Tocqueville decía que la dictadura de la justicia era la peor de todas, por ser la única que no tiene remedio.En Chile la estamos viviendo. Tanto la del antiguo procedimiento penal como del nuevo. Este último acaba de dejar libres a todos los imputados por el “caso bombas”. El pronunciamiento oficial del Estado chileno, entonces, es que el centenar de bombas terroristas de los últimos tiempos no lo preparó ni colocó ni detonó ninguno de los únicos sospechosos de hacerlo. Y el tribunal oral, tras haber desechado miles de pruebas aportadas por las policías y la fiscalía ¡se dispone ahora a enjuiciar a fiscales y policías por supuestos delitos cometidos en la investigación!
Pues este tribunal oral de la nueva justicia asevera que “haber estado” en la casa okupa “Sacco y Vanzetti” (nombres de anarquistas históricos) no constituye presunción de culpabilidad, aunque otros autores de atentados hayan vivido en esa casa. El delito de “estar ahí” no puede ser imputado a extremistas de izquierda, dice el tribunal.
Pero la antigua justicia, a su turno, que también es de izquierda, sí castiga el delito de “haber estado ahí” y en este momento tres oficiales (r) de la Armada, uno de Carabineros y otro de Investigaciones entran a cumplir cinco años y un día de presidio efectivo por “haber estado” en una repartición de la Armada en enero de 1974, cuando se determinó que había sido llevado ahí un extremista apodado “el vietnamita”, que después desapareció, sin que se haya probado la participación de los condenados en este desenlace. Con los criterios que la nueva justicia aplica a los imputados de colocar bombas, jamás podría haberse condenado a los uniformados (r) y el ex policía, cosa que, además, se hace pasando por sobre la amnistía y la prescripción. Pero es que, en este otro caso, los que “estuvieron ahí” son “del otro lado”, del que combate a los extremistas. En Chile hay, pues, una ley para éstos (no cometen el delito de “haber estado ahí”) y otra para quienes los combaten (sí incurren en ese delito).
Lo peor es que uno de los oficiales (r) de la Armada condenados sin pruebas ¡ni siquiera “estuvo ahí”! Él había sido trasladado de la unidad donde dicen que fue llevado “el vietnamita” en enero de 1974, antes de esa fecha, al buque-escuela “Esmeralda”: y dejó de ir la unidad en diciembre de 1973. Pero los libros donde constaba la fecha de su traslado fueron incinerados (lo son cada cinco años). Justamente por razones como ésa existe la prescripción en todos los estados de derecho, pues las pruebas y los testigos desaparecen. Pero en Chile no vivimos bajo un estado de derecho, en lo que al extremismo y los encargados de combatirlo se trata.
Por supuesto, el Ministerio del Interior juega también un doble papel en el actual “estado de antijuridicidad”: fue activo agente, a través de su legión de abogados de izquierda, para llegar hasta la Corte Suprema y lograr la condena más severa de los ex uniformados (pues los jueces de primera instancia y de apelaciones los habían condenado sólo a 541 días de pena remitida, es decir, que se cumple en libertad). Interior exigió que se aumentara a cinco años y un día de presidio efectivo la sanción por “haber estado ahí”. Pero ahora el ministro critica acerbamente a la nueva justicia oral de izquierda por haber liberado a los extremistas de la casa okupa en razón de que “haber estado ahí” no es delito.
Un mismo hecho puede o no ser delito, según lo cometa un extremista de izquierda o un agente del Estado. Determinarlo queda al arbitrio de la peor de las dictaduras, la de la justicia de izquierda, en cuyas manos estamos los chilenos de hoy.
Por supuesto, no voy a recordar la promesa del candidato Sebastián Piñera a los uniformados en retiro, en el sentido de que velaría por el respeto al debido proceso y la prescripción en los juicios a sus camaradas procesados y presos, porque un exceso de risa repentino podría afectar la normalidad de la digestión de mis lectores.
Pero olvidaba algo importante sobre la dictadura de la justicia de izquierda: la Corte Suprema finalmente ha dejado sin efecto las últimas expulsiones de alumnos de liceos de Providencia que el año pasado los usurparon por la fuerza y los dañaron. Ha sido así, finalmente, desautorizado el único funcionario público del país, el alcalde Labbé, que intentó hacer valer la legalidad frente a la asonada comunista estudiantil que soportamos el año pasado.
Tocqueville decía que la dictadura de la justicia era la peor de todas, por ser la única que no tiene remedio.En Chile la estamos viviendo. Tanto la del antiguo procedimiento penal como del nuevo. Este último acaba de dejar libres a todos los imputados por el “caso bombas”. El pronunciamiento oficial del Estado chileno, entonces, es que el centenar de bombas terroristas de los últimos tiempos no lo preparó ni colocó ni detonó ninguno de los únicos sospechosos de hacerlo. Y el tribunal oral, tras haber desechado miles de pruebas aportadas por las policías y la fiscalía ¡se dispone ahora a enjuiciar a fiscales y policías por supuestos delitos cometidos en la investigación!
Pues este tribunal oral de la nueva justicia asevera que “haber estado” en la casa okupa “Sacco y Vanzetti” (nombres de anarquistas históricos) no constituye presunción de culpabilidad, aunque otros autores de atentados hayan vivido en esa casa. El delito de “estar ahí” no puede ser imputado a extremistas de izquierda, dice el tribunal.
Pero la antigua justicia, a su turno, que también es de izquierda, sí castiga el delito de “haber estado ahí” y en este momento tres oficiales (r) de la Armada, uno de Carabineros y otro de Investigaciones entran a cumplir cinco años y un día de presidio efectivo por “haber estado” en una repartición de la Armada en enero de 1974, cuando se determinó que había sido llevado ahí un extremista apodado “el vietnamita”, que después desapareció, sin que se haya probado la participación de los condenados en este desenlace. Con los criterios que la nueva justicia aplica a los imputados de colocar bombas, jamás podría haberse condenado a los uniformados (r) y el ex policía, cosa que, además, se hace pasando por sobre la amnistía y la prescripción. Pero es que, en este otro caso, los que “estuvieron ahí” son “del otro lado”, del que combate a los extremistas. En Chile hay, pues, una ley para éstos (no cometen el delito de “haber estado ahí”) y otra para quienes los combaten (sí incurren en ese delito).
Lo peor es que uno de los oficiales (r) de la Armada condenados sin pruebas ¡ni siquiera “estuvo ahí”! Él había sido trasladado de la unidad donde dicen que fue llevado “el vietnamita” en enero de 1974, antes de esa fecha, al buque-escuela “Esmeralda”: y dejó de ir la unidad en diciembre de 1973. Pero los libros donde constaba la fecha de su traslado fueron incinerados (lo son cada cinco años). Justamente por razones como ésa existe la prescripción en todos los estados de derecho, pues las pruebas y los testigos desaparecen. Pero en Chile no vivimos bajo un estado de derecho, en lo que al extremismo y los encargados de combatirlo se trata.
Por supuesto, el Ministerio del Interior juega también un doble papel en el actual “estado de antijuridicidad”: fue activo agente, a través de su legión de abogados de izquierda, para llegar hasta la Corte Suprema y lograr la condena más severa de los ex uniformados (pues los jueces de primera instancia y de apelaciones los habían condenado sólo a 541 días de pena remitida, es decir, que se cumple en libertad). Interior exigió que se aumentara a cinco años y un día de presidio efectivo la sanción por “haber estado ahí”. Pero ahora el ministro critica acerbamente a la nueva justicia oral de izquierda por haber liberado a los extremistas de la casa okupa en razón de que “haber estado ahí” no es delito.
Un mismo hecho puede o no ser delito, según lo cometa un extremista de izquierda o un agente del Estado. Determinarlo queda al arbitrio de la peor de las dictaduras, la de la justicia de izquierda, en cuyas manos estamos los chilenos de hoy.
Por supuesto, no voy a recordar la promesa del candidato Sebastián Piñera a los uniformados en retiro, en el sentido de que velaría por el respeto al debido proceso y la prescripción en los juicios a sus camaradas procesados y presos, porque un exceso de risa repentino podría afectar la normalidad de la digestión de mis lectores.
Pero olvidaba algo importante sobre la dictadura de la justicia de izquierda: la Corte Suprema finalmente ha dejado sin efecto las últimas expulsiones de alumnos de liceos de Providencia que el año pasado los usurparon por la fuerza y los dañaron. Ha sido así, finalmente, desautorizado el único funcionario público del país, el alcalde Labbé, que intentó hacer valer la legalidad frente a la asonada comunista estudiantil que soportamos el año pasado.
