El contraalmirante Enrique López Mazzeo, imputado en la causa, reconoció que desde el 5 de diciembre de 2017 el Gobierno de Mauricio Macri sabía en qué posición se encontraba el navío siniestrado con sus 44 tripulantes. Lo hizo ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
El Gobierno de Mauricio Macri conocía la ubicación del siniestrado submarino ARA San Juan, al menos desde el 5 de diciembre de 2017. Es decir 20 días después de su desaparición. La posición la habría revelado el buque chileno Cabo de Hornos. Así lo dijo ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y uno de los imputados en la causa por el hundimiento del navío.
La revelación generó indignación entre los familiares de los 44 tripulantes fallecidos y los abogados querellantes que los representan, entre ellos Fernando Burland, Valeria Carreras y Lorena Arias.
El ex oficial declaró ante el tribunal superior integrado por los jueces Javier Leal de Ibarra (presidente), Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman para defenderse del procesamiento que el 31 de enero pasado le dictó la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yánez, por no haberse asesorado debidamente ni ocuparse personalmente de verificar el estado de la nave en forma previa a la realización de un ejercicio naval combinado de gran envergadura.
Las palabras exactas de López Mazzeo ante los magistrados fueron las siguientes: “Cuando usted vea toda la documentación, se va a dar cuenta de que nosotros, cuando tuve que firmar el mensaje más doloroso en toda mi carrera que fue el cierre del caso SAR (por la búsqueda y rescate) teníamos detectada la posición del submarino y por eso habíamos coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre (de 2017) el pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en dos cañadones, que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos”.
Es la primera vez que se reconoce públicamente que el “contacto” que a través del sonar (sonido, no imágenes) realizado por el buque chileno pertenecían al ARA San Juan.
Las razones son varias: en primer lugar porque el capitán Enrique Balbi, por entonces vocero de la Armada, descartó esa posibilidad.
Ese mismo 5 de diciembre, al que hizo referencia López Mazzeo, la cara visible de la Marina dijo en conferencia de prensa: “No hay mayores novedades”, respecto de la búsqueda del submarino. Y agregó: “En estos momentos se encuentra inspeccionando ese objeto o alteración de fondo, que puede ser metálico o no metálico, que detectó hace unos días el buque oceanográfico Cabo de Hornos de la Armada de Chile y que se encuentra a 940 metros”.
Sin embargo, cuando un año después el buque noruego Seabed Constructor, operado por la empresa norteamericana Ocean Infinity, lo halló en una zona muy próxima a la señalada por el buque chileno, por efecto de la presión, el submarino tenía esa dimensión, 33 metros.
El segundo punto que llama a la indignación es porque, dada la profundidad en la que se encontraba, la zona debía ser explorada por un vehículo submarino autónomo. La armada británica, que formó parte de la búsqueda y rescate con el imponente rompe hielo HMS Protector, se ofreció a realizar la tarea. Sin embargo, la Armada Argentina, en ese momento a cargo del almirante Marcelo Srur, nunca autorizó esa búsqueda.
En este punto, existe una controversia que por ahora no fue saldada. López Mazzeo sostiene que Srur, su jefe directo, nunca le dio la autorización para que los ingleses realicen la tarea que podría haber terminado con el hallazgo de los restos del submarino a 20 días de su desaparición. Lo sostuvo en su declaración indagatoria.
El ex jefe de la Marina, en cambio, dice que al enterarse del hallazgo del Cabo de Hornos, y la recomendación realizada por la propia armada de los Estados Unidos para que se explore esos cañadones, asegura que ese 5 de diciembre, efectivamente se le solicitó la utilización del ROV. Que por esa razón informó al Ministerio de Defensa, que estaba a cargo de Oscar Aguad, a través del entonces secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Horacio Aldo Chighizola.
El funcionario le habría dicho que tenía que solicitar autorización a Cancillería, por tratarse de Gran Bretaña, la potencia con la cual Argentina mantiene su disputa internacional por la soberanía de las Islas Malvinas.
Siempre según relatan en el entorno de Srur (que hasta ahora no está imputado en la causa), Chighizola obtuvo la autorización política para que la Marina Británica inicie la exploración en el área señalada por el buque Cabo de Hornos. En este punto, fuentes vinculadas a Srur le dijeron a Infobae que el ex jefe de la Armada de manera telefónica le dio el aval a López Mazzeo, pero que sin embargo este “por razones que deberá explicar no intensificó la búsqueda en ese lugar”.
“En caso de confirmarse lo que dijo López Mazzeo ante el tribunal estamos frente a un escandalo sin precedentes”, le dice a este medio la abogada Valeria Carreras, quien junto a Fernando Burlando integran la querella mayoritaria y que han impulsado, incluso, las imputaciones en la causa del ex presidente Macri, el ex ministro de Defensa, Aguad, y del ex jefe de la Armada, Srur.
La solicitud contó con el acompañamiento del fiscal de Cámara y ahora será el tribunal quien deberá decidir si acepta o no las nuevas imputaciones solicitadas.
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