Columna de Opinión

¿ES LA EJECUCIÓN POR FUSILAMIENTO DE CAROLINA DEL SUR LA ÚLTIMA RECREACIÓN DE LA GUERRA DE SECESIÓN?

¿ES LA EJECUCIÓN POR FUSILAMIENTO DE CAROLINA DEL SUR LA ÚLTIMA RECREACIÓN DE LA GUERRA DE SECESIÓN?

Mark M. Smith, Carolina Distinguished Professor of History, University of South Carolina

The Conversation, 15/02/2023

 

A los estadounidenses les encanta recrear el pasado, especialmente las batallas de la guerra civil (o guerra de Secesión) de Estados Unidos, que tuvo lugar entre 1861 y 1865. En un esfuerzo por revivir la guerra interna más sangrienta de su historia, miles de personas se visten con uniformes azules y grises y se reúnen en campos donde los lejanos ecos de la guerra ya se han desvanecido.

Hay docenas de recreaciones así cada año. Los participantes se las toman muy en serio. La comida, los uniformes, incluso los olores, todo se reproduce para dar autenticidad a los acontecimientos. Las balas y los proyectiles son lo único no “real”.

Ahora, los apasionados de las recreaciones en Estados Unidos suman un posible nuevo miembro: el estado de Carolina del Sur.

Esto se debe a su decisión en 2021 de permitir que los reclusos en el corredor de la muerte puedan elegir la opción de ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Con esta medida, Carolina del Sur ha decidido aplicar una forma de pena capital que no se utilizaba en el estado desde la guerra de Secesión.

Una diana sobre su corazón. La razón por la que Carolina del Sur ha incorporado el pelotón de fusilamiento es sencilla. Al parecer, el estado tiene problemas para conseguir suficientes fármacos para ejecutar a los presos con la inyección letal. Eso solo deja como opción la silla eléctrica. Y, ahora, el pelotón de fusilamiento.

Este último método aún no se ha utilizado y actualmente está en apelación en el Tribunal Supremo del estado. Soy testigo experto en el caso e historiador de la guerra civil norteamericana.

El Departamento de Correccionales de Carolina del Sur ha redactado los protocolos del fusilamiento. El pelotón estará formado por tres miembros elegidos entre el personal de la prisión. Se colocarán detrás de un muro, con los tres fusiles cargados con munición real y apuntando al recluso a través de una abertura en el muro.

Tras entrar en la cámara, el recluso será atado a una silla, se le colocará una capucha sobre la cabeza y una diana sobre el corazón.

En ese momento, el alcaide leerá en voz alta la orden de ejecución. A continuación, los miembros del pelotón dispararán sus rifles. Tras declarar muerto al recluso, los testigos se podrán marchar.

Castigo exclusivamente militar. Las ejecuciones por fusilamiento son extremadamente raras en la historia de Estados Unidos.

En la actualidad, solo cuatro estados las pueden aplicar: Carolina del Sur, Mississippi, Oklahoma y Utah. Sólo Utah lo ha utilizado. Desde 1976, se han llevado a cabo tres ejecuciones por fusilamiento en ese estado.

De hecho, la ejecución por fusilamiento nunca ha sido habitual en la historia de Estados Unidos. Aunque el término firing squad (“pelotón de fusilamiento” en inglés) se puede encontrar en los periódicos estadounidenses antes de la guerra civil, la frase se utilizaba normalmente para describir una costumbre diferente, parecida a un homenaje, cuando se disparaban armas al aire para honrar a una persona importante tras su muerte.

El uso del pelotón de fusilamiento también fue poco frecuente durante la guerra civil. Se utilizaba principalmente para castigar a los soldados que desertaban del ejército de la Unión o del Confederado.

Según el estudio de Thomas P. Lowry y Lewis Laska de 2009 Confederate Death Sentences: A Reference Guide, de los 26.015 soldados de la Unión juzgados por deserción, aproximadamente 1.243 de ellos, o el 4,8 %, fueron condenados a morir fusilados.

En el ejército confederado de Virginia del Norte, el 12,4 % de los soldados juzgados por deserción fueron condenados a muerte por este método.

Aparte de las ejecuciones de Utah, no existen casos de fusilamiento en Estados Unidos después de la guerra civil. Era una forma de castigo exclusivamente militar.

Dado que el pelotón de fusilamiento estaba diseñado para disuadir a los desertores durante la guerra, a menudo se llevaba a cabo de forma ritual. Casi siempre se hacía en público y con la intención explícita de infundir terror.

Sorprendentes similitudes entre antes y ahora. Las similitudes entre los pelotones de fusilamiento de la guerra civil y los propuestos por el estado de Carolina del Sur son sorprendentes.

Al igual que los guardias de la prisión, el pelotón de fusilamiento de la guerra civil se seleccionaba entre los soldados. Normalmente ejecutaban el castigo a las órdenes de un ayudante del preboste o preboste mayor, que es un oficial del ejército a cargo de la policía militar.

El pelotón de fusilamiento solía situarse a varios metros del soldado condenado y apuntaba a una diana colocada sobre su corazón. En la mayoría de los casos, se colocaba una venda sobre los ojos del condenado y se le ataban las manos.

‘Una ceremonia horrible’. Había, por supuesto, diferencias entre entonces y ahora. No todos los soldados del pelotón de fusilamiento durante la guerra civil tenían munición real. Uno de los rifles podía ser de fogueo, ahorrando a estos soldados curtidos en la guerra la certeza de haber matado a un hombre desarmado.

En general, el fusilamiento tenía lugar en un lugar público, como una carretera, una plaza o un campo de batalla. Evidentemente, este no es el caso en el anteproyecto propuesto para Carolina del Sur, aunque había reporteros durante las ejecuciones de la guerra civil y se permitirá a un miembro de la prensa presenciar los fusilamientos en Carolina del Sur.

Algunas comparaciones siguen siendo difíciles de establecer.

¿Ofrecerá el fusilamiento de Carolina del Sur una muerte inmediata e indolora? Sabemos que los fusilamientos de la guerra no siempre tenían un efecto inmediato. Por ejemplo, según un informe de 1864 de una ejecución de un pelotón de fusilamiento publicado en el Vicksburg Herald, un soldado del 49º Regimiento de Infantería de Color “tuvo que ser despachado a pistola, al no producirse la muerte inmediata por las heridas de los mosquetes”.

¿Sufrirá el reo psicológica y emocionalmente al ser ejecutado en Carolina del Sur? De nuevo, la guerra civil proporciona pistas. Harper’s Weekly dijo de una ejecución masiva por fusilamiento en 1863: “Mentalmente, todos sufrieron terriblemente, y mientras marchaban a su propio funeral se tambaleaban con agonía mortal como un borracho”.

Los testigos también podrían encontrar el espectáculo difícil de ver. Según el Louisville Daily Journal en 1863, “La escena estaba resultando dolorosa para los espectadores, y muchos se dieron la vuelta, no queriendo presenciar más aquella horrible ceremonia”.

A veces, los soldados encargados de disparar las balas mortales fallaban deliberadamente, ya que la responsabilidad al matar de esta manera resultaba demasiado grande.

Los apasionados de las recreaciones de la guerra civil conocen los límites de lo que hacen. No intentan recrear el fatal hundimiento en 1864 del submarino confederado H.L. Hunley en el puerto de Charleston. Tampoco intentan recrear asedios mortales de un mes de duración, como el de Vicksburg en 1863. Ni recrean fusilamientos.

Sin embargo, el estado de Carolina del Sur está dispuesto a reproducir literalmente una práctica de la historia más sangrienta del país, una práctica que algunos soldados, incluso en medio de la mayor carnicería que ha vivido esta nación, se vieron incapaces de llevar a cabo.

RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

POLÍTICA EXTERIOR Y NEUTRALIZACIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

POLÍTICA EXTERIOR Y NEUTRALIZACIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Jorge G. Guzmán

El Mostrador, Opinión, 16/02/2023

Siguen sin aclararse comentarios de funcionarios de la Cancillería relativos a cierto buque inglés al que —se entiende — se impidió recalar en Punta Arenas. Se trataría de un patrullero de alta mar de pabellón británico con base en Port Stanley, que pretendía acceder a los astilleros de ASMAR- Magallanes.

Sería entonces de una nave para monitoreo de actividades pesqueras (conservación de los recursos marinos) y búsqueda y rescate (seguridad de vida humana en el mar), no una fragata con destino a Valparaíso.

Constituiría un caso de negación de servicios portuarios, luego que en años recientes Chile comenzara a tolerar que Argentina dificultara el acceso de naves británicas al Estrecho de Magallanes (libre navegación).

Con la cooperación chilena, Argentina ha terminado con el más que centenario vínculo marítimo entre Magallanes y las islas Falkland. Si en 1916 las naves de dicho archipiélago no hubieran podido ser recibidas en Punta Arenas, entonces sir Ernest Shackleton no hubiera solicitado la ayuda chilena para que la escampavía Yelcho rescatara desde la Antártica a los náufragos de la Endurance.

Las medidas y tolerancia chilena son parte del apoyo político a lo que Argentina denomina la causa de Malvinas. Estamos en presencia de un hecho consumado que afecta el estatus de neutralización permanente del Estrecho de Magallanes (al cual ambos países están jurídicamente obligados).

El Estrecho de Magallanes es chileno. En 1843 el Estado estableció un asentamiento permanente en el estrecho (Fuerte Bulnes), cuya población fue enseguida trasladada al sitio que ocupa Punta Arenas. En esta acción afirmativa chilena se originan los problemas limítrofes con Argentina en la zona austral: a partir de entonces, dicho país pretendió que el estrecho (y sus dos orillas), le pertenecían.

Si bien en 1881 un Tratado de Límites confirmó la pertenencia de dicho pasaje interoceánico a la soberanía nacional, años antes, en 1873, Chile ya había notificado a la comunidad internacional su soberanía sobre el mismo, explicando además que el Estrecho de Magallanes se hallaba, primero, abierto a la navegación de todas las banderas y, segundo, neutralizado.

Los testimonios de los negociadores de 1881 indican que se trató de un aspecto central para facilitar la transacción en la que Chile, unilateralmente, renunció a su Patagonia Oriental y a la parte oriental de Tierra del Fuego, a cambio del reconocimiento argentino de nuestra soberanía sobre toda la extensión del estrecho.

Mientras el episodio del barco inglés aconseja que -sin dilación- los responsables sean convocados al Congreso Nacional para explicar la circunstancia y los potenciales efectos sobre nuestras las obligaciones con la neutralización del Estrecho de Magallanes, resulta fundamental que dicha política de Estado sea, desde ya, considerada asunto constitucional.

Respecto de lo segundo — en el contexto de la época — esa transacción reiteró que Chile no debía utilizar el estrecho en favor o en contra de ningún país que fuera parte de algún conflicto o disputa, esto es, lo “neutralizó permanentemente” (Artículo V).

La neutralización del estrecho fue nuevamente asunto para el Tratado de Paz y Amistad de 1984 (TPA). Junto con delimitar el área del Mar de la Zona Austral, ese instrumento creó una infraestructura para la relación política y la integración bilateral.

Para prevenir problemas en esta última, el TPA específicamente estableció que “la delimitación aquí convenida en nada altera lo establecido en el Tratado de Límites de 1881, de acuerdo con el cual el Estrecho de Magallanes está neutralizado a perpetuidad y asegurada su libre navegación para las banderas de todas las naciones” (Artículo 10).

Esa fórmula jurídica —tal cual está reproducida en la publicación del TPA en el Diario Oficial (14 mayo 1985)- no admite interpretaciones: el estrecho no debe ser objeto para tomar parte de una disputa, por ejemplo, en favor de Argentina y/o desmedro del Reino Unido.

Es más, al momento de ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR, 1995), Argentina unilateralmente ratificó su compromiso con el Artículo V del Tratado de 1881, insistiendo en que el estrecho de Magallanes está neutralizado a perpetuidad.

En la misma circunstancia (1997), Chile dejó expresa constancia que, con el TPA, Argentina había reiterado su compromiso de respetar “permanentemente y en cualquier circunstancia el derecho de las naves de todas las banderas a navegar de forma expedita y sin obstáculos a través de sus aguas jurisdiccionales hacia o desde el estrecho de Magallanes”.

El audio de la Cancillería que menciona ciertos favores a Argentina en la forma de limitaciones impuestas a un buque inglés indica que esto no ha sido necesariamente así.

El Estrecho de Magallanes y la causa de Malvinas. La neutralización permanente del Estrecho de Magallanes ha sido progresivamente afectada desde que se conociera el interés por la plataforma continental de las islas Falkland/Malvinas por parte de algunas compañías petroleras. A partir de entonces Argentina ha relativizado su observancia de lo pactado y comprometido en 1881, 1984 y 1995.

Paralelamente, y especialmente desde los gobiernos Bachelet I y Piñera I, Chile contribuyó a la relativización de esas obligaciones. Con referencias cada vez más explícitas a la solidaridad con la causa de Malvinas, se ha logrado que nuestra diplomacia aceptara relativizar lo que Diego Barros Arana hubiera llamado la correcta doctrina chilena en las relaciones de límites con Argentina.

Este es, en definitiva, el trasfondo jurídico, político y diplomático del episodio del barco inglés.

El desuso de la correcta doctrina de límites. Para que ello ocurriera nuestros diplomáticos olvidaron que el siglo XIX, ergo en 1873 y 1881, a la neutralidad de un país y la neutralización de un territorio se asociaba la imparcialidad y, a su complimiento, la reciprocidad y el honor a la palabra empeñada.

Del respeto irrestricto del Tratado de 1881 derivó la doctrina de la intangibilidad de nuestras fronteras, el mismo elemento doctrinal empleado durante la negociación e implementación del Tratado de 1904 con Bolivia, y el Tratado de 1929 con Perú.

La inobservancia de esa correcta doctrina explica fenómenos políticos tales como el Tratado de 1998 sobre el Campo de Hielo Sur, la ausencia de prioridad en materia de los límites exteriores de la plataforma continental magallánico-antártica y/o el descuido de la frontera del extremo norte, hoy pasadizo de inmigrantes ilegales y celebridades del crimen trasnacional.

En esta práctica diplomática debe también buscarse la oportunidad para la reiteración de una antigua tesis argentina en la actual Directiva de Política Defensa (abril 2021), que tipifica al Estrecho de Magallanes como espacio compartido.

Con la relativización de lo pactado en 1881 y 1984 son solidarios todos los últimos gobiernos. Por ejemplo, aquel que en noviembre de 2010 (Piñera 1) suscribió una Declaración de UNASUR que declaró ilegal a la bandera de las islas Falkland, permitiendo —sin reflexionar — que más tarde ese compromiso político sirviera para relativizar la obligación jurídica con la neutralización permanente del Estrecho de Magallanes.

La hora del Congreso y de la Convención Constitucional. El episodio del barco inglés revela que la correcta doctrina en materia de límites —uno de los pilares de nuestra política exterior (política de Estado) — ha caído en desuso.

Ha sido reemplazada por la obligación de firmar algo durante una vista presidencial, generar un titular durante un momento complejo para el gobierno de turno, o por la ambición del presidente o Canciller del minuto de dejarnos un legado.

Junto con la Cancillería, a ese fenómeno han contribuido asesores históricos y entidades públicas, incluidas algunas de la defensa, que no ha sido capaces de representar a los políticos de turno las consecuencias de las inconsecuencias de nuestra política exterior en materia de intangibilidad del territorio nacional.

Mientras el episodio del barco inglés aconseja que —sin dilación — los responsables sean convocados al Congreso Nacional para explicar la circunstancia y los potenciales efectos sobre nuestras las obligaciones con la neutralización del Estrecho de Magallanes, resulta fundamental que dicha política de Estado sea, desde ya, considerada asunto constitucional.

Solo eso asegurará la —ahora urgente — refundación de la Cancillería, para evitar que prácticas diplomáticas nocivas para el interés permanente del país queden al arbitrio de funcionarios indolentes.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

Columna de Opinión

UNIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN PIDE QUE EX LAUTARISTA SEA REMOVIDA DEL MINEDUC

UNIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN PIDE QUE EX LAUTARISTA SEA REMOVIDA DEL MINEDUC

El Líbero, 13/02/2023

 

Preocupación han manifestado desde la Unión Nacional de Profesionales de la Educación de Chile (Unapech) por el reciente nombramiento de la ex lautarista Andrea Osorio Rivera como Jefa de la División de Educación General del Ministerio de Educación.

En criterio de la presidenta de esta agrupación, Verónica Monsalve Anabalón, la mujer “tiene que salir del cargo”.

“Conozco muchos funcionarios en el Ministerio de Educación y no era necesario hacer ese nombramiento. No es lo más apropiado para un Ministerio de Educación (…). El ministro Ávila tal vez podrá estimarla mucho, pero no es un cargo apropiado. Tenemos que pensar que se trata de una jefatura general, amplia, que tiene relación con todas las demás”, señala a El Líbero Monsalve, ex dirigente nacional del Colegio de Profesores.

 

Osorio, licenciada en Educación de la Universidad Simón Rodríguez (Venezuela) y magíster en Educación de la Universidad Arcis, fue parte del Movimiento Juvenil Lautaro entre fines de los 80 y principios de los 90.

Es viuda del también lautarista Ariel Antonioletti, quien falleció en un operativo de la PDI el 15 de noviembre de 1990 y con quien tuvo un hijo que hoy tiene 32 años.

Horas antes de su muerte, Antonioletti había escapado de los gendarmes que lo habían trasladado desde la ahora extinta Cárcel Pública, hasta el Hospital Sótero del Río, para un chequeo oftalmológico. En la operación de rescate, a cargo de la llamada ‘Mujer Metralleta’, fueron asesinados cinco uniformados.

“Nos entra una tremenda desconfianza a los educadores y a los que tenemos como referente el trabajo del Ministerio de Educación. Sabiendo de su historial, estamos entonces en condiciones de pensar que esta es una situación orientada más a la política o a la mala política, debido a las condiciones que ella tiene de ex lautarista (…). Eso en una persona que ejerce un cargo tan importante como ese, creo que es muy malo para el Ministerio de Educación”, advierte la presidenta de Unapech.

Osorio es actualmente la jefa de la unidad técnico-normativa, que según se especifica en el portal del Ministerio de Educación, es la “responsable del desarrollo de los niveles de educación prebásica, básica y media y sus correspondientes modalidades, y de promover el mejoramiento permanente del proceso educativo formal”.

“Sabiendo de su historial, estamos en condiciones de pensar que esta es una situación orientada más a la política o a la mala política, debido a las condiciones que ella tiene de ex lautarista”, advierte Verónica Monsalve, presidenta de la Unapech, en referencia a Andrea Osorio (foto de portada), viuda de Ariel Antonioletti y recientemente nombrada Jefa de la División de Educación. La dirigente advierte que se reunirán con diputados y senadores para pedirles que soliciten explicaciones al ministro Marco Antonio Ávila y le pidan que la remueva del cargo.

Profesores acudirán al parlamento. Monsalve indica que tienen previsto reunirse con diputados y senadores, para abordar el tema del ya mencionado reciente nombramiento dentro de la cartera de Educación.

“Nuestro primer trabajo va a ser tomar contacto con los integrantes de las comisiones de educación que existen en el parlamento, porque ellos tienen la facultad, la fuerza y las condiciones legales para convocar al ministro de Educación, pedirle explicaciones y en la misma reunión solicitarle que cambie a la funcionaria”, sostiene la líder de Unapech.

De acuerdo con la postura de Monsalve, existe la posibilidad de que al retornar a las clases el próximo mes, los secundarios que suelen salir de sus respectivas instituciones educativas a hacer manifestaciones violentas crean “que tienen en ella una mirada cómplice”.

“Yo lo único que pido en este momento es que el ministro recapacite, que desarrolle un trabajo conjunto con su personal. Tiene personal muy bueno para hacerlo”, dice.

La ex lautarista estuvo detenida en 1989. En una entrevista ofrecida a El Mostrador en noviembre de 2008 se indica que Osorio estuvo detenida en 1989. “Después del asesinato del Ariel nos volvieron a encargar reos a los mismos que habíamos estado presos y salió una orden de arresto. Ninguno de los que estábamos afuera se presentó al arresto. Ahí empezó mi pega de esconderme, de no caer presa de nuevo”, dijo en esa oportunidad.

En esa misma conversación, la mujer tildó de “delator” a Juan Carvajal, quien años después de la muerte de Antonioletti fue director de la Secom en el gobierno de Michelle Bachelet.

“Es un tipo que se merece una funa. Que se merece ser desenmascarado porque no tiene ninguna ética para ejercer un cargo público desde el punto de vista de un Estado de Derecho”, dijo entonces quien actualmente es la jefa de la División de Educación General.

En otra entrevista publicada hace cuatro años por Politika -reproducida por medios como Puntada con hilo y Kaosenlared-, Osorio dio declaraciones de corte más político, contrarias al plebiscito de 1988 que permitió la vuelta de Chile a la democracia mediante un proceso pacífico de votaciones y en las que además se mostró partidaria de que en ese momento se hubiera instalado en el país un sistema socialista.

“El 5 de octubre representa para mí un fraude, un fraude a la esperanza (…) Para mí la llegada de la democracia pactada con la dictadura da un piso político importante para legitimar el sistema económico que hoy nos violenta”, sostuvo entonces.

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

 

 

 

Columna de Opinión

EL PEOR DE LOS MUNDOS

EL PEOR DE LOS MUNDOS

Vanessa Kaiser, directora de la cátedra Hannah Arendt, Universidad Autónoma de Chile.

El Líbero, 15/02/2023

 

Cuenta la leyenda griega que la diosa de la sabiduría, la estrategia y la justicia, Atenea, hizo en tiempos remotos la siguiente advertencia: “Ciudadanos, entre la tiranía y la anarquía existe la democracia. Cuidad de ella porque, cuando ésta sucumbe, solo os queda vivir en el caos o la opresión”.

Pareciera entonces que, únicamente, la democracia nos puede proteger de una vida bajo el yugo del más fuerte. Son las instituciones integradas por personas probas, la ley y la fuerza que las acompaña, el único dique a la desgracia generalizada y el dolor que se exacerban bajo el despotismo del tirano que detenta el poder o de la destrucción del Estado que resguarda la paz.

De ahí que el cuidado de la democracia constituye una necesidad de primer orden.

¿Quién podría estar en desacuerdo con la diosa? Hasta antes del 18-O era imposible rebatirle, pero Chile ha mostrado una variante de la democracia que intimida la lógica no solo de los antiguos, sino de cualquiera que afine un poco la mirada y observe el rumbo que los chilenos estamos trazando.

Creo que el único modo de describirlo es con esa frase cliché, título de esta columna: “el peor de los mundos”. ¿Qué mundo puede ser peor al de la tiranía o la anarquía? Uno en el que se castiga al que hace el bien y se premia a quien daña, roba, mata, incendia, destroza.

La imagen de bomberos recibiendo perdigones, mientras los narcoterroristas pululan libres encendiendo cientos de focos nuevos en el sur del país, es el ejemplo más reciente del peor de los mundos.

Los indultos a la Primera Línea (curioso que la prensa hoy no hable de dicho colectivo) es otro ejemplo de la forma de vida que nos ofrece el peor de los mundos.

¡Ni qué decir de carabineros y militares presos por mantener el orden público en el estallido revolucionario, mientras a los manifestantes se les otorgan becas de por vida!

¿Cómo llegamos aquí y qué podemos esperar de la extensión de la malignidad social e institucional?

Sería un bálsamo para el alma poder referir el origen de todos nuestros problemas al estallido revolucionario y al recambio de las élites tradicionales por las octubristas. El problema es que no todo es culpa de este gobierno. De ahí que no baste ni siquiera con enrostrarle sus vínculos con líderes narcoterroristas, ni sea suficiente con recordarle a la “derecha buenista” que el proyecto de constitución rechazado desmantelaba el país y que ese sigue siendo el objetivo del octubrismo.

¿Qué mundo puede ser peor al de la tiranía o la anarquía? Uno en el que se castiga al que hace el bien y se premia a quien daña, roba, mata, incendia, destroza.

Y es que los cimientos del peor de los mundos tienen su origen en los gobiernos de Piñera y de Bachelet. Mientras el primero liberó a 9.500 presos en 2012, la segunda se negó a reconocer públicamente la existencia de informes de la propia cancillería chilena que alertaban del explosivo ingreso de haitianos al país: tampoco se hizo cargo de los cientos de correos electrónicos hallados en el computador de Raúl Reyes, cabecilla de las FARC con el PC chileno.

Estos son solo algunos ejemplos, pero, la verdad, es que ambos jefes de Estado comenzaron, con o sin intención, el desmantelamiento de Chile. Pero no lo hicieron solos. Salvo excepciones, la prensa ha sido cómplice de mantener en la ignorancia a la ciudadanía, junto a parte importante de una élite política que se niega a tomar la responsabilidad que le corresponde.

Si antes trataron de convencernos de que todos queríamos una nueva Constitución porque con ella vendrían la paz y la solución a todos nuestros problemas, ahora nos tratan de persuadir de que los más de mil incendios intencionales reportados son producto del cambio climático. Frente a la desolación, las imágenes de personas quemadas y despojadas de todo, la actitud de los políticos y periodistas que insisten en culpar al clima de los actos terroristas es de una crueldad sin nombre.

¿Seguiremos dando argumentos para no poner freno al narcoterrorismo? ¿No habrá nadie que se haga responsable?

La historia reciente del país prueba que no, baste recordar los incendios de 2017. A partir de ambos episodios de quemas intencionales podemos entender otro de los rasgos de un mundo que es peor que la anarquía y la tiranía. No me refiero a un mal banal, sino radical.

Estamos viviendo en un contexto político-institucional en el que no existen responsabilidades. En su lugar solo hay derechos para el ciudadano, sueldos exorbitantes para parlamentarios, puerta giratoria para delincuentes, fronteras abiertas para inmigrantes y “chipe libre” para el narcoterrorista.

La culpa de todos nuestros problemas es de la desigualdad, del capitalismo, las forestales, la educación y de Pinochet. Planteado en otros términos, como nadie es responsable, nadie hace nada. El problema es que el mal sigue su siembra y mientras a usted lo pueden multar por tomar su celular para comprobar una dirección estando detenido en una luz roja, al que invoque la “causa mapuche” o exija que la “dignidad se haga costumbre”, se le perdona que destruya la vida de millones de ciudadanos honestos.

En suma, peor que la tiranía y la anarquía es el mundo que estamos construyendo en nuestro querido Chile, pues en la anarquía el Estad

o no castiga y en la tiranía es el déspota el responsable de nuestro sufrimiento.

En contraste con la anarquía, en el peor de los mundos, el Estado despliega su puño en contra de los buenos ciudadanos- quienes tienen armas legales, pagan sus impuestos, dan trabajo, defienden el orden público, denuncian la corrupción, dicen la verdad en la esfera pública o cometen algún error que desafía leyes ridículas-, mientras premia a delincuentes, terroristas y políticos corruptos.

En este contexto, es preferible la anarquía o la tiranía pues, como diría Arendt, en este último régimen, al menos, tenemos a alguien a quien apuntar con el dedo y decirle, “usted tiene la culpa”.

En el peor de los mundos todos y nadie tienen la responsabilidad, lo que implica que, como se dice coloquialmente, no existe una luz al final del túnel.

En otras palabras, la destrucción y el caos no acaban derrocando al tirano. Así, los ciudadanos carecen de toda esperanza mientras son víctimas del juez, del delincuente, del terrorista, del gobierno, de los vándalos o, simplemente, de aquel que se plazca en la práctica de la maldad radical como está sucediendo en el sur del país.

 

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.