Día: 22 Septiembre 2013

LAS OPINIONES DE ESTA COLUMNA DE OPINIÓN SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE UNOFAR

.Señor Subsecretario, conforme a la ley vigente, la Oficina Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior abrirá casos por cerca de 1200 causas que ingresarán o han ingresado ya al Poder Judicial. Nos preocupa esta situación, ya que Usía comprenderá que si los Organismos encargados de la atención, custodia y asistencia de detenidos, sujetos a prisión preventiva o condenados, no cambia substancialmente, el Gobierno actual quedará con el pendón de no haber tenido la voluntad política para revertir lo inaceptable en una sociedad civilizada.

En mi calidad de Presidente del Cuerpo de Generales de Carabineros, he recibido tanto de parte de algunos de sus miembros como de integrantes de diversos Círculos en retiro afines, un reclamo que involucra desaliento y malestar por los tratos discriminatorios, inhumanos y degradantes llevados a efecto tanto de palabra como de obra en contra del Personal tanto de Carabineros como de las Fuerzas Armadas, que cumplen condena en los diferentes recintos penitenciarios dependientes del Ministerio de Justicia.
Estas acciones inconstitucionales sostenidas en el tiempo, incluso, que en algunos casos, han contemplado la denegación de auxilio oportuno para la seguridad personal al interior de los Recintos como del debido transporte para una atención o asistencia médica eficaz y oportuna, en nuestro juicio, va en contra del verdadero espíritu que el legislador impuso al Reglamento de Establecimientos Penitenciarios tanto en su Texto Refundido del Decreto Supremo N° 518 de 22 de Mayo de 1998, publicado en el Diario Oficial de 21 de Agosto de 1998 como en el Decreto Supremo N° 1248 de 10 de Noviembre de 2005, publicado en el Diario Oficial de 3 de Abril de 2006.

En efecto, los beneficios penitenciarios a que tienen derecho, por lo general se les niega sin expresión de causa, discriminándoseles, por el solo hecho de estar condenados por delitos llamados de “derechos humanos”. Y quienes están a su resguardo, no les respetan los diferentes derechos carcelarios estatuidos en el Decreto Nº 542, publicado en el Diario Oficial del 27 de febrero de 1943, en actual vigencia, en especial lo señalado en el Art. 2º, de este Cuerpo Normativo, que categóricamente prescribe: “Prestar protección material y moral a los detenidos”…”procurándoles atención física y médica”, en forma digna y humana.

En resumen, el sistema encargado de proteger los derechos de los internos, está contraviniendo las Convenciones de Derechos Humanos suscritas por Chile, e insertas en el inciso segundo del Art. 5º), de la Constitución Política de la República. Del mismo modo, dicho sistema discrimina a esta clase de internos por el solo objeto de haber pertenecido a las FF.AA y de Orden, lo cual constituye una responsabilidad del Estado y del Gobierno revertirla. Se recuerda a US., que es deber del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 5º de la Carta Política, refrendado por el Decreto Nº 39, de fecha 7 de enero de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario oficial del 13 de marzo de 1991.-

Por otra parte, dable es señalar a Usía que no se les considera su avanzada edad y que muchos de ellos se encuentran aquejados por situaciones de enfermedad como: postrados en cama, ciegos, amputados, etc., pero aun así se les considera un “peligro para la sociedad.”

A este respecto, se requiere que Usía a través del Ejecutivo agilice la MODIFICACIÓN AL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE PENA PARA PERSONAS Mayores de 70 años, PARA QUE LA CUMPLAN en su domicilio bajo régimen de detención domiciliaria. Ver BOLETÍN N°3554-07 de la Cámara de Diputados. Del mismo modo, lo haga con el proyecto alterno que establece un cumplimiento alternativo de la pena para las personas de 80 o más años, señalando al efecto que “El condenado, que durante el cumplimiento de la peno alcance 80 o más años de edad, continuará su reclusión bajo arresto domiciliario, hasta completar la sentencia dictada en su contra. Ver Boletín N° 5367?07 de la Cámara de Diputados.-
La actividad penitenciaria desarrollada con respectos a los uniformados condenados, no es garantista y por tanto no se ejerce por la autoridad penitenciaria dentro de los límites establecidos por la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, las leyes y sus reglamentos y las sentencias judiciales

Sobre esta delicada materia, diferentes representaciones se han hecho para corregir esta odiosa diferencia, incluso por parte de Parlamentarios de su sector, como don Alberto Cardemil y doña María Angélica Cristi, pero tampoco han sido escuchados por las autoridades respectivas para restituir el estado de derecho vulnerado o, si lo han hecho, éstas han sido resistidas para su cumplimiento por el Gendarme encargado de los recintos carcelarios.

En el sentir de Carabineros y de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, que una vez apoyamos a este Gobierno para lograr su victoria electoral, queda una sensación de amargura, desencanto y desconfianza al observar que los beneficios judiciales, carcelarios o administrativos son para los delincuentes o para los extremistas, pero para quienes defendieron la soberanía del país, su autodeterminación, la libertad en todos sus ámbitos o se vieron involucrados en hechos de guerrilla interna, necesaria de controlar para que el país saliera de la grave situación en que se encontraba, solo han sido objeto de acoso o cárcel.

Agrava lo anterior, el hecho que no tienen derecho a apoyo Institucional o estatal para sus defensas, lo que es completamente contrapuesto, con lo establecido en la Constitución Política de la República, pues el delincuente tiene defensoría gratuita a costa de todos los chilenos, produciéndose una discriminación con los miembros de las FF.AA y Carabineros procesados.

Señor Subsecretario, conforme a la ley vigente, la Oficina Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior abrirá casos por cerca de 1200 causas que ingresarán o han ingresado ya al Poder Judicial. Nos preocupa esta situación, ya que Usía comprenderá que si los Organismos encargados de la atención, custodia y asistencia de detenidos, sujetos a prisión preventiva o condenados, no cambia substancialmente, el Gobierno actual quedará con el pendón de no haber tenido la voluntad política para revertir lo inaceptable en una sociedad civilizada.

También es nuestro propósito que esta grave situación sea conocida por la totalidad de las Agrupaciones de Personal en Retiro, que en el caso de Carabineros son alrededor de 350 Círculos en todo el país y, por supuesto, pueden difundirlas entre sus asociados. Al igual que al personal en retiro de las FF.AA.

Nuestro interés, es que Usía., interceda ante el Supremo Gobierno para representar y lograr revertir este oprobio y afrenta en contra de los procesados uniformados, con el fin de que se aplique la ley vigente y se cumpla lo ofrecido por el señor Presidente de la República cuando era candidato a la Presidencia, en una reunión con uniformados retirados al prometer “justicia igual para todos”, si ganaba las elecciones.

Al término casi de su Gobierno, la “justicia igual para todos” no se ha concretado y queda en la familia uniformada en situación de retiro, el malestar de haber sido burlada en la esperanza depositada de Buena Fe, cuando se decidió apoyar a este Gobierno.

Distinguido señor Subsecretario, estamos conscientes del dificultoso camino judicial de aplicar la Ley de Amnistía; la prescripción de la pena u otras figuras. Sin embargo, tenemos el fuerte convencimiento de que si hubiere disposición política, en aquellos casos calificados y estudiados, se podría perfectamente aplicar por S.E., el Presidente de la República su facultad jurisdiccional establecida en el Art. 32º, numeral 14º) de la Constitución Política, esto es, “Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley.” En especial, por razones humanitarias para que se integren a sus familias para un término digno y humano y, no como se pretende políticamente desconocer esta aplicación a aquellos que han sido objeto de sentencias ejecutoriadas, de término y a firme.-

En lo que respecta a los indultos, el Proyecto modifica la ley N° 18.050, en materia de otorgamiento de indultos particulares respecto de aquellos condenados que padecieran enfermedades graves en su etapa terminal y personas mayores de 70 años. Ver Boletín N° 5874?07 de la Cámara de Diputados.
Señor Subsecretario, el Cuerpo de Generales que yo represento, no busca reconocimientos, pero, tenemos la esperanza de algún cambio en esta materia por parte de este Gobierno antes de que termine su gestión. Ahora bien, si ello no se logra, nos parece legítimo dejar constancia para la Historia que por inacción de la actual clase política gobernante, esta grave situación que ha afectado profundamente a la familia uniformada, no fue revertida, ni siquiera en parte.

Finalmente señor Subsecretario, para una mayor claridad de lo que está ocurriendo con nuestro personal, me permito adjuntar a US., un trabajo sobre la materia y que condensa todas las arbitrariedades cometidas y que se continúan cometiendo, desarrollado por el abogado y Capitán de Navío (R) don ADOLFO PAÚL LATORRE. (No se encuentra en este mensaje)

Saluda atentamente a US.,

FERNANDO VICENTE CORDERO RUSQUE

General Director (R) de Carabineros

PRESIDENTE DEL CUERPO DE GENERALES (R)

Comunicado.12.Sep_.013. VER PDF 

LAS OPINIONES DE ESTA COLUMNA DE OPINIÓN SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE UNOFAR
Muchos años de observación me han enseñado que los Presidentes de Chile se pueden clasificar en dos tipos muy diferentes: los que son simples mascarones de proa de la base política que los llevó a La Moneda y los, muchos más raros, que gobiernan según sus propias convicciones y que son capaces de limitar drásticamente la influencia de su base política en la acción gubernativa. La señora Bachelet pertenece, casi arquetípicamente, a la primera categoría.

Como todo mi entorno sabe que hace ocho años no solo voté por la señora Bachelet, sino que colaboré económicamente en la campaña de alguno de los candidatos a parlamentario que la acompañaban, con frecuencia me enfrento a la pregunta de por qué ahora descalifico terminantemente su nueva candidatura presidencial. Es la contundencia de mis razones la que me mueve a expresarlas por escrito y a someterlas a público escrutinio.

Muchos años de observación me han enseñado que los Presidentes de Chile se pueden clasificar en dos tipos muy diferentes: los que son simples mascarones de proa de la base política que los llevó a La Moneda y los, muchos más raros, que gobiernan según sus propias convicciones y que son capaces de limitar drásticamente la influencia de su base política en la acción gubernativa. La señora Bachelet pertenece, casi arquetípicamente, a la primera categoría.

Y ocurre que la base política que hoy apoya su candidatura es sustancialmente distinta de la que la entronizó hace ocho años. El 2009 todavía existía la Concertación de Partidos por la Democracia y su centro de gravedad lo marcaba una Democracia Cristiana vigorosa y definida en torno a la doctrina social de la Iglesia y un socialismo no marxista evolucionado y moderno, completamente ajeno al sectarismo extremista que arrastró al abismo al gobierno de Salvador Allende. Era el socialismo humanista de Ricardo Lagos y Camilo Escalona, a años luz del actual de Andrade. Hoy, el centro de gravedad de la base política de la señora Bachelet está situado entre el fosilizado Partido Comunista de siempre y un socialismo en regresión al marxismo populista. En suma, la llamada Nueva Mayoría no es para nada la Concertación más el Partido Comunista, como le gusta definirse, sino que es la Unidad Popular más lo que queda de una Democracia Cristiana olvidada de sus principios y del papel que jugó hace cuarenta años. Y la señora Bachelet, experta profesional en socializar las ideas de sus cambiantes entornos, ya refleja en sus demagógicos discursos el abismal cambio en su base política.

Mi segunda razón compete a las falencias personales que demostró la señora Bachelet en su anterior administración. Como pienso que el próximo período presidencial será pródigo en situaciones críticas, como profetizan los nubarrones económicos, políticos, sociales e internacionales que asoman en el horizonte, me he fijado mucho en la capacidad dereacción en situaciones de este tipo que pudieran exhibir las distintas opciones presidenciales. Lacandidata Bachelet enfrentó dos decisiones críticas en su gobierno anterior y en las dos fracasó estrepitosamente.

Cuando, recién iniciado su mandato, tuvo en sus manos todos los antecedentes para darse cuenta de que proseguir con la implementación del Transantiago en los términos que estaba proyectado conduciría a un desastre económico y ético sin precedentes en la historia de Chile, no tuvo ni el juicio ni el valor político para retroceder a tiempo en algo obviamente mal proyectado. Su decisión, la más cómoda pero la peor, ha significado el despilfarro de más de seis mil millones de dólares, cifra tan enorme que se puedecomparar con lanecesaria para financiar cualquiera de las reformas educacionales que se barajan. Con seis mil millones de dólares se habrían podido construir 60 mil buenas viviendas sociales de UF 2 mil, o un sinnúmero de hospitales, escuelas y comisarías. Pero más que el daño económico de esa enorme suma, es el daño cívico y moral que emana del Transantiago: ¿Por qué todos los chilenos tienen que subsidiarles el transporte público a los santiaguinos y nada más que a ellos?, ¿por qué, todavía peor, ese subsidio discriminatorio se destina a darles transporte gratis al 20% de los frescos que ni siquiera aportan el costo subsidiado de un mal servicio? Esos interrogantes hacen pensar en el derecho moral que tiene para exigir nuevos tributos alguien que dilapidó de tal manera los que tuvo a su disposición en el pasado.

La segunda crisis a que he aludido fue la planteada por el terremoto y maremoto en las postrimerías de su deslavado mandato. Sobre las falencias de conducción de ese aciago día se ha dichotanto que creo que es mejor tender un velo de pudor sobre lo que ya es un clásico de la chambonería y falta de liderazgo de un gobierno ante una emergencia. Por eso es que la ulterior partida al extranjero de la ya por entonces ex Mandataria más pareció una fuga que otra cosa. Porque el pretexto del vacuo cargo que le inventó Naciones Unidas no logra, ciertamente, encubrir la evasión de responsabilidad política que significó esa partida.

En las condiciones señaladas, ¿se puede confiar en la señora Bachelet para contener los desmanes de “la calle”, o el terrorismo mapuche, o la delincuencia rampante?, ¿se puede confiar en su conducción económica sensata en una época de inevitable contracción como la que se avecina? Yo no puedo, pese a toda mi buena voluntad.

Con todo, la pregunta importante no es si la señora Michelle Bachelet merece un segundo mandato. La pregunta importante y trascendente es si el desconcertado y ofuscado Chile de hoy se merece algo mejor que ella.

VERDADES OCULTAS
Según una interesante una columna publicada por el diario El Mostrador, titulada “Odio, rencor y guerra”, la humillación sufrida por Alemania al término de la guerra 1914-1918 seria la causan profunda del renacimiento del espíritu ario, basado en el odio y en el resentimiento que las medidas impuestas por los vencedores forjaron en el espíritu nacionalista germano. Dicha experiencia histórica, devengó en la más cruenta de todas las guerras que ha enfrentado la humanidad, aquella que comenzó con la invasión de Polonia en Septiembre de 1939 para culminar con el horror de las bombas atómicas lanzadas sobre Japón, en 1945.Los hechos demuestran que el orgullo nacional alemán se recuperó con tal fuerza de la humillación sufrida que terminó en una forma de locura colectiva, haciéndolo capaz de respaldar con su acción a quienes cometieron algunos de los actos más horrorosos que conoce la historia moderna. El nivel de odio y rencor generado por el abuso cometido por los aliados al hacer responde por los actos de sus gobernantes de 1914 a inocentes ciudadanos del pueblo alemán, alcanzó en ellos increíbles deseos de revancha, reforzando su tradicional sentimiento nacionalista con un fanatismo insospechado. De ello surge la única explicación plausible para que un pueblo culto como el alemán fuera capaz de seguir ciegamente a un líder desquiciado que supo canalizar sus frustraciones, ofreciéndoles una visión de superioridad racial que los llevó a cometer las locuras colectivas que conocemos hoy en día.

De esta experiencia histórica, es posible concluir que las humillaciones extremas y las persecuciones odiosas terminan provocando reacciones excepcionalmente violentas en los grupos sociales afectados, generando reacciones difíciles de comprender desde una perspectiva ajena a los hechos y al momento en que éstos se produjeron.

En estos días de Septiembre, la ciudadanía chilena ha sido bombardeada con imágenes y declaraciones horrorosas, todas ellas intentando demostrar la crueldad sin límite de los militares y su comportamiento abusivo hacia inocentes compatriotas, sobre los cuales habrían aplicado las más horribles torturas y deleznables violaciones de sus derechos humanos. Curiosamente, todas y cada una de las imágenes mostradas, tienden a

aislar a los militares de una sociedad que compartió con ellos los hechos de 1973, intentando caracterizar a los uniformados como una casta única, ajena a la realidad nacional de la época y dotada de sanguinarios sentimientos que los llevaron a actuar en una forma cruel e inhumana, cumpliendo una “política de estado”.

Es innegable que hubo actos de violencia derivados de los hechos de Septiembre de 1973, y en los años posteriores, pero es simplemente una cobardía el intentar que se olvide el cuadro de situación que se vivía en Chile en el período precedente y subsiguiente al derrocamiento de Allende y su Unidad Popular. No es posible que personas con un mínimo de honestidad y seriedad puedan negar los hechos que provocaron realmente la violenta reacción de quienes salieron a la calle para impedir la imposición de una revolución socialista indeseadapor al menos dos tercios de la sociedad.

Conseguido el poder por Allende, el gobierno marxista simplemente declaró la guerra a quienes no apoyaban sus propósitos, haciendo uso decidido de la agresión verbal y física sobre empresarios, agricultores, comerciantes, etc., a quienes se les decía abiertamente que no tenían cabida en este nuevo país, donde la revolución socialista de origen soviético-cubano sería impuesta por las buenas o por las malas. Amenazados de muerte y con sus bienes expropiados o punto de serlo, muchos chilenos debieron huir del país, dejando botado un patrimonio personal conseguido con gran esfuerzo, mientras las hordas socialistas se jactaban de su fuerza, asolando los campos, ocupando las industrias y marchando por la calle, exultantes de poder y gloria, como vencedores absolutos de una lucha unilateral, donde la revolución socialista parecía incontenible y la vía electoral había quedado en el camino, como una fase táctica necesaria para apoderarse de Chile.

Nadie parece recordar la arrogancia de aquellas altas autoridades del gobierno socialista que −armadas de pistola− acompañaban “al pueblo” a tomarse una fábrica o industria cualquiera. Nadie quiere recordar los miles de agricultores que fueron impunemente atacados y despojados de sus tierras, porque “la tierra tenía que pertenecer al pueblo”, o las fábricas asaltadas por barbudos marxistas ajenos a los trabajadores, demostrando el

increíble desprecio por la propiedad privada que caracterizó a la Unidad Popular. Sumemos a ello la arrogancia revolucionaria de Allende, cuando –rodeado de una escolta armada absolutamente ilegal− reconocía ser el “presidente de algunos chilenos”, alimentando la soberbia de las turbas populares e induciéndolas a ejercer su poder sobre el resto de la ciudadanía.

En fin, hay miles de ejemplos que parecieran haber sido convenientemente olvidados por quienes han sido o se han castrado voluntariamente de algún hemisferio cerebral, para borrar estos hechos incómodos de su memoria. En realidad, ello parece una muestra más de la cobardía que caracteriza a las masas sociales, cuando una fuerza emergente les impone violentamente su voluntad. De cualquier forma, es seguro que entre laintimidad de su hogar, hay millones de chilenos que saben perfectamente que el comportamiento violento del que se acusa a los militares nació del odio y del rencor sembrado en la sociedad chilena –y en ellos mismos− por una izquierda arrogante y estúpida, autoconvencida de que iba a conseguir instaurar su modelo revolucionario, con el apoyo abrumador de las armas y de sus patrocinadores soviéticos y cubanos. El abuso de poder de la Unidad Popular, junto a su inconsciencia revolucionaria, sembraron así las bases de una reacción inmensamente mayoritaria, en la que miles de ciudadanos civiles acosaban a los militares, pidiéndoles a gritos que mataran a los“terroristas-marxistas- lenilistas”, que los habían humillado y amenazado en forma insoportable, durante los malditos mil días de la UP.

Es evidente que los chilenos han escondido mayoritariamente la cabeza, negándose a sí mismos el haber compartido la odiosidad hacia los “upelientos”, como se acostumbraba llamarlos en aquellos tiempos. Es evidente que en el contexto actual es muy difícil justificar los innumerables gestos de rencor que los motivaron a impulsar a los militares a “cumplir su deber”, aún cuando ello pudiera representar una violación de los derechos humanos de los afectados, toda vez que éstos –con su odio soberbio y arrogancia sin par− habían violentado impunemente los derechos de esa sociedad que finalmente, superada la capacidad de aguantar tanta humillación, terminó explotando en su contra y alimentando la comisión de hechos que –en el contexto actual− pueden parecer horrorosos.

Por último, sabido es que no hubo solo “inocentes ciudadanos” afectados por la reacción de la sociedad chilena y sus FF.AA., y de Orden. Por el contrario, si se hiciese una honesta evaluación de los hechos, en su real contexto de época y de odiosidad, se demostraría que la mayor parte de ellos solo sufrieron las consecuencias de sus actos, indudablemente en un marco de situación excepcional −absolutamente distinto de la coyuntura actual− donde la violencia política, la existencia comprobada de la subversión como medio de lucha reconocido y amparado por los partidos del propio gobierno, caracterizaron la existencia de una “guerra irregular”, lo quedeterminó finalmente que –de acuerdo a la doctrina oficial de seguridad nacional de la época− no los hacía merecedores del trato como prisioneros de guerra, por desarrollar modos de lucha inhumanos, ocultos entre inocentes civiles, para aterrorizar a la población con actos de sabotaje y terrorismo.

16 de Septiembre de 2013

Patricio Quilhot Palma

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