Humberto Julio Reyes
El título de esta columna fue lo primero que se me vino a la mente al contemplar las imágenes del juicio oral al que está siendo sometido el ex carabinero Sebastián Zamora en el llamado caso Pío Nono.
Para él la fiscalía ha pedido la pena de ocho años por homicidio frustrado, acusación sostenida por diversos entes estatales, organizaciones no gubernamentales y privados presentes en la audiencia, en notorio desequilibrio con el acusado y su defensa costeada en forma particular.
Pareciera que todo el poder del Estado se ha congregado para condenar a quien, siendo funcionario de ese mismo Estado, salió a cumplir su deber en octubre de 2020.
A diferencia de quien resultó lesionado al intentar escapar de la detención policial, lo que no parece ser la conducta propia de un pacífico manifestante, el ahora acusado no eligió estar en el lugar de los hechos, sin embargo, ha perdido su carrera y todo beneficio, debiendo asumir su defensa como un simple particular, la que está siendo posible por la generosidad de terceros.
Sin embargo y a pesar de lo que ha sido posible observar, dicho manifiesto desequilibrio parece no bastar a quienes ya lo han condenado mediáticamente y se muestran empeñados con lograr una condena “ejemplarizadora”.
He visto en un programa de televisión de alta sintonía cómo se le objeta contar con un abogado de renombre y que seguramente otros pagan, como si no tuviera ese derecho. También se le objeta que tuviera actualmente un trabajo proporcionado por una parlamentaria de oposición y, que estuvieran presentes en la audiencia, que es pública, algunos parlamentarios que lo apoyan.
Es decir, quisieran verlo sin defensa, cesante y absolutamente solo, enfrentando sin contrapeso alguno a quienes, habitualmente, buscan imponerse más por el número que por la fuerza de los argumentos, práctica por lo demás muy efectiva en las llamadas causas de derechos humanos.
¿Qué puede resultar finalmente?
Puede resultar absuelto si el tribunal estima que no hubo intención dolosa y todo se reduce a un desgraciado accidente en medio de violentos disturbios.
¿Lo acogerá de regreso su institución y acaso él querría volver sin garantía alguna de no verse nuevamente involucrado en algo tan penoso en lo personal y profesional?
Pero también podría terminar siendo condenado por la pena solicitada por la fiscalía u otra de distinta cuantía, lo que tendría lamentables consecuencias, no sólo para él sino para todos los que deben cumplir con el deber de proporcionarnos seguridad, haciendo que se respete el estado de derecho, pero sin contar con el necesario respaldo.
Cabe agregar que difícilmente la sentencia de primera instancia será aceptada por aquella parte que se vea frustrada en sus expectativas, lo que permite presumir una larga contienda en tribunales, pero cruzada por posiciones políticas e ideológicas irreconciliables.
¿Estarán nuestros tribunales en condiciones de garantizar que, al final, se imponga la justicia?
27 de mayo de 2024.
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