PERPETUANDO EL SUBDESARROLLO (El Mercurio, Editorial, 18/02/2022)
Las opiniones en esta columna son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión.
Corresponde a todas las fuerzas políticas responsables no seguir observando con letargo este proceso, sino contribuir a corregir su rumbo.
Mientras los principales liderazgos políticos y partidarios —especialmente en el caso de las colectividades de Chile Vamos— aparecen sumidos en una inexplicable pasividad, los avances del debate que se produce dentro de la Convención Constitucional anticipan un complejo desenlace.
Aunque desde un principio levantó alertas la preponderancia de voces radicalizadas, el análisis de lo hasta ahora aprobado da cuenta de una mayoría dispuesta a perpetuar el subdesarrollo y dejar pasar la oportunidad histórica de construir consensos democráticos amplios.
Una de las comisiones que de mejor manera han ilustrado esta situación es la de Medio Ambiente y Modelo Económico. Su desbalanceada composición ha permitido la aprobación en primera instancia de un importante número de iniciativas que no solo desafían el análisis técnico, sino incluso el sentido común.
Muy lejos de teorías conspirativas como las que insisten en levantar algunos constituyentes, son señales como estas las que explican parte importante de la caída en los niveles de aprobación de la Convención en recientes encuestas.
Entre las iniciativas aprobadas por esta comisión se encuentra el principio de la “soberanía alimentaria” como ordenador de las políticas agrarias, que otorga al Estado el rol de garante y promotor de la alimentación, estableciéndose además el derecho a la semilla y su protección, de la mano de la figura del defensor de la naturaleza.
Las consecuencias socioeconómicas y sobre las actividades productivas en distintas industrias ciertamente no fueron consideradas en la discusión. También se aprobó un deber del Estado respecto de las actividades económicas y empresariales, centrado en la organización económica comunitaria y obligándolo a promover la desconcentración económica. Similar respaldo tuvo la idea de otorgar un reconocimiento constitucional a la gestión comunitaria del agua y saneamiento rural.
Ambas fórmulas representan visiones parciales y desinformadas de las complejidades asociadas con las estructuras de los mercados y las necesidades de inversión en el ámbito de los servicios básicos.
Mientras el país enfrenta un desafío climático de proporciones, la liviandad con que se discuten este tipo de propuestas es alarmante.
| Corresponde a todas las fuerzas políticas responsables no seguir observando con letargo este proceso, sino contribuir a corregir su rumbo. |
Por su parte, la iniciativa que establece los deberes del Estado para el desarrollo y protección de la micro, pequeña y mediana empresa (aprobada en tres votaciones) no hace más que generar incentivos constitucionales para perpetuarlas en una determinada categoría. Así, la posibilidad de un emprendimiento de crecer, crear empleo y oportunidades, estaría afectada.
Se agrega, por contraste, la votación de rechazo a la posibilidad de profundizar el reconocimiento a la libertad de emprender y de desarrollar actividades económicas.
Así, se hace evidente cómo el conjunto de medidas aprobadas minimiza la importancia de la actividad privada y el crecimiento. De este modo, un país que enfrenta inmensas demandas sociales arriesga terminar pagando un importante costo si prospera un diseño constitucional ajeno a sus necesidades.
En la misma línea, la comisión ha aprobado el establecimiento de un estatuto general de los bienes estratégicos, que incluye la nacionalización de los recursos mineros y define un retrógrado sistema de compensaciones. Y, en paralelo, la posibilidad de que el Estado se retire unilateralmente de los tratados de libre comercio y de los mecanismos de solución de controversias en torno a inversiones.
Sin el más mínimo análisis de las consecuencias económicas, sociales y geopolíticas de estas ideas, la facilidad con que el grupo despachó la vasta mayoría de los artículos es en extremo preocupante.
Algo similar se ha observado durante los últimos días a propósito de la precarización del derecho de propiedad aprobada en la comisión de Derechos Fundamentales.
El proceso constitucional fue la respuesta del país a una difícil coyuntura. Sin duda, lo mejor para Chile sería que se lograra concordar un texto balanceado, que pueda recibir amplia aprobación ciudadana. Lamentablemente, a la luz de decisiones como las adoptadas por esta comisión —y también de lo visto en las votaciones del pleno—, tal parece hoy un objetivo lejano.
Corresponde a todas las fuerzas políticas responsables no simplemente seguir observando con letargo este proceso, sino contribuir a corregir su rumbo. Por cierto, eso pasa, en primer lugar, por impulsar dentro de la misma Convención fórmulas alternativas y buscar acuerdos en torno a ellas, aunque por ahora esto se vea como un ejercicio solo testimonial.
Es sin duda anticipado adelantar posiciones de rechazo a una Constitución que aún no ha sido elaborada, pero tampoco corresponde desconocer las graves señales que van emergiendo y el real peligro de que el resultado de este proceso sea una propuesta que resulte inaceptable por vulnerar derechos ciudadanos, debilitar el funcionamiento democrático o infligir un profundo daño a las posibilidades de progreso del país.
Proyectar todos los posibles escenarios y los distintos caminos institucionales para impedir el radicalizado experimento ideológico en el que una mayoría de convencionales parece querer embarcar a Chile debiera ser una prioridad.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel