Columna de Opinión

LEER CON EL DICCIONARIO A MANO

LEER CON EL DICCIONARIO A MANO

                                                                                                          Humberto Julio Reyes

Obvio, pensará quien lea este poco inspirador título, ya que es conveniente no asumir el sentido aparente de una palabra para evitar confusiones o interpretaciones erróneas respecto al texto que se está leyendo.

Ocurre eso sí que nos hemos ido acostumbrando a que no siempre nos sea útil el diccionario de la Real Academia Española o lo que aprendimos cuando jóvenes, gracias a nuestros recordados profesores, dada la actual tendencia a darle a palabras y conceptos un sentido diametralmente opuesto o, al menos, ambiguo.

Un par de ejemplos espero ayuden a exponer mi punto de vista:

“Pacíficos manifestantes fueron reprimidos violentamente” puede significar en realidad “delincuentes encapuchados enfrentan a la policía que actuó para impedir un saqueo de locales comerciales”.

“Atacar a la gente”, refiriéndose a la policía, puede, a su vez, querer decir que un policía fue agredido por un enardecido energúmeno a pretexto de haber sido provocada por ese solitario y tranquilo agente del orden, como hemos visto recientemente en redes sociales.

De tal manera que no basta con tener a mano un diccionario clásico sino que se requeriría uno “especializado” que contenga aquellas expresiones desprovistas de su sentido original y que se puede ir perfeccionando a medida que se escuchan los matinales de televisión o se lee aquello que circula en la prensa.

El titular “personas asaltan un camión cargado de mercadería o un vehículo de valores” es una forma de hacer pasar gato por liebre, como si persona fuera sinónimo de delincuente o asaltante, llevando subliminalmente a aminorar la gravedad del hecho, pero lo escuchamos a diario.

“Jóvenes” es también expresión muy socorrida en reemplazo de violentistas, overoles blancos o alumnos sublevados, también minimizando los delitos que cometen impunemente como parte de una rutina céntrica que podría incluirse en tours turísticos y que provoque como única reacción el tomar fotografías o filmar con los celulares.

Igual que en una inquietante película del cable ambientada en la actual Venecia donde la violencia real se presenta como atractivo espectáculo para turistas ansiosos de emociones fuertes.

Las “conmemoraciones” están de moda y es bueno que más de alguien haya rescatado el verdadero sentido de la palabra para no disfrazar de tales a las pretendidas celebraciones de actuaciones que sólo debieran merecer repudio generalizado.

“Misoginia” es el comodín para que cualquier dama justifique un pobre desempeño en algún cargo. Léase, entonces, “ignorancia” o, en lenguaje popular, no dar el ancho.

Ocurre sí, a veces, que no bastan los diccionarios cuando un largo y aburrido texto es incomprensible en su totalidad, llevando a quien hace esfuerzos por entenderlo a que piense que quizás el “conferenciante invitado” le está tomando el pelo al sufriente auditorio o simplemente embolinando la perdiz incluso sin proponérselo al no saber realmente de qué está hablando.

No menciono el sexo (¿o género?) de quien tengo en mente para no ser acusado de misógino.

“Persona en situación de calle”; “persona menos agraciada que la mayoría de su género” (me encantó); “persona con especiales sensibilidades”; la lista puede ser larga y a diario se incorporan formas ambiguas y confusas para expresar una idea que sólo requiere de una palabra pero que, naturalmente no se desea expresar.

Hay que evitar llamar las cosas por su nombre, lo que cualquier paciente lector puede comprobar leyendo los titulares de su diario o noticiario de televisión favorito.

Se buscan a veces incluso explicaciones casi risibles pero ofensivas para explicar graves situaciones, como los conejos incendiarios en relación con la reciente catástrofe producto de los incendios en parte importante de nuestro territorio.

¿Hay ya alguna condena para “personas en situación de aparentemente tener algo que ver con el origen de los incendios”?

¿Esos mismos conejos habrán producido el reciente incendio en uno de los liceos que fueron emblemáticos y que ahora estaba tomado por parte de “jóvenes que protestan pero nada tienen que ver con el siniestro” si se lee la noticia?

“Incendio afectó” al Liceo de Aplicación, otrora cuna de aplicados estudiantes, según un titular, como si el incendio fuera por generación espontánea o tuviera voluntad propia, exonerando así a priori a los responsables. No vaya a ser cosa que se “estigmatice” a los jóvenes estudiantes (¿?) que se aplican a preparar bombas Molotov.

Quisiera terminar estas reflexiones con una nota quizás algo humorística:

Días atrás una autoridad de gobierno habitualmente mejor evaluada que sus pares (en el país de los ciegos…) usó la palabra “clivaje” y, aunque creí captar el sentido en que la usó, recurrí al diccionario, pudiendo comprobar sus variadas acepciones, entre ellas la que correspondería a lo que quiso decir. Pero compruebo que ya está siendo usada y aventuro que se volverá popular ya que le encuentro algo de glamur dado su origen inglés. ¿Para qué usar “división” que puede herir sensibilidades?,

Habrá advertido el paciente lector como describí a la aludida autoridad para evitar nombrarla, las malas costumbres pueden ser contagiosas.

 

14 de abr. de 23

 

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

Seguridad y defensa

CORTOCIRCUITO EN LA MONEDA: EL CHOQUE EN EL COMITÉ POLÍTICO POR LA AGENDA DE SEGURIDAD

CORTOCIRCUITO EN LA MONEDA: EL CHOQUE EN EL COMITÉ POLÍTICO POR LA AGENDA DE SEGURIDAD

Isabel CaroCristóbal Fuentes y Rocío Latorre

La Tercera PM, 14/04/2023

Uno de los comités políticos más tensos en lo que va del Mandato del Presidente Gabriel Boric. Así califican en el oficialismo el clima que se tomó ayer la reunión entre los ministros en La Moneda y en que se abordó el -a esas alturas- dilatado acuerdo entre el gobierno y ambas cámaras del Congreso para priorizar 31 proyectos relativos a la agenda de seguridad que mantiene en alerta a todos los sectores políticos.

Todo se enredó en Palacio cuando desde el Senado, en horas de la mañana de este jueves, se convocó a un punto de prensa para anunciar la lista de iniciativas que en la previa habían negociado el líder de esa corporación, Juan Antonio Coloma (UDI), su par de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, y la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La convocatoria cayó como un balde de agua fría en el resto del comité político, quienes comenzaron a recibir consultas e inquietudes de los parlamentarios por el inminente anuncio. La molestia se intensificaba debido a los últimos tira y afloja que significó la tramitación de la ley Nain-Retamal cuestionada por el Frente Amplio y el PC.

El problema -explican en el oficialismo- es la autonomía con la que Tohá se ha manejado en el tema. De hecho varios parlamentarios señalaron que la Segpres, liderada hoy por la ministra subrogante Macarena Lobos (mientras Ana Lya Uriarte mantiene licencia médica), no había formado parte de las tratativas, pese a ser su cartera la que debe orientar la discusión legislativa y es la principal representante del gobierno en el Congreso.

La incomodidad llegó al corazón de La Moneda ayer jueves a las 17:00 horas donde se desarrolló el comité político liderado por Tohá y en el que también participaron Lobos, Jeannette Jara (Trabajo), Camila Vallejo (Segegob) y Luis Cordero (Justicia).

Quienes conocieron del tenor de la discusión, aseguran que los ministros cuestionaron que se haya avanzado en un acuerdo sin contemplar aspectos técnicos y políticos relevantes sobre la tramitación de las distintas iniciativas en cuestión.

Presentes en la cita aseguraron que Lobos manifestó abiertamente no haber estado presente en la negociación con los líderes de las mesas del Congreso. En el oficialismo se señala también que a la ministra (s) tampoco le pidieron convocar a las reuniones que ha sostenido Tohá con los representantes del Parlamento y que -aún más- de algunas de ellas se ha enterado a última hora.

A esas alturas en el Parlamento, donde dilataron el anuncio varias horas, insistían con que la ministra Tohá iba a concurrir junto a otros ministros del comité político para anunciar de manera conjunta la lista de proyectos. Sin embargo, eso nunca ocurrió.

Las mismas fuentes señalan que la explicación que dio la ministra Tohá a sus pares del comité político fue que si bien ella había liderado las conversaciones con ambas cámaras, el Senado se había adelantado en el anuncio y que nunca estuvo en su diseño sellar ayer el acuerdo, sobre todo, porque la negociación seguía en curso y porque Interior tenía previsto socializarlo con el comité político y también con los partidos oficialistas, a quienes convocaron a primera hora de esta mañana a La Moneda.

Esto último se hizo justamente luego de que sectores de Apruebo Dignidad le pidieran mayor liderazgo en la definición de la agenda legislativa para contener la crisis de seguridad y mayor coordinación con sus filas.

En la repartición recalcan que el clima político está muy tensionado y que la ministra Tohá buscó contener la presión del Congreso para sellar un pacto sin mantener antes esas conversaciones.

Otras versiones, sin embargo, apuntan a que la secretaria de Estado actuó por su cuenta en esto y terminó abriendo un nuevo flanco con el Legislativo, donde varias bancadas han manifestado su incomodidad por cómo se negoció la lista de proyectos.

La temperatura en La Moneda subió ayer porque el manejo de Tohá en la tramitación Nain-Retamal y tras el asesinato del cabo Daniel Palma ya había incubado incomodidad entre otros frentes. En particular se apunta a las negociaciones que han involucrado recursos del gobierno para los municipios -la lista de las 30 comunas- y que mantiene a los alcaldes en abierta tensión con La Moneda.

Como sea, las tensiones instaladas en el seno del gobierno son tales que se optó porque Tohá y el resto de los ministros se restaran de aparecer en el anuncio con Coloma y Mirosevic a la espera de una conversación formal con los partidos del oficialismo.

Las tratativas que ha liderado la ministra del Interior, Carolina Tohá, en medio de la crisis por seguridad, terminaron por incomodar a sus pares del comité político que el jueves sostuvieron una tensa cita. Los partidos oficialistas, en tanto, dieron un respaldo tibio a la lista de 31 iniciativas consensuadas entre el gobierno y el Legislativo, aunque dejaron el camino despejado para que hoy sellen un pacto. Eso sí, en Palacio siguen afirmando que están en evaluación las iniciativas que se van a viabilizar por parte de La Moneda.

Al ser consultados formalmente por la situación de la agenda de seguridad desde la Segpres indicaron que “el gobierno ha explicitado su decisión de avanzar en una agenda legislativa robusta que dé cuenta de la necesidad de empujar con determinación en la lucha contra la delincuencia. Las conversaciones del Ejecutivo con los presidentes de las cámaras van en esa línea. Existe un acuerdo general sobre el cronograma legislativo pero ese es un proceso que requiere ser participativo y por eso continuamos hoy con reuniones”.

El tibio respaldo oficialista. Esta mañana, a las 8:30 horas, comenzaron a llegar hasta La Moneda los presidentes y dirigentes de los partidos que componen la alianza de gobierno. El encuentro tuvo por objetivo zanjar la postura del Ejecutivo y el oficialismo respecto al anuncio los 31 proyectos, aunque la propia Lobos recalcó a los partidos que estos son titulares y que el fondo de la agenda será materia de diálogo.

Paulina Vodanovic (PS) reveló que en la reunión la ministra Tohá “nos expuso toda una lista de proyectos”. Sin embargo, según admitió, no tiene claro si fueron los 31 proyectos que se acordaron entre la Cámara y el Senado.

“Estamos de acuerdo en que hay que tener una agenda robusta en materia de seguridad, sean 30, 35 o 34. El número no es lo importante, lo relevante es la acción política conjunta de ambos poderes del Estado”, sostuvo la timonel del PS.

En esta línea, el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social) enfatizó que “vamos a comprometernos como Frente Amplio, como Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, en sacar lo más pronto posible esta agenda”.

Sin embargo, entre los timoneles y representantes de los partidos del oficialismo no hubo respaldo explícito a los proyectos emanados del acuerdo entre las cámaras. Pese a eso -en privado- desde algunos partidos afirman que no tenían margen para quitarle piso al gobierno y sus propuestas en estos momentos.

“Esto es un acuerdo respecto de la priorización de una agenda que es la que va a ser más efectiva para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Trabajaremos para resolver cualquier disenso exista al interior o en la generación de alguno de los proyectos”, afirmó a su salida Natalia Piergentili, presidenta del PPD.

Como sea, entre los asistentes al comité político comentaron cuáles creen que debiesen ser los proyectos prioritarios. Así, Ibáñez dijo que hay “un piso transversal en avanzar en la Defensoría de las Víctimas y en el Ministerio de la Seguridad Pública”, junto con mejorar la fiscalización de las aduanas.

El senador Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática), en tanto, propuso que se debiesen priorizar las Reglas de Uso de la Fuerza, y las “atribuciones con los recursos adecuados para los municipios y gobiernos regionales, también en ámbitos preventivos y en ámbitos de control territorial por parte de los organismos subnacionales”.

“Lo importante es legislar con celeridad, pero bien hecho, no a la rápida, porque son leyes de aplicación permanente y la idea es que después no nos andemos arrepintiendo de las cosas que aprobamos a la rápida en el Congreso Nacional, simplemente por dar una señal política a la galería”, agregó Latorre.

Para limar las asperezas que puedan resultar del acuerdo, entre los partidos de gobierno comentan que se agendó una reunión entre el Ejecutivo, los jefes de bancada y los presidentes de partido del oficialismo.

Pese a que aún hay dudas sobre el lugar, algunos sugieren que podría ocurrir en Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde se realizó el último cónclave de la alianza de gobierno, en noviembre del año pasado.

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Seguridad y defensa

EL IMPERIO DE LA SEGURIDAD

 

EL IMPERIO DE LA SEGURIDAD

El Mostrador, Editorial, 10/04/2023

La peor amenaza a la gobernabilidad en América Latina, y también en Chile, es el crimen organizado. Y cuando se habla de crimen organizado, no se trata solo de narcotráfico.

Por cierto, el narcotráfico lo es, pero es mucho más que eso: es un foco de delitos y persecución penal compleja. Esto, porque además de implicar bandas violentas, corrupción de las policías, de jueces, asesinatos y barrios liberados, cárceles corrompidas, amén de una pandemia de violencia casi incontrolable, el crimen organizado también es más amplio y sutil.

Implica redes financieras complejas, lavado de activos, uso de sistemas digitales transfronteras, y se infiltra como corrupción en el cuerpo político y social. En su detección es fundamental la investigación financiera, el control de los sistemas de transporte y de comunicaciones digitales. Inteligencia más que fuerza, pues ahí está la información dura también sobre el narcotráfico.

La semana pasada en Chile estuvo marcada por una tensa actividad político-legislativa sobre seguridad policial, y por el tercer asesinato de un carabinero en acto de servicio en menos de un mes. Un antes y un después en la crisis de seguridad que experimenta el país.

A nivel político, decantó una abierta crisis del oficialismo, con acuerdos transversales entre fuerzas opositoras y partidarios del Gobierno, así como una explosión de solidaridad ciudadana con la policía de Carabineros, que estrecha la capacidad de maniobra política oficialista.

La presión social persuadió a las fuerzas del oficialismo y al propio Ejecutivo para concurrir a un acuerdo en el Parlamento sobre modificaciones legales que, si bien no son la solución a los problemas institucionales que agobian al sector seguridad, por lo menos implican un estímulo de confianza en que es posible trabajar juntos y que no es tarde para enmendar.

Pero el país debe abocarse también a una reflexión de más largo plazo que dé certidumbres en la materia. Y ha de imperar la templanza, cualidad esencial que deben exhibir los gestores de política en momentos de crisis, la que induce a actuar con prudencia, moderación y racionalidad, para satisfacer la finalidad del bien público que persigue el Estado, como persona moral que es.

Porque cuando los gobernantes se entregan a la satisfacción de sus intereses individuales, los Estados devienen en fallidos y las instituciones pierden consistencia lógica y legitimidad. Es útil recordarlo, pues el período que se abre pudiera resultar paradigmático para el futuro del país.

El país debe abocarse también a una reflexión de más largo plazo que dé certidumbres en la materia (seguridad). Y ha de imperar la templanza, cualidad esencial que deben exhibir los gestores de política en momentos de crisis, la que induce a actuar con prudencia, moderación y racionalidad, para satisfacer la finalidad del bien público que persigue el Estado, como persona moral que es. Porque cuando los gobernantes se entregan a la satisfacción de sus intereses individuales, los Estados devienen en fallidos y las instituciones pierden consistencia lógica y legitimidad. Es útil recordarlo, pues el período que se abre pudiera resultar paradigmático para el futuro del país.

La valorable disposición de la Hacienda Pública a inyectar importantes recursos financieros para fortalecer el funcionamiento policial y hacer frente a la ola de inseguridad y delincuencia, no debe pasar por alto que a la situación actual no se ha llegado de improviso. Y que no es solo un tema de dotación tecnológica, poder de fuego o cantidad de funcionarios, sino también de diseño y organización, algo que el Alto Mando institucional de Carabineros ha sido renuente a mejorar.

Hace más de diez años que se tiene registro claro sobre el aumento permanente de la violencia y crímenes de sangre en el país, con bandas armadas y sicarios, y nuestra policía de Carabineros sigue actuando prácticamente igual, con los mismos procedimientos de antaño, sin mejorarlos ni adaptarlos.

Por supuesto que esto también es responsabilidad del poder civil –gobiernos sucesivos, de distintos colores políticos–, del cual depende dicha institución.

Un ejemplo: Carabineros aún no tiene entrenamiento táctico SWAT, que es netamente policial (no militar), y que se viene aplicando en casi todo el mundo desde los años 60 del pasado siglo.

Desarrollado primariamente en Los Ángeles (EE. UU.), el enfoque SWAT implica un puente técnico entre la dotación de cercanía y patrullaje, con la operación de alta complejidad que tiene una policía en el Estado moderno. Este enfoque no evita las muertes, riesgo propio de la profesión, pero las disminuye y hace más eficientes a las policías.

Para colmo, en vez de diferenciar las funciones de seguridad policial y militar, el Estado chileno ha insistido el último tiempo en mezclarlas.

Los cambios en los escenarios globales de seguridad, particularmente en lo que se refiere a la acción del crimen organizado, y el amplio desarrollo de delitos complejos en determinados entornos territoriales, o procesos como los migratorios, no pueden enfrentarse eficazmente si no se cuenta con inteligencia estratégica adecuada. Ello afecta la calidad de los medios de fuerza que se selecciona y los diseños de unidades requeridas.

En este mismo momento, aunque suene absurdo, existe una alerta pública respecto a que en los Puertos de Antofagasta, San Antonio y ZEAL de Valparaíso, hay un total de 8 camiones escáner sin operar u obsoletos.

Mientras tanto, la ONU, en un informe anual, ha declarado como puerto rojo por narcotráfico a San Antonio (el cual no tiene ningún escáner operativo).

En el caso de las migraciones, muchos de los delincuentes que las infiltran provienen de países de alta letalidad por acción policial, como Venezuela y Colombia, por lo que se trata de delincuentes avezados en la violencia.

Ello expone tanto a policías sin entrenamiento táctico como a sistemas carcelarios lábiles, basados en el control perimetral de los recintos y no en la segregación y rigurosidad de alta seguridad.

En este contexto, no se entiende si la decisión del Fiscal Nacional de instruir a los fiscales para que soliciten prisión preventiva para extranjeros indocumentados es una medida “para la galería” o, realmente, tiene base técnica y jurídica, y si fue conversada previamente con los ministerios de Justicia y del Interior, así como con el Poder Judicial –surgen muchas más preguntas, por ejemplo: ¿existen lugares de detención adecuados y suficientes? –.

Es verdad que se requieren acciones prontas y concretas (siempre dentro de la legalidad) cuanto antes, pero también se necesita una mirada sistémica, multisectorial, liderada por una autoridad pública responsable, aunque esto lleve algo más de tiempo.

En este escenario, es imprescindible contar con el apoyo de la población civil, pues la policía es parte sustancial en la tutela tradicional de las libertades civiles, como la libertad personal, política, económica y de expresión.

Por lo tanto, las policías no pueden corporativizarse ni en el uso discrecional de sus fondos institucionales ni, menos, en la lesión de espacios fundamentales que están llamadas a defender, como la libertad de prensa e información.

En tal sentido, y no obstante la solidaridad que merece la institución de Carabineros de Chile por las sensibles muertes de miembros de sus filas, este medio no concuerda en absoluto con el exabrupto del general Álex Chaván, que vetó de participar en una conferencia de prensa a una periodista de TV por el mero hecho de haber usado “al aire”, en un evidente lapsus lingüístico, el concepto coloquial “paco” –de lo cual, por lo demás, la profesional se disculpó de inmediato, también “al aire”–.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión

“NO CAUTELÓ EL CORRECTO USO DE RECURSOS PÚBLICOS”: CONTRALORÍA ASESTA DURO GOLPE A HASSLER Y CUESTIONA COMPRA DE CLÍNICA SIERRA BELLA POR “PRECIO INJUSTIFICADO” —-A DOS MESES DEL CASO SIERRA BELLA: LA VOZ DE LA ALCALDESA HASSLER EN LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE SANTIAGO

“NO CAUTELÓ EL CORRECTO USO DE RECURSOS PÚBLICOS”: CONTRALORÍA ASESTA DURO GOLPE A HASSLER Y CUESTIONA COMPRA DE CLÍNICA SIERRA BELLA POR “PRECIO INJUSTIFICADO”

Leslie Ayala

La Tercera PM, 13/04/2023

 

“Vecinas y vecinos. Tenemos una gran noticia para la salud pública de nuestra comuna. Acabamos de aprobar en nuestro concejo municipal la compra de la exclínica Sierra Bella que va a ser la primera clínica municipal de nuestro país. Llevando la atención primaria de nuestra salud a un siguiente nivel para poder atender las necesidades de nuestra comunidad (…) Vamos a paso firme a un buen vivir en la comuna de Santiago con grandes noticias de inversión que es patrimonio para nuestra comunidad y que queremos dejar como legado para la ciudad de Santiago”.

Era el 19 de enero de este año y a través de un video difundido en su cuenta de Twitter la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), anunciaba un proyecto que por esos días la enorgullecía: impulsar la “primera clínica municipal”.

Replicando los modelos de farmacias y ópticas populares, la jefa comunal daba a conocer el visto bueno que le había dado el concejo. Lo que no sabía era que meses después se cuestionaría el proceso de compra luego que su administración ofertara 234.124 UF ($ 8.252.873.341) a la inmobiliaria San Valentino SpA, lo que generó cuestionamientos debido a su alto precio, cuatro veces más alto que inmuebles de ese tipo en el mercado.

Hoy el sueño de “la clínica municipal” tiene a Hassler complicada. La Fiscalía Centro Norte investiga eventuales delitos en el marco de esta compra y también intervino Contraloría.

El ente fiscalizador notificó este jueves a la alcaldesa el informe en el que objeta en duros términos la compra de la exclínica Sierra Bella y apunta a que el “precio es injustificado”.

Junto con esto le avisó que abrirá un sumario en que se indagarán las responsabilidades administrativas tras esta transacción. Aún más, el organismo dirigido por Jorge Bermúdez cuestiona que pese a haber dado orden expresa al municipio de congelar las acciones mientras auditaban esta adquisición, se siguieron desarrollando diligencias notariales para hacerse del inmueble.

“Habiéndose constatado diferencias no menores entre el precio pagado sólo unos meses antes por la vendedora Inmobiliaria San Valentino SpA y aquel estipulado a pagar por dicha entidad comunal, y atendidas las inconsistencias y falta de trazabilidad advertidas en las tasaciones antes referidas, no es posible tener por fundamentado el gasto de recursos públicos ascendente a $ 8.252.873.341, que pretendería efectuar aquel municipio, especialmente, si se consideran los principios de eficiencia, eficacia y economicidad que rigen el actuar de los órganos de la Administración del Estado”, concluye la fiscalización.

El ente fiscalizador, en un informe de 32 carrillas, cuestiona a la alcaldesa no haber adoptado las medidas para garantizar la correcta administración y resguardo de los recursos municipales impulsando la compra de un inmueble por cuatro veces su valor de mercado. Asimismo, el organismo dirigido por Jorge Bermúdez echó abajo el proyecto de Irací Hasler de tener “la primera clínica comunal, ya que le advirtió que eso excede sus funciones como jefa edilicia teniendo a su cargo solo la “atención primaria de salud” y no la red hospitalaria, ni de clínicas. Como estoque final, se abrió un sumario para establecer la responsabilidad de haber seguido adelante con las maniobras de compra de Sierra Bella, pese a la orden expresa de Contraloría de suspender estas acciones.

Entre los destinatarios del informe está el CDE y Ministerio Público, que podrá utilizar esta fiscalización como insumo en la causa criminal que está bajo reserva y con una serie de diligencias en curso.

Falencias en las tasaciones. Una de las principales conclusiones del informe, que cuenta con 32 páginas, es que se evidencia “una gran diferencia entre el precio pactado por el municipio (…) en relación al precio en que fueron previamente adquiridos los inmuebles por parte de la empresa vendedora”. Esto, según se lee en el documento, son antecedentes que se manejaban en el municipio.

Junto con esto, Contraloría pone como antecedente la fallida compra en abril de 2022 de otro inmueble ubicado en calle Carmen 35, el que se tasó entre 86.440 UF y 87.500 UF y que -tras no concretarse la compra- los mismos profesionales tasaron Sierra Bella.

En ese sentido, los fiscalizadores aseguran que las valoraciones comerciales que sirvieron de base al municipio para determinar el justo precio “superan en aproximadamente cuatro veces el avalúo fiscal”.

De hecho, la Contraloría constató que el 9 de abril de 2021 en el sitio www.portalterreno.com se publicó un aviso de venta del mismo recinto por 95.000 UF ($ 3.382 millones) mucho menos de lo que finalmente el municipio se compromete a pagar a Felipe Sánchez, dueño de la inmobiliaria propietaria de la otrora Clínica Sierra Bella.

“Si bien los inmuebles habitualmente tienen un avalúo fiscal menor a su valor comercial, los antecedentes tenidos a la vista no permiten tener por justificado el referido precio que se obligaría a pagar el mencionado municipio, el que, como se dijo, corresponde a casi cuatro veces el avalúo fiscal de los bienes raíces de que se trata, y también a casi el cuádruple del monto fijado -sólo unos meses antes- en la compraventa en cuya virtud los adquirió la vendedora Inmobiliaria San Valentino SpA”, se lee en el informe.

Otro de los puntos que aborda el informe, y que son parte de la investigación penal que lleva adelante el fiscal jefe Patricio Cooper, es la calidad profesional de los tasadores. Fueron tres los profesionales contratados por la Municipalidad de Santiago y -según Contraloría- existen falencias en ese trabajo: falta de información, justificación de valores y ausencia de trazabilidad y verificación de terrenos utilizados como referencias.

Respecto a este último punto, el informe es lapidario respecto a la calidad de los profesionales: “los anotados informes, no es posible verificar el valor de los terrenos utilizados ni el valor del metro cuadrado consignado, sin que este último coincida con el valor de las referencias, así como tampoco es posible verificar el costo de reposición de lo edificado, además de omitirse fundamentar los valores asignados a las obras complementarias, de manera que los resultados de aquellos informes de tasación no son trazables ni verificables”.

En esa línea, advierten, que “sin perjuicio de las observaciones antes detalladas respecto de las indicadas tasaciones, es pertinente puntualizar que, si bien consta que la Municipalidad de Santiago cumplió, en lo formal, con recabar tales antecedentes, dichas tasaciones sólo constituyen un elemento de juicio más que esa entidad edilicia ha debido tener en consideración en sus actuaciones, dentro de un conjunto amplio de antecedentes, como son los expuestos en los puntos anteriores de este oficio, de modo de cautelar cabalmente el correcto uso de los recursos públicos”.

“No es posible tener por fundamentado el gasto”, se lee en el informe y ordena a Hassler que en un plazo de 15 días hábiles le informe qué medidas va a adoptar para cumplir su función como alcaldesa y jefa de servicio que es garantizar la correcta administración y resguardo de los recursos municipales.

Excede sus funciones en Salud. Los alcaldes tienen como función proveer a sus comunas de centros de atención primaria para que la población se atienda cerca de su casa. En ningún caso, sostiene Contraloría, los jefes municipales tienen dentro de su rol el otorgar prestaciones de Salud en el ámbito hospitalario, cuestionando de plano que Hassler aludiera al proyecto como “la primera clínica municipal”, ya que eso no le corresponde.

Durante el transcurso de la fiscalización, el ente solicitó información al municipio. La administración Hassler aclaró entonces que no se trataba de una clínica como tal, sino que el inmueble cubriría necesidades del Cesfam Padre Orellana.

Junto con esto aseguraron que además en la exclínica Sierra Bella se ofrecería un convenio al Servicio de Salud Metropolitano Norte para ejecutar atenciones de manera cerrada. Al consultar Contraloría si estas medidas habían sido planteadas al concejo municipal, se verificó que no y que en ninguna sesión se habló de estos argumentos para justificar la adquisición.

Es más, Contraloría dice que pese a que la Municipalidad de Santiago aseguró que iba a tener un convenio con el Servicio de Salud al momento de la auditoría, ni siquiera había registro del inicio de conversaciones con la autoridad sanitaria para tener su visto bueno.

“No resulta procedente”. Esa es la conclusión a la que llega Contraloría respecto a que la municipalidad otorgue “prestaciones que exceden de aquellas propias de la atención primaria de salud”. Y le exige que si quiere reformular el proyecto debe entonces someterlo de nuevo a votación ante el concejo.

Desacato a Contraloría. Una situación que revela el informe es que pese a que cuando Contraloría inició la fiscalización ordenó a la Municipalidad de Santiago congelar el proceso de adquisición, se siguieron realizando trámites notariales y de escrituras.

Es por esto que el sumario que abren hoy determinará quien es responsable administrativamente de esta falta: la alcaldesa Hassler, el jefe jurídico u otro funcionario.

De hecho, el 13 de febrero Pablo Casanueva, en representación de la inmobiliaria y del municipio -con mandato en mano- habría complementado y rectificado la escritura pública de compraventa con el propósito de pactar la negociación.

“No constituye un pretexto válido que las anotadas gestiones hayan sido efectuadas a través de un tercero ajeno a la institución, ya que en esta última hipótesis, éste habría actuado en representación de la entidad comunal, en virtud del aludido mandato conferido por el propio municipio, sin haberse realizado gestiones para revocarlo o impedir su intervención, por lo que en tales condiciones, se configuraría igualmente un incumplimiento a las instrucciones impartidas por este Órgano de Control, pues es deber del municipio adoptar”, se lee en el documento.

“La propia entidad comunal le otorgó un mandato especial a don Pablo Casanueva habilitándolo a realizar aquellas diligencias”, por lo que el hecho también será objeto de sumario.

A DOS MESES DEL CASO SIERRA BELLA: LA VOZ DE LA ALCALDESA HASSLER EN LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE SANTIAGO

Javier Lorca y Gabriela Mondaca

La Tercera PM, 17/03/2023

“Tenemos una gran noticia para la comunidad (…) estoy muy contenta”.

Así comenzó la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), el anuncio ante el concejo de que se compraría la exclínica Sierra Bella para instalar ahí el primer centro de salud municipal del país.

La acción implicaría una inversión de 8.200 millones de pesos.

Sin embargo, a dos meses de ese anuncio, todo derivó en un caso con ribetes que incluyen ahora una investigación de Contraloría y el rechazo del Conservador de Bienes Raíces a inscribir la compra.

Pero a pesar de los problemas y trabas que ha habido en el camino, la alcaldesa Irací Hassler (PC) ha mantenido públicamente y en los concejos de la municipalidad su férrea postura de que todo fue hecho dentro del marco legal (en tiempo y forma) y que se declara respetuosa de las investigaciones que se realizan.

Pero ¿qué ha dicho Hassler en los concejos municipales? ¿Qué respuestas ha dado a sus detractores y a los que ponen en duda la correcta decisión?

En al menos seis reuniones la alcaldesa Hassler fue interpelada por los miembros del órgano de Santiago desde que ella anunció la compra de la exclínica Sierra Bella. Y en todos ha defendido su accionar y el del municipio, dice haber entregado todos los antecedentes que le han solicitado y espera una pronta resolución para entregarle a la población de la comuna “un inmueble y servicios que se requieren con urgencia”.

“Tenemos un punto muy importante y desde nuestra perspectiva una gran noticia para la comunidad”, comenzó diciendo en el concejo del 18 de enero. Y prosiguió: “Estoy muy contenta y como equipo estamos muy contentos de poner a disposición del Concejo Municipal esta adquisición de un inmueble de salud que tiene tremenda relevancia para nuestra comuna (…) que ha más que duplicado su población en las últimas décadas. Sin embargo, eso no ha ido de la mano con el aumento necesario de nuestra infraestructura en salud y es por eso que es tan relevante contar con un inmueble municipal que pueda brindar las mejores condiciones para nuestros funcionarios y también para los vecinos y vecinas, usuarias de la salud pública”.

Hassler destacó también que sería la primera clínica de salud municipal del país y que el proyecto tenía mucha relevancia para seguir avanzando con la infraestructura en otros espacios de la comuna, en referencia a la reposición del Cesfam Padre Orellana.

Y agregó que “ha sido un trabajo muy articulado para poder llegar a generar una propuesta responsable, seria y que pueda realmente generar un cambio profundo en la atención primaria de salud de Santiago”.

La respuesta no se dejó esperar. El concejal Santiago Mekis (RN) pidió la máxima claridad posible porque, según señaló, “hace unos minutos nos llegó un correo a todos los concejales con información que me gustaría que nos expliquen dado que nos dicen que esta propiedad estaba publicada en el Portal Inmobiliario a un precio harto menor”.

La alcaldesa Irací Hassler anunció el 18 de enero la “primera clínica municipal” para Santiago, la cual se ubicaría en la exclínica Sierra Bella. Pero aquello generó cuestionamientos de parte de los concejales de la comuna, quienes acusaron a la autoridad comunal de estar comprando un inmueble con sobreprecio. Esto derivó en que la Contraloría iniciara una investigación y congelara su compra. Ante todo, Hassler ha defendido su accionar y el de su municipio.

Luego la palabra la tomó Jean Pierre Chiffelle, director jurídico de la corporación, quien señaló que, conforme a lo que dicta la Contraloría, el “precio justo” es el resultado de tasaciones realizadas y que la municipalidad encargó dichos estudios a profesionales independientes y base a aquello establecieron los valores.

“Estos fueron públicos, fueron conocidos por ustedes una semana atrás y no es una apreciación del vendedor ni de nosotros como compradores, sino que es el resultado de un estudio técnico”, añadió

Hassler agregó que en 2023 se podría contar con la clínica en funcionamiento. Aquel día, el concejo, con 10 votos a favor y una abstención, aprobó la compra del recinto ubicado en Sierra Bella 1181.

Luego de eso sucedieron varios concejos extraordinarios y el 20 de enero se citó para modificar el acuerdo, pues indicaba que “valor UF al 15 de enero de 2023, debiendo indicar valor UF del día de la suscripción de la respectiva escritura pública de compraventa. Enmarcamos esto en las garantías para poder avanzar en la adjudicación del inmueble”.

El concejal Mekis volvió a manifestar dudas. Esta vez por los vagos registros que se mantenían desde la Inmobiliaria San Valentino la que, según se conoce, fue creada sólo unos meses antes del contrato en cuestión: “La inmobiliaria se constituyó el 2022 en febrero, el único movimiento que ha tenido fue en abril y después desapareció y ahí hacen la venta al municipio (…). La inmobiliaria San Valentino no tiene historial alguno. Me preocupa eso y también se entiende como precio razonable hasta el doble o el triple dependiendo de la vivienda si está cerca de un metro (…) o sea el valor justo sería de 4 mil a 6 mil millones. Me gustaría ver la posibilidad de ver una tasación con una entidad bancaria”.

Hassler sólo se refirió a que la ciudadanía había recibido “con mucho entusiasmo la posibilidad de tener nuestra clínica de salud porque es una necesidad hace mucho tiempo, así como también para funcionarios y funcionarias de poder contar con mejor infraestructura de salud”.

La modificación se aprobó con siete votos a favor, un rechazo y dos abstenciones.

En la sesión del 25 de enero, la alcaldesa respondió consultas y sostuvo que todos los antecedentes fueron entregados en tiempo y forma al concejo municipal y que la adquisición de la exclínica estaba incorporada en el Presupuesto 2023, “de hecho la modificación presupuestaria que se hizo en concejo municipal fue el 4 de enero, está todo considerado”, añadió.

En la sesión, la concejala Rosario Carvajal (Ind.) señaló que “hubo omisiones importantes, de hecho, aún no nos llega la escritura y tuve que pedirla por Transparencia. La pedí en varios momentos la escritura de la compra-venta, entonces en eso y en otros antecedentes no contamos con toda la información. Pero bueno, eso es parte de las presentaciones en Contraloría y va a determinar justamente cuál fue la situación, pero tenemos bastante respaldo”.

El oficio de Contraloría. El secretario municipal abrió así la sesión del 27 de febrero: “Oficio ordinario NE306091 de fecha 2 de febrero de 2023 de la Contraloría General de la República enviado a la señora alcaldesa donde se indica que se han formalizado diversas reclamaciones en contra de la municipalidad de Santiago por un eventual sobreprecio por parte del municipio del inmueble ubicado en calle Sierra Bella 1181 de esa comuna (…) Se instruye a este municipio que se abstenga a tomar acciones que materialice, mientras este organismo no adopte una decisión”.

Hassler señaló en la reunión que “Contraloría ha solicitado poder tener el tiempo para examinar la compra que definimos como concejo municipal y en ello somos siempre muy respetuosos de aquella institucionalidad, y es por eso que acogemos justamente lo que ha sido señalado para que se revisen todos los requerimientos que hicieron distintas personas, de algunos miembros del concejo municipal incluidos, para que podamos contar y despejar cualquier duda y con ello poder avanzar hacia este tan anhelado proyecto”.

Añadió que “vamos a seguir trabajando en Santiago con mucho compromiso y convicción de que tenemos una gran oportunidad, que así lo tenía a bien también el concejo mayoritariamente para poder entregar a nuestra comuna una mejor infraestructura en salud pública y lo vamos a hacer siempre con transparencia y con probidad”.

Los concejales Juan Mena (Ind.) y Virginia Palma (PC) se refirieron al tema en la sesión del 28 de febrero. La concejala comunista pidió que la municipalidad se pronunciara respecto de si existía un corredor de propiedades relacionado en la compra-venta que se está tratando de formalizar, mientras que Mena decía estar a la espera de los resultados de la investigación de la Contraloría de la República, el Conservador de Bienes Raíces, el Ministerio Público y la PDI.

Carvajal añadió que “no hubiese tomado una decisión tan relevante si los antecedentes presentados en las distintas denuncias no hubiesen sido contundentes. Estamos en procesos de investigación, está la arista penal por un posible fraude al Fisco, entonces es un tema que está judicializado y no queda más que esperar el resultado de las investigaciones”.

La alcaldesa Hassler arremetió contra la concejala y esbozó que “aquí lo que hay son una serie de requerimientos de personas a la Contraloría, y obviamente tienen que hacer su trabajo que es investigar cualquier antecedente. Vamos a estar atentos a ese proceso, aquí somos respetuosos porque aquí hay un sentido de fortalecer la salud pública de poder fortalecer el patrimonio municipal y de poder hacer una inversión”.

Dudas que persisten. Hoy, la concejala Camila Davagnino (PC) defiende la postura de la alcaldesa frente a los cuestionamientos al proyecto Sierra Bella en los concejos “cuentan con un reglamento y los temas a tratar son los que la tabla señala (…). La alcaldesa tiene la disposición y la paciencia para responder a la mayoría de las inquietudes. Pero no puede hacerse cargo de los puntos políticos que quieran ganar tal o cual concejal”.

Mena alude a su sector y defiende las preguntas hechas dentro de los concejos “porque cada vez más antecedentes y dudas salen del proceso, como lo es ahora la participación del abogado Casanueva, de Huechuraba, en un proyecto que sale de su municipio”.

Mena alude a la participación de Pablo Casanueva en la compra del inmueble del centro de Santiago, quien es director jurídico de la Municipalidad de Huechuraba y habría modificado el contrato cuando ya existía una instrucción de Contraloría de paralizar la compra de la exclínica.

“Casanueva, además, es cuñado del dueño de la Inmobiliaria San Valentino. Este habría tenido reuniones con la alcaldesa de Santiago antes de concretar la compra de Sierra Bella. No obstante, esos registros no están dentro de la Ley de Lobby y como concejales hemos estado solicitando esta información, porque toda reunión que la alcaldesa tenga debe ser respaldada. Hay cosas que siguen sin transparentarse”, cierra Mena.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

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