Día: 30 Diciembre 2020

Por la misma razón, pueden existir disposiciones constitucionales transitorias que son inconstitucionales. Es el caso de la octava, que permite que los ciudadanos se encuentren sometidos a dos clases distintas de justicia.

Dicha disposición transitoria autorizó la vulneración de la igualdad ante la ley durante el proceso de entrada en vigencia gradual del nuevo sistema procesal penal (entre los años 2000 y 2005) puesto que en las regiones en las que ya había entrado a regir el nuevo sistema procesal se aplicaba ese y en las otras el antiguo. Obviamente, cuando el nuevo sistema entró en pleno vigor en todo el territorio nacional tal disposición quedó tácitamente derogada (el 16 de junio de 2005).

Lamentablemente dicho Tribunal no reconoció lo antedicho, al no acoger los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la referida disposición, que vulnera palmariamente la igualdad ante la ley y el debido proceso, garantizados por normas del articulado permanente y en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes (roles 3015-16 y 3083-16).

Al respecto, pregunto: ¿no violan los derechos humanos de millones de personas quienes destruyen estaciones del Metro, saquean e incendian supermercados, queman iglesias patrimoniales, impiden el libre tránsito de personas y vehículos, dejan sin sus fuentes de trabajo a miles de pequeños comerciantes, asesinan a personas e incendian maquinarias con el solo propósito de provocar terror, le impiden a los ciudadanos desarrollar sus actividades con tranquilidad y cometen otros actos vandálicos y terroristas?

Lamentablemente el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) comparte la visión de Colina y solo se preocupa de registrar las acciones de carabineros en contra de los subversivos, delincuentes y terroristas que cometen tales actos de barbarie y que ejercen la violencia revolucionaria, sin registrar ni los actos vandálicos ni las gravísimas agresiones cometidas por éstos contra los carabineros.

Así, dicho Instituto está contribuyendo a la desestabilización del Estado y a su indefensión, poniendo en riesgo su supervivencia y la existencia de Chile como una nación libre y soberana y es, en la práctica, un agente de la subversión.

A quienes ejecutan tales actos vandálicos no se les puede neutralizar con buenas palabras o con exhortaciones a la paz mediante perifoneos, con carros lanzaaguas, con gases lacrimógenos o con escopetas antidisturbios. La única forma de hacerlo es mediante la aplicación, enérgica y decidida, de la violencia física legítima de la cual el Estado tiene el monopolio a fin de evitar la guerra de todos contra todos.