que para coordinar medidas que por lógica se encuentran en manos de niveles ejecutivos subordinados, hoy inexistentes o superados por la intromisión superior. Talvez nadie le dijo a la presidenta que al inmiscuirse ella personalmente en las decisiones tácticas, junto con asegurarse un grado de mezquina popularidad, lo que estaba haciendo era restringir la capacidad de reacción de quienes debieran haber estado a cargo de la solución de los miles de problemas existentes. Con ello la presidenta además, marcó prioridades sin análisis alguno, orientando erróneamente a los escasos medios hacia la solución de problemas secundarios pero vistosos, sin la menor consideración hacia los más necesitados.

Suma y sigue. A pesar de ser evidente la reacción esperable de una gran masa de población desorientada y desabastecida, el gobierno nacional se dio el lujo de dudar en el establecimiento de medidas de excepción, las que postergó por 48 horas, permitiendo que los amagos de caos social se transformaran literalmente en incendios, al demorarse la toma de control de la situación por parte de las fuerzas armadas. Una vez más, el complejo por el tema militar, que por más que lo nieguen se encuentra indisolublemente grabado en la mente de quienes han gobernado el país por los últimos 20 años, les ha penado en contra, poniendo en evidencia su incapacidad para superar el pasado como muy bien lo demuestran las instituciones armadas. Como si éstos fueran los únicos que debieran dar vuelta la página para mirar el futuro y cumplir plenamente con sus obligaciones constitucionales. Como si los políticos estuvieran exentos de dicha responsabilidad y puedan darse el lujo (como lo han hecho) de mantener convenientemente en la memoria el recuerdo de la división causada por ellos mismo entre los chilenos, sin ser capaces de asumir las obligaciones constitucionales que les corresponden.

De otra manera, es inexplicable la actitud débil e inconsecuente con la que los personeros del gobierno que se despide continúan tratando de justificar la tardía declaración de Estado de Catástrofe y la forma vergonzosa en que tratan de restar poder real a los jefes de Plaza, mencionando cada vez que pueden que éstos cumplen su misión “subordinados a las autoridades locales”, lo cual no es más que es una falacia, puesto que sus facultades superan largamente la autoridad de los inoperantes fantasmas políticos locales. ¡Déjense de pamplinas y de una vez por todas sean consecuentes con sus obligaciones, dejando que las FF.AA. restablezcan el orden que ustedes no fueron capaces de mantener!

Siguiendo con los desaguisados, el gobierno trata de culpar a la Armada, específicamente al SHOA, de no haber informado de la inminente ocurrencia de un Tsunami, a minutos de ocurrido el terremoto. Independientemente de una eventual discusión semántica sobre el término, ¿alguien se ha tomado la molestia de preguntar de qué servía saber si no había cómo comunicar el hecho por ocurrir? Sin una red de radio y sin una planificación adecuada, de nada habría servido saber a las 3:40 o 3:45 horas de la madrugada que iba a venir una marejada, maremoto o tsunami en las costas chilenas. Salvo, claro, que el escándalo permite a las desprestigiadas autoridades un alivio, al generar una distracción de la atención periodística hacia un aspecto absolutamente secundario.

Una vez llegada la fuerza militar a hacerse cargo de una población ya desquiciada, sale la presidenta a anunciar pomposamente que “se aplicará todo el rigor de la Ley”, pero de atrás sale su Subsecretario del Interior, señalando que “se actuará con proporcionalidad”. ¿A que están jugando las autoridades de este país? ¿Será una vez más el complejo militar? ¿O será un simple “parche antes de la herida”, para quedar en condiciones de culpar a los militares si ocurre algún hecho de sangre, lavando salomónicamente sus manos? Por fortuna, el desprestigiado e ineficaz equipo de gobierno debe abandonar en los próximos días su cargo, dejando libre el paso a un nuevo contingente que – por malo que pudiera ser y no lo es – superará ampliamente la incapacidad de los actuales.

De los hechos descritos y con la convicción de que esto es sólo el comienzo de las evaluaciones que se realizarán en el futuro, es posible obtener algunas conclusiones, no excluyentes ni definitivas:

1)      Ha quedado en evidencia la incapacidad absoluta del gobierno para enfrentar una de las amenazas clásicas de todo estado: las catástrofes naturales de verdad, no como aquella del Norte, en que se dieron el lujo de nominar burlescamente una coqueta “Ministra en Campaña”….

2)      Chile no cuenta con un verdadero sistema de administración de emergencias, siendo inconcebible que se pretenda mantener en el cargo a la Jefa de la ONEMI.

3)      La sociedad chilena actual muestra graves debilidades morales y una absoluta falta de ética, requiriéndose la imposición de campañas de formación valórica que aseguren que las próximas generaciones no las mantendrán.

4)      La causa de la descomposición valórica que pareciera estar en la combinación del materialismo y el individualismo de la sociedad chilena, se potencia con la permisividad y falta de respeto estimulada por la exacerbación de los “derechos” y la inexistencia de los “deberes”, lo que requiere una urgente corrección.

5)      Los gobiernos de la Concertación culminan su gestión con sus debilidades al desnudo, sin poder ocultar su mediocridad y su falta de visión de estado, donde la mala calidad de su red de poder político se fraguó en un concierto de corrupción de todo orden.

6)      Todo lo anterior demuestra la necesidad de dedicar tiempo al estudio de las responsabilidades políticas y criminales de quienes dejaron de cumplir sus obligaciones constitucionales, abandonando el interés por el bien común para dedicarse a satisfacer sus ambiciones personales.

 

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