PARADOJA PERUANA por Tamara Avetikian (El Mercurio) —- EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA CONVENCIÓN. El Mercurio, Editorial —- “COCINA” CONSTITUCIONAL. El Mercurio, Editorial. — NUEVOS ATENTADOS. El Mercurio, Editorial.
Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión.
En esta columna de opinión, se han seleccionado cuatro temas de la mayor relevancia y que tienen que ver fundamentalmente con nuestro país y hacia donde nos pueden llevar quienes están redactando una nueva Constitución, la que sumada a errores de fondo como lo demuestra la situación en el Perú y la falta de gobernabilidad que ya se hace insostenible en la Macro zona Sur. Hay que tomar como ejemplo que el descontento se puede manifestar violentamente como ha ocurrido con los camioneros en el Perú y la falta de medidas concretas para de una vez por todas terminar con la violencia que muchas veces se alimenta con ofrecimientos que no tienen valor alguno y difíciles de concretar.
¡Qué paradoja! Mientras en Chile se debate acaloradamente sobre si eliminar o no el Senado, o dejarlo como un cuerpo intrascendente, en Perú se ha discutido por años sobre la necesidad de volver al bicameralismo que, salvo cortos períodos, existió hasta el autogolpe de Alberto Fujimori, en 1992.
Al año siguiente, la Constitución consagró una sola cámara, a la medida de un gobierno autoritario que quería implementar reformas drásticas, de rápida tramitación, en un Congreso de mayoría fujimorista.
Un buen amigo peruano me dice que muchos de los problemas de gobernabilidad e inestabilidad política en Perú tienen que ver con esta cámara única. “La tarea de legislar requiere reflexión y un amplio debate, lo que no se da en un Congreso unicameral. Nuestra experiencia es nefasta”, me dijo hace unos días.
| Se ha discutido por años sobre la necesidad de volver al bicameralismo. |
Pero justamente es rapidez y simplificación de los trámites legislativos lo que buscan los partidarios de eliminar el Senado chileno. Es verdad, el proceso es mucho más expedito. En Perú se habla de “leyes sorpresa”, que se tramitan velozmente, sin revisión en comisiones, aprobadas el mismo día de presentarse el proyecto.
El diagnóstico de los constitucionalistas peruanos es bastante crítico. Por ejemplo, Marcial Rubio se refiere a la “tensión entre la eficacia unicameral y la tentación de los bloques mayoritarios de no respetar la necesidad de un estudio prolijo” de las leyes.
Alfredo Bullard ha dicho que, sin cámara revisora, no hay “un sistema de control de calidad”, mientras Enrique Bernales señala que es inconveniente para el equilibrio de poderes, pues si el oficialismo domina, el Congreso “es obsecuente con el Ejecutivo, y si domina la oposición, es desestabilizador”.
Martín Vizcarra intentó reformas políticas en 2018. Surgieron varias propuestas que tras aprobarse en el Congreso fueron a referéndum. La de restituir la segunda cámara perdió, porque el fujimorismo, en ese entonces con mayoría parlamentaria, cambió la propuesta por una que le acomodaba.
Pero el debate en Perú sigue abierto.
Ello, aunque es cierto que sus problemas de gobernabilidad tienen múltiples causas, desde el régimen “presidencialista atenuado”, que provoca constantes enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que ha llevado a la destitución o renuncia de varios presidentes, hasta un sistema de partidos fallido, que colapsó en la década del noventa, dejando a las colectividades tradicionales mirando cómo surgían nuevas organizaciones políticas, que a su vez declinaban y daban paso a otras que apenas sobreviven, en un Parlamento cada vez más fragmentado y polarizado.
Sobre todo, no deben ignorarse las profundas desigualdades sociales, económicas y de representación entre las regiones y Lima, entre la sierra y la costa, lo que genera discordias e inestabilidad al sistema.
Pero este problema se agudiza al no existir una cámara territorial, con facultades equivalentes a la cámara de representación proporcional, donde cada región o provincia elija el mismo número de parlamentarios sin importar el tamaño de su población.
Fuente: Paradoja Peruana. Tamara Avetikian. El Mercurio, Columnistas, 04/04/2022
EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA CONVENCIÓN
El Mercurio, Editorial, 05/04/2022
Igual que en otras materias, la comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional está elaborando propuestas sobre el régimen constitucional del Ministerio Público sobre la base de un diagnóstico que impresiona como superficial y sesgado.
Así, por ejemplo, habiéndose instalado la idea de una falta de conducción adecuada por parte del actual fiscal nacional, se propone el reemplazo del cargo mismo por un órgano colegiado similar al Consejo de la Justicia.
Y existiendo la percepción de que el Servicio de Impuestos Internos habría restringido indebidamente en su momento la persecución penal por el financiamiento ilegal de la política, se pretende introducir una prohibición constitucional conforme a la cual ni la ley ni autoridad alguna “podrá impedir o establecer condiciones que entorpezcan el desarrollo de la investigación y el ejercicio de la acción penal pública cuando se trate de hechos que comprometan el interés público, el patrimonio de la nación o contra bienes jurídicos colectivos”.
Sin embargo, no es claro que sean estos los principales problemas que preocupan a la sociedad en relación con el Ministerio Público, ni las fórmulas propuestas están en condiciones de “resolverlos” sin crear otros problemas mayores.
| Se está actuando sobre la base de un diagnóstico superficial y sesgado. |
El Consejo Superior del Ministerio Público, por ejemplo, estaría integrado en forma “paritaria” por siete miembros, tres de ellos elegidos democráticamente por los fiscales entre sus pares; un integrante elegido democráticamente por las funcionarias y funcionarios (que, dicho sea de paso, son muchos más que los fiscales), y otros tres elegidos por el Congreso a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Igual como ocurrirá con el Consejo de la Justicia, este órgano será el punto de encuentro entre los designados políticos y los fiscales, lo que instalará en la Fiscalía una lógica transaccional.
Los representantes de los fiscales en el Consejo serán a su vez elegidos por agrupaciones conformadas según afinidades políticas, lo que dará lugar a la formación de verdaderos partidos. Una vez elegido, el representante promoverá la carrera e intereses del grupo que lo eligió.
Como el Consejo estaría a cargo de la designación de todos los funcionarios relevantes de la institución, el compromiso político valdrá la pena. La duración de 4 años de los consejeros refuerza el carácter político del órgano y atenúa las responsabilidades, ya diluidas por la colegialidad. Esta es muy adecuada en instancias técnicas, como el comité que fijaría las políticas de persecución penal, pero en las estructuras de dirección solo funciona bien cuando se combina con atribuciones y responsabilidades personales.
En lo que respecta a la prohibición de establecer condiciones que obstaculicen la persecución penal, la comisión pretende cancelar una discusión legítima sobre las mejores herramientas para obtener el cumplimiento de la ley.
No hay nada ilegítimo en sostener que el ejercicio de la acción penal pueda quedar entregado a una instancia administrativa y técnica en materias donde ello resulte más eficiente, y es una ingenuidad suponer que el Ministerio Público no ejerce por distintas vías un principio de oportunidad sin el cual el sistema habría colapsado hace mucho tiempo.
Mientras haya transparencia y existan los suficientes controles, constitucionalmente no debería haber nada que objetar al ejercicio exclusivo de la acción penal por parte de organismos especializados.
Todo esto, sin mencionar que hay otros temas relevantes para el régimen constitucional del Ministerio Público sobre los que nada se dice. Entre ellos están el modelo de vinculación de los funcionarios, especialmente de los fiscales —¿es necesaria o conveniente una carrera funcionaria como existe en la administración pública? —, y, sobre todo, los grandes espacios de discrecionalidad que contrastan con el escasísimo control y la prácticamente inexistente responsabilidad personal e institucional por decisiones arbitrarias o apresuradas.
“COCINA” CONSTITUCIONAL
El Mercurio, Editorial, 05/04/2022
La semana pasada, tras intensas negociaciones, se anunció un acuerdo alcanzado por los representantes de ocho colectivos de izquierda en la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, el que propone un nuevo régimen de “presidencialismo atenuado” que, entre otros puntos, elimina el Senado y lo reemplaza por una Cámara de las Regiones de reducidas facultades.
“Gran Acuerdo” fue el nombre con el que se presentaron los 60 artículos concordados, luego visados por la comisión y que ahora deberá discutir el pleno. Pero, lejos de la “transversalidad” de que se ha pretendido revestir esta propuesta, ella no solo ha sido objetada por los convencionales de derecha, sino también por parlamentarios y analistas políticos de un amplio arco, incluidos senadores y dirigentes del Partido Socialista.
Más allá, sin embargo, del debate sobre sus contenidos, cabe llamar la atención sobre la opacidad en que se gestó este acuerdo, en reuniones efectuadas al margen del funcionamiento institucional de la Convención, de las cuales no existe registro y por lo tanto no es posible conocer los fundamentos de las fórmulas convenidas.
Podrá argüirse que no era factible otro camino que el de las negociaciones reservadas para desentrampar el punto ciego a que antes había llegado esta comisión, luego de que el pleno rechazara 96 de los 93 artículos de su primer informe.
| Los convencionales están replicando lo que antes denostaban. |
Ello contradice, empero, la afirmación que desde su instalación han venido sosteniendo la mayoría de los convencionales, según la cual este proceso constitucional representaría una forma superior de política —“democracia real”, la han llamado—, caracterizada por la amplia participación ciudadana y por una completa transparencia.
Respecto de lo primero, el destino sufrido por algunas de las iniciativas populares de norma que habían concitado mayor apoyo, así como lo ocurrido con la consulta indígena, muestran los límites de los mecanismos participativos que se establecieron. En tanto, la forma en que se gestó el acuerdo sobre régimen de gobierno no es distinta de las prácticas que habitualmente se dan en la política y que en nuestro medio han recibido el apelativo de “cocina”.
En principio, lo anterior no debería llamar a escándalo si no fuera porque sectores que hegemonizan la Convención hicieron sus campañas denostando aquella “cocina”, por representar una política que se desarrollaría de espaldas a la ciudadanía.
Ahora, sin embargo, y ante las dificultades para abordar un tema complejo, han terminado cayendo en lo mismo que cuestionaban. Más aún, ello se ha dado respecto de uno de los puntos neurálgicos de una Constitución, cual es la definición de sus instituciones políticas y su funcionamiento.
Es cierto que la ciudadanía ha podido seguir las sesiones oficiales destinadas por la comisión al tema. Sin embargo, existirá siempre la suspicacia de si las razones proclamadas allí para apoyar el acuerdo responden a convicciones genuinas o solo encubren transacciones realizadas al margen de las instancias regulares.
Tal vez esto sea inevitable, pero por lo mismo debiera servir para al menos atemperar los discursos moralizadores respecto de la política tradicional que campean en la Convención.
NUEVOS ATENTADOS
El Mercurio, Editorial, 05/04/2022
La violencia en política es una acción siempre arbitraria. Los hechos ocurridos en estos días en la macrozona sur lo corroboran.
El grupo Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), reuniendo a alrededor de 40 encapuchados armados, quemó 16 viviendas en el lago Lanalhue (Contulmo) y exigió al Gobierno que en 48 horas retirara todas las querellas que puedan afectar la “causa” mapuche, además de destituir a los abogados que han alegado en ellas.
La fría decisión de, en nombre de esos objetivos, afectar a quienes con esfuerzo construyeron sus viviendas da cuenta de una actuación que no repara en costos sociales y que no tiene en mente el interés de quienes se dice representar.
Según muestran los estudios, la inmensa mayoría del pueblo mapuche aspira a la paz y no está dispuesto a avalar una autonomía territorial que no valora. Revelador es, por lo demás, que el grupo RML haya también demandado que los abogados del Gobierno no se presenten a alegar en la vista de la causa por el homicidio de Eleodoro Raiman, miembro de la misma etnia.
Una actitud similar se advierte en la absurda declaración de la CAM, que rechaza iniciar conversaciones “con quienes tienen como fin último el aniquilamiento de nuestra gente”, mencionando al subsecretario del Interior. Al mismo tiempo, habla de “sectores mapuches cooptados y serviles” que se prestarían para un falso diálogo, en oposición al “camino político militar”.
Es evidente que ninguno de estos grupos tiene interés en dialogar. Saben que el país y su propio pueblo no adhieren a sus intentos separatistas. Por eso la adhesión a la violencia es el proyecto que les acomoda.
Esta es una razón más que suficiente para no perseverar en intentos de diálogo con ellos. Toda conversación supone la búsqueda de soluciones de compromiso que no están dispuestos a aceptar. En cambio, pretenden imponer su agenda, excluyendo a actores relevantes y verdaderamente representativos de las comunidades, en una vieja estratagema que ningún gobierno debe olvidar.
Por eso fueron tan equívocas las acciones y declaraciones iniciales de las nuevas autoridades, en cuanto a que querían un diálogo simultáneo con todos los sectores. Bajo ese enfoque, que no diferencia entre demandas legítimas y actos de violencia, los extremistas no incurren en costo alguno por sus actuaciones. Los hechos de estos días lo prueban.
| Ha quedado claro que los violentistas no están dispuestos a dialogar y que fue un grave error del Gobierno haberlo planteado. |
Por ello, es bienvenido el cambio de actitud que ha insinuado el Gobierno, particularmente a través del subsecretario Monsalve, de focalizar el diálogo en quienes rechazan la violencia; también es positiva la presentación de una querella por los atentados en Contulmo, aunque sería inentendible que no aludiera al carácter terrorista del ataque.
La situación de inseguridad, de pobreza y de ausencia de reconocimiento del pueblo mapuche hace necesario abandonar la lógica que intentan imponer tales grupos, a los que debe aislarse, para generar entendimientos con quienes sí están abiertos al diálogo.
Por cierto, existe el riesgo de que los violentistas intenten sabotear ese proceso, pero mucho peor es someterse a su chantaje. Aceptar sus presiones conduciría a un equilibrio precario, que mantendría en la inseguridad a quienes habitan las zonas del conflicto. Perseverar en buscar entendimientos con quienes sí están comprometidos con la paz puede en cambio llevar a resultados inmensamente superiores.
Indudablemente, la segunda alternativa tiene más posibilidades de éxito si simultáneamente el Gobierno, usando todos los instrumentos que permite el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, persevera con vigor en mantener a raya a los grupos terroristas e impedir sus “acciones militares”.
En esta tarea, la administración no debe tener reticencias, toda vez que el respaldo de la población será mayoritario.
