Como bien lo han señalado autoridades del Gobierno y Poder Judicial, el General de Carabineros Iván Andrusco Aspé no se encuentra sometido a proceso alguno que pudiere ser esgrimido como causal para inhabilitarlo
Es parte de las funciones de cualquier oposición política, el cautelar que los gobiernos respeten la institucionalidad vigente.
Igualmente resulta legítimo que critique, cuando existan fundamentos, la conveniencia de determinadas decisiones.
Pero de ahí a descalificar nombramientos de autoridades, asumiendo a priori que no ejercerán su cargo con criterios de objetividad, hay una diferencia sustancial.
Nos estamos refiriendo a la presión de parlamentarios de la oposición, expresada en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y a través de declaraciones en diversos medios, para que el Gobierno deje sin efecto el nombramiento del Director Nacional de Gendarmería.
Como bien lo han señalado autoridades del Gobierno y Poder Judicial, el General de Carabineros Iván Andrusco Aspé no se encuentra sometido a proceso alguno que pudiere ser esgrimido como causal para inhabilitarlo.
Es más, respecto a la causa en que se pretende involucrarlo, cuyos orígenes se remontan a marzo de 1985, ya existe cosa juzgada, habiendo sido condenados quienes la justicia consideró culpables y, a diferencia de otras situaciones, no se conoce de alguien que haya interpuesto un recurso para reabrir dicho proceso alegando la existencia de nuevos antecedentes.
¿A dónde se quiere o se está dispuesto a llegar en este deliberado conflicto?
Lo más aparente es la generación de una presión mediática que sumada a la anunciada coerción parlamentaria lleve al Gobierno a desistir de este nombramiento.
Pero, si el tema se analiza en profundidad, lo que se buscaría es inhibir, a cualquiera autoridad que se nombre, de ejercer con estricto apego a la ley las atribuciones propias de su cargo.
Creemos que esto es lo más grave.
La Directiva
2010-04-10
Circular Informativa ONG 0410 Leer Más
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