Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
La persecución política desatada a todo dar en contra de los uniformados está comenzando a alcanzar ciertos límites de descaro que afortunadamente la ponen en evidencia ante los ojos de una sociedad que hasta ahora ha mantenido una hipócrita indiferencia, aceptando el cuento que le han querido contar y adoptando una posición de distancia crítica de los “violadores de los derechos humanos”. En ello, no ha habido la menor consideración a las injusticias que a diario cometen en contra de los uniformados algunos tribunales que aplican leyes no vigentes en Chile o que violan principios jurídicos que la Constitución garantiza para todos los chilenos, sin distinción, como por ejemplo: la prescripción
Ante la inminente presentación de la propuesta final de la Iglesia Católica sobre el indulto del bicentenario, la izquierda ha comenzado a apretar las clavijas a su estrategia de bloqueo, con el propósito de evitar que se debilite la campaña de persecución político-jurídica que ha orquestado en contra de los militares en retiro.
La ambigüedad mostrada por el gobierno al no definir claramente su posición frente a la posibilidad de que el beneficio pueda llegar a los uniformados condenados por casos de derechos humanos, ha estimulado a la maquinaria vengadora haciéndola llegar incluso a La Moneda, donde intentó imponer las medidas que sirven para sus espurios intereses. Junto con exigir al gobierno que no incluya a los uniformados en el indulto, demandaron a éste el reemplazo de la Jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mostrando su insatisfacción por la tarea cumplida por quien dirige la suerte de “cabeza de playa” que la izquierda mantiene dentro del palacio. Esta última petición es realmente curiosa, puesto que hasta ahora dicha funcionaria había realizado al menos dos actuaciones relevantes en favor de la izquierda y que amenazaron gravemente al gobierno de la Alianza.
La primera, como se recordará, correspondió a la insistencia en pedir la reapertura del caso Soria, situación que para fortuna del Ejecutivo fue resuelta convenientemente por la Corte Suprema, evitando que su eventual aceptación desatara una avalancha de reaperturas de otros casos que como éste, se encuentran absolutamente cerrados y ejecutoriados.
La segunda, se trató de la sorpresiva e injustificada citación a declarar en un caso de DD.HH. al recién nombrado Subsecretario de Defensa y ex – Comandante en Jefe del Ejército, la que fuera gestionada por un abogado subalterno del programa en cuestión, sin conocimiento de su jefa, ni menos del Ministro del Interior.
Ambas situaciones debieran haberle ganado a esta funcionaria el agradecimiento de esta suerte de “comando vengador anti-militar”, conformado por una amplia gama de organizaciones establecidas al amparo de la Concertación y financiadas generosamente por los gobiernos anteriores. Sin embargo, el resultado fallido de ambas gestiones incomodó a sus líderes, impulsándolos a exigir su reemplazo a un gobierno que no reaccionó ante el ridículo en que lo dejó esta oficina.
La molestia del Presidente frente a la impertinente exigencia de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos quedó en evidencia con la brusca interrupción de la reunión, informada por los medios de prensa y ratificada por las enojadas y frustradas dirigentas, acostumbradas a que las autoridades se doblegaran a sus demandas. El problema es que las dirigentas cometieron en esta oportunidad el grave error de extralimitarse en el ejercicio del poder adquirido en los últimos años, consiguiendo sacar de quicio a un Presidente que se ha caracterizado por adoptar una posición conciliadora y contemporizadora, que al parecer fue confundida con una debilidad inexistente.
Aún cuando la ratificación de la jefa del programa era la reacción esperable ante el exabrupto de la agrupación en cuestión, llama la atención que el Presidente de la República siga validando la existencia del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, organismo que dice continuar el trabajo de la Comisión de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley 19.123 y que terminó su existencia el 31 de Diciembre de 1996. El programa que el Presidente valida, fue creado por Decreto Supremo 1.005 de fecha 25 de Abril de 2007, para un propósito meramente administrativo, es decir para velar por el destino de los bienes de la disuelta comisión, sin que en caso alguno se le faculte para participar en procesos judiciales y sin que pueda prolongar la vida de una corporación extinta por la misma ley que la creó.
¿Cómo se explica entonces que los tribunales de derechos humanos sigan aceptando la participación de este organismo ilegal? ¿Cómo se puede entender que el Ministerio del Interior de este gobierno no se haya tomado la molestia de entender que el tal programa no es otra cosa que una forma de desviación de platas para financiar la venganza? Esta y muchas otras inquietudes surgen de casos como éste, pero es aquí en particular que se agradece el descriterio de la AF.DD.DD., quienes con su acción nos permiten denunciar el hecho de fondo, muchísimo más grave que la buena o mala evaluación de un mando medio del gobierno.
Es realmente sorprendente que la primera autoridad de la nación carezca de una asesoría capaz de advertirle que no debe ni puede seguir validando esta ilegalidad, por la que tarde o temprano alguien deberá rendir cuenta y que
?como se han ido dando las cosas? puede ocurrir que por no haberse deshecho de ella a tiempo, la responsabilidad sea atribuida por los descarados de siempre a un gobierno que la recibió de herencia. ?aunque parezca increible? recién comienza a tener vigencia en Chile a partir de mediados del año 2009, sin poder ser aplicado con efecto retroactivo, según lo establece el propio Estatuto de Roma, instrumento internacional que lo define y que fue suscrito por el gobierno y debidamente ratificado por el Senado. ?ya que no de justicia? a un grupo importante de ex – uniformados hoy en prisión, no es ni la sombra de la solución que este sector de la población necesita, ya que el perdón por el bicentenario solo podrá llegar a algún pequeño universo de presos políticos militares, sin conseguir poner término a la persecución política que se desarrolla sobre una enorme cantidad de ex – miembros del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros y que con la ampliación a los casos de “tortura”, promete seguir con uno cuantos miles más. Todo ello, en un país que se jacta de ser “democrático”.
La persecución política desatada a todo dar en contra de los uniformados está comenzando a alcanzar ciertos límites de descaro que afortunadamente la ponen en evidencia ante los ojos de una sociedad que hasta ahora ha mantenido una hipócrita indiferencia, aceptando el cuento que le han querido contar y adoptando una posición de distancia crítica de los “violadores de los derechos humanos”. En ello, no ha habido la menor consideración a las injusticias que a diario cometen en contra de los uniformados algunos tribunales que aplican leyes no vigentes en Chile o que violan principios jurídicos que la Constitución garantiza para todos los chilenos, sin distinción, como por ejemplo: la prescripción.
Este tipo de abusos pseudo-jurídicos han sido eficazmente cubiertos por el engañoso manto de los delitos de “lesa humanidad”, concepto que
En medio de este caos virtual de la justicia en Chile, la posibilidad de que un indulto permita hacer llegar un poco de clemencia
27 de Junio 2010
Patricio Quilhot Palma
