EXFISCAL DEL SENADO JAVIER NORERO: “LA COMISIÓN DE RÉGIMEN ABDICÓ FISCALIZAR AL SECRETARIO GUZMÁN” Carlos Saldivia

 

                                                                               EXFISCAL DEL SENADO JAVIER NORERO: “LA COMISIÓN

                                                                           DE RÉGIMEN ABDICÓ FISCALIZAR AL SECRETARIO GUZMÁN”

Carlos Saldivia, Periodista de El Mostrador

El Mostrador, 09/08/2024

“El fiscal Norero guarda más secretos que El Chapo, tiene 21 años de servicio”, comentan en voz baja funcionarios del Legislativo. En la Cámara Alta, El Chapo es el apodo con que, a sus espaldas, senadores y subalternos se refieren al secretario general del Senado, Raúl Guzmán.

Este alude a un invulnerable jefe de un cartel mexicano, que se jactaba de “implacable” y de haber escapado tres veces de la acción de la Justicia por años, hasta que fue capturado por dos alguaciles. En Valparaíso, a funcionarios les motiva ese reboot de pelea asimétrica.

Los días del exfiscal del Senado, Javier Norero –cargo que desempeñó por 15 años, con cuatro jefes de servicio y en 17 presidencias de la Corporación–, son observados con nerviosismo y expectación por legisladores y empleados del Congreso, aun cuando fue despedido hace siete meses, a su juicio, de modo ilegal.

Lo anterior, debido al enrarecido clima que hay en la Cámara Alta por demandas laborales, acusaciones de “caza de brujas” de sindicatos, un litigio ante la OIT y una “funa” para el Año Nuevo en el hemiciclo contra el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, a quien responsabilizan de maltrato y de irregularidades administrativas.

Exfiscal Norero denuncia irregularidades en el Senado y en la gestión del secretario general; presiones para ocultar información; despidos, sumarios y contratos ilegales; transferencias millonarias sin respaldo legal a terceros y a Congreso Futuro. “Espero justicia”, dice a El Mostrador.

Tras su despido, Norero presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso por despido ilegal contra el señalado secretario general, el cual fue acogido en febrero, y que constituyó la primera derrota de Raúl Guzmán en un tribunal, luego de varias denuncias.

La sentencia dictó restituir al exfiscal en su cargo y calificó el despido de acto “cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha, como vulneratorio de las garantías de igualdad ante la ley y a no ser juzgado por comisiones especiales (…), por estimarlo infundado, no haber en su contra un sumario”.

Pero el regreso de Norero quedó en pausa, ya que Guzmán apeló a la Corte Suprema. El fallo del máximo tribunal está en acuerdo desde marzo, el ministro Juan Muñoz lo redactará y el documento definitivo se conocería en agosto.

Con ese fallo ad-portas, Guzmán abrió un sumario contra Javier Norero, pese a no ser este funcionario público. Y al conflicto en el Congreso se le sumó una mayor controversia: el exfiscal solicitó a la Comisión de Régimen Interior, que encabeza el presidente del Senado, José García Ruminot, la medida disciplinaria de mayor severidad –la destitución–, por “incumplimiento grave de probidad administrativa”. Una medida que podría convertirse en delito si se determina que en el actuar de Guzmán hubo dolo, como informó El Mostrador.

Sin embargo, el 29 de julio pasado, la Comisión de Régimen Interior encargada de fiscalizar al jefe de servicio, con la ausencia de los senadores Jaime Quintana (PPD) y Yasna Provoste (que había pedido postergar la votación), “acordó por unanimidad ratificar y reconocer la labor realizada por el Secretario General del Senado, señor Raúl Guzmán Uribe en su calidad de Jefe Superior del Servicio”, ya que para los senadores presentes “sus facultades se han ejercido con total cumplimiento a sus facultades y atribuciones reglamentarias y con estricto apego a la legalidad”.

La redacción causó revuelo y la trama tampoco acabó ahí. El pasado martes 6 de agosto, la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, que preside la senadora Fabiola Campillai, se comunicó con el exfiscal Javier Norero y solicitó los antecedentes que desechó Régimen Interior.

Otro hecho generó un clima de sospechas: el video del micrófono encendido en el Senado, que dejó al descubierto una jugada por la Ley de Notarios, captó al senador Prohens y sus pares García Ruminot y Matías Walker, miembros de la Comisión de Régimen Interior, hablando con sigilo de una iniciativa.

-¿En qué consistía su cargo de fiscal en el Senado?

-Ingresé al Senado en el año 2002, a honorarios, pasando a contrata en el año siguiente, en el cargo de asesor jurídico en materias contractuales y administrativas. El año 2008, fui designado como fiscal de la Corporación, a cargo de la Fiscalía del Senado. En dicha calidad me correspondió trabajar con diversos secretarios generales, entre los cuales están Carlos Hoffman, Mario Labbé, Ximena Belmar como interina, y en calidad de subrogantes con Sergio Sepúlveda, José Luis Alliende y Julio Cámara.

Con todos estos secretarios generales mi función principal era dar mi opinión jurídica sobre los actos administrativos que celebraba el Senado, y prestar asesoría jurídica en materias no legislativas en todo su amplio espectro.

-¿Es efectivo que le correspondió coordinar el caso de las denominadas “asesorías parlamentarias” con el Ministerio Público?

-En efecto, por encargo del presidente del Senado de la época, Carlos Montes (PS), y del secretario general (Mario Labbé), me correspondió coordinar y centralizar la información que se le proporcionaba al Ministerio Público del caso en el marco de esa investigación penal de las asesorías, todo en conformidad a la ley.

-¿Usted se refiere a la compra de informes con plagio de 2015 o al pago de $6.200 millones para asesores de 21 senadores en 2017, que investigó el Fiscal Regional Oriente Manuel Guerra?

-Sí. Me refiero al caso dirigido por el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, referido a investigaciones sobre la autenticidad de los informes de asesorías externas de senadores y comités.

-¿Usted tuvo que reunirse con persecutores de la Fiscalía Oriente, a cargo de Manuel Guerra, o también tuvo reuniones en la Fiscalía Sur?

-No. Me reuní solo una vez con el fiscal Guerra en sus oficinas, en la Fiscalía Oriente, que era la que investigaba las asesorías.

-¿Cómo fue esa reunión y qué temas abordaron ?

-Básicamente, se trató de establecer un mecanismo para la entrega de la información que solicitaba en sus requerimientos. En eso, atendida la gran cantidad de información, se hacía necesario coordinar el medio para enviarla y canal para hacerla llegar, todo en el marco de lo dispuesto por el entonces presidente Carlos Montes, que dispuso tener absoluta colaboración con el Ministerio Público, lo que fue muy debatido con otros miembros de la Comisión de Régimen Interior.

-¿Es usual que Régimen Interior pida visitar fiscales que indagan senadores? ¿En 15 años como fiscal del Senado le tocó antes ser designado para hablar con persecutores de indagaciones contra senadores?

-Nunca antes.

-¿Cómo recuerda la llegada de Raúl Guzmán al Senado?

-El año 2019, luego de un dilatado concurso público, se designó a Raúl Guzmán como secretario general. Lo anterior, producto de un proceso traumático para la organización, debido a que era la primera vez en la historia del Congreso que se designaba a un funcionario que no era de carrera como jefe de servicio y que además desconocía, y desconoce aún, completamente el derecho parlamentario.

-¿Le llamó la atención su designación?

-Definitivamente. Sobre todo en el marco de la tensión que existía en algunos senadores de la época por las investigaciones conducidas por el fiscal Manuel Guerra. Recuerdo vivamente que el señor Guzmán, en su entrevista ante los honorables senadores de la Comisión de Régimen, y que fue difundida a los demás senadores y publicada en la web institucional, al respecto, se definió como el “escudo protector” de los parlamentarios. Esto causó gran estupor y asombro dentro del Senado.

-¿Qué piensa que ocurrió? ¿Cree que lo nombraron para ser un escudo judicial?

-Mi impresión es que un grupo reducido de senadores instaló una campaña del terror con el resto de los parlamentarios, respecto del tratamiento de las asesorías parlamentarias, a mi juicio absolutamente injustificado, y que Raúl Guzmán fue propuesto como la solución para enfrentar la presunta crisis.

Lo anterior, pues se pensaba que con las redes de contacto del señor Guzmán en el Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Ministerio Público, de las que además hacía gala, podían controlar las ofensivas de Guerra. Esta estrategia, según veo hoy en día, fue utilizada para instalar a Guzmán y hacerlo utilitario a los intereses de un minúsculo grupo de senadores.

-¿Cómo recuerda la instalación de Guzmán en el cargo?

-A su llegada empezó a descabezar algunas áreas del servicio. Entre ellas, la jefatura de Finanzas y de Auditoría Interna, además de tres o cuatro funcionarios más, disponiendo inmediatamente los concursos para proveer los reemplazos. Además, comenzó el reclutamiento de un importante número de profesionales para la creación de nuevas áreas de asesoría directa del secretario general, que nunca antes existieron. Para ello, fui designado en un par de comisiones de evaluación, empezando ahí los primeros problemas.

-¿Qué eran esas evaluaciones?

-En dos casos, fui directamente presionado por el señor Guzmán para votar por el candidato de su preferencia, existiendo testigos de lo anterior. Recuerdo especialmente, a propósito del cargo de jefe de Finanzas, en que me hizo salir de una reunión con el CDE y me reprendió vivamente en el pasillo de mi oficina, por haber manifestado que había un candidato con mejores antecedentes. El candidato favorecido, me enteré después, es cónyuge de una funcionaria del importante Servicio Civil y había trabajado con Raúl Guzmán en el Ministerio Público.

-¿Por qué se debía ocultar que había un postulante a jefe de Finanzas con mejores antecedentes?

-Ocultar no, a mi juicio. La designación del postulante con mayor puntuación debía aparecer como unánime para evitar cualquier observación en Régimen. Al final, cedí y firmé. Debe haber sido de los últimos procesos en que se me designó

-Dirigentes sindicales afirman que hubo una profesional a contrata trabajando sin título y un edecán a honorarios. ¿Es así?

-Respecto del primer caso, entiendo que existe un sumario que francamente no entiendo por qué ha durado tantos años, sin cerrarse, cuando efectivamente se trata de la mera constatación de hechos objetivos. En el caso del edecán es peor aún. Cómo ha sido denunciado por la prensa, este puesto corresponde a un cargo de planta, según consta en Reglamento de Personal del Senado; y Régimen, a pedido del secretario general, sigue nombrándolo a honorarios. Podría pensar alguien que es una cuestión menor, sin embargo, se trata del cumplimiento de la ley.

-¿Diría usted que fue presionado para autorizar contrataciones irregulares por Raúl Guzmán ?

-Diría que me he sentido presionado por Guzmán, varias veces, sin canal para denunciarlo por dichos actos.

-¿Por qué señala usted que este es un Senado sin supervigilancia administrativa?

-Hay que tener presente que, al ser parte de un poder del Estado, autónomo, el Senado no está sujeto a controles de juridicidad como el resto de las instituciones del país, en donde, por ejemplo, interviene la Contraloría General de la República respecto de la Administración del Estado, o de la Dirección del Trabajo en cuestiones de índole laboral.

En el Senado todo el control está radicado en la Comisión de Régimen Interior, que es descrita por los reglamentos como su principal y casi única función. En el Senado, en consecuencia, los únicos controles, amén de los jurisdiccionales, son los que esta misma Corporación se impone e impone.

-¿El clima laboral y ese desapego al cumplimiento de la ley en el Senado se arrastra desde hace décadas?

-No. Esto es nuevo, desde la llegada de Raúl Guzmán. Y atendida la calidad de funcionarios de carrera de los anteriores secretarios, no se presentaban problemas, por lo menos en mis 22 años. Los secretarios anteriores estaban formados en un ambiente apolítico, no intervencionista, no deliberante, de respeto a la institución y a todos los sectores parlamentarios representados, y en ese marco les resultaba algo incomprensible efectuar un lobby político. Eran sumamente estrictos en ello y apegados a la normativa.

-¿A qué se refiere cuando dice “efectuar un lobby político”?

-A actos de lobby con terceros sin el debido registro. Muchos cambios que incorporó Guzmán se manifestaron en prácticas desconocidas por la Cámara Alta hasta ese momento. Por ejemplo, manipulación de concursos públicos, instrumentalización de sumarios administrativos y actos de lobby con terceros sin debido registro. La primera muestra de prácticas nunca antes vistas en el Senado fue en el llamado almuerzo de los locos en la pandemia.

-¿Cómo se recibió en el Senado la violación de la cuarentena de su jefe de servicio para ir almorzar a un restaurante de mariscos en San Miguel y frente a la Fiscalía Sur?

-El llamado episodio de los locos fue la primera evidencia del nuevo Senado, cuando Guzmán fue sorprendido infringiendo las disposiciones sanitarias, almorzando con dos funcionarios del Ministerio Público en ese restaurante en plena pandemia.

Su actitud nos llamó la atención, que esperábamos hubiera asumido su responsabilidad presentando de inmediato su renuncia, para evitar comprometer el prestigio del Senado o del Congreso. En mi opinión, cualquiera de sus antecesores hubiera hecho eso.

Recordemos que en países con un estándar institucional superior o moral, como en Nueva Zelandia, su ministro de Salud (David Clark) o en Escocia su directora médica (Catherine Calderwood) presentaron sus renuncias al infringir las disposiciones sanitarias por la pandemia de COVID. Si bien tienen un estándar diferente al de Chile, acá Raúl Guzmán no experimentó sanciones administrativas, ni siquiera, según entiendo, pagó la multa (de 50 UTM) correspondiente, aplicada en el sumario sanitario. Sin embargo, los dos comensales que lo acompañaron en ese almuerzo fueron sancionados.

-¿Y que hizo la Comisión de Régimen Interior?

-Y además, y que fue lo peor, advertimos que la Comisión de Régimen, presionada por algunos de sus integrantes, evadía abrir una investigación formal al respecto, de manera, por ejemplo, de contrastar su inverosímil versión, de que recogía de los otros comensales de mariscos unos textos de Derecho Constitucional, en circunstancias que la Biblioteca del Congreso Nacional, ubicada a pocos pasos de su oficina, dispone del acervo más grande de literatura jurídica del país. Tampoco se le reprendió por el uso del automóvil fiscal.

-No se le reprendió por el uso del automóvil fiscal, pero se abrió un sumario por mal uso de auto fiscal a otro funcionario del Senado, Hernán Muñoz. ¿Hay criterios desiguales en la aplicación de normas y sanciones para los empleados? ¿Quién fija o fiscaliza esos criterios?

-Definitivamente, respecto del control de uso del automóvil fiscal asignado al uso del secretario Guzmán, no existe control alguno, sino el que pudiera ejercer él mismo. Régimen no ha regulado en lo sustantivo lo referido a dicho uso, ni establecido alguna fórmula de control, por lo que en la práctica Guzmán dispone de él a su voluntad.

-El funcionario Hernán Muñoz denunció, tras ese sumario, que el secretario Raúl Guzmán le ofreció $30 millones y una carta de recomendación a cambio de su renuncia, de eso fue testigo el presidente de la ANEF, José Pérez. ¿Conoció ese caso?

-Conozco muy bien el caso. Fue denunciado por su diario, por El Mostrador. Sin embargo, cuando Régimen Interior le preguntó a Guzmán por los $30 millones, él negó el hecho a los senadores. A mí me tocó deponer en el juicio y seguí el desarrollo del caso hasta la dictación del fallo. Y permítame leerle lo que señaló el magistrado del tribunal respecto de la conducta de Raúl Guzmán: “La conducta del Secretario General del Senado no se aviene con los cánones esperables de la función pública, desde que conforme las declaraciones aludidas, se hicieron ofertas fuera de lugar e impropias de un alto funcionario del Estado, las que además son del todo descomedidas con la actividad gremial que desempeñaban a la sazón los testigos aludidos, cuando retarda y cuestiona la intervención de la presidenta de la Fedacon, conducta tan impropia como lo fue la oferta de una especie de indemnización de 30 millones de pesos al actor, y que resultó acreditada por el Tribunal”.

-Se acreditó entonces y el ministro de fe negó…

-Mire, francamente me da vergüenza el reproche que, justificadamente, un magistrado de la República efectúa a la conducta de un funcionario del Senado que, además, tiene la calidad de ministro de fe y jefe del servicio. La sentencia del tribunal acredita además que Guzmán faltó a la verdad a los senadores de la Comisión de Régimen, hecho que seguramente será obviado por sus integrantes.

-Dirigentes sindicales del Senado advierten que Guzmán ha expresado que la Contraloría no tiene facultad de control sobre el Congreso. ¿Es así? ¿Antes de su gestión era igual?

-En efecto. Por disposiciones de rango constitucional, la Contraloría General de la República, al ejercer solo el control de legalidad de los actos de la administración no puede intervenir en esas funciones respecto ni del Poder Judicial ni del Poder Legislativo.

Me consta que existió la intención del senador Lagos Weber, cuando fue presidente del Senado, para celebrar un convenio con el organismo contralor para homologar algunas prácticas, pero fue rechazada la idea en Régimen por el senador Manuel José Ossandón, para quien ello le restaba independencia al Senado.

En el caso del Poder Judicial, el asunto se mitiga, dado que los ministros de la Suprema no intervienen en los procesos administrativos financieros, sino que se le entrega a un organismo autónomo que fiscaliza una comisión de supremos.

Quiero hacer presente lo que aprecio como diferencia de fondo en el estándar ético en los poderes del Estado, especialmente entre el actuar de la Corte Suprema y Senado. Como recordará usted, hace poco se dio a conocer el denominado “caso Lexus”, en el cual hubo críticas políticas a la compra de esos vehículos. De inmediato, la Corte Suprema dispuso una investigación y ordenó preventivamente, en señal de transparencia y para asegurar la investigación, la suspensión del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

-¿La Comisión de Régimen Interior o la Comisión de Ética o la presidencia del Senado no son un canal idóneo o receptivo?

-En el Senado, frente a denuncias formales, la Comisión de Régimen no solo se niega a investigar, debate en presencia del denunciado los cargos. La Comisión de Régimen Interior abdicó fiscalizar al secretario general Raúl Guzmán. Ni siquiera existe atisbo de suspenderlo preventivamente, sea cual sea la denuncia que se formule, no obstante que gran parte de las irregularidades se pueden acreditar solo con él fuera del cargo.

-¿Qué advirtió en los concursos públicos del Senado en la era Guzmán?

-En los concursos públicos se repetían los mismos comités de selección, todos designados por Guzmán, e integrados por personas de su confianza y de su directa dependencia, que en su mayoría ingresaron post-Guzmán, lo que permite su absoluta manipulación, en desmedro de los concursantes que no son apadrinados por él. Yo mismo fui directamente presionado como integrante de un comité de selección, para favorecer a su candidato, siendo severamente reprendido.

-Se ha denunciado también la instrumentalización de los sumarios. ¿Qué notó usted al respecto?

-A muy poco andar de la llegada de Raúl Guzmán, aumentó significativamente el número de sumarios administrativos, evidenciándose su uso como herramienta de persecución de sus “enemigos”.

Todos ellos siguiendo un patrón similar en su tramitación: auditorías internas, a cargo de personal de su dependencia directa; instrucción de sumarios, con un fiscal y actuarios que no son abogados, en un servicio que cuenta con 60 letrados.

Guzmán usa fiscales de confianza jurídica de él y sumarios que terminaban todos con la propuesta de las sanciones más gravosas a los investigados, incluida la destitución (entre ellos, los señores Erwin Valencia, Jaime Cano y Hernán Muñoz).

Me correspondió ser fiscal en un sumario dispuesto por Guzmán en contra de la exjefa de Finanzas, Cristina Araya, por la supuesta existencia de cuentas paralelas, cuyo hecho fue difundido ampliamente en la prensa por él. Durante el curso del procedimiento administrativo, Guzmán me citó varias veces para indicarme el curso de la investigación sumaria. Finalmente, se estableció su absoluta inocencia, hecho que le causó profundo malestar.

La práctica se ha extendido al día de hoy con una persecución directa hacia el jefe de Personas y Desarrollo Organizacional, Carlos Becerra, y al jefe de Remuneraciones, Álvaro Quezada, ambos funcionarios de carrera y con muchos años de servicio. También existen sumarios contra el jefe de Tecnologías de la Investigación, y personal de la exfiscalía, todos funcionarios de carrera.

En el caso del señor Becerra, señalan los gremios que se ha llegado al exceso de estar permanentemente bajo auditorías internas y externas, y ha sido objeto de tres sumarios consecutivos, con formulaciones de cargos realmente poco serias y por cuestiones menores.

-¿Usted fue sumariado?

-En mis 20 años de servicio nunca fui objeto de sumario. Curiosamente, ya no siendo funcionario de la institución, luego de seis meses de cesado mi servicio por un acto que la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró ilegal y arbitrario, y ante la inminente dictación de un fallo de término por parte de la Excma. Corte Suprema, fui notificado de formulación de cargos en un sumario administrativo en el cual solo fui citado a declarar una vez como testigo, luego de un retorno de mes y medio por licencia médica.

Al llegar, se me citó a declarar, desvinculándoseme ese mismo día alrededor de las 21:00 horas. Lo señalado se aviene con la estrategia de instrumentalización de los sumarios administrativos como una maniobra para deshacerse de los funcionarios que le resulten incómodos a Guzmán.

Quiero señalar que, antes de haberse dispuesto el término a mi contrata, fui objeto de un acoso laboral sistemático por parte del secretario general, consistente, entre otras actitudes, en denegación de vacaciones y otros tratos vejatorios, que denunciaré de verificarse mi retorno, en conformidad a la Ley Karin.

-¿Fue usted el representante del Senado ante terceros en los temas referidos al Congreso del Futuro?

-En efecto, fui designado por Mario Labbé como contraparte para algunos temas con la entidad a cargo de la producción del evento que después, en definitiva, pasó a ser la Fundación Encuentros del Futuro. En dichas labores me correspondió visar todos los convenios celebrados por el Senado.

-¿Advirtió anomalías en torno a esa iniciativa?

-Al principio ninguna. El esquema funcionaba sobre la base de un convenio en el cual el Senado entregaba a un tercero la producción del evento. Dicho tercero, un particular, producía el evento y se encargaba de recaudar, en el sector público y privado, los auspicios necesarios, los cuales –según propuse, y fue aceptado– no se informaban al Senado; todo ello para evitar posibles conflictos de intereses.

Imagine, por ejemplo, el escenario del Senado frente a una empresa de telecomunicaciones aportante en un proyecto de ley que le afectara en la materia. El secretario de la época, Mario Labbé, coincidió en que había que evitar cualquier conflicto de intereses, apoyando la fórmula propuesta.

A poco de la última renovación parcial de la Cámara, previendo el último cambio de composición parlamentaria, y el interés del exsenador Girardi, que por mandato constitucional debía terminar sus funciones, empecé a insistir en la necesidad de inscribir la marca “Congreso Futuro” a nombre de la Corporación.

Dicha inquietud fue planteada insistentemente al secretario general, Raúl Guzmán, y al senador a cargo del evento, Guido Girardi, sin obtener respuesta alguna. Meses después se me notifica de una resolución de Guzmán que disponía, en uno de sus acápites, la inscripción conjunta de la marca “Congreso Futuro” a nombre del Senado y de la fundación antes referida, de la que entiendo hoy es el señor Girardi su vicepresidente.

Esto implicaba transferir a un privado, a cambio de nada, el dominio de un intangible muy valioso creado con los recursos fiscales, y en el ámbito del valor público del evento.

Del mismo modo, tomé conocimiento, semanas antes de ser desvinculado, de la existencia de transferencias de recursos millonarios, no contemplados en el convenio con la fundación, de las que nunca fui notificado, ni formal ni informalmente. Todas estas operaciones estuvieron ajenas al control de la Fiscalía del Senado que yo encabezaba.

Lo señalado implica la transferencia a terceros de recursos millonarios sin amparo legal. Acá no existe ningún proceso concursal para, en conformidad a la ley, transferir dicho patrimonio.

-¿Ese convenio fue aprobado por los senadores de la Comisión de Régimen?

-Lo ignoro. Sí me consta que en la resolución que me fue remitida se citaba un acuerdo de la señalada comisión. Quiero señalar que, desde la llegada de Guzmán al Senado, no existe acceso alguno a lo que se acuerda en esa comisión, vulnerando absolutamente el principio de transparencia de los actos públicos, lo que parece, salvo la excepción de la senadora Yasna Provoste, no incomodar a los integrantes de dicha comisión.

-¿Quién debe supervigilar al secretario general?

-Me gustaría hacer presente que, tratándose de una de las dos Cámaras de un poder del Estado autónomo constitucionalmente, no existe órgano de control alguno respecto de él. En otras palabras, el Senado se autocontrola.

La reglamentación interna entrega dicha supervigilancia únicamente a la Comisión de Régimen, lo que implica una gran responsabilidad de parte de integrantes, puesto que significa el control de recursos millonarios que maneja. No existe otro control, salvo el que ejercen los Tribunales de Justicia, previo requerimiento de los afectados.

-¿Se lleva a cabo dicho control?

-En mi opinión, derechamente no. A manera ejemplar planteo mi situación. Fui desvinculado en noviembre de 2023, en mi opinión ilegalmente, lo que representé en el acto al secretario general, señalando que vulneraba el principio de la confianza legítima, principio jurídico asentado por la Corte Suprema.

Respondió, en presencia de testigos, que no le era aplicable. De inmediato la Fedacon (Federación de Asociaciones del Congreso) representó a la Comisión de Régimen la ilegalidad. La comisión ignoró, sin responder, las representaciones.

Un mes y medio después, la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró ilegal el acto. Actualmente la causa se encuentra en estado de ser resuelta por la Corte Suprema.

-¿Lo habló con el entonces presidente del Senado, Juan Antonio Coloma?

-Mire, de ser ratificado el fallo, implica que la Mesa del senador Juan Antonio Coloma, ante quien planteé la ilegalidad, falló en su deber de control al permitir la consumación de un acto ilegal y arbitrario.

Manifiesto asimismo mi extrañeza de que el senador Huenchumilla, vicepresidente, hombre muy versado en derecho y recto, no haya dicho nada al respecto. En mi opinión, con la valiente excepción de la senadora Provoste, la Comisión de Régimen abdicó de su facultad de fiscalizar al secretario Raúl Guzmán, dejó la fiscalización, centrándose en otras tareas, como, por ejemplo, autorizar viajes de senadores al extranjero, a Comisión de Régimen, en la cual algunos de sus integrantes son casi permanentes.

-¿Supo de otros hechos que le parecieran irregulares?

-Aparte de los concursos y sumarios dirigidos, en razón de mis funciones, tomé conocimiento de muchos actos contrarios a derecho, por ejemplo, prácticas antisindicales, por medio de las cuales se privilegiaba a una asociación partidaria de Guzmán, aumentando la categoría remuneratoria de quienes se afiliaban a dicha asociación, frente a las asociaciones disidentes, produciendo la emigración hacia ella durante el año 2023 y 2024.

El hecho fue puesto en conocimiento de la Comisión de Régimen e ignorado. Además, se ha verificado el nombramiento de personal, sin control alguno, en forma ilegal, por ejemplo, del edecán y de contralor interno.

El concurso respecto del contralor fue ilegal en cuanto a sus bases, atendido que, conforme a la normativa interna, dicho cargo es de planta, precisamente para resguardar la independencia en su función. En cambio, convocó un concurso para un cargo a contrata, respecto del cual podía imponer sus directrices, denominándolo jefe de Contraloría, Asesoría Jurídica y Transparencia del Senado, tres actividades lógicamente incompatibles entre sí.

Se me ha informado que el seleccionado, en el currículum presentado al concurso, omitió información relevante acerca de sus recientes desempeños laborales. Lo mismo respecto del cargo de edecán.

Ningún organismo ni abogado con alguna experticia en Derecho Administrativo validaría como legal el nombramiento a contrata de cargos de planta. Ello se efectúa para privarlos de la imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones. Lo anterior sería observado en todo el sector público.

-¿Tiene evidencia de eso?

-Tengo pruebas para respaldar la mayoría de las irregularidades que denuncio, sin perjuicio de que el día de mi desvinculación, después de retornar de una licencia médica por acoso laboral, fui privado de acceder a toda la documentación resguardada, correo electrónico, computador institucional y acceso a las dependencias del edificio. Ignoro qué pasó con todos los documentos que estaban en mi oficina y que respaldaban una serie de graves irregularidades.

-¿Como cuáles?

-Como la negligencia o dolo en el cuidado de patrimonio fiscal. Doy solo un ejemplo muy conocido al interior del Senado. Conforme a un sumario administrativo dispuesto por Guzmán, se estableció que, producto de un error de una empresa que prestaba servicios al Senado, se produjo un pago en exceso de remuneraciones respecto de unos 40 funcionarios, en algunos casos por decenas de millones de pesos. Producto de ello, se produjo el descuento en sus remuneraciones de todos los afectados en servicio activo.

El mismo procedimiento estableció que el error de fondo era del tercero que prestaba servicios al Senado, quien debía pagar al Senado alrededor de 600 millones de pesos de multa por contrato a la Corporación. No obstante lo cual, el secretario, a solicitud del jefe de Finanzas, Andrés Salas, no procedió al cobro de las multas respectivas, permitiendo que las mismas prescribieran y se hicieran incobrables.

La misma empresa sigue prestando servicios al Senado a razón de cerca de 10 millones de pesos al mes.

-¿Usted ha denunciado a la comisión las irregularidades?

-Hace algunas semanas le representé a Guzmán el incumplimiento de su deber de probidad administrativa, al pronunciarse sobre un hecho respecto del cual estaba inhabilitado y que la ley sanciona con destitución. Un hecho no discutible, y lo confirmará cualquier abogado con mínimo conocimiento de la ley.

El lunes recién pasado, comuniqué al presidente del Senado que denunciaría dentro de 10 días hábiles una serie de irregularidades de Guzmán. El jueves 1 de agosto, mismo día que entró en vigencia a Ley Karin, me enteré por El Mostrador que la Comisión de Régimen, presidia por el senador García Ruminot, sin escucharme, sin haberme permitido aportar antecedentes, y sin aviso al denunciante, apoyaba completamente a Guzmán, hecho inaudito, pues ante la denuncia de irregularidades que pueden constituir delito, ni siquiera se permite al denunciante hacerse cargo de sus dichos.

-¿Cree que la red de influencia del secretario del Senado, y excandidato a Fiscal Nacional con Bachelet, pudiera extenderse hasta la Corte Suprema?

-No creo. Además, hoy por hoy, Raúl Guzmán no goza de buena reputación.

-¿Cuál es su situación actual?

-Injustamente, no soy funcionario del Senado hoy día, hecho que me permite expresarme sin el miedo que tienen el resto de los funcionarios activos. De manera ilegal, y como lo sabe la Comisión de Régimen, se condicionó el pago de mis remuneraciones pendientes al otorgamiento de un finiquito en favor del Senado, de Guzmán y de los senadores, a lo cual me he negado, dado que es ilegal y que implicaba renunciar a denunciar hechos que estuvieran en mi conocimiento, algo inaudito en el sector público y que implica, en mi opinión, una presión inmoral que no se puede aceptar.

Transcurridos 8 meses, no se me ha pagado lo adeudado a la fecha de mi desvinculación. Paralelamente, estoy a la espera del fallo de la Corte Suprema que ratifique o rechace el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.