Día: 1 Junio 2021

Muchas cosas han pasado en este mes de mayo, un mes en que históricamente el mar de Chile, Prat y las glorias navales se llevan la atención, cosa que no ha sido así en los últimos dos años, los que han estado dominados por la pandemia y la agitación política que se vive en nuestro territorio, dejándole poca visibilidad a otros temas que son importantes de cara al desarrollo de nuestro país.

En esta oportunidad quiero revisar tres temas que tienen un grado de asociación que puede no ser evidentes para los ciudadanos y el estamento político, ahora aumentado por la existencia de 155 constituyentes.

Esta semana se publicaron la segunda encuesta de AthenaLab-IPSOS sobre percepciones de política exterior y seguridad nacional, y la política de defensa del Gobierno del Presidente Piñera, las que en conjunto y por separadas son un excelente insumo para los interesados en estas materias, pero en particular para quienes asumen de constituyentes y tendrán que abordar temas que usualmente son del mundo de los expertos, pero que ahora les va a requerir su atención.

Definir el cómo se hacen las relaciones exteriores de Chile, se maneja su seguridad nacional y los roles que juegan las Fuerzas Armadas no son temas intrascendentes. Dicho eso, se van a sorprender con las opiniones del público general vertidas en la encuesta y verán que el sentido común de los chilenos logra indicar con bastante claridad cuáles deberían ser las prioridades en estas materias, qué países debieran nuestros amigos y socios comerciales.

La encuesta de AthenaLab-IPSOS es única en su categoría, ya que no hay otra similar que se realice en Chile. Va en la segunda versión, se hace en forma anual y ayuda a sistematizar la toma de decisiones en materias de seguridad, relaciones internacionales y defensa, pues saca el tema del mundo de los sesgos personales. Tiene la gracia adicional de que encuesta tanto a expertos como a público general, lo que le da más potencia aún, por no solo estar basada en las opiniones de expertos.

Muy resumidamente qué nos dice la encuesta. Nos dice que para los chilenos los objetivos de política exterior más importantes son combatir el narcotráfico, combatir el cambio climático, regular la migración, proteger fronteras y defender los intereses marítimos.

Los expertos, en cambio, ven las prioridades en el siguiente orden: proteger fronteras, combatir el narcotráfico, la proyección al Asia-Pacífico, la defensa de los intereses marítimos y la promoción del comercio exterior con otros países.

En ambos segmentos la valorización de la importancia de la protección de fronteras y combate al narcotráfico han subido su importancia, y el tema de la migración es un gran tema para la población general.

En esta oportunidad no busco entrar en los temas específicos de defensa y seguridad nacional. Eso se los dejo a los constituyentes, expertos y académicos interesados en esas materias, pero sí me parece destacar qué países son los modelos que los chilenos miran y, en ese sentido, sorpresas hay.

Para los no expertos, los 3 primeros son EE.UU., Nueva Zelanda, Alemania, y en el caso de los especialistas, Nueva Zelanda, Australia y Singapur. Esto también se puede mirar desde la perspectiva de países socios o competidores.

Para la población general el listado está encabezado por China, EE.UU., Japón, y en las últimas posiciones están ubicados países como Argentina, Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela. Algo que se debería tener en cuenta cuando miramos con tanta amistad a nuestros vecinos.

Para los expertos en relaciones internacionales, en cambio, nuestros principales socios deberían ser USA, Colombia y el Reino Unido, reflejando una mirada menos económica y más valórica-política, pero coinciden con el público general, dejando a Argentina, Perú, Bolivia y Venezuela en las últimas posiciones.

Cambiando de tema, la política de defensa publicada esta semana refleja bien esta realidad internacional que recién describimos, los objetivos de política exterior y las amenazas que se entiende preocupan a los chilenos. Ello sucede porque el documento fue consensuado y trabajado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y es producto de muchas horas de trabajo de especialistas en la materia y, junto con la encuesta, debería ser lectura obligada para los constituyentes cuando aborden los temas de defensa en la Constitución.

En ese sentido, la lógica indica que, para hablar de defensa y Fuerzas Armadas, primero se debe entender de la materia, ya que si no pasa lo que les pasa a muchos, que solo lo miran desde de la perspectiva constitucional, o que se quedan pegados en el gobierno militar, los derechos humanos, los estados de excepción constitucionales y cosas de ese tipo, como le pasa a Mireya Dávila en su columna en este medio, titulada “Constituyentes y Fuerzas Armadas: el deber de volver las cosas a su lugar en la Carta Magna”, la que refleja la percepción no solo de ella sino de muchas personas que desconocen mayormente el tema, y asumen cosas del pasado, como que las FF. AA. no se reportan al poder político (también llamado poder civil), que son deliberantes y autónomas, siendo que reportan al Presidente de la República a través del Ministerio de Defensa y se declaran abiertamente constitucionalistas, no se meten en temas políticos contingentes (definición correcta de ser no deliberantes), y operan con un presupuesto definido por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso, y por último, adivinen quién va a designar al futuro jefe de la Marina cuando termine el Almirante Leiva su periodo constitucional de 4 años: lo hará el Presidente de la República de una quina conformada por los 5 vicealmirantes más antiguos, tal como lo dice la Constitución, y no serán ellos quienes decidan quién los va a comandar.

En definitiva, cuesta entender las percepciones que algunos chilenos tienen de sus instituciones armadas. Hora de conocer la defensa y los institutos que la conforman, como también los aspectos legales que las regulan. Haciendo eso vamos a evitar muchas discusiones inútiles y aprovechar bien el tiempo, y no vamos a generar riesgos innecesarios a la seguridad y defensa de Chile, la que –como bien se indicó anteriormente– tanto la población general como especialistas conocen mejor de lo que se piensa.

Las elecciones históricas llevadas a cabo en Chile, durante los días 15 y 16 de mayo, vienen a reflejar un ingrediente más de un proceso revolucionario en curso que tuvo el 18 de octubre de 2019 su punto de incineración de la democracia, y el 15 de noviembre del mismo año, el pacto de rendición o acuerdo por la paz y la nueva constitución.

Y posteriormente una culminación y inicio de un nuevo orden político tras el rotundo fracaso de la opción rechazo a una nueva constitución.

El resultado de este proceso, donde se entregó la constitución política al extremismo, era de esperar. Las derechas tradicionales cedieron todos los fundamentos de su ideario político, optaron por un centrismo radical y las reformas del segundo gobierno de Michelle Bachelet quedaron intactas: reforma tributaria, educación y un proceso constitucional, este último explícitamente iniciado el año 2015.

Las mismas derechas tradicionales optaron por buscar tomar el legado de la Concertación, un conglomerado político de centro izquierda que gobernó el país por más de 20 años, y terminó por alejarse de la defensa de la vida, libertad y propiedad.

Es tan claro el panorama sobre la anomia cultural de la centroderecha que, ni hoy en día realizan un diagnóstico certero sobre el proceso revolucionario en curso.

El bolivarianismo en Chile opera hace bastante tiempo, y son 12 partidos políticos que adscriben a dicha alianza, según indica el sitio web del Foro de Sao Paulo. Se insistió en buscar explicar un “estallido social” cuando fue una insurrección, y ya se comienzan a ver los resultados. Y además se ha subestimado profundamente el carácter revolucionario del Partido Comunista de Chile y la alianza de partidos que conforman el Frente Amplio.

Algunos riesgos que se visualizan en la futura convención constitucional obedecen a revisar los agenciamientos internacionales, recordemos que la desestabilización institucional de cualquier nación es el escenario propicio para las injerencias externas, para moldear u orientar un nuevo orden hacia intereses de grandes potencias.

Por otro lado, también emergen las dudas sobre el respeto a las reglas del juego relativas a cómo debería desarrollarse esta convención constitucional, así también la pugna política que se establecerá entre esta convención y el congreso de Chile, que renovará sus diputados junto con la elección presidencial de noviembre de este año, y que hoy está siendo liderado en preferencias por dos radicales de izquierdas: Pamela Jiles y Daniel Jadue.

Asimismo, se ha hablado y teorizado de la conformación de una nueva derecha en Chile, sin embargo, mientras no exista una percepción de amenaza de camino de servidumbre hacia el socialismo y el bolivarianismo, no podrá levantarse una alternativa patriótica que defienda la soberanía y el ideario de una sociedad libre y responsable.

En este caso, surgirá dicha alternativa, sí y solo sí se entiende debe avanzarse hacia un bloque macizo y efectivo, que deje la mochila de los partidos políticos tradicionales que entregaron Chile el día 15 de noviembre de 2019, solo así correremos el eje ante el avance del socialismo.

Queda un plebiscito de salida, claro está, ante lo que surja de esta nueva constitución, mientras los fondos de pensiones (de capitalización individual) tambalean ante un congreso radicalizado.

En Chile se ha demostrado que si se tiene tomada la agenda y la pauta mediática puedes producir profundos cambios institucionales.

La politiquería superficial inculcada por los programas de la mañana (matinales) ha sido un complemento para incinerar lo que nos ha ido quedando de los pilares de la defensa de una democracia liberal.

Un ejemplo más tenemos acerca de la narrativa política y cultural, que está tomada por la izquierda y ha trabajado en ello durante generaciones. Si no existe en la derecha chilena convicción de un proyecto histórico no habrá freno alguno al escenario que nos ofrece la izquierda en el país ¿surgirá una alternativa al proceso? Ya veremos.

El caso Pavez vs. Chile, que días atrás inició sus audiencias ante la Corte Interamericana de DD. HH., dice relación con la profesora señora Sandra Pavez, a quien le fue revocado su certificado de idoneidad para enseñar religión, pero continuó trabajando en la misma escuela de la comuna de San Bernardo en el cargo de inspectora.

La profesora llevó el caso a instancias internacionales al estimar que se habían violado sus derechos a la igualdad y no discriminación, vida privada y autonomía, y derecho al trabajo, entre otros.

En nuestro país, la enseñanza de religión está regulada por el Decreto 924 del Ministerio de Educación, que en atención a las diferentes religiones que se profesan, reconoce que cada denominación religiosa es la única que puede determinar sobre la idoneidad para enseñar su credo y doctrina.

Las escuelas no están obligadas a impartir clases de religión, pero si decide hacerlo, el profesor que contrate debe tener un certificado de idoneidad de la religión que enseñará, que otorga cada diócesis. Esto garantiza, a modo ilustrativo, que en una clase de religión islámica se enseñe el Corán y no la Biblia, con lo cual los padres de los estudiantes que asistan a clases pueden asegurarse de que sus hijos recibirán la formación que corresponde a su tradición.

La señora Pavez impartía clases de religión católica, por lo que se esperaba que transmitiera con fidelidad la enseñanza de la Iglesia Católica sobre el matrimonio. Según esta, “Cristo es el centro de toda vida cristiana. El vínculo con Él ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos, familiares o sociales” (Catecismo, 1618). Por ello es que la Iglesia señala que el matrimonio “no es una institución puramente humana”. Y para los católicos, “el amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona” y “exige la indisolubilidad y la fidelidad de la donación recíproca definitiva; y se abre a fecundidad”.

Tal definición implica que no toda relación de pareja configura un matrimonio, como es el caso de las uniones de personas del mismo sexo. La Iglesia proclama el deber de acoger “con respeto, compasión y delicadeza” a las personas con una tendencia homosexual, pero también las invita “a la castidad” (Catecismo, 2358-59).

Dos milenios de experiencia en lo humano nutren la conclusión de la Iglesia de que el paso de la tendencia a la vivencia de una relación homosexual no constituye matrimonio, entre otras razones, porque clausuran el acto sexual al don de la vida y de la complementariedad afectiva y sexual.

Pues bien, en 2007, el Vicario para la Educación de la Diócesis de San Bernardo fue informado de que la profesora Pavez mantenía una relación afectiva con otra mujer. Con respeto y delicadeza, se habló con ella y se le señaló que era indispensable que procurara vivir su vida conforme a las enseñanzas que estaba llamada a impartir.

Frente a las respuestas negativas de la señora Pavez, el Vicario revocó el certificado de idoneidad para seguir enseñando religión, lo que no implicó la pérdida de su carrera o fuente de sustento, sino que fue nombrada inspectora del mismo establecimiento. No obstante mantener su relación laboral, Sandra Pavez interpuso un recurso de protección en contra de la autoridad religiosa, el que fue desestimado por los tribunales chilenos, señalando que, debido a la separación entre Iglesia y Estado, carecían de competencia para juzgar las decisiones de cada credo, ni juzgar su doctrina.

Sandra Pavez llevó una denuncia ante la Comisión Interamericana de DD. HH. contra el Estado de Chile, que refirió el caso a la Corte Interamericana en septiembre de 2019.

El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), la Conferencia Episcopal de Chile, la Mesa Ampliada de Organizaciones Evangélicas y la Unión Evangélica Nacional, las Iglesias Ortodoxa y Anglicana de Chile, y las Comunidades Musulmana y Judía de Chile enviaron el 7 de mayo un escrito a la Corte Interamericana con preocupación por lo que la sentencia de este caso podría implicar para la autonomía de las comunidades religiosas.

En este complejo caso, no se puede perder de vista que la autonomía de las comunidades religiosas no es una delegación hecha por el Estado o por el Derecho Internacional, sino una facultad y autonomía que tienen por derecho propio.

Así lo ha determinado reiteradamente la Corte Europea de Derechos Humanos, que ha resuelto que, en el caso de profesores de religión, es razonable que las comunidades religiosas exijan a quienes la enseñan un mínimo deber de coherencia con las creencias que profesa.