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ISRAEL VS. HAMAS: PREMISAS Y PREGUNTAS SOBRE UNA GUERRA PREVISIBLE. José Rodríguez Elizondo

 

                                                                          ISRAEL VS. HAMAS: PREMISAS Y PREGUNTAS SOBRE UNA                                                                                  GUERRA PREVISIBLE

José Rodríguez Elizondo, Periodista, escritor y Premio Nacional de Humanidades 2021

El Líbero, 15/01/2024

Tras diversas pruebas de desafecto a Israel, nuestro gobierno se ha alineado no con la causa palestina, en general, sino con la causa islámica de Hamas.

La guerra de Israel contra Hamas está preñada de preguntas para quienes quieren entenderla desde la racionalidad. La primera incide en su increíble previsibilidad.

En columnas anteriores dejé en claro (espero) que los políticos israelíes ilustrados la respondían asertivamente: cualquier gran desgracia era previsible.

Con Yitzhak Rabin y Shimon Peres a la cabeza, advertían a religiosos, colonos y rivales políticos -entre los cuales Biniamin Netanyahu- que volver a las fronteras bíblicas era una utopía pues no hay victoria militar eterna sobre adversarios irreductibles.

De esa idea nacieron los encuentros de Madrid de 1991, los Acuerdos de Oslo de 1993 y el reconocimiento de la Autoridad Palestina (AP) liderada por Yasser Arafat. Tragando sapos ideológicos o místicos, todos -israelíes y palestinos- debían negociar “paz por territorios”.

También coincidían en esa previsibilidad los mejores intelectuales israelíes, entre los cuales el prestigioso escritor David Grossman. En su reportaje El viento amarillo -escrito en 1987, vísperas del vigésimo aniversario de la Guerra de los Seis Días- entrevistó a palestinos y colonos de los asentamientos, develando la intensidad de los odios mutuos y el escapismo de “no ver la desgracia que se nos avecina”.

Transcribo las dos siguientes frases de su última página: “La experiencia histórica mundial demuestra que una situación como la que nosotros mantenemos aquí no puede durar mucho tiempo. Y, si dura, exigirá un precio de muerte”.

También incide en la primera pregunta un acontecimiento externo que no se procesó como debía. Me refiero a los atentados de Al Qaeda contra los EE. UU., de 2001, con Osama Bin Laden invocando la causa palestina.

La réplica de George W. Bush, concebida como guerra contra el terrorismo y los países que apoyaban terroristas, prefiguró el nuevo tipo de guerra que hoy se desarrolla en Israel.

El historiador norteamericano Paul Kennedy verificó, entonces, que la simpatía extranjera ante los horrores del fundamentalismo islámico se relacionaba más con la muerte de civiles inocentes que con el apoyo a la democracia norteamericana.

Agregó que la política exterior de Bush se reducía a “ponernos en marcha con un enorme peso militar para destruir demonios como los talibanes y retirarnos luego a nuestras bases y campamentos”.

Como se sabe, los talibanes afganos hoy están de nuevo en el poder.

PREMISAS PARA TERCEROS. En ese marco de previsibilidad, la guerra Israel-Hamas en desarrollo actualizó cuatro advertencias previas para terceros países.

Primera: el conflicto palestino-israelí no sólo es permanente desde la partición territorial dispuesta por la ONU en 1947. Su raíz es bíblica y, por tanto, georreligiosa.

Segunda: Su explosividad bélica es contaminante no sólo a nivel región. Por eso, controlarlo fue parte importante del balance estratégico -el “equilibrio del terror”– de la Guerra Fría. La Unión Soviética apoyaba a la AP y los EE.UU. a Israel.

Tercera: el fin de la Guerra Fría liberó las fuerzas políticas extremas dentro y fuera de Israel. Por una parte, el gobierno de Netanyahu desahució los Acuerdos de Oslo de 1993 y potenció la política de asentamientos en territorios palestinos. Como contrapartida, Hamas potenció su concepto de Dar el Harb (Casa o lugar de la guerra) aplicable a los territorios que no están bajo soberanía del Islam y renovó el compromiso de su Carta de principios: “Israel existirá hasta que el Islam lo destruya”.

Por añadidura, organizaciones fundamentalistas de los países islámicos apoyaron la causa de Hamas contra la causa de la AP.

Cuarta: En ese complejísimo contexto, Chile mantuvo una política de Estado de neutralidad activa. Por una parte, apoyaba los Acuerdos de Oslo y la definición onusiana sobre fronteras seguras para Israel y la creación de un Estado Palestino independiente. Por otra parte, reflejaba un interés nacional concreto: evitar que el conflicto contaminara, malograra o exasperara la relación interna entre las comunidades de chilenos árabes y judíos.

Como hechos en esa línea, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle negoció con la AP de Arafat la apertura de una oficina no diplomática en Ramallah y el gobierno de Sebastián Piñera reforzó a la debilitada AP de Mahmoud Abbas mediante un reconocimiento retórico de estadidad.

Nota: dicho reconocimiento fue retórico, en cuanto indiferente para Israel, la potencia geográfica y ajeno para los Estados que se rigen por el principio de efectividad.

Traduzco: la AP no tenía control total sobre el territorio reclamado y la dualidad del poder palestino, ante la emergencia de Hamas en Gaza, le impedía el mínimo necesario de gobernabilidad.

CONCLUSIONES A INICIOS DEL MILENIO. En 2001, con base en esas cuatro premisas y tras cumplir una misión diplomática en Israel, produje ocho y media conclusiones, que actualizo a continuación, con algunas glosas entre paréntesis:

PRIMERA. Ante las polarizaciones internas en ambas partes, los negociadores de Oslo no hicieron docencia masiva sobre el requisito esencial de cualquier negociación: que las partes renuncien a la pretensión de imponer sus posiciones máximas.

Si nada hay que conceder, las conversaciones coexisten con atentados y represalias y cualquier avance puede adjudicarse más a la violencia que a la diplomacia.

SEGUNDA. Un proceso concesivo de negociación implicaba riesgos personales para los negociadores y mandantes. Las fuertes minorías adversas a Oslo demostraron que no sólo podían socavar las confianzas políticas respectivas, sino que podían llegar al magnicidio.

Fueron los casos de Arafat, cada vez más irrelevante en la población palestina y del primer ministro israelí Yitzhak Rabin, asesinado por un religioso judío.

TERCERA. Los riesgos políticos de las negociaciones derivadas de Oslo, como las de Camp David II, lucían más altos en lo sistémico para los palestinos de Arafat, que para el entonces primer ministro israelí Ehud Barak.

Aquel debía negociar un proyecto de Estado sin Ejército profesional, sin institucionalidad democrática y con la oposición activa de Hamas y las organizaciones fundamentalistas apoyadas por Siria, Irak, Irán y Al Qaeda.

Por eso, Barak pudo arriesgar el fin anticipado de su mandato (lo que sucedió).

Tácitamente, entendía que su fracaso diplomático no amenazaba la sobrevivencia de un Estado con cinco décadas de vigencia, un poder militar sofisticado y un sistema democrático que garantizaba la alternancia.

CUARTA. Con todo, el fracaso de Camp David II abrió nuevas posibilidades para negociaciones futuras. Las concesiones posibles, que planteó Barak y el silencio con que las recibió Arafat, sugerían un comienzo de desbloqueo de las posiciones maximalistas.

Parecía lógico volver a ese momento, en negociaciones futuras, para llegar a un consenso que permitiera estructurar un Estado Palestino viable, yuxtapuesto a un Israel seguro.

Sin embargo, a esa altura la fundamentalista Hamas, con su política de liquidar Israel, concitaba mayor apoyo palestino que la AP.

QUINTA. El frustrado proceso de paz marcó un gran desfase cultural entre cúpulas políticas y bases sociales de ambas partes, confirmando, a) que las mayorías débiles deben transformarse en mayorías fuertes si quieren imponer proyectos de envergadura total y b) que para ello no sirve el liderazgo autoritario ni basta el trabajo político orientado hacia las elecciones próximas.

SEXTA. El conflicto no puede ni debe ser analizado sólo desde los prismas políticos, económicos, jurídicos y sociológicos de las democracias occidentales.

Cualquier análisis que se pretenda válido, debe dar cuenta de sociedades donde la religión no se mantiene sólo en el ámbito privado y/o donde lo político-cultural depende de lo cultural-religioso.

SÉPTIMA. En el marco de la post Guerra Fría sigue vigente el compromiso de los EE. UU. con cualquier proceso de paz en el Medio Oriente.

Sus gobernantes, por serlo de una superpotencia única (en la época lo era), no pueden aspirar a roles de simple observador. Bin Laden ya demostró al liderazgo norteamericano que era inútil tratar de eludir un conflicto, si el conflicto no quiere eludir a los Estados Unidos.

OCTAVA. La AP podrá declarar la estadidad palestina de manera unilateral (es lo que hizo), pero sólo con efectos retóricos.

La viabilidad de un futuro Estado Palestino sigue dependiendo de un relanzamiento del proceso de paz, con apoyo internacional y con un claro rechazo a las pretensiones tutelares de los fundamentalismos islámicos.

En esa línea los sucesores políticos de Arafat deben fortalecer su ascendiente social interno, para contener a las organizaciones palestinas que aplican métodos terroristas.

El gobierno de Israel, por su parte, debiera valorar con realismo la vigencia de la AP, evitando impulsarla a la órbita de las organizaciones fundamentalistas.

PREMISAS ACTUALES. 23 años después, con la guerra de Israel contra Hamas en desarrollo, la enorme complejidad del conflicto se ha convertido en un misterio mayor. Lo sintetizo con dos nuevas premisas que originan nuevas interrogantes:

Premisa 1. Geopolíticos y filósofos del Derecho dicen que reconocer a fuerzas insurgentes como poder beligerante presupone un estado de guerra civil, que puede asumir el carácter de una guerra internacional.

Premisa 2. Para ese efecto, los insurgentes deben tener un gobierno, una organización militar y dominar una parte del territorio del Estado enemigo, que así muta en teatro de operaciones.

A partir de premisas de ese tipo, Hans Kelsen, uno de los más célebres iusfilósofos del siglo pasado, formuló la siguiente conclusión en su Teoría General del Derecho y del Estado: “Por el dominio efectivo del gobierno insurgente sobre una parte del territorio y del pueblo del Estado envuelto en la guerra civil, fórmese una entidad que realmente se parece a un Estado”.

Las interrogantes derivadas son las siguientes:

  • Netanyahu, al declarar la guerra a Hamas… ¿no está reconociendo a esa organización como un poder beligerante con gobierno, territorio y fuerza militar propios?
  • A la inversa de los reconocimientos retóricos de estadidad… ¿No estamos asistiendo al reconocimiento de un Estado palestino real con sede en Gaza y con efectividades de soberanía?
  • De entenderse así… ¿no sería una gran paradoja, dado que Netanyahu llegó al poder para negar la posibilidad de un Estado palestino independiente?
  • En ese contexto y de mantener su política… ¿Puede subsistir la AP como representante legítima de un sector palestino?

INTERROGANTE DE CIERRE. Lo anterior basta para entender lo problemático o lo simplemente ideológico de los alineamientos externos sobre la guerra en desarrollo.

Sus portavoces raramente están informados de la Historia aquí esbozada, coexisten mal con principios pacifistas de la Carta de la ONU y es muy difícil que, fuera del Medio Oriente, representen intereses nacionales.

Por lo mismo, la gran interrogante que formulo a fin de columna se relaciona con el brusco cambio de la política exterior de Chile.

En efecto, tras diversas pruebas de desafecto a Israel, nuestro gobierno se ha alineado no con la causa palestina, en general, sino con la causa islámica de Hamas. Para ese efecto, está actuando ante jueces internacionales, “para investigar los crímenes que se cometen en el Territorio Palestino Ocupado”. Por el momento, lo acompañan en esta empresa judicial Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia y Comoras.

Como era de esperar, los chilenos de la comunidad judía han protestado públicamente pues “Chile ha tomado el claro camino de enemistarse con Israel”, soslayando que Hamas inició la agresión y fomentando el antisemitismo en el país

Ante estos desarrollos, la pregunta doméstica y final es la siguiente:

¿Estamos ante una nueva política exterior de Estado, una política exterior de gobierno o una política exterior presidencial?

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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COMUNIDAD JUDÍA SE RESTA DE ACTO DE LA CANCILLERÍA TRAS ACCIONES DE BORIC SOBRE ISRAEL. Alonso Vatel

 

                                                                      COMUNIDAD JUDÍA SE RESTA DE ACTO DE LA CANCILLERÍA                                                                               TRAS ACCIONES DE BORIC SOBRE ISRAEL

Alonso Vatel

La Tercera PM, 16/01/2024

A través de una carta enviada al canciller Alberto van Klaveren, la organización transmitió que no participará de la conmemoración a las víctimas del holocausto, que anualmente realiza la cartera. Esto, luego que el gobierno decidiera realizar una presentación ante la Corte Penal Internacional para que se investigue la situación de Palestina en Gaza. “El Presidente de la República no ha tenido una sola palabra de condena para estos acontecimientos que afectan directamente a los chilenos de origen judío”, dice la misiva.

A través de una carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, la Comunidad Judía informó durante esta jornada que no asistirá al tradicional acto de conmemoración que organiza la Cancillería contra el holocausto, programado para el próximo 27 de enero.

Esto, como señal de molestia a la actitud que ha adoptado el Ejecutivo en medio del conflicto entre Israel y Palestina. “Esta conmemoración, que es la ocasión para recordar a las víctimas y su dolorosa experiencia, es también la oportunidad de renovar el compromiso de “nunca más”, que, en esta ocasión, suena vacío”, parte diciendo el texto.

En la misiva se explica que, a partir del ataque de Hamas del 7 de octubre, en Chile “hemos sido testigos de actos y dichos que replican los prejuicios y ataques sufridos por los judíos en los años 30″. Al respecto, se dice que “el Presidente de la República no ha tenido una sola palabra de condena para estos acontecimientos que afectan directamente a los chilenos de origen judío”.

También se reprocha que, según ellos, el gobierno no ha condenado con la suficiente fuerza el ataque de Hamas a Israel.

La carta se envía dos días después de que Boric señalara, desde Guatemala, que “la gran mayoría de los países del mundo se ha manifestado a favor de un cese al fuego ya y de una solución política entre Israel y el pueblo palestino, que solo se va a solucionar con dos Estados que sean seguros y con fronteras mutuamente acordadas”.

El Mandatario también declaró que “prácticamente todas las viviendas han sido destruidas y 1,5 millones de personas no tienen dónde dormir y muy poco que comer” y que “Gaza está peor que Berlín en 1945″.

Sobre esto, en la carta enviada hoy, la Comunidad Judía considera que “las últimas declaraciones del Presidente Boric, donde anuncia acciones en contra de Israel y no de Hamas, y compara a Gaza con la Berlín del año 1945, no hacen otra cosa que avalar la pretensión de exterminio de dicho grupo terrorista y banalizar el genocidio de 6 millones de judíos, un millón de gitanos, 250 mil personas discapacitadas y nueve mil homosexuales que fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores, así como seguir alimentando un discurso de odio y antisemitismo en nuestro país”.

La molestia de la Comunidad Judía se produce en el contexto en que la semana pasada el embajador chileno en los Países Bajos, Jaime Moscoso, asistió a la primera audiencia convocada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya con motivo de la demanda presentada por Sudáfrica en contra de Israel por “actos de carácter genocida”.

En ese escenario, la embajadora ante la ONU, Paula Narváez, declaró en ese organismo que “Chile no permanecerá indiferente frente a la actual situación y al dolor del pueblo palestino” y anunció que se presentará la remisión de la situación de Palestina a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), para que “se investiguen los crímenes internacionales que se cometen en los territorios palestinos ocupados”.

Además, ocurre tras varias declaraciones del Presidente, en las cuales ha endurecido el tono en contra de Israel, haciendo guiños a Palestina.

El año pasado la ceremonia de conmemoración se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores y contó con la presencia de los entonces ministros de RR. EE. y Educación, Antonia Urrejola y Marco Antonio Ávila, respectivamente, además de representantes del cuerpo diplomático y de miembros de la Comunidad Judía.

Ahora, la Comunidad Judía considera que su presencia en la conmemoración que va a realizar el Ejecutivo avalaría su agenda, la que, según ellos, “resulta en la vandalización de sinagogas, amenazas y agresiones a instituciones y personas de nuestra comunidad”.

Las Naciones Unidas instauraron en 2005 el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el cual se rememora el 27 de enero.

La fecha recuerda la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau por el ejército soviético a finales de la Segunda Guerra Mundial.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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QUÉ OCURRIÓ EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA DONDE SE MILITARIZÓ LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. Marcos González Diaz

                                                                             QUÉ OCURRIÓ EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA DONDE                                                                                 SE MILITARIZÓ LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Marcos González Diaz

BBC News Mundo, El Mostrador, 13/01/2024

Expertos plantean que la tendencia de militarizar cuando las capacidades policiales se vuelven insuficientes es algo que ya se instaló y es muy difícil que los Estados den marcha atrás.

“Si se meten con la población, se meten con las Fuerzas Armadas”, dijo el ministro ecuatoriano de Defensa, Gian Carlo Loffredo. El funcionario respaldó así el poder otorgado por el gobierno a los miles de militares desplegados desde hace días en el país, donde la gran escalada de violencia llevó a que el presidente, Daniel Noboa, declarara el martes estado de conflicto armado interno y ordenara a las Fuerzas Armadas “neutralizar” a los grupos vinculados con el narcotráfico y crimen organizado.

Este jueves, la Asamblea Nacional respaldó esta intervención de manera unánime.

Aunque precipitado por los acontecimientos, el plan de Ecuador no es nuevo.

Ya en diciembre, su Congreso votó a favor de reformar la Constitución —que encarga a los militares la defensa de la soberanía y la integridad territorial y a los policías el orden público interno— para que las Fuerzas Armadas apoyen también en el combate al crimen y la lucha contra las drogas.

Y en el resto de América Latina, tampoco es nuevo.

La región está plagada de ejemplos, desde México hasta el Cono Sur, de cómo se atribuyeron a los militares —de manera temporal o prácticamente permanente— funciones contra el narcotráfico que en ocasiones contribuyeron a desarrollar operaciones exitosas y, muchas otras, dejaron resultados plagados de claroscuros en la historia reciente.

Para David Saucedo, especialista mexicano en seguridad pública, uno de los motivos por el que los gobiernos latinoamericanos han recurrido con tanta frecuencia a esta vía es por la histórica presión de Estados Unidos, que percibía una extrema debilidad en los sistemas de justicia y seguridad pública de la región.

“Las policías de América Latina, en general, se han caracterizado por una infinita corrupción y debilidad para enfrentar al narcotráfico y no dejar que penetrara en las instituciones”, remarca.

Esto, sumado a que el poderío de los carteles “sobrepasa con mucho las capacidades de cualquier Secretaría de Seguridad Pública o Ministerio de Interior”, llevó a muchos países a confiar en los militares, quienes gozan de una imagen positiva entre buena parte de la ciudadanía y cuentan con un gran armamento y capacidad de despliegue territorial, le dice el experto a BBC Mundo.

México y Colombia. México es uno de los más claros ejemplos de esta tendencia.

La implicación de militares en operaciones antidrogas se remonta a la década de los 70 y 80, cuando comenzó a participar en la erradicación de cultivos ilícitos y lideró golpes importantes como el realizado en 1984 contra el rancho de Rafael Caro Quintero, líder del cartel de Guadalajara, y que concluyó con la quema de miles de toneladas de marihuana.

Las labores castrenses contra el narcotráfico se mantuvieron desde entonces, aunque fue sin duda durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) cuando se registró un parteaguas al poner en marcha la conocida “guerra contra el narco”.

En esta estrategia se involucraron todas las comandancias militares con el objetivo de recuperar territorios en manos del crimen organizado.

Pero las autoridades mexicanas reconocieron solo cuatro años después no haber conseguido su propósito en medio de una violencia creciente, que acabó con el sexenio de Calderón duplicando con 121.000 el número de homicidios del gobierno anterior, según las cifras oficiales.

También en aquel período fue que echó a andar la Iniciativa Mérida, el programa de EE. UU. dirigido a “contrarrestar la violencia alimentada por las drogas” por el que transfirió a México miles de millones de dólares en equipo militar, especialmente durante su primera etapa iniciada en 2008.

“La guerra contra el narco es una experiencia fallida y más bien fue una estrategia política del presidente Calderón para obtener legitimidad para su gobierno. Lamentablemente, a esta política se le dio continuidad en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el actual de López Obrador”, subraya Saucedo.

Colombia es otro de los países con larga tradición de uso de la fuerza militar contra el narcotráfico.

Catalina Miranda Aguirre, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz de este país, subraya que la Policía Nacional tuvo un rol mucho más importante en esta área en las últimas décadas.

Sin embargo, los militares fueron ganando presencia especialmente tras la aprobación en 2000 del Plan Colombia, por el que EE. UU. fortaleció también con millones de dólares la capacidad de la Fuerza Pública del país.

“(Los militares) empezaron a tener un rol muy importante en términos de seguridad interna en un momento en que la policía no tenía las capacidades suficientes para atender un nivel de criminalidad tan impresionante”, destaca la experta en entrevista con BBC Mundo.

Y agrega: “Se robustecen sus capacidades no solo para combatir el narcotráfico, sino también la insurgencia. En Colombia, insurgencia y narcotráfico están ligados en un momento de la historia, no los puedes separar”

Con los años, les siguieron golpes importantes a cabecillas de las FARC y otros grupos insurgentes como el Ejército Nacional de Liberación Nacional o el Clan del Golfo.

Sin embargo, el ejército también protagonizó escándalos como el de los “falsos positivos”, en el que reportaban ejecuciones extrajudiciales de civiles ajenos al conflicto como bajas en enfrentamientos de supuestos guerrilleros, a fin de aparentar mejores resultados a cambio de retribuciones y reconocimientos.

“La lección aprendida de aquello fue durísima y el aumento de la participación de las Fuerzas Armadas tuvo su efecto e hizo muy complejo manejar esa parte en Colombia. ¿Hasta qué punto es una guerra de insurgencias y hasta qué punto es una guerra contra la droga”, se cuestiona Steven Dudley, codirector y cofundador del portal especializado Insight Crime.

Resultados. La militarización de operaciones contra el tráfico de drogas se ha visto igualmente en Brasil o Venezuela, entre otros. También durante estados de excepción temporales impuestos en Guatemala u Honduras.

El caso más reciente es el de El Salvador, donde el ejército también se desplegó contra las pandillas vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado durante los últimos casi dos años en los que se redujo drásticamente la violencia, a la vez que se dispararon las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

“El riesgo para Ecuador es que caiga en la tentación de promover el mal llamado ‘modelo Bukele’ basado en un ‘estado de excepción permanente’ con un enfoque en el encarcelamiento masivo, juicios sumarios y la cooptación del sistema de justicia y que, si bien genera “logros iniciales”, dudosamente éstos sean sostenibles en el tiempo”, le dice a BBC Mundo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

Valorar con cifras estas incursiones militares es complicado, dada la dificultad de atribuirles en exclusiva los resultados obtenidos —y no a otras fuerzas de seguridad con las que trabajan conjuntamente—, así como la imposibilidad de saber qué habría ocurrido de no haberse implicado en estas tareas.

“En países como Brasil, México y Colombia, los despliegues militares para combatir el narcotráfico no siempre han tenido los resultados esperados. Incluso a veces han llevado al aumento de la violencia”, publicó Insight Crime en un artículo de 2019 sobre la decisión entonces del gobierno de Chile de enviar al ejército a su frontera norte para detener el ingreso de drogas.

“Los resultados son positivos y negativos”, dice su codirector Dudley. “Lo positivo es que los militares pueden tomar el control de áreas donde grupos de crimen organizado pueden ejercer un poder muy fuerte, o que pueden capturar miembros de alto nivel en estos grupos”.

Lo negativo, asegura —y en ello coinciden todos los expertos consultados— es que los militares no cuenten con formación específica para este tipo de tareas ni para interactuar con la población civil con la que inevitablemente debe relacionarse.

“Tenemos batallones que están muy cerca de municipios que usualmente están abandonados por el Estado, y donde la posibilidad de que se incurra en violación de derechos humanos es muy grande. Ha pasado en Colombia, en México, en las favelas de Brasil, etc.”, resume la colombiana Miranda Aguirre.

“Ese es el dilema de cómo poner en la balanza la amenaza que una policía no puede atender por sí sola, junto a la protección de los derechos de población civil que está en el fuego cruzado entre la criminalidad organizada y la fuerza más letal de un Estado, como es una fuerza militar. Eso ha sido un enorme problema”, agrega.

Perspectiva de futuro. Jiménez Sandoval, de WOLA, critica que “la militarización de la seguridad ciudadana y las respuestas improvisadas que no parecen cumplir con los criterios básicos de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza no son nunca la estrategia más adecuada para combatir la violencia en ninguna sociedad”, como ya lo muestran, asegura, las experiencias de países como México y Colombia.

Expertos también apuntan a otro efecto no deseado de la militarización de la seguridad como es el hecho de que los propios narcotraficantes también se están militarizando. Así, en los últimos años han incrementado su uso de minas terrestres, drones o aeronaves.

“El narcotráfico tiene la capacidad para armarse incluso más fuerte que el ejército”, alerta Saucedo.

Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), vincula esta militarización con el debilitamiento del mando civil y la política.

“En un país normal, la democracia va acompañada de policías civiles. Donde hay mucha criminalidad, los militares toman el control y esto debilita la democracia. Y el riesgo es que no tenga reversa, lo cual es muy difícil”, le dice a BBC Mundo.

Lo cierto es que, de cara al futuro, no parece que esta tendencia vaya a disminuir en América Latina a juzgar por las declaraciones de gobiernos como el de Colombia o México, cuyo presidente ha depositado su confianza al máximo en el ejército para desempeñar distintas labores y que además enfrenta la presión de su vecino Estados Unidos para que haga más en su lucha contra las drogas.

“Esta estrategia (de militares frente al narcotráfico) está bastante implementada, por lo que yo esperaría más entrenamiento y más armamento para este tipo de actividades. Esto no va a desaparecer, sino que va a aumentar”, concluye Dudley de Insight Crime.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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