¿Qué es lo que no funciona en las FF.AA.? (https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/02/02/que-es-lo-que-no-funciona-en-las-ff-aa/) por John) LA INDEPENDENCIA JUDICIAL BAJO ASEDIO Cristián Villalonga y Nicolás Frías La Tercera, 28/01/2022
Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.
Se estima que no existe una “reinserción” de las Fuerzas Armadas en la sociedad, pues estas ya están insertas en la sociedad chilena y con la más alta confianza y aprobación en comparación con las demás instituciones.
En relación con la reciente columna del señor Augusto Varas: la supuesta autonomía que tendrían las Fuerzas Armadas es de responsabilidad exclusivamente política y no es otra que la que el poder político les quiera otorgar, ya sea por decisión consciente, por ignorancia de sus funciones o por negligencia en el actuar. En este punto, vale reiterar la falta de una masa crítica de civiles con preparación en los temas de seguridad y defensa, capaces de liderar la función adecuadamente. Esto último no es una responsabilidad de las FF.AA., sino política.
Un viejo aforismo anglosajón reza así: “If it works, don’t fix it” (“Si algo funciona bien, no lo arregle”). El mismo sentido común nos señala que no es útil tratar de arreglar lo que funciona. En la reciente columna de don Augusto Varas se presenta una propuesta respecto de lo que debiera señalar la eventual nueva Constitución Política respecto de las FF.AA. de Chile. Intentaremos proponer algunas ideas que alimenten la discusión sobre este tema que es tan relevante.
En primer lugar, debemos destacar que coincidimos con el señor Varas en varios aspectos. Para empezar, estamos de acuerdo en que el rol principal de las Fuerzas Armadas es proveer a Chile el bien público seguridad y defensa, pues ambos representan un pilar fundamental de todo Estado, ya que la principal finalidad de esta forma de organización política es proveer el bien común traducido en brindar seguridad, desarrollo y bienestar de sus ciudadanos. En este sentido, ¿las FF.AA. han sido eficaces? Pareciera que la ausencia de empleo cinético de la fuerza en bastante más de un siglo de historia patria es una buena medición de que han sido efectivas para disuadir agresiones, han contribuido a la conducción política de conflictos, han resguardado el interés nacional y han permitido que la diplomacia se siente a la mesa de negociaciones en condiciones de ventaja o, a lo menos, de seguridad.
Otra manera de medir esa eficacia tiene que ver con la aceptación pública del desempeño y la confianza que la ciudadanía manifiesta respecto de las instituciones. Aquí podemos destacar dos antecedentes: uno, la última encuesta del CEP (agosto de 2021) sitúa a las FF.AA. dentro de las instituciones mejor percibidas a nivel nacional, y dos, la encuesta Bicentenario de la UC señala que son percibidas como las instituciones con mejor preparación, son las que generan mayor confianza, así como las que les preocupa en mayor medida el bienestar de la sociedad. En pocas palabras, nos damos cuenta de que en forma persistente y continua las Fuerzas Armadas ocupan lugares destacados en la aceptación popular. Incluso ante situaciones inaceptables de corrupción, la ciudadanía ha sabido interpretar que en este tipo de organizaciones existe una diferencia entre los actos de las personas y el desempeño institucional.
En segundo lugar, revisemos los eventuales problemas que el señor Varas plantea que hay que solucionar. Asegura que hay que eliminar la autonomía de las FF.AA., pero nadie explicita cuál es la autonomía a la que se refiere. El Presidente de la República tiene poder de designación y destitución de las comandantes en Jefe; tiene el poder de conformación de los altos mandos institucionales y de aprobar ascensos y retiros de generales y almirantes, autoridad que ejerce regularmente todos los años. Las leyes de Presupuesto son aprobadas por el Congreso Nacional todos los años, y su ejecución, controlada por la Contraloría General de la República. Las adquisiciones de material para las Fuerzas Armadas tienen protocolos y procesos claros, definidos por leyes y reglamentos, donde no solo las autoridades políticas de Defensa, así como expertos civiles, intervienen, también lo hacen las propias autoridades del Ministerio de Hacienda. Más aún, con la aprobación de la Ley de Financiamiento de las Capacidades Estratégicas, las adquisiciones deberán ser aprobadas por el Poder Legislativo. Todo lo anterior hoy es una realidad.
Además, la planificación primaria es aprobada por el ministro de Defensa Nacional en su calidad de conductor político de la Defensa, y en algunos planes es el propio Presidente de la República quien aprueba la planificación. ¿De qué autonomía estamos hablando? El artículo critica las áreas de misión de las Fuerzas Armadas y las trata como si ellas mismas se las hubieran asignado. Eso es un error profundo. Baste revisar los libros de la Defensa Nacional publicados hasta la fecha y la Política de Defensa publicada el año 2021, para evidenciar que son todos documentos elaborados por autoridades políticas y académicas civiles, con apoyo técnico especializado de las FF.AA., pero la autoridad editorial y su consecuente responsabilidad han sido absolutamente políticas.
En resumen, la autonomía a la que hace mención el señor Varas no es la que le entrega la Constitución o las leyes, sino más bien aquella que otorga la autoridad encargada de la Defensa. La supuesta autonomía que tendrían las Fuerzas Armadas es de responsabilidad exclusivamente política y no es otra que la que el poder político les quiera otorgar, ya sea por decisión consciente, por ignorancia de sus funciones o por negligencia en el actuar. En este punto, vale reiterar la falta de una masa crítica de civiles con preparación en los temas de seguridad y defensa, capaces de liderar la función adecuadamente. Esto último no es una responsabilidad de las FF.AA., sino política.
Cabe comentar la propuesta sobre eliminar la “noción de Seguridad Nacional”. Más allá de las convicciones ideológicas detrás de este concepto, que muchas veces tiende a confundirse con lo que en su tiempo se denominó “Doctrina de Seguridad Nacional”, la idea de la seguridad de un Estado es universal en el concierto internacional. Podríamos discutir el nombre que le demos a la función, pero, al final del día, un Estado debe proveer del bien público denominado “seguridad”, pues es una de sus funciones básicas dentro del contrato social y una condición ineludible para alcanzar el bienestar de la sociedad. No en vano, la noción existe en la disciplina de relaciones internacionales, los estudios estratégicos, los propios de seguridad, existiendo cátedras y posgrados en las principales universidades, a nivel mundial, así como las principales democracias en el mundo se han dotado de una arquitectura de seguridad nacional y, consecuentemente, explicitan sus políticas y estrategias de seguridad nacional, para hacer frente a los riesgos, amenazas y también aprovechar las oportunidades a las que los Estados se enfrentan. Desechar este concepto y su funcionalidad es no entender los desafíos del actual escenario internacional, así como afectar la particular seguridad de nuestro país.
En tercer lugar, hay que referirse a las propuestas del señor Varas. La más llamativa es la de volver atrás en la historia e involucrar al Congreso en el ascenso de oficiales generales. Chile tiene historia y es fundamental que volvamos atrás y revisemos 1891, 1925 a 1931, 1970 a 1973. Las FF.AA. no deben estar involucradas en política partidista y contingente. Los miembros de estas en servicio no deben ser llamados a ocupar puestos políticos. Los coroneles y capitanes de navío no deben pasar por la venia parlamentaria para acceder a los puestos de dirección y alto mando que deben estar vinculados exclusivamente a su desempeño y mérito profesional y no a contactos o afinidades políticas. Si queremos Fuerzas Armadas profesionales, jerarquizadas, obedientes y no deliberantes, mantengámoslas fuera de la discusión política contingente.
Finalmente, parece importante concordar con el señor Varas en algunos puntos que él plantea, pero con algunos matices:
1.- La eventual nueva Constitución sí debe explicitar que el monopolio del uso legítimo de la fuerza de las armas recae exclusivamente en las FF.AA., conformadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. De esta forma nos aseguramos evitar la tentación de generar guardias nacionales, milicias populares, fuerzas armadas paralelas y cualquier otra manifestación que implique uso de las armas.
2.- Las FF.AA. deben permanecer profesionales, jerarquizadas, obedientes y no deliberantes. Estas se deben a la patria, y dado que tienen el mandato de ejercer el monopolio del uso de las armas, deben permanecer ajenas al debate político.
3.- No podemos concordar más con el señor Varas en las tareas pendientes para el mundo político. No son tareas de las FF.AA., son tareas de la conducción política:
a.- Elaboración de las directivas y planes que articulen la política exterior con la política de Defensa.
b.- Definición del interés nacional.
c.- Claridad en la defensa de objetivos nacionales.
d.- El Ejecutivo respondiendo ante el Legislativo por la conducción política de las FF.AA.
Por último, se estima que no existe una “reinserción” de las Fuerzas Armadas en la sociedad, pues estas ya están insertas en la sociedad chilena y con la más alta confianza y aprobación en comparación con las demás instituciones. Por si alguien no ha caído en la cuenta, las FF.AA. llevan más de treinta años bajo la dirección y control civil, no son perfectas, pero hacen su trabajo. La eventual nueva Constitución, en cuanto documento que dice relación con el poder, debe contemplar qué es lo que debe pasar con el poder de las armas. Si bien la defensa es un servicio, no es cualquier servicio público, pues de él depende la supervivencia del Estado en casos extremos. No tenemos tiempo ni recursos para estar dedicándolos a lo que funciona bastante bien. Preocupémonos, mejor, de aquello que no está funcionando.
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LA INDEPENDENCIA JUDICIAL BAJO ASEDIO
Cristián Villalongay Nicolás Frías La Tercera, 28/01/2022 [2][1]
Existen al menos tres razones por las que esta norma es una mala idea. En primer lugar, la iniciativa genera incentivos que afectan la independencia judicial, principal atributo que esperamos de los jueces. Este es un asunto sensible pues los costos de dictar sentencias en contra de quienes poseen poder político y económico serían inmensos para el magistrado. Habitualmente -y en buena hora- nuestros jueces no poseen redes con la práctica privada, no intervienen en política partidista y la actividad académica les resulta lejana. Si deben resolver un conflicto en que intervenga una gran empresa o un litigio de ribetes políticos, pueden verse inclinados a fallar disminuyendo el costo futuro de su decisión.Finalmente, la experiencia comparada confirma que los plazos de oficio debilitan la autoridad de los tribunales, sobre todo en contextos de concentración del poder político. Así ha sucedido en Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Solo en los regímenes en que existen distintos tribunales de última instancia (Colombia) o una creciente fragmentación política (México), el oficio judicial limitado temporalmente ha podido funcionar con ciertas dificultades.
- Esperamos que, en lo sucesivo, la convención enmiende esta mala decisión.
- En segundo lugar, el principal argumento esgrimido en esta iniciativa es falso. Se ha sostenido que los miembros del Poder Judicial deben cambiar más a menudo, pues no se habrían sumado a los cambios sociales (supuestamente defienden el denominado orden neoliberal). Esto no es efectivo. Basta recordar sentencias en materias de Isapres, garantías en el proceso penal y proyectos ambientales, etc.
- Nota del Editor: Cristián Villalonga es secretario académico y profesor del departamento “Fundamentos del Derecho”, UC.
- [1]
- [2] Nota del Editor: Nicolás Frías es el director del Departamento de Derecho Procesal UCEste lunes, la Comisión de Justicia de la Convención Constituyente aprobó limitar el tiempo de duración para el oficio judicial a un determinado número de años. Conviene preguntarse si es razonable que los jueces tengan un plazo fijo para el ejercicio de su cargo. La pregunta es importante, pues altera una regla básica desde los escritos de Hamilton en El Federalista (N°78), quien afirmaba que, para fortalecer su imparcialidad, los jueces debían permanecer en su cargo mientras dure su buena conducta. También altera una regla básica en nuestra tradición constitucional, en la que los oficios de la vida republicana han sido temporales, salvo el oficio en los tribunales, que dura hasta la edad de jubilación.
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