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“FOLLOW THE MONEY”: FISCALÍA ACTIVA DILIGENCIAS SOBRE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE HERMOSILLA Y EL EXDIRECTOR DE LA PDI. Víctor Rivera y José Carvajal Vega. La Tercera

                                                                       

“FOLLOW THE MONEY”: FISCALÍA ACTIVA

DILIGENCIAS SOBRE LAS OPERACIONES  FINANCIERAS

DE HERMOSILLA Y EL EXDIRECTOR DE LA PDI

Víctor Rivera y José Carvajal Vega

La Tercera PM, 19/03/2024

A través de una solicitud de la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, el Ministerio Público pidió a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que les remitiera información del abogado y Sergio Muñoz, respecto de eventuales operaciones sospechosas, cuentas corrientes, depósitos y cuentas bancarias en el extranjero.

Los 510 mensajes entre Luis Hermosilla y el exdirector de la PDI Sergio Muñoz revelan dos cosas: una estrecha amistad y una relación de conveniencia mutua en términos laborales. El detective obtenía influencia y el abogado información confidencial de causas judiciales.

De eso dan cuenta sus conversaciones, que están siendo pesquisadas desde enero por la Fiscalía, luego de que el 25 de noviembre del 2023 el Ministerio Público lograra extraer desde el teléfono de Hermosilla 777.256 páginas con sus diálogos de WhatsApp.

Solo una parte de estos chats corresponden a Muñoz. El resto es un misterio, por ahora, pero el volumen de lo detectado, quizás, permite entender la inquietante declaración del ministro de Justicia, Luis Cordero, durante el lunes: “Es una investigación cuyos indicios no proyectan muy bien (…) Espero que por el bien de todos sea bastante acotado, porque si no es así las consecuencias pueden ser bien lastimosas en general”.

Hasta el momento, y según la imputación de cargos de la Fiscalía en contra de Muñoz, la investigación está centrada en la comisión del delito de violación de secreto en contra del exjefe policial por haber revelado a Hermosilla información de, al menos, cinco causas: minera Dominga, casino Enjoy, gastos reservados de Héctor Espinosa (su antecesor), el caso Raúl Torrealba y la indagatoria sobre Felipe Guevara.

Sin embargo, entre los investigadores también existe una duda no menor: ¿el traspaso de información fue solo una cuestión de amistad y poder?

Por el momento, en la causa solo se ha logrado reunir antecedentes en esa dirección, aunque ya se activaron diligencias para tener un panorama más completo.

Por lo mismo, el 22 de enero, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, solicitó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) “remitir al Ministerio Público todos los antecedentes de Reporte de Operaciones Sospechosas, Reportes de Operaciones en Efectivo, Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo, y en general toda operación que obre en su poder respecto” de Luis Hermosilla y Sergio Muñoz.

Además, se solicitó que “asimismo, conforme a vuestras coordinaciones, requerir información si los ciudadanos antes individualizados registran cuentas corrientes, depósitos dinerarios y/o cuentas bancarias en bancos en el extranjero”.

Cuatro días después llegó la respuesta de la UAF, a través de su director, Carlos Toloza, quien pidió más antecedentes de la causa a la Fiscalía para poder dar curso al requerimiento de información.

“Al respecto, cabe hacer presente que los requerimientos de información que se envíen a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) deben indicar de manera explícita la existencia de una investigación vigente por el delito de lavado de activos y/o de un delito precedente, tipificado en la Ley N° 19.913, pues solo en dichos términos este servicio se encuentra legalmente autorizado a dar respuesta a su solicitud”, se lee en el documento.

El abogado de Muñoz, Juan Carlos Manríquez, indicó que su representado “actuó no respondiendo a ningún encargo, ni a un compromiso, ni a un pago, ni a una prebenda ni a un acuerdo ilegal, lo hizo motu proprio”.

La solicitud a Interior 45 días antes del allanamiento. Otro de los requerimientos de información que despachó la Fiscalía fue el del 19 de enero -45 días antes del allanamiento a la casa de Muñoz- al Ministerio del Interior.

La misma fiscal Parra solicitó al gobierno que le enviara “copia de los contratos y resoluciones relacionadas con el Sr. Luis Hermosilla Osorio (…) y remitir un listado de las causas en las que el Sr. Luis Hermosilla Osorio asumió el patrocinio del Ministerio del Interior, indicando las fechas en que este tuvo la calidad de abogado patrocinante o apoderado”.

Si bien no se especificaba en qué causa se estaba pidiendo esa información, sí se consignaba el “RUC” (registro judicial) del caso, el cual es distinto al del denominado ‘caso audio’.

El 23 del mismo mes, la Fiscalía le advertía a Interior, a través de un correo electrónico, que “hago presente que se trata de una investigación reservada. Ruego favor acusar recibo”.

Los pasos de Luis Hermosilla por el Ministerio del Interior. Sin embargo, el 16 de febrero el Ministerio Público volvió a la carga, pues aún no recibía la información. Parra, otra vez, despachó un oficio en que pedía “rendir cuenta a la Fiscal que suscribe respecto del Requerimiento de Información” en un plazo de tres días hábiles.

El 23 de febrero llegó a la Fiscalía la respuesta de la propia ministra del Interior, Carolina Tohá. Allí le detalló y remitió los decretos que daban cuenta de las asesorías de Hermosilla para el gobierno de Sebastián Piñera, entre 2018 y 2022.

“La información que en este acto se proporciona, corresponde a la suscripción de 6 (seis) contratos suscritos con el investigado, que obran en poder del Departamento de Gestión de Personas, a saber: Decreto Exento TRA N° 280/430/2018; Decreto Exento TRA N° 280/352/2020; Decreto Exento TRA N° 280/979/2020: Decreto Exento TRA N° 280/980/2020; Decreto Exento TRA N° 280/975/2021; y Decreto Exento TRA N° 280/412/2022″, dice el oficio.

La audiencia. Cada uno de estos oficios forma parte de la investigación de la Fiscalía, la cual hasta el cierre de esta edición estaba aún en etapa de formalización.

La audiencia de formalización de Muñoz, si bien estaba fijada para las 9:00 de la mañana, se postergó en 30 minutos, momento en que el fiscal Francisco Lanas comenzó a leer uno a uno los dos grupos de hechos que se le imputaban a Muñoz.

Lanas leyó uno a uno los mensajes que Muñoz envió a Hermosilla y los cuales habría -según la tesis de la Fiscalía- revelado información de las causas de la minera Dominga; la del Casino Enjoy; la del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba; la del exintendente y alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, y la de los gastos reservados del exdirector de la PDI Héctor Espinosa.

Treinta minutos después de comenzada la formalización la jueza Francis Fell tomó la palabra y dirigiéndose a Muñoz le preguntó: “¿Entendió los hechos?”.

Ante la pregunta, el otrora director de la policía civil afirmó el micrófono de la mesa de imputados y respondió: “Los entiendo perfectamente”, para la luego bajar su cabeza, tal y como la tuvo gran parte de la audiencia.

Posterior a eso, fue el turno de la fiscal regional Lorena Parra, quien comenzó a argumentar las razones para solicitar la prisión preventiva de Muñoz.

 

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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LA ESCALOFRIANTE HISTORIA DE LOS 450 FÉRETROS TIRADOS EN EL CEMENTERIO GENERAL QUE LE VALIERON UNA DENUNCIA AL ALCALDE JADUE. Max Estrada. La Tercera

 

                                                            LA ESCALOFRIANTE HISTORIA DE LOS 450 FÉRETROS

                                                                   TIRADOS EN EL CEMENTERIO GENERAL

                                                         QUE LE VALIERON UNA DENUNCIA AL ALCALDE JADUE

Max Estrada

La Tercera PM, 19/03/2024

“En un riesgo grave de salud”, acusan los trabajadores del camposanto en medio de un verdadero laberinto de ataúdes acumulados en un sector del crematorio debido a una falla mecánica de hace más de ocho meses. El problema es que gran parte de los féretros pertenecieron a personas que fallecieron por alguna enfermedad infecciosa. La acusación ya está en manos de la Contraloría.

Durante la jornada de este lunes los trabajadores del Cementerio General de Santiago realizaron una denuncia en la Contraloría General de la República en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

¿La razón? Como el municipio que dirige el edil es el administrador del camposanto, lo acusan de ser el responsable del riesgo que implica la acumulación de, dicen, más de 450 féretros vacíos y que fueron utilizados por personas fallecidas a causa de enfermedades infectocontagiosas como Covid-19, y que luego fueron cremadas. Pero los féretros siguen ahí, hace más de ocho meses, según los denunciantes.

“Se está poniendo en riesgo a los trabajadores del crematorio que han tenido que armar estrechos pasillos con cajones infectados por alguna enfermedad. Hemos denunciado esto a la Contraloría porque venimos advirtiendo este riesgo de salud”, dice el presidente de la Asociación de Funcionarios del Cementerio General, Luis Yévenes.

La caminata desde la entrada al histórico cementerio donde descansan algunos expresidentes de la República, como Salvador Allende, Arturo Alessandri o Pedro Montt, es larga. Y ahí queda en evidencia la grave situación del espacio de trabajo que los mismos trabajadores identifican como el “Horno Crematorio 3″.

Los mismos funcionarios dicen que son al menos 450 los féretros apilados que no han podido ser destruidos por la máquina compactadora que yace en el lugar y que, aseguran, hace más de ocho meses se encuentra con una falla mecánica.

El resto de los funcionarios prefieren no mencionar sus nombres, pero acusan malas condiciones en su espacio de trabajo. Añaden que la situación del provoca una suerte de déjà vu al año 2020, cuando vieron desenfrenada la acumulación de estos cajones por la pandemia del Covid-19.

Pero esta vez, es distinto. “El de ahí tiene VIH y ese otro, dengue”, apuntan hacia los ataúdes los trabajadores, mientras observan las decenas de féretros uno arriba del otro.

“El proceso de cremación del cuerpo y el cajón es por separado”, dice Yévenes, al momento de explicar cómo se realiza este protocolo. “Por orden del Servicio de Salud se tiene que destruir el féretro con una máquina hidráulica que lo deja como un cuadrado de madera y luego este se quema o se deja en el patio sanitario. Esa es la máquina que está mala”.

Una pequeña construcción con paredes de metal es lo único que separa a los tres funcionarios del Crematorio 3 de los féretros que hace más de 240 días adornan su espacio de trabajo. Protegidos con mascarillas, guantes y hasta lentes, para no poner en riesgo a sus familias, dicen, “ya no sabemos dónde meterlos”. Esto, en el entendido de que se realizan entre 100 y 120 cremaciones mensuales.

La denuncia presentada por la asociación apunta a que “las causas de muerte de las personas que ocuparon las urnas son por Covid-19, enfermedades infectocontagiosas y muerte natural, frente a escasos metros de los trabajadores, lo cual nos significa un grave riesgo de salud”.

Al ser consultado el Servicio de Salud de Región Metropolitana (Seremi) por esta situación, afirman que se realizará una fiscalización recién durante la tarde de este martes. Según la normativa de cementerios, “podrán reutilizar el ataúd que contenía los restos que fueron incinerados, para la inhumación de indigentes. Con todo, aquellos ataúdes que constituyan riesgo para la salud de la población, deberán ser destruidos según indicación de esa misma autoridad”.

La denuncia apunta al edil de la comuna de Recoleta debido a que, como se ha dicho, la administración está a cargo del municipio que dirige. Aun así, es el director del Cementerio, Rashid Saud, el que se refiere a las acusaciones efectuadas por los funcionarios.

“La máquina aplanadora está mala hace cuatro o cinco meses, no más, pero la estamos arreglando y no hay riesgo para ninguna persona que trabaje en el crematorio”, reconoce sobre el desperfecto, aunque califica de “mentira” las denuncias efectuadas por los funcionarios señalando que “los ataúdes siempre están en patios sanitarios, un lugar destinado para eso. También es falso de que han alertado, nosotros tenemos una oficina de partes y no hemos recibido nada al respecto”, indica.

Finalmente, al ser consultado por la fiscalización que llevará a cabo la Seremi de Salud durante esta jornada, afirma estar en desconocimiento de esta visita.

 

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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