Columna de Opinión, News

El acotado rol del Presidente Boric. Patricio Navia, Sociólogo, cientista político y académico UDP

 

                                                       EL ACOTADO ROL DEL PRESIDENTE BORIC

Patricio Navia, Sociólogo, cientista político y académico UDP – El Líbero, 13/06/2025

La inverosímil declaración que envió el Presidente Gabriel Boric a la Comisión Especial Investigadora de la compra de la casa del ex Pdte. Salvador Allende Gossens puede servir como una metáfora perfecta de lo que terminó siendo el gobierno del Frente Amplio. A lo más, el impacto del gobierno y el legado del Presidente Boric serán solo acotados

Aunque su generación política llegó al poder prometiendo grandes transformaciones, cuando faltan menos de 6 meses para la próxima elección presidencial, va quedando claro que el legado de este gobierno ha sido solo acotado

Boric intentó deslindarse de la responsabilidad constitucional y política que le cabe en este escándalo declarando que “dada la naturaleza de mi función, mi rol en el proceso de adquisición de la casa del Presidente Allende fue acotado y se redujo a la decisión inicial y a la firma del decreto que autorizaba la compra”.

“Si alguien da la idea y termina poniendo la firma para que se ejecute esa idea, esa persona es la principal responsable del proyecto”

Tanto en su forma como en su fondo, la declaración de Boric es insólita. Cualquier persona que reconoce ser el responsable de una decisión inicial y de una autorización final para cualquier proyecto no puede alegar haber tenido una participación acotada. De hecho, si alguien da la idea y termina poniendo la firma para que se ejecute esa idea, esa persona es la principal responsable del proyecto.

Además, considerando que Boric es egresado de la carrera de derecho, aunque nunca se tituló de abogado, parecería razonable esperar que el Presidente estuviera al tanto de que cualquier decisión administrativa tiene implicaciones legales que deben ser tomadas en cuenta antes de firmar un decreto.

Puede ser cierto que Boric haya optado por entregar a personas de su confianza la responsabilidad de conocer la Constitución y las leyes. Pero ese es un asunto que el Presidente, especialmente cuando es egresado de derecho, debiese conocer relativamente bien (al menos en cuestiones tan centrales como la prohibición de que ministros de estado y parlamentarios celebren contratos con el Estado). Con todo, si las personas de su confianza fallaron en su tarea de advertir sobre la inconstitucionalidad de este contrato, la responsabilidad política también recae en el Presidente.

Más allá de que resulte inverosímil cree que nadie se percató de la inconstitucionalidad que implica que un gobierno discrecionalmente decida comprar la casa del expresidente sabiendo que esa propiedad pertenece a la familia directa de Allende, que incluye a la que entonces era la senadora Isabel Allende y a la entonces ministra de Defensa Maya Fernández Allende, el hecho que tantos abogados que revisaron el decreto y tanta gente que estuvo al tanto de la operación no se haya percatado de la inconstitucionalidad de ese acto solo subraya la ineptitud, incapacidad, y falta de profesionalismo de los líderes del del gobierno del Frente Amplio y del círculo de hierro del propio Boric.

Además, resulta irónico que Boric y sus aliados hayan demostrado tener tan poco conocimiento de lo que dice la Constitución de la República toda vez que hicieron carrera política tratando de derogar esa Constitución para remplazarla por un texto diferente.

Todavía peor, la propuesta de Constitución que Boric y su gobierno apoyaron, y por la que hicieron campaña, explícitamente establecía, en su artículo 266 (de los 388 artículos que contenía ese excesivamente largo texto), que cesarían en su cargo los parlamentarios que, “durante su ejercicio, celebre o caucione contratos con el Estado, o actúe como procuradora o procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. Esta inhabilidad tendrá lugar sea que actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica”.

Pero más allá de las implicaciones políticas y legales de este inverosímil escándalo de la fallida compra de la casa que fue de Salvador Allende (que incluyó la destitución de la senadora Isabel Allende y la renuncia de la ministra Maya Fernández Allende, dos golpes muy humillantes para el socialismo), la declaración que envió Boric a la Comisión Investigadora constituye una gran metáfora de lo que ha terminado siendo el legado del Presidente Boric.

Aunque su generación política llegó al poder prometiendo grandes transformaciones, cuando faltan menos de 6 meses para la próxima elección presidencial, va quedando claro que el legado de este gobierno ha sido solo acotado.

Habiendo podido hacerlo (o al menos intentarlo), Boric no se la jugó por lograr que la Convención Constitucional redactara un texto que fuera aceptable para una mayoría del electorado. Después del fracaso del proyecto constitucional de 2022, el propio Boric terminó votando a favor de mantener la Constitución de Pinochet en el plebiscito de 2023.

Aunque el gobierno buscó remplazar primero, y debilitar después, el modelo de libre mercado en Chile, Boric perdió las batallas más simbólicas. Es cierto que el gobierno hizo daño y que sus errores y fallas, especialmente en materia de seguridad ciudadana y de política de inmigración, nos seguirán pasando la cuenta por varios años.

La legitimización de la violencia que hicieron Boric y muchos otros líderes del Frente Amplio son una herida abierta en el país. Pero en lo que se refiere a reformas institucionales y al modelo económico vigente en el país, el impacto del Presidente Gabriel Boric y de su desastroso gobierno ha sido, efectivamente, acotado.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Actualidad, News

Un acuerdo histórico con sombras: Gibraltar, entre la cooperación y la cesión simbólica. Armando Alvares García Júnior. The Conversation

 

                                                                             UN ACUERDO HISTÓRICO CON SOMBRAS: GIBRALTAR,

                                                                              ENTRE LA COOPERACIÓN Y LA CESIÓN SIMBÓLICA

 

Armando Alvares García Júnior, PDI. Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja – The Conversation 12/06/2025

El acuerdo político alcanzado entre España, el Reino Unido y la Comisión Europea sobre el futuro de Gibraltar marca un antes y un después en la relación de este enclave con Europa.

Tras años de negociaciones desde el Brexit, este pacto prevé la eliminación de la Verja que separa La Línea de la Concepción (Cádiz) del Peñón, la incorporación parcial de Gibraltar al espacio Schengen y la supresión de los controles de personas y mercancías.

Más allá de los gestos simbólicos, este entendimiento trae consigo consecuencias jurídicas, económicas y políticas que España no puede permitirse ignorar.

Para muchos españoles, sobre todo en la comarca andaluza de Campo de Gibraltar, la noticia tiene un tono de alivio. Entre 10.000 y 15.000 trabajadores transfronterizos, en su mayoría de nacionalidad española, dependen de la fluidez del paso para mantener sus empleos y su calidad de vida.

La demolición de barreras físicas, la armonización fiscal y la cooperación judicial prometen una mayor integración y, quizás, prosperidad para una de las regiones más castigadas por el desempleo estructural en Andalucía.

El acuerdo incluye también fondos europeos para formación, medioambiente y cohesión social, lo que podría traducirse en mejoras tangibles a corto plazo.

La falta de certezas. Lamentablemente, no todo son certezas. El texto aún no ha sido traducido en un tratado jurídicamente vinculante, lo que deja varios elementos clave abiertos a interpretación y posible disputa.

¿Qué tipo de fiscalidad se aplicará finalmente en Gibraltar? ¿Cómo se garantizará una competencia leal en el comercio, especialmente en sectores sensibles como el tabaco y los servicios financieros? ¿Qué papel jugará España en el control de un aeropuerto cuya soberanía reclama desde hace décadas?

El Gobierno español, que durante años ha defendido una postura firme sobre la soberanía del Peñón, presenta ahora el acuerdo como un logro diplomático. Según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, España asumirá el control de acceso al espacio Schengen, mientras que la policía gibraltareña mantendrá sus funciones dentro del territorio.

En la práctica, los pasajeros que lleguen al puerto o al aeropuerto de Gibraltar deberán someterse a un doble control: uno por parte de las autoridades españolas, encargadas de garantizar la entrada al espacio Schengen, y otro por parte de la policía gibraltareña, que gestiona los procedimientos internos en nombre del Reino Unido. La cooperación en materia de seguridad y justicia entre ambas partes también se verá reforzada en este nuevo marco.

Pero esta fórmula, si bien funcional, puede verse como una cesión política. Para los sectores más conservadores del Reino Unido, el hecho de que ciudadanos británicos tengan que mostrar su pasaporte a la policía española para entrar en su “propio territorio” es una humillación.

En España, ciertos sectores ven el pacto como una renuncia simbólica a la reivindicación de soberanía plena sobre el territorio. Aunque el acuerdo declara que no afecta a las respectivas posiciones jurídicas de Londres y Madrid, en la práctica se configura una soberanía compartida de facto, sin resolver totalmente el conflicto histórico.

La desaparición de la Verja, convertida en símbolo de confrontación durante décadas, tiene una carga emocional fuerte. Pero no debemos perder de vista que el acuerdo se produce en un contexto más amplio de redefinición de fronteras, flujos migratorios y competencias entre Estados en Europa.

Gibraltar se convierte así en un laboratorio político: fuera formalmente de la UE, pero funcionalmente integrado en varias de sus estructuras clave. En este híbrido jurídico, España gana influencia operativa, pero también carga con responsabilidades adicionales.

El acuerdo tampoco soluciona el futuro uso civil y comercial del aeropuerto de Gibraltar, construido sobre un istmo cuya soberanía España nunca ha reconocido. El Gobierno británico ha recalcado que sus instalaciones militares seguirán bajo control exclusivo del Reino Unido, un punto que preocupa a Madrid por las implicaciones estratégicas que puede tener en un momento de tensión geopolítica internacional.

Un pacto que aún debe ser ratificado. El pacto debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y el británico. Al tratarse de un instrumento mixto, que incluye decisiones sobre fronteras exteriores (espacio Schengen), fiscalidad, cooperación judicial y seguridad, requiere también la aprobación del Congreso de los Diputados y del Senado español. Esto es así porque el acuerdo no se limita únicamente a cuestiones comerciales o técnicas gestionadas directamente por la Unión Europea, sino que afecta directamente competencias soberanas y estratégicas de España.

La eliminación física de la Verja no supone la desaparición total de controles, sino su traslado hacia puertos y aeropuertos mediante un sistema conjunto hispano-gibraltareño.

En definitiva, el acuerdo sobre Gibraltar es un logro técnico y un acto de pragmatismo diplomático. Pero su ejecución conlleva a una serie de dilemas estructurales para nuestro país: cómo combinar soberanía, integración y cooperación sin ceder legitimidad ni eficacia. El tiempo dirá si se trata de una solución estable o de un parche más en una frontera que, aunque invisible, seguirá siendo política.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección. son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente en pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional