AGENDA DE SEGURIDAD: “PARA QUE EL CRIMEN ORGANIZADO SE INSTALE Y OPERE REQUIERE DE LA CORRUPCIÓN”
Mesa de noticias de El Mostrador
22/11/2023
Los expertos Alejandra Mohor y Cristián Riego abordaron las materias ausentes en el debate sobre seguridad y orden público, el cual se ha intensificado en las últimas semanas a propósito de delitos de mayor connotación social y los cuestionamientos a la figura de la ministra Carolina Tohá.
Ambos especialistas en seguridad coinciden en que la agenda ha estado permeada por las dinámicas políticas y los “intereses de determinados grupos”, más que por la urgencia de fortalecer las capacidades del Estado para dar respuesta a esta problemática.
Asimismo, agregan que la profesionalización y reforma a las policías sigue siendo un “punto de discusión abandonado” y que debiese ser una de las prioridades para el Ejecutivo y el Congreso.
Respecto al anuncio del proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, el abogado y académico de la Facultad de Derecho UDP, Cristián riego, señala que “puede ser algo que tenga algún sentido en cuanto al acceso a la justicia, (…) pero eso no tiene nada que ver con la seguridad. No va a ayudar en las urgencias que se están planteando en relación con los delitos más graves”, afirmó.
Por otro lado, apunta a que dentro de las prioridades debiese estar considerada “la reforma policial y el Ministerio de Seguridad, en el entendido que ambas van al fortalecimiento del aparato estatal”.
Por su parte, la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), Alejandra Mohor, agrega que otro foco debiese ser la ausencia balances respecto a las medidas implementadas y constatar “lo que ha funcionado y lo que no”.
“No veo que la información que hoy proporcionan las instituciones se esté utilizando debidamente para tomar decisiones. Se genera información, pero su utilidad está más orientada a dar un respuesta mediática, (…) pero como insumo para la toma de decisiones eso es algo que nos falta”, señaló.
Mohor también se refirió a los resultados de la encuesta CEP, en relación con la percepción ciudadana sobre la delincuencia y la adhesión a la idea de restricción de libertades.
“Que la agudización de los problemas de seguridad se constituya como un elemento que tiene influencia sobre la disposición democrática de las personas no es algo nuevo tampoco, estudios regionales lo vienen mostrando hace bastante años y El Salvador es una muestra de ello. (…) No debe ser menospreciada esta información, pero tampoco debe ser sobredimensionada, es una reacción aparentemente natural y que en tiempos de elecciones cobran mayor relevancia todavía en tanto como se abordan estas discusiones. (…) Lo nuevo de todo lo que se ha venido discutiendo es la forma en que se han incrementado los homicidios, los secuestros y otro tipo de delitos asociados, el incremento en el uso de las armas de fuego, eso sí tiene novedad”, indicó.
En relación con el escándalo de corrupción tras la filtración del audio que involucra al abogado Luis Hermosilla, Riego puso el foco en las implicancias para el Servicio de Impuestos Internos y el historial de ajustes tras el caso de platas políticas.
“En el caso del SII requerimos reflexionar sobre lo que pasó con el servicio, ver cuál es la moral interna y eventualmente ahí tomar medidas de fondo, porque lo que ocurrió fue muy grave. (…)
Si esto no se aborda con seriedad yo me temo que el SII puede tener problemas muy complicados si no hay una renovación, una reflexión a nivel nacional de lo que significa, y retomar su moral funcionaria del respeto de las capacidades y de la no intervención sobre sus decisiones”, señaló.
La docente del CESC agregó que “la preocupación principal debe estar en mirar con seriedad la corrupción en las instituciones públicas. (…) Ya es tiempo que nos saquemos este velo que teníamos puesto sobre el rostro de creer que somos un país muy probo, que la corrupción no nos ha permeado. (…) No es negocio para el crimen organizado si no logra corromper al aparato del Estado.
Ahí es donde tenemos que cerrar la válvula y para eso se requiere de la normativa que faculta a las instituciones para hacer investigación y persecución como corresponde, más allá de las penas”, concluyó.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
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