Columna de Opinión

ELIGIENDO FISCAL NACIONAL

ELIGIENDO FISCAL NACIONAL

Paula Walker[1]

La Tercera, Opinión, 22/12/2022

En la película de Batman titulada El Caballero de la Noche (2008), dirigida por Christopher Nolan, hay una historia sobre la importancia del fiscal Dent para combatir el crimen en la ciudad.

Sin entrar en detalles (el fiscal tenía varias pifias), simbólicamente era relevante resguardar su imagen, al punto que el mismísimo Batman lo justifica así: “Ciudad Gótica necesita un héroe”.

Una o un fiscal nacional no podrá combatir solo todos los delitos que ocurren de norte a sur en el país, pero sí debe liderar estrategias y empujar cambios institucionales con independencia, legitimidad y en colaboración con otras instituciones y autoridades.

Sin embargo, el proceso de elección ha puesto un manto de dudas que sigue golpeando la fragilidad de las confianzas, principalmente por el comportamiento del Poder Legislativo, aunque sin dejar a la sociedad civil y al gobierno libre de culpas.

Lo que ha prevalecido es un festival de notas periodísticas, trascendidos y todo tipo de mensajes por redes sociales sobre las y los candidatos, pero no de sus propuestas. En paralelo, distintas personas, de todos los colores políticos, desplegaron sus artes para influir en los senadores y ubicar en el puesto de fiscal a su candidato.

El mecanismo actual de elección de fiscal nacional involucra a los tres poderes. Primero la Corte Suprema escucha, evalúa y propone al Ejecutivo. El gobierno elige un nombre y lo propone al Senado, el que interroga y luego vota a favor o en contra.

Pues bien, el Senado ha rechazado a dos personas, un hombre y una mujer. El primero estuvo a dos votos de lograrlo, pero falló el apoyo de algunos independientes, otros de la coalición de gobierno y la abstención de varios RN.

En el caso de la segunda, la mujer, ella fue rechazada por toda la UDI, varios de RN y un PPD. Este último senador le mandó un recado al gobierno por la prensa: “aquí el tema de género no corre”, sin antes escuchar ni una palabra de la propuesta de los candidatos.

La candidata rechazada decidió dar entrevistas a medios de comunicación tras la derrota. Describió el proceso que vivió: “sin redes es muy difícil llegar a ser fiscal nacional”; agregó que en el hemiciclo nadie le preguntó por su trabajo en la Unidad Anticorrupción; aseguró que el rechazo de senadores de la UDI (Moreira a la cabeza) y del PPD Pedro Araya estaría relacionado a sus actuaciones de persecución penal contra ellos o algún familiar: “he tenido que pagar un costo por mis investigaciones” relacionadas a casos de corrupción y política.

A vista y paciencia de todos, se boicotea políticamente el proceso de la elección de una o un nuevo fiscal en un momento clave en el país.

El gobierno será presa fácil sino es capaz de ordenar sus vocerías, jerarquizar sus argumentos, transparentar sus razones para presentar candidaturas y defender a brazo partido la independencia de los poderes del Estado.

Ciudad Gótica necesita un héroe o heroína independiente del poder político.

[1] Paula Walker es profesora Escuela de Periodismo Usach.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión

PATRICIO NAVIA: LA IMBECILIDAD QUE AFECTA AL PAÍS

PATRICIO NAVIA: LA IMBECILIDAD QUE AFECTA AL PAÍS

Patricio Navia[1]

El Líbero, 29/11/2022

La mayor imbecilidad que hoy afecta al país es insistir en que Chile iba por el camino equivocado antes del estallido social y que ahora hay que avanzar por un rumbo diferente.

Precisamente porque el mejor camino al éxito consiste en retomar el sendero de la gradualidad, pragmatismo y políticas basadas en evidencia, hace rato que el gobierno debió haber abandonado el discurso refundacional y la majadera insistencia en que ellos tienen un mejor modelo para alcanzar el camino a la prosperidad.

Comentando el inexcusable paro de camioneros que todavía no se termina del todo, el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela llamó a los camioneros descolgados a que “se descuelguen de la imbecilidad que está afectado al país”.

Presumiblemente, para Valenzuela, la imbecilidad son las injustificadas movilizaciones que hace el gremio de camioneros para presionar al gobierno a que les ayude a solucionar el problema en el que se encuentran.

Si Valenzuela hubiera dicho lo mismo hace 11 años, cuando los estudiantes universitarios comenzaron a marchar por la gratuidad en la educación superior, su declaración hubiera sido considerada un insulto inaceptable por muchos de los líderes estudiantiles de entonces que hoy gobiernan el país.

Pero movilizarse por la gratuidad educacional en la educación terciaria tiene tan poco sentido de sensatez política como exigirle al gobierno que subsidie el precio del transporte a un gremio que no está entre las personas más necesitadas del país.

Los estudiantes de educación superior —igual que los camioneros— pueden tener problemas de flujo, pero no están en el grupo de personas con más necesidades en Chile.

Los estudiantes pueden provenir de familias de pocos ingresos, pero si estudian y hacen bien su trabajo, sus ingresos futuros les permitirán estar en los cuartiles de más ingresos en Chile. No serán los más ricos del país —tampoco lo son los camioneros—, pero pedirle al estado que financie la gratuidad de la educación cuando hay necesidades mucho más urgentes es tan autorreferente como pedirle al estado que subsidie el precio del combustible que usan los camiones.

Tiene razón el ministro Esteban Valenzuela cuando pide terminar con la imbecilidad de creer que el Estado puede financiarlo todo y endeudarse como si no hubiera que pagar esa deuda algún día.

Es verdad que estudiantes y camioneros ayudan al progreso de Chile, pero el Estado tiene recursos limitados y no tiene mucho sentido usarlos para financiar a dos grupos que no están entre los sectores más necesitados del país.

Puede ser que esta discusión ya no tenga sentido. La gratuidad en la educación superior llegó para quedarse. Pero no podemos desconocer el efecto que ese enorme gasto público ya está teniendo en la desigualdad en el país.

Darle educación gratuita a gente que tendrá ingresos en el futuro para poder pagar su educación solo contribuye a disminuir el presupuesto disponible para salud, vivienda y pensiones de grupos que nunca tendrán los ingresos que sí gozaran aquellos que completen su educación superior.

Lo mismo ocurre con el subsidio a los combustibles. Los miles de millones de dólares que gasta el estado en subsidiar el combustible de los camioneros —y de todos aquellos que se pueden dar el lujo de comprar autos diésel— son recursos que no van a estar disponibles para ayudar a las personas más necesitadas.

En un mundo en que el acceso al crédito era casi universal y las tasas de interés eran especialmente bajas, no importaba mucho que existiera un déficit fiscal. Pero con tasas de interés más altas, la deuda pública y el déficit fiscal constituyen cada vez una carga más onerosa para el fisco. Si no empezamos a apretarnos el cinturón del gasto rápidamente, todos los vamos a pasar mal en los próximos años —especialmente los que menos tienen.

Tiene razón el ministro Esteban Valenzuela cuando pide terminar con la imbecilidad de creer que el Estado puede financiarlo todo y endeudarse como si no hubiera que pagar esa deuda algún día. Hay urgencia en recuperar la disciplina fiscal y en avanzar hacia una mejor eficiencia en el gasto público. Ojalá todos pudieran ponerle atención a lo que dijo.

Pero lamentablemente, en el Chile de hoy, las demandas por mayor gasto público seguirán multiplicándose y el Estado seguirá cediendo terreno ante los grupos que más presión pueden ejercer —sea camioneros, estudiantes o Fuerzas Armadas.

El costo lo pagaremos todos porque la indisciplina fiscal de hoy la financiaremos con los impuestos futuros. Lo que es peor, las oportunidades para los que menos tienen y la ayuda fiscal para los más necesitados seguirá siendo relegada a lugares secundarios en las prioridades de un gobierno que, precisamente, llegó al poder con la plataforma de que la plata abunda y que hay que financiar a los que protestan y gritan más fuerte y no a los que tienen más necesidades.

Si algo de nostalgia debiésemos tener sobre el Chile de los 30 años es que se buscaba promover la eficiencia en el gasto público y que la prioridad número uno era ayudar a salir a la gente de la pobreza y no ir en ayuda de aquellos que gritan más fuerte, tiran más piedras o buscan hablar desde una injustificada superioridad moral.

Si no terminamos con la imbecilidad de no priorizar el gasto público en los más necesitados, el fantasma de la deuda pública y de una creciente desigualdad volverán a asolar a Chile mucho más temprano que tarde.

[1] Patricio Navia es Doctor en Ciencia Política y profesor de la UDP.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Seguridad y defensa

“Crítico estado de inseguridad e insalubridad”: Cámara aprueba proyecto que alerta sobre gestión de Irací Hassler en Santiago y pide a Boric intervenir

“Crítico estado de inseguridad e insalubridad”: Cámara aprueba proyecto que alerta sobre gestión de Irací Hassler en Santiago y pide a Boric intervenir

Carlos Reyes P.

La Tercera, 21/12/2022

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de resolución que alerta sobre la gestión de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler y pide al Presidente, Gabriel Boric que aplique todas las medidas para intervenir la situación.

La iniciativa fue impulsada por los diputados de las bancadas de RN y la UDI: María Luisa Cordero, Sofía Cid, Catalina del Real, Andrés Longton, Hugo Rey y Juan Carlos Beltrán.

En concreto la moción establece que la Corporación “manifiesta su preocupación ante el crítico estado de inseguridad e insalubridad existente en la comuna de Santiago, así como en la deficiente provisión de servicios educativos en ésta, solicitando a S.E el Presidente de la República disponer de todas las medidas de colaboración con dicho municipio, habida consideración de la incapacidad con que la administración comunal está enfrentando tales problemáticas”.

El proyecto fue aprobado por 74 votos a favor (principalmente de la derecha, la DC y el PDG, más algunos independientes), 44 en contra y 16 abstenciones.

Dentro de los argumentos que fundamentaron la petición están el que “es innegable que durante los últimos meses el estado de la comuna ha alcanzado niveles inéditos en cuanto a inseguridad, insalubridad provocada por la negligencia en la mantención del aseo y ornato comunal, así como por los efectos del desbordado comercio informal, debiendo sumarse a esto la compleja crisis que viven los establecimientos educacionales cuyo sostenedor es el Municipio, muchos de ellos de tipo “emblemáticos” como el Instituto Nacional, el Internado Nacional Diego Barros Arana, el Liceo de Aplicación o el Liceo 1 de Niñas”.

La iniciativa fue impulsada por los diputados de las bancadas de RN y la UDI: María Luisa Cordero, Sofía Cid, Catalina del Real, Andrés Longton, Hugo Rey y Juan Carlos Beltrán.

Se agregó que “el paupérrimo estado de la comuna, que sin duda se gesta desde hace años y no puede atribuirse en particular a la actual administración comunal en su génesis, no ha sido abordado como es debido por esta. En efecto, la Municipalidad liderada por la Alcaldesa Srta. Irací Hassler, ha dado pasos que parecen profundizar la crisis en la comuna y “reman contra corriente” en cuanto a soluciones efectivas para estos problemas”.

Además, se denunció que “a poco de asumir, la alcaldesa resolvió desmantelar la unidad de fiscalización y vigilancia de la comuna, incluyendo en ello a funcionarios municipales que por años se habían desempeñado en dicha área. Estas actuaciones, también hechas en otras áreas de gestión municipal, han significado demandas contra el municipio”.

Y en la misma línea se planteó que “se conoció la denuncia en relación con cómo la alcaldesa habría ejercido influencias y requerido no aplicar la normativa legal y reglamentaria disciplinaria al interior de los establecimientos educacionales, lo que será resuelto por la Contraloría General de la República hasta donde concurrieron de distintos parlamentarios y exautoridades educativas de la comuna”.

Por todo lo anterior es que a juicio de los parlamentarios “no cabe duda de que la gestión de la alcaldesa ha contribuido a profundizar la crisis en seguridad, salubridad y al interior de los establecimientos educacionales de la comuna de Santiago, siendo necesario que el Gobierno preste una colaboración excepcional ante la incapacidad en su actuar”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de sus autores y no representan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional