Seminario 45 años del Pronunciamiento Militar.

            Agradezco la invitación del señor Decano de la Facultad de de Historia, Geografía y Ciencia Política, profesor Patricio Bernedo, a participar en esta seminario, cuando se van a cumplir 45 años del 11 de septiembre de 1973.

            Debo decir, no obstante, que no me parece adecuado el título del seminario, pues al referirse al “golpe de Estado”, da la impresión de que un día, unos militares amanecieron afiebrados y decidieron tomar el poder, en circunstancias que el pronunciamiento militar es sólo un efecto de unas causas que se fueron acumulando, por lo menos desde 1966, sino desde la postguerra mundial.

            Me enfocaré, pues, en esas causas, acogiendo la invitación del Decano Bernedo a analizar ¿Qué nos pasó?

            Y esas causas, se reflejan muy bien en un documento que hoy, precisamente, cumple 45 años. Me refiero al acuerdo adoptado por la Cámara de Diputados el 23 de agosto de 1973, que, en sus partes más importantes, expresa:

“Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece; Que, para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho”.

Como consecuencia de las variadas infracciones a la Constitución y las leyes que en el documento se denuncian, la Cámara acuerda: “PRIMERO.- Representar a S. E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos N° 5° a 12° precedentes; SEGUNDO.- Representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos; TERCERO.- Declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores Ministros en el Gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio institucional”.

            Las Fuerzas Armadas, que siempre han sido sumamente legalistas, se vieron así impelidas por el parlamento y por gran parte de la ciudadanía a actuar.

            Pero es necesario remontarse a agosto de 1967, cuando a instancias del entonces senador Salvador Allende, se reúne en La Habana la Primera Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad OLAS), cuya resolución general, hoy casi olvidada por unos y otros, lleva como título un pensamiento de Simón Bolívar:” Para nosotros la Patria es América”, afirmación que ha recuperado vigencia impulsada por la revolución bolivariana en Venezuela. El documento señala que “siendo la lucha armada la vía fundamental, es igualmente necesario emplear otras formas de lucha siempre que se encuentren en desarrollo o tengan por objetivo ayudar a desarrollar la que se estima principal. Las formas de lucha sólo tendrán un valor revolucionario en la medida en que contribuyan al desarrollo hacia las formas más altas de la lucha de clases y estén dirigidas a crear conciencia acerca de la inevitable confrontación revolucionaria en todo el continente”.

            De ahí, debemos pasar al acuerdo de Chillán del Partido Socialista de Chile, en su congreso de Chillán, de noviembre de 1967, que en sus acuerdos expresa:

1.- El Partido Socialista, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del Socialismo.

2.- La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista.

3.- Las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. Consecuentemente, las alianzas que el partido establezca sólo se justifican en la medida en que contribuyen a la realización de los objetivos estratégicos ya precisados.

… La política del Frente de Trabajadores se prolonga así, y se encuentra contenida en la política de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la que refleja la nueva dimensión continental y armada que ha adquirido el proceso revolucionario latinoamericano.

El Frente de Acción Popular, ha constituido desde los últimos 10 años la expresión política de la clase obrera sobre la base del entendimiento de los partidos Socialista y Comunista de Chile.

En las actuales condiciones chilenas y latinoamericanas, el FRAP debe adecuarse en sus objetivos y organización a la línea general de la política de OLAS, y debe estar destinado a convertirse en el Frente Político que una a todas las fuerzas anti-imperialistas revolucionarias que luchen consecuentemente por la revolución socialista.”

            Entretanto, durante el gobierno de don Eduardo Frei Montalva se preparaba la Reforma Agraria y otras leyes sociales, mediante la Consejería Nacional de la Promoción Popular, cuyos agentes eran preponderantemente marxistas y se dedicaron a recorrer los campos y las industrias, promoviendo el odio de clases, lo que llevó a que quienes habían convivido por generaciones en la mayor armonía, de la noche a la mañana se transformaran en enemigos irreconciliables; y a una violencia inusitada dentro del proceso de la mencionada Reforma Agraria.

            Sabido es que para el marxismo el fin justifica los medios. Se habían propuesto una hegemonía marxista en toda Latinoamérica, justificando cualquier forma de lucha para lograr el objetivo del poder total.

            Por otra parte, se atacaba la institucionalidad desde todos los frentes, como quedó reflejado en el mencionado acuerdo de la Cámara de Diputados y en comunicaciones de la Corte Suprema -también el 23 de agosto de 1973-, de la Contraloría General de la República y del Consejo General del Colegio de Abogados, entre otros.

            Se vulneraban las atribuciones del Congreso, como legislador: “Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en “resquicios legales”, siendo de notar que todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del país, reconocidas por la legislación vigente, por la sola voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad del legislador;”

            Se atropellaban las funciones del Poder Judicial: “Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia, ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la Excma. Corte Suprema y ha amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces;

Ha burlado la acción de la justicia, en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del Gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención;

Ha violado leyes expresas y ha hecho “tabla rasa” del principio de separación de los Poderes, dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios y, frente a las denuncias que al respecto ha formulado la Excma. Corte Suprema, el Presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis el derecho de hacer un “juicio de méritos” a los fallos judiciales, determinando cuándo éstos deben ser cumplidos;”.

            En suma, se vulneró reiteradamente el Estado de Derecho y se hizo muy difícil la convivencia pacífica entre los ciudadanos, puesto que se avivaba el odio permanentemente desde los medios de comunicación pertenecientes o afines a los partidos y movimientos de gobierno. Y como palabras sacan palabras, también hubo medios de comunicación de la oposición sumamente violentos en sus expresiones.

            Capítulo aparte merece el intento por capturar a la Juventud, mediante un sistema de educación socialista para un Chile socialista, la tristemente célebre Escuela Nacional Unificada.

            Así se fue enardeciendo el ambiente y se fue haciendo un Chile de amigos y enemigos que, en algunos círculos, aún permanece.

Don Eduardo Frei Montalva, en su entrevista al Diario ABC de España, de 10 de octubre de 1973, declaraba: “El marxismo, con conocimiento y aprobación de Salvador Allende, había introducido en Chile innumerables arsenales, que se guardaban en viviendas, oficinas, fábricas, almacenes. El mundo no sabe que el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad al del Ejército; un armamento para más de treinta mil hombres, y el Ejército chileno no pasa normalmente de esa cifra. Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros, cuyas vidas no son ciertamente tan importantes como la de Chile, pero que son vidas humanas, y muchas, y todas amenazadas perentoriamente. Y no puedo decir que estemos aún a salvo, porque –ya lo ve usted día tras día– las Fuerzas Armadas siguen descubriendo reductos y arsenales. La guerra civil estaba perfectamente preparada por los marxistas. Y esto es lo que el mundo desconoce o no quiere conocer.

Los militares fueron llamados, y cumplieron una obligación legal, porque el Poder Legislativo y el Judicial, el Congreso y la Corte Suprema habían denunciado públicamente que la presidencia y su régimen quebrantaban la Constitución, los acuerdos votados en el Parlamento y las sentencias dictadas por jueces absolutamente extraños a la política.

Allende vino a instaurar el comunismo por medios violentos, no democráticos, y cuando la democracia, engañada, percibió la magnitud de la trampa, ya era tarde. Ya estaban armadas las masas de guerrilleros y bien preparado el exterminio de los jefes del Ejército. Allende era un político hábil y celaba la trampa. Pero –ya sabe usted– no se puede engañar todo el tiempo a todo el mundo. Las armas requisadas en virtud de la ley Carmona demostraron que la guerra civil se preparaba desde la presidencia de la República. Arrogantemente encarado con todos los poderes constitucionales, el presidente tuvo que reconocer su “inconstitucionalidad” propia. El país recibía armas para el “ejército paralelo” y eran armas rusas”.

            Ésta es parte del texto, no del contexto, como se usa decir ahora, que produjo el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973.

            Una vez asumido el gobierno por la Junta Militar, se hizo un ferviente llamado a la reconciliación y la gran mayoría de los chilenos acogió ese llamado; pero ha habido un sector que hizo caso omiso de él y que hasta hoy continúa sembrando el odio.

            Obviamente, la siembra del odio de clases se ha ido refinando. Ya no es sólo trabajadores contra capitalistas. También es hijos contra padres, mujeres contra maridos, mujeres contra hombres, ecologistas profundos contra quienes quieren desarrollar actividades productivas, indigenistas contra “chilenos”, etc.

            Creo que nadie quiere que se repita una situación como la que se vivió en 1973; pero para que nunca más haya esos efectos, nunca más deben repetirse esas causas.

            Acogiendo también el llamado del Decano Bernedo a analizar desafíos y perspectivas, debo manifestar mi preocupación cuando se aprecian nuevos afanes totalitarios de personas que no aceptan que otros opinen de distinta manera; cuando por la fuerza se impide la expresión de ideas contrarias a las suyas; cuando por la fuerza se impide que otros ejerzan su derecho, por ejemplo a la educación; cuando se pretende imponer una verdad oficial respecto de la historia, que hace que probablemente no se pueda volver a decir lo que hoy estoy manifestando.

            Por eso, también me preocupa cuando parlamentarios quieren transgredir la Constitución para sancionar a jueces por el contenido de sus fallos; y cuando, en el afán de imponer ciertas ideas, mediante leyes contrarias a la Constitución, se termina tratando de suprimir o de privar de atribuciones al Tribunal Constitucional.

            También me preocupa cuando jueces no respetan el debido proceso a las personas sometidas a su jurisdicción; o cuando fallan contra ley expresa y vigente.

            Eso se parece mucho a lo ocurrido durante la Unidad Popular.

            Nuestra historia republicana nos muestra que, aproximadamente cada cuarenta años hay una ruptura institucional. Ya llevamos veintiocho desde el restablecimiento de la democracia plena. ¿Seremos capaces de mantener la institucionalidad por doce años más? Espero que sí y por mucho más tiempo; pero a eso debemos contribuir todos, efectuando un aporte a la paz, respetando a quienes piensan de distinta manera y expresan su pensamiento; respetando a cada una de las instituciones que configuran nuestra organización política, para que pueda cumplir la función que le es propia y le ha sido entregada por la Constitución y las leyes; en suma, cuidando el orden institucional de la república.

            Hagamos nuestro el legado de paz de Francisco de Vitoria, recogido por la Escuela de Salamanca: “El derecho a la paz, supone el respeto a las diferencias. La integración social y cultural, producto de la cooperación y de la comunicación, es posible sólo cuando es espontáneamente deseada y su necesidad reconocida por el sentir común de los hombres y de los pueblos”.

Muchas gracias.