¿Qué es una nación? por Ana María Stuven – – Obligación esencial del Estado. Carta al Director por Adolfo paúl Latorre

LAS OPINIONES EN ESTA PÁGINA, SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE LA UNIÓN

La pregunta no solo es histórica, sino muy contingente. Los derechos fundamentales y las prácticas democráticas, ¿deben inscribirse en el marco de la nación?

El problema de la nación es uno de los ejes en torno al cual giran los debates de la Convención Constitucional. El uso del mapudungun como expresión de la nación mapuche ha agitado sus primeros días de funcionamiento.

De hecho, Elisa Loncón, al asumir su presidencia, anticipó la postura de que Chile debía declararse un Estado “plurinacional”.

Es pertinente, en este contexto, volver a la pregunta que formuló Ernest Renan, intelectual francés, en un discurso pronunciado con este título en 1882 en La Sorbonne, inspirado en la pérdida de Alsacia y Lorena que sufriera su país ante Alemania.

No fue —por cierto— el primero en preguntárselo. La Revolución Francesa y las guerras que le siguieron pusieron sobre la mesa —tal como sucederá en Chile en los debates constitucionales— la relación entre nación y etnias, nación y lenguaje, nación y política.

La pregunta no solo es histórica, sino muy contingente. Los derechos fundamentales y las prácticas democráticas, ¿deben inscribirse en el marco de la nación?

Dos son los modelos que han prevalecido para su conceptualización: la nación política y la nación cultural. El primero surge de la Francia revolucionaria, siendo Emmanuel Sieyès quien mejor lo representa, asociando el concepto de nación al pueblo y a la patria, y rechazando una monarquía considerada ajena y foránea. La nación cultural admite varias interpretaciones, reconociéndose comúnmente que la mayoría de las naciones tiene un compuesto de poblaciones heterogéneas, pero que logran conformar una comunidad definida por condiciones prepolíticas, como el idioma, las costumbres, la historia.

Para gran parte de los teóricos de la nación, la composición racial no sería la más importante entre ellas. Además de comunidad, desde su uso con sentido político en los siglos XVII y XVIII, la nación es un principio de legitimidad política; una comunidad de ciudadanos. Se vincula con el Estado, pero no se confunde con él; tiene una cultura propia, una conciencia colectiva, una historia común, que tiene un significado político.

Puede incluso, como sostuvo Mario Góngora para la historia de Chile, ser formada desde el Estado.

Lo mismo que en el caso francés, una nación soberana, por obra de la Revolución y las guerras. Sería, como sostuvo Renan en su famoso discurso, un plebiscito diario, el cual, en el caso europeo, es fruto de la diversidad cultural.

No son los elementos raciales, religiosos o lingüísticos los que caracterizarían a la nación, sino la voluntad de pertenecer. Lo anterior no niega, sino que afirma la conciencia de un pasado común que cristaliza en su memoria histórica, pero también reconoce que sus tradiciones emanan de una forma de sincretismo; no basta con una cultura común para formar un consenso nacional durable. Es preciso, por el contrario, asumir que su búsqueda puede resultar en un nacionalismo excluyente.

El acuerdo sobre la prohibición de la violencia para zanjar las diferencias es fundamental en un Estado democrático, tanto como el reconocimiento de que esta ha estado en el origen de las fusiones de las poblaciones que lo componen.

Por eso, dice Renan, “el olvido… incluso el error histórico, son un factor esencial de la formación de una nación”.

Desde lo político, la Constitución es la piedra de tope del sistema de instituciones que estructuran la comunidad histórica que se reconoce como nación, y es inseparable de la participación de sus miembros en el conjunto de instituciones sociales, culturales y políticas de una comunidad. Tiene un rol funcional que busca la coherencia de las reglas y los procedimientos, y tiene una significación ética, porque estas corresponden a las convicciones morales de la comunidad.

En ese sentido, la nación implica un principio de solidaridad fundado en la aptitud de identificarse con el otro a través del debate público.

Una solidaridad que rema río arriba, retrospectivamente, hacia las generaciones precedentes y fluye hacia el futuro, solidarizando con las generaciones venideras a través de la acción común de ciudadanos en el presente.

Esa acción solidaria, que percibe sus propias tradiciones como fuente de igualdad entre individuos, grupos y comunidades de origen, de condición y de confesión, abierta a las diferencias internas, requiere una negociación permanente entre lo esencial e indiferente, entre lo público y privado.

En el debate sobre si la nueva Constitución debe establecer un Estado plurinacional, parece relevante repensar el concepto de nación que subyace, para lo cual puede ser necesario relacionar conceptos adyacentes como tradición, memoria, historia, con concepciones éticas inspiradas en la solidaridad, el respeto y la convivencia democrática.

La política debe crear una comunidad política incluyente entre personas plurales y singulares que permita el ejercicio de una ciudadanía moderna. Arrogarse, diría Renan, el derecho a definir los contornos de la nación es una doctrina arbitraria y funesta que justifica toda violencia.

Ana María Stuven

Fuente:El Mercurio, Columnistas, 26/07/2021

Un aporte de nuestro Director Antonio Varas C.

Obligación esencial del Estado

Señor Director:

La ceremonia fúnebre de Pablo Marchant, integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), con una “guardia armada” formada por encapuchados portando armas de guerra alrededor del féretro y las incesantes ráfagas de disparos con diverso tipo de armamento, así como la extendida y extrema violencia ejercida contra personas y bienes en la “macrozona sur” llevada a efecto por un ejército irregular compuesto por guerrilleros y terroristas, son una clarísima manifestación de que la CAM y otras organizaciones afines constituyen un enemigo interno que está en guerra contra el Estado de Chile, pero éste no se ha dado por enterado de algo tan evidente.

Los gobernantes del Estado no han cumplido su obligación esencial que es la conservación del orden público y la vigencia del Estado de Derecho, para lo cual —junto con medidas que tiendan a atacar la raíz del denominado “conflicto mapuche”, originado principalmente por la nefasta “ley indígena”— deben aplicar la violencia física legítima del Estado necesaria para restituir el orden exigido por el bien común.

                  Atentamente le saluda.

                                Adolfo Paúl Latorre

Obligación esencial del Estado por Adolfo Paúl Latorre y Horas decisivas (El Mercurio)- La violencia no amaina en la Araucanía por Adolfo Carrasco Lagos CN.

LAS OPINIONES EN ESTA SECCIÓN, SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE LA UNIÓN

Los gobernantes del Estado no han cumplido su obligación esencial que es la conservación del orden público y la vigencia del Estado de Derecho, para lo cual —junto con medidas que tiendan a atacar la raíz del denominado “conflicto mapuche”, originado principalmente por la nefasta “ley indígena”— deben aplicar la violencia física legítima del Estado necesaria para restituir el orden exigido por el bien común.

Obligación esencial del Estado

Señor Director:

La ceremonia fúnebre de Pablo Marchant, integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), con una “guardia armada” formada por encapuchados portando armas de guerra alrededor del féretro y las incesantes ráfagas de disparos con diverso tipo de armamento, así como la extendida y extrema violencia ejercida contra personas y bienes en la “macrozona sur” llevada a efecto por un ejército irregular compuesto por guerrilleros y terroristas, son una clarísima manifestación de que la CAM y otras organizaciones afines constituyen un enemigo interno que está en guerra contra el Estado de Chile, pero éste no se ha dado por enterado de algo tan evidente.

Los gobernantes del Estado no han cumplido su obligación esencial que es la conservación del orden público y la vigencia del Estado de Derecho, para lo cual —junto con medidas que tiendan a atacar la raíz del denominado “conflicto mapuche”, originado principalmente por la nefasta “ley indígena”— deben aplicar la violencia física legítima del Estado necesaria para restituir el orden exigido por el bien común.

                  Atentamente le saluda.

                                                                            Adolfo Paúl Latorre

                                                                                     Abogado

Viña del Mar, 14 de julio de 2021.

HORAS DECISIVAS

Las recientes elecciones primarias han cambiado el escenario electoral. Los triunfos de Gabriel Boric y de Sebastián Sichel, impensados hasta hace pocas semanas, han alterado las proyecciones.

Y si bien quedan interrogantes sobre qué harán los sectores más extremos a ambos lados del espectro, una incógnita de no menos trascendencia es lo que ocurra en la ex-Concertación (hoy Unidad Constituyente).

Desde ya, ha quedado claro el fuerte costo que le significó su ausencia de las primarias legales, cuya cobertura, sumada a la franja de propaganda televisiva, permitió desplegar abundantemente las ideas de cada pacto.

Pero, incluso más allá de la pérdida de presencia mediática, la no participación privó a la centroizquierda de un mecanismo legitimado para resolver una candidatura única que represente a ese sector en la presidencial de noviembre. Peor aún, los resultados de esa primaria le han dejado poco espacio para levantar una propuesta competitiva.

Respecto del mecanismo de elección, recién el viernes se zanjará si la presidenta del Senado, Yasna Provoste, asumirá efectivamente la candidatura DC. Pero, si bien las señales anticipan una respuesta afirmativa, aún permanece sin resolverse la fórmula por la cual Unidad Constituyente determinará una candidatura única.

Hay sectores que plantean que debe primar el pragmatismo y forzar la renuncia de las otras postulaciones de la coalición (el radical Carlos Maldonado y la socialista Paula Narváez), asumiendo su bajo apoyo en las encuestas, mientras otros insisten en la necesidad de realizar “primarias ciudadanas” en un plazo breve.

Cualquiera sea la fórmula, tendrá costos. En la política actual la participación ciudadana en la nominación de candidaturas presidenciales se ha tornado cada vez más esencial; la idea de una definición en virtud de un acuerdo cupular resulta especialmente resistida en tiempos de máximo descrédito de los partidos.

Sin embargo, una primaria “ciudadana” no solo no contaría con los beneficios de las primarias legales (financiamiento, logística y propaganda televisiva), sino que, en parte por eso, difícilmente lograría una convocatoria parecida a la registrada el pasado domingo.

Pero, además, la postulación de Unidad Constituyente enfrentará un problema de posicionamiento, toda vez que la bandera del “socialismo democrático”, concepto largamente repetido en las últimas semanas, pierde fuerza cuando el candidato de la izquierda más dura no es comunista.

Aún más, ha sido la propia centroizquierda la que durante los últimos años —y en particular a partir de octubre de 2019— ha abandonado su propio espacio, mimetizando parte de sus propuestas y discurso con los sectores más radicalizados. Le resultará, entonces, difícil mostrar una diferencia clara con la izquierda radical.

En especial, no es descartable que una parte del electorado socialista se alinee con Boric antes que con la carta de la centroizquierda.

Aun así, con todos esos dilemas, los partidos de Unidad Constituyente debieran acelerar sus definiciones y su propuesta al país, intentando recuperar —aunque sea parcialmente— el tiempo y espacio perdidos, de forma de brindarles a los electores de centro y centroizquierda una alternativa que conecte con los valores democráticos propios de ese sector.

Fuente: Editorial El Mercurio, 22 de julio de 2021

Un aporte de nuetro Director Antonio Varas

La violencia no amaina en la Araucanía

Ya suman centenas los hechos de violencia y actos terroristas que han soportado las regiones de la Araucanía y Bíobío, cuya mayoría de desmanes son generados por la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), organización político-militar liderada por Héctor Llaitul, asesorado por extranjeros, que va dejando en los lugares siniestrados diferentes “mensajes” alusivos a la mal llamada “causa mapuche,” que pretende formar una nación independiente dentro de nuestro territorio nacional mediante la lucha armada, en alianza con el tráfico de drogas que provee los recursos para la adquisición de armamento de guerra superior al usado por carabineros.

Ya han sido asesinados por la CAM el matrimonio Lutsinger-Mackay, fallecidos por incineración, al impedírseles a balazos salir de su casa que era consumida por el fuego; el carabinero Eugenio Nain con un proyectil de fusil de guerra; el sargento 1º de carabineros Francisco Benavides en Collipulli; el camionero Juan Barrios, incinerado mientras dormía en su camión que fue quemado y otros servidores públicos.

Los terroristas también son responsables de incendiar cientos de camiones, maquinarias diversas de uso agrícola y bosques pertenecientes a empresas y particulares, además de cosechas, casas, bodegas y colegios de residentes mapuches no afectos a su causa, a los cuales también les roban sus animales. Además, han atacado cuarteles de carabineros y FFAA e incendiado edificios municipales, iglesias y capillas católicas y evangélicas.

Pero pese a todos estos actos de violencia que asesinan a personas, que atentan contra la soberanía nacional y evitan el progreso de la zona habitada por mapuches, las autoridades no  han tomado hasta esta fecha acciones concretas contra la violencia; sólo atinan a querellarse “contra los que resulten responsables”… pero la mayoría de las veces éstos no son encontrados o los jueces correspondientes determinan que las pruebas presentadas por la fuerza pública no son suficientes para aquello… por lo que los malhechores quedan en libertad.

Recién, en la noche del 4 julio en Cañete, una familia fue baleada estando en su propiedad, y su casa, su automóvil y todo el menaje casero y ropa, quemados totalmente; nada alcanzaron a salvar. Y en la noche siguiente, en Quidico, dispararon contra la casa de un sargento de carabineros de la lV Comisaría, quemándole su automóvil.

Toda la gente asustada; muchos saben quienes son los terroristas, pero nadie quiere hablar de estos hechos; el temor cunde por toda esa zona.

¿Hasta cuándo permitirá el gobierno que la CAM asociada al negocio de la droga siga amedrentando a la población local, sin tomar las medidas indicadas en el artículo Nº 24 de nuestra Constitución Política?.

Adolfo Carrasco Lagos.  Capitán de Navío

Fuente: ASOFAR Bitácora del Socio 10 Jul 2021

Imagen de la fuente: portavoznoticias.cl

Generales en Retiro y dictamen de la Contraloría: “Los hechos a los que se refiere, no constituyen deliberación” y Cuerpo de Almirantes en retiro – Poder Constituyente- Horas decisivas. -El error de la Presidenta

LAS OPINIONES DE ESTA PÁGINA, SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE LA UNIÓN

Inconducente, asimismo, es su pronunciamiento respecto a que las declaraciones de las Fuerzas Armadas deben ajustarse a la Directiva Comunicacional del Ministerio de Defensa, toda vez que tal materia no ha sido objeto de consulta ni tampoco de incumplimiento, ya que fue dictada con posterioridad a los hechos.

Mediante dictamen CGR N° e123413/2021, de 21 de julio de 2021, el Contralor General de la República ha resuelto que “las Fuerzas Armadas deben abstenerse de realizar declaraciones que afecten su carácter de no deliberantes, debiendo ajustarse a la directiva comunicacional del ministerio de defensa nacional”. El Centro de Generales de Ejército, representando el sentir de los militares en retiro, estima inoficioso el mencionado dictamen toda vez que, como queda de manifiesto en el texto del mismo, el Contralor concluye, que los hechos a los que se refiere, no constituyen deliberación.

Inconducente, asimismo, es su pronunciamiento respecto a que las declaraciones de las Fuerzas Armadas deben ajustarse a la Directiva Comunicacional del Ministerio de Defensa, toda vez que tal materia no ha sido objeto de consulta ni tampoco de incumplimiento, ya que fue dictada con posterioridad a los hechos.

Extraña el análisis doctrinario respecto de la no deliberación militar y la obediencia al poder civil constituido, cuando el propio Ministro de Defensa Nacional ha informado al Contralor, que las declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército, fueron previamente conocidas y aprobadas por dicho secretaría de estado.

Por otra parte, resulta paradojal la conclusión del Contralor que refiriéndose a declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército publicadas en El Mercurio, señala: “Las expresiones vertidas en esas instancias, sin configurar una infracción al deber de obediencia ni implicar un cuestionamiento a las declaraciones del poder civil al que se encuentra subordinado el Ejército de Chile constituyen apreciaciones subjetivas y calificaciones sobre la contingencia nacional, que no guardan relación directa con las funciones propias de esa rama armada y que, de reiterarse, terminarán afectando el carácter no deliberante de las instituciones de la defensa nacional”.

Si las expresiones vertidas por el Comandante en Jefe del Ejército, no configuran una infracción al deber de obediencia, ni implican un cuestionamiento a las declaraciones del poder civil, ni constituyen deliberación; debe entenderse que se ajustan a derecho, por lo que mal podrían, en caso de reiterarse, terminar afectando el carácter no deliberante de las instituciones de la defensa nacional.

Representamos nuestro desacuerdo, que una entidad llamada a pronunciarse estrictamente en derecho, en materias de su competencia que dicen relación con el desempeño de los funcionarios de la Administración del Estado, exceda abiertamente dicho ámbito y caiga en subjetivismos, llegando incluso a suponer futuras conductas que, siendo similares a las que ha estimado que no constituyen deliberación, puedan a futuro terminar afectando el carácter no deliberante de las instituciones de la defensa nacional.

Finalmente, se aprecia en la argumentación una velada advertencia inhibitoria de la libertad de expresión, opinión y rol que le corresponde al Comandante en Jefe del Ejército, como responsable de una institución que también debe velar por el resguardo de valores patrios y tradiciones del Ejército, aspectos que considera el dictamen, por lo que estimamos que una advertencia de esa naturaleza, no se aviene con el rol del Contralor General de la República.

Enrique Slater Escanilla, general de Brigada en Retiro, Presidente del Centro de Generales de Ejército

Fuente: https://www.infogate.cl/2021/07/24/generales-en-retiro-y-dictamen-de-la-…

Viña del Mar, 24 de julio de 2021.

Poder constituyente

Señor Director:

Se discute si la Convención Constitucional tiene un poder constituyente originario o derivado.

Es clara la intención de quienes postulan lo primero: que la Convención es la expresión máxima de la soberanía popular, que está por sobre los poderes del Estado y que, por lo tanto, puede disolver al Congreso y cesar cargos de otras entidades del Estado.

Lo cierto es que la Convención Constitucional no es un poder constituyente, ni originario ni derivado: es solo un grupo de personas a quienes se les mandató —mediante reglas establecidas en la Carta Fundamental vigente— para redactar y aprobar una propuesta de texto constitucional que será sometido a un plebiscito nacional para que la ciudadanía apruebe o rechace la propuesta.

                              Atentamente le saluda.

                                                                      Adolfo Paúl Latorre

                                                                             Abogado

 HORAS DECISIVAS

Las recientes elecciones primarias han cambiado el escenario electoral. Los triunfos de Gabriel Boric y de Sebastián Sichel, impensados hasta hace pocas semanas, han alterado las proyecciones.

Y si bien quedan interrogantes sobre qué harán los sectores más extremos a ambos lados del espectro, una incógnita de no menos trascendencia es lo que ocurra en la ex-Concertación (hoy Unidad Constituyente).

Desde ya, ha quedado claro el fuerte costo que le significó su ausencia de las primarias legales, cuya cobertura, sumada a la franja de propaganda televisiva, permitió desplegar abundantemente las ideas de cada pacto.

Pero, incluso más allá de la pérdida de presencia mediática, la no participación privó a la centroizquierda de un mecanismo legitimado para resolver una candidatura única que represente a ese sector en la presidencial de noviembre. Peor aún, los resultados de esa primaria le han dejado poco espacio para levantar una propuesta competitiva.

Respecto del mecanismo de elección, recién el viernes se zanjará si la presidenta del Senado, Yasna Provoste, asumirá efectivamente la candidatura DC. Pero, si bien las señales anticipan una respuesta afirmativa, aún permanece sin resolverse la fórmula por la cual Unidad Constituyente determinará una candidatura única.

Hay sectores que plantean que debe primar el pragmatismo y forzar la renuncia de las otras postulaciones de la coalición (el radical Carlos Maldonado y la socialista Paula Narváez), asumiendo su bajo apoyo en las encuestas, mientras otros insisten en la necesidad de realizar “primarias ciudadanas” en un plazo breve.

Cualquiera sea la fórmula, tendrá costos. En la política actual la participación ciudadana en la nominación de candidaturas presidenciales se ha tornado cada vez más esencial; la idea de una definición en virtud de un acuerdo cupular resulta especialmente resistida en tiempos de máximo descrédito de los partidos.

Sin embargo, una primaria “ciudadana” no solo no contaría con los beneficios de las primarias legales (financiamiento, logística y propaganda televisiva), sino que, en parte por eso, difícilmente lograría una convocatoria parecida a la registrada el pasado domingo.

Pero, además, la postulación de Unidad Constituyente enfrentará un problema de posicionamiento, toda vez que la bandera del “socialismo democrático”, concepto largamente repetido en las últimas semanas, pierde fuerza cuando el candidato de la izquierda más dura no es comunista.

Aún más, ha sido la propia centroizquierda la que durante los últimos años —y en particular a partir de octubre de 2019— ha abandonado su propio espacio, mimetizando parte de sus propuestas y discurso con los sectores más radicalizados. Le resultará, entonces, difícil mostrar una diferencia clara con la izquierda radical.

En especial, no es descartable que una parte del electorado socialista se alinee con Boric antes que con la carta de la centroizquierda.

Aun así, con todos esos dilemas, los partidos de Unidad Constituyente debieran acelerar sus definiciones y su propuesta al país, intentando recuperar —aunque sea parcialmente— el tiempo y espacio perdidos, de forma de brindarles a los electores de centro y centroizquierda una alternativa que conecte con los valores democráticos propios de ese sector.

Fuente: Editorial El Mercurio, 22 de julio de 2021

Un aporte de nuestro Director Antonio Varas

Por Carlos Peña. El Mercurio 22 de julio de 2021

Un aporte de nuestro Director Raúl Godoy C.

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional