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Escribe: Jorge Ravanales A.
El caso de Bernarda Vera, la supuesta “detenida desaparecida” que resultó estar viva en Argentina tras décadas de silencio, destroza uno de los pilares del relato de la izquierda: la victimización eterna de quienes se alzaron en armas contra Chile. Vera fue dada por ejecutada en 1973 y hasta incluida en el Informe Rettig. Hoy aparece como ciudadana sueca y madre de familia, mientras en Punta Peuco militares ancianos cumplen condenas por crímenes que nunca existieron.
La izquierda construyó una industria del dolor con los “desaparecidos” como bandera, pero lo que aflora es una red de falsedades, medias verdades y ocultamientos. Sabían que muchos de estos casos eran cuestionables, pero era más rentable mantener vivo el mito. Con cada “desaparecido” erigieron monumentos, levantaron procesiones políticas y persiguieron judicialmente a uniformados, sin importar si había pruebas reales o solo testimonios dudosos.
Punta Peuco es hoy un símbolo de esa injusticia. Allí se consumen hombres que ya pasan los 80 años, enfermos, condenados sin derecho a una defensa justa, víctimas de un ensañamiento que no busca verdad, sino revancha. Militares presos por casos como el de Bernarda Vera, donde se manipularon hechos y se borraron huellas incómodas para sostener el relato de la izquierda.
¿Quién repara a los prisioneros militares condenados por estas farsas? ¿Quién responde a sus familias? ¿Quién devuelve la honra perdida a quienes fueron demonizados mientras los verdaderos protagonistas de estas historias vivían ocultos en el extranjero? Nadie. Porque para la izquierda la verdad nunca ha importado: solo importa mantener vivo un dogma que legitime su cruzada ideológica.
El caso de Bernarda Vera no es un hecho aislado. Es otra prueba de que los “falsos desaparecidos” son una herida abierta en la justicia chilena. Una herida que la izquierda se niega a mirar porque pondría al descubierto su gran estafa histórica. Y mientras tanto, en Punta Peuco, hombres inocentes siguen pagando el precio de una mentira convertida en política de Estado.
