Al comienzo de la década de 1970, las FF.AA y de Orden, fueron clamadas por el pueblo de Chile, para que se hicieran cargo de la conducción del país, a raíz del descontrol gubernamental que existía, producto del lumpen vigente, subversión en su máximo desarrollo apoyado por países foráneos para la toma del poder por la vía armada, escases de alimentos, incumplimiento de las leyes vigentes, etc. , situación que llevó al país al borde de la guerra civil y que fue denunciado por el Poder Legislativo, Judicial y Controlaría General de la República.
Lo anterior, trajo como consecuencia que las FF.AA y de Orden actuaran para restablecer el orden, conllevando a que se detuvieran numerosas personas que participaban en las actividades que destruían la democracia y desarrollo en nuestra nación, siendo muchos de ellos favorecidos en el tiempo con leyes de amnistía, prescripciones y otras medidas transitorias, para obtener la libertad durante el Gobierno Militar y posteriormente en los gobiernos de la Concertación.
Durante los 4 gobiernos de la Concertación, existió un programa sistemático para perseguir a los integrantes de las FF.AA y de Orden a través de leyes mal interpretadas y aplicación de tratados no vigentes, para condenar y procesar a cientos de uniformados, quienes también tenían derecho a que se les aplicase la misma ley de amnistía y de prescripción que a los subversivos, pero no se hizo, ya que primó el afán de venganza política y aprovechamiento de beneficios económicos; incluso, fueron favorecidas personas presuntamente desaparecidas y que no eran tales.
Con fecha 27 de Febrero del presente año, el país sufrió uno de los más grandes desastres sísmicos de la humanidad y nuevamente, por el clamor del pueblo, las FF.AA. y de Orden, tuvieron que salir a restablecer el orden administrativo debido a que el lumpen salió a las calles para efectuar saqueos y vandalismo en la población, obligando a los Jefes de las Zonas de Catástrofe a establecer el toque de queda, única solución para recuperar el orden y la seguridad que la ciudadanía requería.
Espero que el actuar profesional de nuestras FF.AA y de Orden, no signifique con el tiempo, el procesar a personal subalterno por haber cumplido su deber, tal como lo hicieron aquellos uniformados hace treinta y siete años y actualmente, se encuentra un gran número de ellos procesados y otros cumpliendo condenas, cuyas penas han sido aplicadas con alevosía por su severidad, no existiendo ninguna comparación con las penas de los extremistas condenados, que actualmente se encuentran libres o protegidos por el Gobierno, en el extranjero.
WILHELM WILLEKE