PENSIONES VITALICIAS, INDULTOS Y HARTO MÁS. ¿MERAS COINCIDENCIAS?
El Líbero, 28/01/2024
Las pensiones de gracia vitalicias otorgadas por el gobierno se suman a lo acontecido con los indultos, al retiro de 139 querellas por LSE a presos de la violencia octubrista y a un proyecto de ley para indemnizarlos. ¿Serán meras coincidencias?
La contralora (s) Dorothy Pérez abrió un nuevo frente de conflicto para el Gobierno al publicar el informe sobre el otorgamiento de pensiones de gracia vitalicias durante 2022, en el que se señala que se tuvo a la vista antecedentes para entregar el beneficio a personas con condenas por estafa, narcotráfico, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, homicidio (publicado por El Líbero), violencia intrafamiliar, etc.
La Contraloría detectó 58 casos, pero el Gobierno, intentado mostrar “acuciosidad” aumentó a 69.
La ministra del Interior Carolina Tohá, a raíz de dicho informe declaró: “Pero no fue nuestro Gobierno el que definió este procedimiento, estaba definido ya cuando nosotros llegamos”.
Lo que dijo la ministra es cierto en cuanto al procedimiento, pero sus palabras suenan a intentar liberar de responsabilidad a su Gobierno en otorgar dichas pensiones de gracia, sin haber comprobado a quien se estaba beneficiando.
Este episodio no es el primero en que hay problemas relacionados a beneficios otorgados por el Gobierno a personas que han estado involucradas en el octubrismo, ya sea en hechos de violencia, en delincuencia, personas con densos prontuarios y que, al hacerse públicos, se le asignan responsabilidades a terceros y no se asumen las propias por parte de quienes tomaron las decisiones.
Me pregunto si esto es mera coincidencia u obedece a un patrón de conducta para beneficiar a actores del octubrismo, lo que me lleva a pensar que dicho cuestionamiento amerita ser analizado y contextualizado para intentar sacar conclusiones.
El actual gobierno, un día antes de asumir oficialmente su mandato, es decir, el 10 de marzo de 2022, anunció a través de los futuros ministros del Interior y Justicia el retiro inmediato de 139 querellas por LSE a presos de la violencia octubristra, por hechos que ocurrieron entre el 19 de octubre de 2019 y el 18 de enero de 2020, además de una mesa de reparación para las víctimas de DD. HH., lo que correspondía, dijeron, a una promesa de su programa de gobierno y que buscaba que la LSE no fuera utilizada para la persecución injusta y desproporcionada.
Fue la primera señal de perdonazos a los violentistas del octubrismo.
Antes, en octubre de 2020, diputados de lo que ahora es el oficialismo, entre los que estaba Gabriel Boric, presentaron un proyecto de ley en la Cámara para indemnizar a las llamadas “víctimas del estallido social” y se aprobó una moción en que se rebajaron los estándares probatorios para que una persona fuera considerada víctima.
El sentido de esa ley era “establecer una regulación especial para efectos de determinar la responsabilidad del Estado de Chile respecto de todas aquellas personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones y muertes bajo el contexto de movilizaciones sociales en el denominado estallido social”.
Pasó el tiempo y sobrevino el caso de los indultos. Nuevamente, gracias al rol de la prensa, T13 dio a conocer que el indultado Luis Castillo estaba vinculado a 26 causas judiciales y tenía 5 condenas desde 2005.
Adicionalmente se supo que Gendarmería había recomendado no indultarlo por alto riesgo de reincidencia, pero Boric le otorgó el beneficio sin considerar dicha recomendación.
Resultado, en diciembre pasado fue detenido por estar involucrado en un secuestro. Pero no fue el único caso, pues hubo otros cuatro delincuentes que estaban condenados y fueron beneficiados con indulto.
Esto dio lugar a que se atribuyeran los beneficios otorgados a desprolijidades, mientras la ministra Vallejo aseveró que si el Presidente hubiera tenido todos los antecedentes, no los habría indultado.
En definitiva, terceros eran los culpables por lo que se utilizaron los fusibles, exonerando de sus cargos al jefe de Gabinete del Presidente y a la ministra de Justicia.
Y esto continúa con las pensiones de gracia vitalicias ya comentadas, que gracias al informe de la Contraloría se conoció que hubo falta de control interno, además de comprobarse que en 19 casos había una inconsistencia entre el relato del caso y los antecedentes médicos que lo avalan, responsabilidad que recae en el INDH.
De todo esto tiendo a pensar que son demasiadas las similitudes en las decisiones gubernamentales para considerarlas meras coincidencias.
Pienso que ha existido y probablemente aún existe el intento de beneficiar a quienes participaron del octubrismo, pues no es un secreto para nadie que, gracias al octubrismo, Gabriel Boric logró ser elegido Presidente de la República.
¿Formará esto parte de la superioridad moral con la que llegaron a gobernar según el exministro Jackson?
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
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